El primer ministro de Australia, el laborista Anthony Albanese, ha conseguido resarcirse del revés que supuso la ausencia de la firma del tratado de defensa “Pukpuk” durante su visita a Papúa Nueva Guinea con motivo del 50 aniversario de la independencia de dicho país. Semanas después del enésimo aplazamiento, finalmente las autoridades papúes han decidido suscribir el acuerdo de mutua defensa con Canberra.
Se trata del mayor y más importante acuerdo de esta tipología de la historia de Oceanía. La “columna vertebral” del entendimiento es el compromiso de ambos países de tomar medidas en el caso de que una de las dos sea atacada militarmente. Sobre esta base, se articula un proyecto de desarrollo de las fuerzas armadas neoguineanas con el fin de modernizar sus capacidades y hacer que sean interoperables con sus homólogas australianas.
Sin embargo, el planteamiento de ejercicios y entrenamientos conjuntos, así como el suministro de material, se ve ensombrecido por una de las cláusulas más polémicas de todo el tratado. El documento oficial incluye una disposición que permitiría que ciudadanos de Papúa Nueva Guinea sirvan en las fuerzas armadas de Australia (ADF). Se especula con la posibilidad de un monto de hasta 10.000 papúes bajo las órdenes de Canberra.
Esta ordenanza abre un abanico de incógnitas y suspicacias a ambos lados del estrecho de Torres. Australia debería flexibilizar sus leyes de ciudadanía para permitir la completa integración de dicha dotación militar en sus fuerzas armadas. Por su parte, para Papúa Nueva Guinea, la medida tiene el potencial de alterar los precarios equilibrios de poder internos en un país con más de 300 etnias diferentes, conviviendo bajo un Estado altamente débil.
Además, para el país melanesio, supone en gran medida una renuncia a su tradicional política exterior de “no alineamiento”. Otra de las estipulaciones más controvertidas es la que prohíbe acuerdos y actividades con terceros que comprometan la aplicabilidad del tratado, un inciso que apunta a limitar la influencia de China en Papúa Nueva Guinea.
En añadidura, tanto la pretendida interoperabilidad entre ambos ejércitos como el servicio de papúes en las fuerzas armadas australianas perfilan a Puerto Moresby como una “frontera avanzada” de Australia. Ello es debido a que el proceso de integración de ambas fuerzas requerirá de una presencia australiana en las instalaciones militares de Papúa Nueva Guinea y a que aquellos soldados papúes al servicio de Canberra podrían ser desplegados en terceros países.
No obstante, el llamado tratado Pukpuk –aún a la espera de ratificación por parte de los legislativos de ambos países– no solo incumbe a los signatarios, sino que proyecta una incómoda sombra sobre dos territorios clave: Bougainville y Vanuatu.
Bougainville, la más oriental de las islas de Papúa Nueva Guinea es también la más problemática para Puerto Moresby. Su población, con más vínculos con las Islas Salomón que con el resto del país, protagonizó una guerra de secesión entre 1988 y 1998. Un sangriento conflicto que sólo terminó con un proceso de paz cuya principal promesa era la celebración de un referéndum de independencia en 2019.
El mandato popular fue favorable a la independencia, la cual se debería materializar en algún punto entre 2025 y 2027. Sin embargo, las importantes reservas de oro de la ínsula –segunda mayor exportación del país– dificultan la aceptación de la secesión por parte de las élites papúes. Dicha desconfianza se ha materializado en la reelección de Ishmael Toroama, el principal líder independentista, quien declara abiertamente la inviolabilidad de la voluntad popular del pueblo de Bougainville.
Mientras en Papúa Nueva Guinea se alza la incógnita acerca de si el tratado “Pukpuk” podría ser aplicado en caso de conflicto en Bougainville, la atención del cuerpo diplomático australiano ya se ha desplazado al vecino Vanuatu, donde pretenden sortear las numerosas trabas que impone la política interna de dicho país a una emulación del éxito conseguido en territorio papú.
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