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¿Por qué Japón se está rearmando?

Japón está desmontando progresivamente parte de las restricciones que condicionaron su política militar desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Sin modificar formalmente la Constitución, Tokio ha reinterpretado durante los últimos años los límites impuestos a sus Fuerzas de Autodefensa (SDF) para ampliar su margen de actuación, aumentar el gasto militar y adquirir capacidades que durante décadas habían quedado excluidas.

La base jurídica de estas restricciones se encuentra en el artículo 9 de la Constitución de 1947. El texto establece la renuncia a la guerra como derecho soberano y declara que el país no mantendrá fuerzas terrestres, navales o aéreas ni otro potencial bélico.

Sin embargo, la evolución del entorno regional modificó rápidamente esta interpretación. La victoria del Partido Comunista de China en 1949 y la guerra de Corea entre 1950 y 1953 llevaron a Estados Unidos a considerar que Japón debía desempeñar un papel más importante dentro de su arquitectura de seguridad en Asia-Pacífico.

Así, en 1954 se crearon las Fuerzas de Autodefensa. La justificación utilizada fue que la carta magna impedía disponer de capacidades orientadas a iniciar una guerra, pero no negaba el derecho del país a mantener el mínimo poder militar necesario para defender el territorio.

Esta interpretación permitió construir unas Fuerzas Armadas que formalmente continúan definidas por su naturaleza "defensiva". Durante décadas, ello impuso restricciones sobre la adquisición de sistemas ofensivos, como bombarderos estratégicos o misiles intercontinentales, además de numerosos límites a la actuación militar japonesa fuera de sus fronteras.

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Este último aspecto fue precisamente uno de los principales cambios introducidos durante el Gobierno de Shinzo Abe. En 2014, Japón reinterpretó nuevamente el artículo 9 para reconocer, de manera limitada, el derecho a la autodefensa colectiva.

Desde entonces, las Fuerzas de Autodefensa pueden actuar en apoyo de un aliado –como Estados Unidos– si el ataque amenaza la supervivencia de Japón, pone en peligro de manera fundamental los derechos de sus ciudadanos, no existe otra vía para afrontar la situación y el empleo de la fuerza se limita al mínimo necesario.

Esta modificación tiene especial importancia en relación con Taiwán. La actual primera ministra, Sanae Takaichi, ha planteado que un conflicto alrededor de la isla podría constituir una amenaza para la supervivencia japonesa, abriendo la posibilidad de una participación militar nipona en caso de que China inicie una operación bélica a gran escala.

Las palabras de Takaichi, desde la óptica nipona, no son del todo exageradas. Japón cree que un cambio del equilibrio en el estrecho afectaría directamente a su seguridad debido tanto a la proximidad geográfica con Taiwán como a la dependencia de las rutas marítimas que atraviesan la zona.

Una gran parte del comercio japonés y de sus importaciones de hidrocarburos circula a través del estrecho de Taiwán. El control chino de la isla, además, aumentaría la capacidad de Pekín para presionar sobre las disputadas islas Senkaku y sobre la prefectura de Okinawa, donde Estados Unidos mantiene una fuerte presencia militar.

Más interpretaciones de la Constitución

Otro punto de inflexión se produjo en 2022. Tokio reconoció la posibilidad de adquirir capacidades de contraataque, justificándolas como instrumentos necesarios para destruir posiciones desde las que un adversario estuviera lanzando ataques contra Japón.

Este cambio permite incorporar sistemas como los misiles Tomahawk estadounidenses o versiones de mayor alcance del misil japonés Type 12. Aunque Tokio continúa presentando estos activos dentro de una doctrina defensiva, lo cierto es que amplían sustancialmente su capacidad para atacar objetivos situados fuera del territorio nacional.

Ese mismo año también quedó atrás la política que durante décadas había mantenido el presupuesto de defensa aproximadamente alrededor del 1% del producto interior bruto. El Gobierno del entonces primer ministro Fumio Kishida argumentó que ese límite dificultaba la adaptación de las Fuerzas de Autodefensa a un entorno de seguridad cada vez más exigente.

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