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Tensiones políticas, económicas y étnicas en Papúa Nueva Guinea

Miembros de las fuerzas de seguridad papúes patrullando Wabag tras la masacre del 18 de febrero; las tensiones en Papúa Nueva Guinea no paran de escalar.
Miembros de las fuerzas de seguridad papúes patrullando Wabag tras la masacre del 18 de febrero. Las tensiones en Papúa Nueva Guinea no paran de escalar. Fuente: Royal Papua New Guinea Constabulary

Papúa Nueva Guinea, apenas recuperado de los sangrientos disturbios que azotaron la ciudad a mediados de enero de 2024, debe hacer frente tanto a las tendencias sociopolíticas de fondo que los provocaron como a las consecuencias directas de estos. La crisis tiene una triple vertiente: económica, política y étnica.

En el plano económico, el Estado papú junto con el Bank South Pacific (BSP) –el mayor banco del país, con presencia en los países vecinos y con una participación mayoritaria del Estado– se encuentran en pleno litigio con Puma Energy, una compañía dedicada a la venta de productos petrolíferos al por menor y propiedad de la multinacional francesa Trafigura. La disputa orbita alrededor de supuestas irregularidades en los cambios de divisas requeridos para la actividad económica de la compañía. Acusaciones y sospechas son mutuas. La sombra de la corrupción se extiende sobre las autoridades papúes, al tiempo que las malas praxis de la compañía –entre las que se incluyen vertidos tóxicos en Costa de Marfil– deslegitiman a la multinacional. La confrontación se encuentra en pleno proceso de escalada con las cuentas de la empresa en el BPS bloqueadas y el suministro del mayor vendedor de combustible del país seriamente amenazado.

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Mientras tanto, en la arena política, el primer ministro James Marape enfrenta una moción de censura debido a los mencionados disturbios. Marape domina el legislativo con una coalición que abarca 102 de los 118 escaños del parlamento, viéndose la oposición reducida a 13 diputados –3 asientos se hallan vacíos–. Sin embargo, el aparente dominio del líder del ejecutivo sobre el legislativo resulta ser una percepción falaz, puesto que su gobierno se cimenta sobre una coalición de 24 partidos políticos, incluyendo a independientes.

Los disturbios han provocado una serie de dimisiones en cadena de sus socios de coalición, hecho que ha sido respondido por el primer ministro con una búsqueda de aliados. En este sentido, Marape ha incluido en su gobierno al exlíder de la oposición Joseph Lelang y al gobernador de la provincia de Milne Bay, bastión opositor. Por su parte, las fuerzas políticas antagónicas, encabezadas por el ex primer ministro Peter O’Neill –para quien el actual dirigente papú trabajó y sucedió tras una moción de censura–, han seleccionado al gobernador de East Sepik, Allan Bird, como candidato.

O’Neill y Marape, provenientes ambos de las Tierras Altas de Papúa, buscan en los gobernadores del resto de regiones una ampliación de su base de apoyo. Base que es golpeada a diario por una violencia tribal que bebe de la descomposición de la multitud de sociedades autóctonas al contacto con un sistema económico extractivista. Como claro ejemplo, el 18 de febrero la provincia de Enga asistía a una de las mayores masacres que ha vivido el país. Según los reportes, una emboscada se cobró la vida de 64 personas en un enfrentamiento que involucra a al menos 17 tribus y un número inusualmente elevado de armas de fuego semiautomáticas. Las declaraciones de las autoridades policiales pertinentes apuntan a una cercana declaración de “terrorismo interno” en la provincia.

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