En un movimiento tan inesperado como efímero, y a unos días de finalizar su administración, Joe Biden anunció la retirada de Cuba de la Lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo (SSOT, por sus siglas en inglés), una decisión que aliviaba parcialmente el estrangulamiento económico que sufre la isla. Un espejismo. Pocas horas después de asumir su segundo mandato como presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció que revertía esta y el resto medidas adoptadas por su predecesor, intensificando de nuevo las sanciones contra Cuba.
La administración demócrata saliente también anunció la suspensión del Título III de la ley Helms-Burton, que permite demandar a Cuba en los tribunales de Estados Unidos por las propiedades nacionalizadas tras el triunfo de la revolución. Además, se levantaba el veto que pesaba sobre doscientas compañías estatales cubanas que hasta ahora no podían operar en el sistema financiero internacional ni establecer ningún tipo de transacción con ciudadanos o empresas estadounidenses.
Poco después del anuncio de Biden, la cancillería cubana emitió un comunicado informando de la excarcelación progresiva de 533 reos en un proceso mediado por la Ciudad del Vaticano y que La Habana asegura que no está conectado con el levantamiento de las sanciones estadounidenses. Altos funcionarios de la Casa Blanca deslizaron lo contrario en declaraciones a CNN: “Simultáneamente a estos pasos unilaterales que tomará Estados Unidos, entendemos que la Iglesia Católica está avanzando en un acuerdo con Cuba para llevar a cabo un conjunto de acciones que permitirá la liberación humanitaria de prisioneros”.
Entre las personas beneficiadas por esta medida se encuentran varios manifestantes detenidos tras las protestas que vivió la isla del 12 de julio de 2021. El giro de Trump llega con solo un centenar de presos cubanos excarcelados; aún se desconoce si La Habana completará el proceso o lo suspenderá en respuesta a la decisión del presidente republicano.
Qué suponen las sanciones contra Cuba
La SSOT es una figura de la política exterior norteamericana utilizada para imponer sanciones a los países que, según el Departamento de Estado, han brindado apoyo a actos de terrorismo internacional. Se trata de una lista subjetiva y unilateral que atiende únicamente a los criterios establecidos por Estados Unidos. En la actualidad, además de Cuba, solo pertenecen a esta lista Corea del Norte, Irán y Siria.
Cuba fue incluida por primera vez en la SSOT en 1982, durante el gobierno de Ronald Reagan, sin que abandonase la lista hasta mayo de 2015, durante la normalización de relaciones impulsada por el demócrata Barack Obama. No obstante, Donald Trump devolvió a Cuba a la SSOT en los últimos días de su primera administración, en enero de 2021, y de nuevo en los albores de su segundo gobierno.
La isla acogía entonces las negociaciones de paz entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). El dialogo no llegó a buen puerto y el ELN volvió a llevar a cabo acciones armadas en suelo colombiano. Trump justificó su medida porque Cuba se negó a extraditar a los negociadores del ELN en La Habana, alegando que la extradición violaría los protocolos establecidos en el proceso de paz. El gobierno noruego, garante de las conversaciones, respaldó públicamente la decisión cubana, pero los argumentos no convencieron a Estados Unidos.
El presidente Gustavo Petro reconoció desde su llegada al poder el papel “trascendental” de Cuba para conseguir la paz en Colombia, y pidió por escrito a Estados Unidos que revirtiese la inclusión de Cuba en la SSOT. En la actualidad, La Habana sigue acogiendo los distintos procesos de paz impulsados por el gobierno colombiano.
Pertenecer a esta “lista negra” no solo limita las exportaciones e importaciones de armamento, sino que ocasiona un impacto significativo en la economía. Según la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés), “la designación en la lista de terroristas crea obstáculos adicionales para la entrega de asistencia humanitaria. Limita a los particulares la apertura de cuentas bancarias en el extranjero, el uso de instrumentos para cobros y pagos internacionales, el acceso a empresas fintech y banca digital, y la contratación de servidores y servicios online”.
Desde Cuba señalan, además, el carácter “amedrentador” de estas medidas. Terceros países y compañías extranjeras, aun sin una prohibición explícita, declinan trabajar con la isla por miedo a ser sancionadas o sufrir problemas con inversores o instituciones estadounidenses. Es la llamada “extraterritorialidad del bloqueo económico”, aseguran.
Las medidas adoptadas por Joe Biden “mejoran el acceso de Cuba a las instituciones y servicios financieros en cualquier país”, afirmó la subdirectora general de Estados Unidos de la cancillería cubana, Johana Tablada. Según la diplomática, “una treintena de bancos” dejaron de realizar transacciones con la isla tras su inclusión en la SSOT y la imposición de las sanciones contra Cuba.
Profética, Tablada aseguraba que “de confirmarse, Cuba tendría acceso a instituciones y servicios financieros que hoy nos están negados por el pánico que provocó estar en una lista tan pequeña de países que supuestamente patrocinan el terrorismo. Se obstaculizan los depósitos, los pagos, las transacciones, los créditos y todo movimiento de activos en cualquier moneda fuera de Estados Unidos”. Pero no; las medidas no llegaron a hacerse efectivas y el balón de oxígeno económico que podía suponer para la isla ha quedado en papel mojado.
El canciller cubano, Bruno Rodríguez, celebró la decisión de Biden, pero alertaba que la SSOT es “un vulgar sistema de coerción política contra Estados soberanos”. El presidente y primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC), Miguel Díaz-Canel, reaccionó al anuncio de Trump asegurando que “en acto de arrogancia y desprecio por la verdad, acaba de restablecer la fraudulenta designación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo. No sorprende. Su objetivo es seguir fortaleciendo la cruel guerra económica contra Cuba con fines de dominación”.
Una treintena de gobiernos del mundo respaldaron públicamente la decisión de Biden. Brasil, Colombia, Venezuela, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA) o la Comunidad del Caribe (CARICOM) celebraron que se pusiese fin a “esta injusta consideración” y recordaban el “carácter parcial e insuficiente” de la medida.
Por otro lado, el 30 de octubre de 2024, la Asamblea General de Naciones Unidas volvió a aprobar, por trigésimo segunda vez, la resolución “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba”. El texto, que también pedía la supresión del país caribeño de la lista SSOT, fue apoyado por 187 países, contando solo con los votos en contra de Washington e Israel, y la abstención de Moldavia.
La isla en “economía de guerra”
Estas medidas podrían haber aliviado parcialmente la delicada situación económica de Cuba, que atraviesa su peor crisis desde el "periodo especial" de la década de 1990 –tras el colapso de la Unión Soviética en 1991, su principal aliado internacional por aquél entonces–, lo que ha obligado al gobierno a declararse en “economía de guerra”.
En el último lustro factores internos y externos han dificultado el desempeño económico cubano. La pandemia del COVID-19 redujo significativamente los ingresos turísticos, la llegada de Donald Trump se tradujo en nuevas sanciones contra Cuba y los fenómenos naturales han golpeado con especial violencia la isla. Además, los socios estratégicos de La Habana sufren un repliegue forzoso: Rusia con la guerra de Ucrania; Venezuela con la crisis interna y la dramática caída de la producción petrolera; e Irán con la inestabilidad de Oriente Medio y el colapso de Siria.
El producto interno bruto de Cuba sigue por debajo de los niveles prepandemia de 2019. Durante dos años consecutivos, 2023 y 2024, la economía del país se ha contraído. Para 2025, las autoridades cubanas han pronosticado un discreto crecimiento del 1%. Además, la inflación ha cerrado el año por encima del 21% y los precios se han triplicado desde 2020 de acuerdo con los datos del Ministerio de Economía.
El obsoleto sistema eléctrico cubano ha colapsado varias veces estos últimos años, generando déficits energéticos de hasta el 50%, lo que se traduce en cortes de luz diarios que no solo afectan a la población, sino que impiden el normal funcionamiento del sistema productivo cubano.
“El desarrollo económico de un país depende en gran medida de la energía y nosotros hemos tenido afectaciones eléctricas durante todo el año, no solamente este mes. Por otro lado, no hemos contado este año tampoco con un suministro estable de combustible. Hay déficit de gasolina, de diésel, etcétera… y la economía para dinamizarse necesita de energía”, denunció el ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vázquez.
Las autoridades de La Habana no rehúyen el problema. Miguel Díaz-Canel aseguró el pasado 20 de diciembre que la crisis económica es su “principal insatisfacción” y objeto de “profunda y severa autocrítica”. El mandatario fue más allá: “Cuba ni ningún país pueden vivir y desarrollarse al margen del orden económico imperante y afectados por un bloqueo genocida. Esto claramente no exime al Estado ni al gobierno de la imprescindible autocrítica, ni nos libera del análisis de la insatisfacción”.
Dolarización parcial y reestructuración de la deuda
El gobierno ha anunciado cambios económicos sustanciales para tratar de revertir la situación. Lo más destacado, una “dolarización parcial de la economía”, pero también la retirada de ciertos subsidios energéticos y el abandono gradual de la canasta básica racionada.
La dolarización parcial de la economía permitirá el pago con esta moneda en distintos establecimientos y servicios. Con ello se busca aumentar la recaudación de divisas del Banco Central. La intención es que el dinero que llega vía remesas no se quede en el sector informal, sino que entre de lleno en el circuito económico. En la actualidad, la mayoría de los dólares entran y salen de Cuba a gran velocidad; las remesas enviadas por familiares se gastan rápidamente en bienes de primera necesidad que se adquieren en el extranjero, también en dólares. El objetivo es ganar fluidez monetaria y aumentar la producción nacional.
Asimismo, la semana del 13 de enero de 2025, Cuba conseguía reestructurar su deuda con el Club de París, un organismo que agrupa a catorce de países occidentales acreedores de la isla: Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Italia, Japón, los Países Bajos, España, Suecia, Suiza y el Reino Unido.
“Esta reestructuración proporciona a la República de Cuba condiciones más ventajosas para hacer frente a sus dificultades económicas y financieras en los próximos años”, indicó el Club de París. En 2021, el grupo ya había condonado a Cuba una parte de su deuda, pero el deterioro de la situación económica ha obligado a las partes a negociar una nueva reestructuración. A finales de 2022, organismos oficiales cifraban en 4.827 millones de dólares la deuda externa de La Habana con esta institución.
Trump pone el foco en Cuba
La gran duda es si Donald Trump, quien durante su primer mandato como presidente de Estados Unidos impuso nuevas sanciones, se limitará a revertir las medidas adoptadas por Biden o si, por el contrario, endurecerá aún más las sanciones contra Cuba.
El nuevo gabinete estadounidense cuenta con la presencia de varios halcones neoconservadores que destacan por su enemistad declarada a Cuba. Además de Marco Rubio, nombrado como secretario de Estado, el también cubanoamericano Mauricio Claver-Carone ha sido designado como enviado de Trump para América Latina. Preguntado sobre si la nueva administración republicana revertiría la decisión de Biden, Claver-Carone aventuraba que irían incluso más allá con las sanciones contra Cuba: “Hay un proceso, así que llevará tiempo, pero mientras tanto podemos tomar otras medidas que tendrán un impacto aún mayor”.
Así las cosas, en La Habana aguardan con cautela los próximos pasos de Trump y han mostrado su predisposición a mantener un diálogo horizontal que Washington no parece dispuesto a llevar a cabo. El posible balón de oxígeno económico que suponían las medidas de Biden ha quedado en nada. Las autoridades del PCC y el gobierno confían en que la exitosa reestructuración de la deuda y las reformas económicas anunciadas surtan efecto. La situación, les obliga a que así sea.
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