El Salvador: La avanzada de Bukele sobre la Asamblea Legislativa

Escudándose en la postergación de la autorización de un préstamo para financiar su programa de seguridad, el presidente salvadoreño Nayib Bukele irrumpió en el Parlamento escoltado por policías y militares. Muy consciente de su enorme popularidad, insultó a los diputados y amenazó con romper el orden democrático, lanzando un ultimátum que, por la condena internacional y una resolución judicial, no acabó cumpliendo. Los dos principales partidos del pequeño país centroamericano se muestran paralizados ante el avance de un fenómeno político que busca deshacerse de cualquier contrapeso.

Idas y vueltas

El lunes 27 de enero, la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa avaló la suscripción de un crédito de $109 millones de dólares con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para modernizar el equipamiento de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, requisito inserto en la tercera fase del plan de seguridad impulsado por el gobierno.

El dictamen, rechazado únicamente por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), facultaba al Ministerio de Hacienda a comenzar a negociar el préstamo. Solo restaba que el pleno de la Asamblea Legislativa confirmase el aval; algo que, por una cuestión de números, no era más que un simple trámite. Sin embargo, tres días después, la bancada de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), imprescindible para la aprobación, decidió retractarse y solicitar más tiempo para analizar la operación.

Según Yanci Urbina, diputada del FMLN, no hay información suficiente para autorizar el préstamo. “Quiere destinar 30 millones para colocar 4.000 cámaras de video vigilancia pero no nos dicen dónde se van a colocar esas cámaras. Hay 755 millones aprobados en el presupuesto en materia de seguridad y ahora vienen diciendo que necesitan más fondos”, manifestó.

Sin votos pero con botas

El arrepentimiento de ARENA precipitó la demostración de fuerza del gobierno. Amparándose en un ambiguo artículo de la Constitución, Bukele presionó para que se convocase a una sesión legislativa extraordinaria para debatir sobre el préstamo. De inmediato, la mayoría del sistema político rechazó la citación. El mandatario respondió entonces con otro artículo de la Constitución que reconoce “el derecho del pueblo a la insurrección”, al mismo tiempo que azuzaba a la población en contra de los diputados.

El domingo 9 de febrero, día señalado para la sesión extraordinaria, Bukele ingresó al edificio legislativo acompañado por policías y militares fuertemente armados. Sentado en la silla del presidente de la Asamblea Legislativa, y ante una cantidad de diputados insuficiente para validar la sesión, declaró: “Ahora creo que está muy claro quién tiene el control de la situación y la decisión que vamos a tomar ahora la vamos a poner en manos de Dios. Así que vamos a hacer una oración”.

Un par de minutos después se levantó sin mediar palabra y abandonó el lugar para dirigirse a una tarima improvisada a metros del Parlamento, donde esperaban varios miles de seguidores. Allí sentenció: “Si quisiéramos apretar el botón, solo apretamos el botón. Pero yo le pregunté a Dios y Dios me dijo ‘paciencia’. Si estos sinvergüenzas no aprueban esta semana el Plan de Control Territorial, nos volvemos a convocar aquí el domingo”.

Detrás del éxito

Para el Ejecutivo el aplazamiento del préstamo entorpece seriamente la efectividad del Plan de Control Territorial (PCT), programa de seguridad que comenzó a implementarse tras la asunción de Bukele en julio de 2019. Desde ese entonces, El Salvador experimentó una acentuada disminución de la violencia. Según datos del Instituto de Medicina Legal (IML), la tasa de homicidios de 2019 se situó en 35.8 por cada 100 mil habitantes, esto es, 14.5 puntos menos que en 2018. El desplome registrado en 2019 se acopla a la tendencia a la baja de los últimos cuatro años.

El PCT tiene siete etapas. En la primera, la policía se enfocó especialmente en recuperar una decena de localidades con altos índices de criminalidad y en cortar la comunicación entre las cárceles y el exterior. En la segunda, militares y policías procuraron extender el área de cobertura social. La tercera fase, que abarca la actualización del equipamiento de las fuerzas represivas, aún no obtiene financiamiento.

Desde luego, Bukele ha atribuido la reducción de asesinatos a la aplicación del PCT. Sin embargo, las estadísticas del IML reflejan que el descenso inició en abril de 2019, es decir, tres meses antes de la implementación del PCT. Asimismo, los números revelan que en los municipios cubiertos por el programa la tasa de homicidios bajó 13.1 puntos, mientras que en los municipios sin cobertura disminuyó 15.6 puntos.

Analizando el repliegue de la violencia, Jeanette Aguilar, investigadora en temas de seguridad, comentó que “hay algunos indicios e información de fuentes policiales que indican la existencia de un pacto entre el gobierno y las principales pandillas”, aunque aclaró que todavía no hay certeza acerca de la naturaleza del supuesto acuerdo. Esta hipótesis retrotrae inevitablemente a la tregua de 2012 entre las pandillas y el gobierno del FMLN; pacto que ocasionó una caída de la tasa de homicidios de 70.6% en 2011 a 41.7% en 2012.

Tensión entre poderes

La victoria de Bukele en las elecciones presidenciales de 2019 significó un acontecimiento histórico. Con un discurso que machacaba sobre “los mismos de siempre”, logró imponerse al bipartidismo tradicional -ARENA y FMLN- que gobernó a El Salvador durante 30 años. En esas elecciones tuvo que participar bajo la etiqueta de Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), dado que Nuevas Ideas, partido creado por él mismo, no fue habilitado a tiempo.

Aun así, sin estructura partidaria, Bukele, de 38 años, resultó electo por mayoría absoluta: acumuló el 53 por ciento de los votos en primera vuelta. Y ahora, tras ocho meses de mandato, cuenta con el apoyo del 91 por ciento de la población, según un sondeo reciente de CID Gallup. Lo cual proyecta un escenario sumamente favorable para Nuevas Ideas en las próximas elecciones legislativas de 2021.

Pero, por el momento, Bukele gobierna solo con el respaldo de una decena de diputados. Y eso, en un órgano unicameral de 84 escaños, resulta escaso. En efecto, el bloque de 23 bancas del FMLN o, como sucedió con el préstamo, el bloque de 37 bancas de ARENA, pueden obstaculizar y desestabilizar las propuestas del Ejecutivo.

Luego de atropellar y militarizar el recinto legislativo, Bukele desestimó el cierre del Parlamento y comunicó su voluntad de aguardar por la vía democrática. La tentativa de la disolución, además de excusarse en la obstrucción del préstamo, podía apoyarse en la opinión pública.

Según un estudio de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, la figura del presidente goza de la confianza del 49 por ciento de la población; mientras que, en sentido contrario, la Asamblea Legislativa, percibida como corrupta, concita la desconfianza del 69 por ciento. Un escenario de similares características se observó en Perú antes de que el presidente Martín Vizcarra decretase la clausura del Congreso. No obstante, a diferencia de su colega peruano, Bukele recibió la desaprobación unánime de la sociedad civil y la comunidad internacional.

¿Y ahora qué?

Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el embajador de Estados Unidos como las cámaras empresariales y, por supuesto, los partidos políticos de oposición, repudiaron rápida y enérgicamente la arremetida de Bukele. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia emitió una resolución que ordena al mandatario a abstenerse “de hacer uso de la Fuerza Armada contrario a los fines constitucionalmente establecidos y de poner en riesgo la forma de gobierno republicano, democrático y representativo, el sistema político pluralista y de manera particular la separación de poderes”, entre otras medidas cautelares. A través de un comunicado, el Ejecutivo se comprometió a acatar la orden.

Vencido el ultimátum de una semana, el préstamo sigue sin autorizarse en el pleno de la Asamblea Legislativa. Ni Bukele ni sus seguidores volvieron para apretar el botón.