Los acontecimientos en Irán del 28 de febrero volvieron a poner de relieve los límites de ciertos marcos analíticos occidentales. Tras el asesinato del ayatolá Alí Jamenei, en Estados Unidos y otras capitales aliadas resurgió una expectativa recurrente: la de que la desaparición del Líder Supremo precipitaría el colapso del sistema iraní.
Durante décadas, la República Islámica ha sido descrita en algunos círculos como una estructura frágil, sostenida por la autoridad personal de un solo hombre. Bajo esa premisa, su muerte debía arrastrar inevitablemente al resto del sistema.
La secuencia de los acontecimientos no confirmó esa hipótesis. Lo que siguió fue la activación de los mecanismos previstos por la propia arquitectura institucional iraní. El artículo 111 de la Constitución estableció la formación de un consejo provisional compuesto por el presidente Masud Pezeshkian, el jefe del poder judicial Gholamhossein Mohseni-Ejei y el clérigo Alireza Arafi.
Paralelamente, la Asamblea de Expertos fue convocada para iniciar el proceso de selección del nuevo wali e faqih. El aparato estatal entró en un modo de transición formalizado. Desde el punto de vista institucional, la República Islámica absorbió el impacto sin mostrar signos de parálisis.
Para quienes han interpretado la política iraní exclusivamente a través de la figura del Líder Supremo, esta continuidad puede resultar desconcertante. Sin embargo, la sorpresa revela más sobre los marcos analíticos utilizados que sobre el funcionamiento real de su maquinaria político-teológica. La República Islámica nunca ha sido un régimen estrictamente personalista.
El liderazgo ocupa un lugar central, por supuesto, pero está inserto en una arquitectura institucional, doctrinal y social diseñada para garantizar la continuidad política incluso bajo presión extrema.
La función del wali e faqih
El cargo de wali e faqih no puede entenderse únicamente como una jefatura política convencional. Su autoridad está integrada en una estructura doctrinal más amplia, la Wilayat-e Faqih, formulada por el ayatolá Ruholá Jomeiní durante su exilio en Nayaf antes de la Revolución Islámica de 1979.
Esta teoría sostiene que, en ausencia del Imam Oculto del chiismo duodecimano, la autoridad política debe ser ejercida por un jurista islámico capaz de proteger a la comunidad y garantizar la continuidad del orden islámico.
La implicación central de esta doctrina es que la legitimidad política no se origina en la personalidad de un individuo concreto. Se deriva de una función institucional definida dentro de un marco doctrinal. El wali e faqih encarna temporalmente esa función. Su autoridad está vinculada al principio que representa, no exclusivamente a su figura personal.
Este rasgo introduce un elemento de resiliencia estructural: en un sistema construido sobre la base de una función doctrinal, la desaparición de un individuo no produce un vacío político, sino una transición dentro de un mecanismo previamente institucionalizado. Es decir, la sucesión forma parte del diseño del sistema.
La Asamblea de Expertos (Majlis-e Khobregan) constituye el órgano clave que articula esta dimensión doctrinal con el proceso político sucesorio. Establecida conforme a los artículos 107 y 108 de la carta magna, este organismo compuesto por 88 clérigos elegidos mediante voto popular cada ocho años tiene el mandato constitucional de designar y supervisar al wali e faqih.
El artículo 107 establece que “la tarea de designar al Líder corresponde a los expertos elegidos por el pueblo. Todos los juristas que reúnan las condiciones especificadas en esta Constitución serán examinados y, cuando uno de ellos destaque por su superioridad en conocimiento islámico y perspicacia política, será designado como Líder”.
Los criterios para la selección aparecen detallados en el artículo 109, que exige en el Líder Supremo “erudición islámica, justicia, piedad, sólida visión política y social, así como valentía, capacidad administrativa y liderazgo adecuado”.
Estos requisitos no son meramente formales, pues expresan la concepción chií duodecimana de que la autoridad política legítima sólo puede ejercerse cuando confluyen el conocimiento religioso (elm), la rectitud moral (adl) y la capacidad política (kefayet).
La Asamblea de Expertos, al evaluar a los candidatos, no realiza una función técnica, sino un acto de discernimiento teológico-político: identificar en quién se encarna más plenamente la función del wali e faqih.
La reciente designación de Mojtaba Jamenei como nuevo wali e faqih debe entenderse en este contexto. Nacido en Mashad en 1969, segundo hijo del líder fallecido, participó en la guerra Irán-Irak con solo diecisiete años. A los treinta, en 1999, se trasladó a Qom para iniciar estudios religiosos, vistiendo desde entonces el hábito clerical.
Su formación teológica le ha llevado a impartir durante más de una década lecciones de jurisprudencia y principios en el nivel más alto de la enseñanza religiosa, el dars-e kharej, que acredita la capacidad de ejercer el ijtihad y constituye uno de los requisitos para el liderazgo. Hasta ahora, su perfil había sido deliberadamente bajo, sin cargos ejecutivos formales, pero con presencia constante en los engranajes de la oficina del líder.
La decisión de la Asamblea de Expertos de elegirlo no puede separarse del contexto en que se produjo la muerte de Alí Jamenei. El ataque que acabó con la vida del líder no se limitó a él: su esposa, su hija y su madre también perecieron en el bombardeo.
La destrucción alcanzó el núcleo familiar de la oficina del wali, un hecho que parte de la población iraní percibió no solo como un asesinato político, sino como una agresión contra un símbolo de continuidad histórica.
En ese clima, las declaraciones de Donald Trump, que días antes había advertido que el hijo de Jamenei era “inaceptable” para Estados Unidos y que cualquier nuevo líder sería “eliminado” si no recibía la aprobación estadounidense, operaron como un catalizador inesperado. La amenaza explícita desde Washington, lejos de intimidar, soldó las voluntades en el seno de la Asamblea de Expertos.
Tradicionalmente, había existido cierta reticencia hacia la figura de Mojtaba Jamenei. No por su preparación teológica, que estaba acreditada, sino por la incomodidad que generaba en algunos sectores la posibilidad de una sucesión que pudiera interpretarse como hereditaria, algo que la propia lógica de la Wilayat e Faqih no contempla en su diseño doctrinal.
El propio Alí Jamenei, según declaraciones de miembros de la Asamblea de Expertos, se había opuesto en el pasado a la idea de que sus hijos fueran considerados candidatos.
Sin embargo, el asesinato de su padre, junto con la aniquilación de su entorno familiar más cercano y las amenazas públicas de Trump, transformaron el escenario. La Asamblea de Expertos decidió poner en suspenso aquellas prevenciones.
La sucesión dentro de la oficina del wali, que en condiciones normales habría requerido un debate pausado sobre los méritos religiosos y políticos del candidato, se convirtió en una cuestión de Estado en situación de guerra.
Elegir a Mojtaba era también una respuesta a la agresión externa, una afirmación de que la decisión sobre el liderazgo corresponde exclusivamente a las instituciones iraníes. La Asamblea no ignoraba que su designación sería leída por parte de la población como un acto de continuidad y resistencia.
El comunicado oficial del órgano subrayó que “a pesar de las graves condiciones de guerra y las amenazas directas de los enemigos contra esta institución popular, y a pesar del bombardeo de las oficinas de la Secretaría de la Asamblea de Expertos, que provocó la muerte de varios miembros del personal, no se detuvo ni un momento el proceso de selección”.
La arquitectura institucional iraní
El sistema político iraní combina múltiples centros de poder que interactúan entre sí. La Asamblea de Expertos, con su mandato constitucional de selección y supervisión, es sólo una pieza de un entramado más complejo. Junto a ella operan otros órganos con funciones específicas.
El Consejo de Guardianes (Shora-ye Negahban), establecido en el artículo 91, examina la compatibilidad de la legislación con los principios constitucionales e islámicos y supervisa procesos electorales, estando compuesto por seis juristas designados directamente por el walí faqih y seis juristas nominados por el jefe del poder judicial –cargo también designado por el líder–.
El Consejo de Discernimiento del Interés del Sistema actúa como órgano consultivo estratégico y mediador en conflictos institucionales. El poder ejecutivo, el parlamento y el poder judicial funcionan dentro de esta red de entidades interdependientes.
Esta arquitectura no responde al modelo de pirámide personalista. Se asemeja más a una red con redundancias funcionales, lo que algunos analistas denominan una “estructura de poder en red” (shabakeh-ye ghodrat). Cada componente posee su propio ámbito de autoridad, su base política y su memoria institucional.
El resultado es un sistema capaz de absorber perturbaciones sin que el conjunto colapse. Durante las cuatro décadas de liderazgo de Alí Jamenei, la posición de Líder Supremo pasó de ser una autoridad supervisora a convertirse en la estructura de mando central de la República Islámica, apoyada en el artículo 110 de la Constitución, que otorga al líder el mando de las fuerzas armadas y la capacidad de nombrar a altos cargos.
A esta arquitectura política se añade un entramado económico y social menos visible pero igualmente relevante. Las fundaciones religiosas conocidas como bonyads constituyen uno de los pilares. Instituciones como la Fundación de los Oprimidos (Bonyad-e Mostazafan) o Astan Quds Razavi gestionan activos industriales, agrícolas y financieros significativos.
Estas organizaciones cumplen una doble función: proporcionan recursos económicos y redes de asistencia social, y crean vínculos entre el Estado y amplios sectores de la sociedad, consolidando una base social que no depende exclusivamente de ciclos electorales o de la popularidad de un líder concreto.
La Guardia Revolucionaria Islámica (Sepah-e Pasdaran) constituye otro elemento central. Fundada tras la revolución de 1979 como fuerza destinada a proteger el nuevo orden político, ha evolucionado hasta convertirse en un actor militar, económico y estratégico de primer orden.
Su legitimidad interna se basa en la defensa del proyecto revolucionario y de la soberanía nacional. Aunque mantiene una relación directa con el walí faqih, su cohesión institucional responde a una identidad organizativa consolidada a lo largo de las décadas.
Tras la designación de Mojtaba Jamanei, la Guardia emitió un comunicado celebrando la elección de un “jurista plenamente cualificado, joven pensador y el más conocedor de las cuestiones políticas y sociales”, expresando su “respeto, lealtad y obediencia” al nuevo líder.
La resiliencia iraní, en práctica
La historia reciente de Irán ofrece varios ejemplos que ilustran esta resiliencia. Durante la guerra Irán-Irak, el país enfrentó una invasión externa respaldada por potencias internacionales. El conflicto produjo una gran devastación económica y un elevado número de víctimas.
Sin embargo, el sistema político sobrevivió y emergió con una identidad reforzada como defensor de la soberanía nacional frente a la agresión externa. Esa experiencia dejó una huella profunda en la cultura política y sigue influyendo en la percepción pública iraní. Los acontecimientos recientes se inscriben parcialmente en esa tradición.
Los ataques israelí-estadounidenses contra territorio iraní fueron percibidos no sólo como un enfrentamiento entre Estados, sino como un desafío a la integridad del país. Esta percepción refuerza la cohesión interna en momentos de crisis, aunque no elimina las tensiones sociales entre quienes se sienten desvinculados con los principios de la República Islámica.
Movilizaciones recientes, como las de 2009, 2017, 2019, 2022 o 2026, reflejan los profundos debates existentes sobre la situación económica, los derechos y la política, pero ninguna ha producido un colapso institucional comparable al que algunos analistas anticipaban.
En este contexto, la estrategia de decapitación política mediante ataques selectivos presenta unas limitaciones claras. La eliminación de figuras individuales puede producir efectos tácticos, pero no transforma la lógica de la República Islámica.
Las declaraciones de Donald Trump, exigiendo que el nuevo líder recibiera la aprobación estadounidense y amenazando con que “no durará mucho tiempo” sin su consentimiento, reflejan una profunda incomprensión de la lógica sucesoria iraní: lejos de condicionar la decisión, la reforzaron en dirección opuesta.
Comparaciones con otros casos regionales ilustran la diferencia. En Irak, la caída de Saddam Husein provocó el colapso del aparato estatal porque dependía de su autoridad personal. En Libia, la eliminación de Muamar Gadafi produjo una rápida fragmentación institucional. Ambos eran sistemas altamente personalistas.
Irán presenta características distintas: instituciones consolidadas, ideología política definida, base social articulada en torno a la experiencia revolucionaria y memoria de guerra, además de una tradición estatal milenaria. La Revolución Islámica de 1979 reformuló el Estado existente bajo una nueva legitimidad ideológica, pero no creó una estructura desde cero.
La combinación de tradición estatal e ideología revolucionaria ha producido un sistema híbrido. Funciona parcialmente como república con instituciones electivas y parcialmente bajo autoridad religiosa con influencia decisiva.
El asesinato de Alí Jamenei y la designación de su sucesor representan un momento histórico, pero interpretarlo como preludio de colapso inmediato ignora la lógica que ha definido el funcionamiento interno de la República Islámica durante más de cuatro décadas.
La arquitectura político-teológica fue diseñada precisamente para gestionar las transiciones, garantizando una continuidad en un entorno regional caracterizado por los conflictos recurrentes y las enormes presiones externas.
Irán combina el islam y las estructuras estatales en una configuración particular que desafía las categorías analíticas convencionales. Así pues, un líder puede desaparecer, y con él miembros de su familia más cercana. Pero las estructuras que producen su autoridad, sin embargo, persisten.
En Irán, la arquitectura político-teológica anclada en la doctrina de la Wilayat e Faqih y articulada a través de instituciones como la Asamblea de Expertos ha demostrado una notable capacidad para absorber crisis y continuar funcionando. Entender esa resiliencia es condición necesaria para cualquier análisis de la política iraní contemporánea.
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