Las lógicas fundamentales de las medidas de embargo estadounidense a Cuba después de la revolución son evidentes en el contexto de la Guerra Fría y la actitud de Estados Unidos con los países de Iberoamérica en su disputa por la hegemonía internacional frente a la Unión Soviética.
En cambio, interpretar las consideraciones que concurren en la actualidad para mantener el núcleo de las sanciones contra la isla resulta más complejo y problemático. Ningún actor internacional con peso destacado abandera actualmente un modelo político-económico alternativo que amenace la preponderancia de las relaciones económicas sometidas a la égida del mercado.
A pesar de ello, se mantiene la decisión de sostener el embargo económico, y los cambios que experimentan las relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana no contravienen la parte esencial del embargo, esto es, la prohibición de establecer relaciones económicas con la isla, restricción prácticamente absoluta, si bien excluye a los alimentos y medicinas.
Esto no quiere decir que la política de sanciones hacia Cuba pueda considerarse un apartado monolítico, una variable totalmente independiente de los cambios de gobierno en la otra orilla. La administración Biden ha permitido la reanudación de los vuelos comerciales hacia Cuba y ha eliminado restricciones al envío de remesas, una actividad de alto impacto social por la elevada población emigrada, la gran carestía de la vida, la depreciación del peso cubano y la necesidad de divisa.
A pesar de ello, una retirada o modulación significativa del embargo que abra las puertas a la progresiva normalización de las relaciones económicas sigue constituyendo una perspectiva lejana para la gran potencia. Aunque el final de la Guerra Fría no significó el final de los bloques políticos y comerciales, hoy no puede alegarse que el modelo socialista amenace la supervivencia de los sistemas económicos de mercado y las democracias liberales que rigen en algunos de ellos. Por tanto, hay que sondear la influencia de motivaciones alternativas a la inamovilidad del embargo contra Cuba, hasta hoy política de Estado.
Cuba hoy sin lugares comunes
La administración de la república ha replanteado su cosmovisión sobre la gobernanza socialista. En la actualidad, Cuba es un país con una economía mixta dirigida por el Estado cuyas reformas tienden a despojarse, en la medida de las posibilidades de un país con elevadísimos índices de pobreza y sumido en una gran depresión, de una parte del carácter asistencial de su sistema económico. La empresa privada opera desde 2021 a partir de la concesión de licencias para mypimes. La política macroeconómica de los últimos años redunda en este planteamiento.
La principal articulación de la nueva orientación es la tarea ordenamiento, implementada en plena pandemia del coronavirus. Alude a un conjunto de medidas que implican la unificación monetaria y cambiaria –que abandona la equivalencia respecto al dólar al retirar de la circulación el peso convertible, matizado por la introducción del instrumento monetario “Moneda de Libre Conversión” que fuerza al pago mediante divisas en tiendas estatales–, proponen la eliminación gradual de “los subsidios excesivos y gratuidades indebidas”, al tiempo que se apunta al aumento del salario mínimo como contrapeso, si bien la hiperinflación deshace los efectos de esta última línea de acción económica sobre el poder adquisitivo medio.
Por otra parte, la subida en el precio fijado de los insumos efectuados este años también pueden expresarse como una reducción de la cuota pública que sufraga estos servicios, aunque en este caso se trata de una medida de circunstancias establecida a remolque de la gran escasez de combustible. Hablamos del ajuste que estableció en marzo subidas sobre el precio de la luz y la gasolina –que se encareció en un 400%– aunados a un recorte sobre el acceso universal a los productos racionados.
Más recientemente, la vicepresidenta primera de Economía y Planificación habló en términos de “economía de guerra” y el gobierno manifiesta la voluntad de topar el precio de distintos bienes de primera necesidad, también para los comercios privados.
Presión interior e influencia de Florida
En esta ecuación, puede ser un error descartar la posible influencia ejercida por los ciudadanos de origen cubano sobre la política comercial de Washington hacia la isla que, en su esencialidad de impedir la normalización de las relaciones económicas, es política de Estado. Se trata de una población que crece a una velocidad altísima, debido a la mayor natalidad y al importante flujo migratorio hacia Estados Unidos.
De 2000 a 2021, prácticamente se duplicó al crecer un 92% y alcanzar el número de 2.4 millones de ciudadanos estadounidenses de origen cubano. Un estudio de 2021 del Pew Research Center establecía en el 64% la proporción de población de origen cubano radicada en el estado de Florida sobre el cómputo de emigrados oriundos de Cuba en suelo estadounidense. La ciudad de Miami, el mayor nodo de la emigración cubana y núcleo principal de la disidencia, pertenece a esta región.
La mayoría de los floridanos de origen cubano defiende las medidas de embargo económico, a tenor del último sondeo sobre Cuba elaborado por la Florida International University (FIU), con datos de 2022. Según este estudio, un 57% de los cubanos del estado suroriental se mostró firme (43%) o mayormente (14%) favorable al embargo; al tiempo que otro 34% se oponía firme (23%) o mayormente (11%) a las medidas de embargo. Otro 8% contestó “no saber”. Si se desagrega este porcentaje, la tasa relativa de ciudadanos cubanos del estado de Florida favorables al embargo asciende al 63%, frente a un 37% contrario.
Uno de los datos del estudio llama la atención. La adscripción al Partido Republicano entre los votantes de origen cubano establecidos en Florida es mayor que entre las personas de ascendencia no hispana, a pesar de que estas son más conservadores que los ciudadanos no cubanos de origen hispano. Es fácil ver aquí el tamiz ideológico de la cuestión cubana, dado que los indicadores sociológicos salvo el etario coinciden con los del resto de ‘hispanos’ estadounidenses a grandes rasgos –el grupo demográfico cubano posee unos niveles de renta y formación ligeramente más altos–.
El 51,6% de los encuestados de esta procedencia manifestaron simpatía por el Partido Republicano en lugar del Partido Demócrata (21,3%); mientras que entre el resto de los hispanos la correlación es inversa (16,3% frente a 40,9%). En el caso de la población no hispana, el 38,5% consultado optó por los republicanos, mientras que el 34,3% lo hizo por los demócratas.
Florida es un estado con elevada influencia sobre los resultados de los procesos electorales, debido a su gran peso poblacional y creciente en términos relativos a la media de los territorios federales. Si bien es cierto que su dimensión demográfica contrarresta la magnitud proporcional de la comunidad cubana en Florida, no lo es menos que el sistema electoral estadounidense hace capitales las porfías por el voto en los estados más poblados, por la enorme potencialidad decisiva que les otorga el hecho de que el partido más votado en la región acapare todos los votos electorales en juego, salvo en los estados de Maine y Nebraska.
En este sentido, los cuatro estados de Estados Unidos con más población censada se encuentran entre los cinco que acogen a mayor número de ciudadanos procedentes de Cuba. Además de Florida, son Texas (5% de los cubanos), California (4%) y Nueva York (3%). Un 4% vive en Nueva Yersey, fuera de la lista de estados más poblados.
En los comicios nacionales de 2024, Florida será el tercer estado que más votos federales reparta, un total de 30. De esta forma, se sitúa en este apartado por detrás de California (54) y Texas (40), y por delante de Nueva York (28) e Illinois y Pensilvania (ambos 19). Si bien en los últimos años se consolida sobre Florida un escoramiento a favor del Partido Republicano, esta región ha sido hasta no hace mucho el clásico ejemplo de estado bisagra escenario de campañas a las que se les asignan cuantiosos recursos. Los resultados en este estado fueron determinantes en las dos victorias de Bush en elecciones presidenciales.
Este caso es hasta la fecha el paradigma más nítido de la influencia de la cuestión cubana en una elección, ya que el candidato demócrata, Al Gore, ostentaba el cargo de vicepresidente cuando aconteció el denominado ‘caso Elián’. Ocurrió tras una tragedia migratoria en la que murieron varios cubanos que intentaban alcanzar la orilla estadounidense de manera irregular por mar. Entre el ‘pasaje’ de la balsa se contaban un niño de siete años, Elián González Brotons, y su madre Elizabeth, que falleció, y junto con otras tres personas llegó a las costas de Florida en noviembre de 1999.
La situación legal en suelo estadounidense de Elián fue al poco tiempo objeto de polémica y terminó por transmutar en una causa de calado político y seguimiento mediático internacional. El niño Elián había sido sacado de Cuba sin el conocimiento de su padre, quien desde la isla reclamaba su entrega. Elián había sido acogido en Miami por familiares que rehusaban su devolución a territorio cubano, apoyados por los sectores anticastristas.
El caso alcanzó una dimensión política innegable, con el gobierno de Cuba exigiendo la entrega de Elián a su antiguo hogar. La administración estadounidense resolvería el retorno del menor al seno paterno. La repercusión de este caso fue notoria durante toda la disputa, cuya conclusión se dilató mientras la Justicia dirimía sobre la legalidad de la devolución, finalmente avalada.
Es imposible conocer la traducción exacta de este caso sobre los resultados de las elecciones del 2000. Sin embargo, no parece en absoluto descabellado aventurar un efecto mariposa político y suponer que el debate que se generó en torno al caso Elián terminó por otorgar a Bush su primer mandato presidencial, si se tiene en cuenta el escasísimo margen de su victoria en Florida y la certeza de que el caso Elián dejó una importante impronta en la campaña electoral de ese año, máxime en el estado ‘más cubano’ de Estados Unidos.
Si bien Florida parece haber perdido parte de la capitalidad electoral que le otorgaba la condición de estado pendular, la orientación demoscópica del exilio cubano puede ser un factor sujeto a fluctuación. Por otra parte, más allá de reduccionismos electorales y juegos de “política ficción” como el que plantea el caso Elián, es obvio que la presión se articula a través de otros cauces, como en la presencia de cuadros políticos con una retórica hostil hacia Cuba.
Es el caso del actual gobernador de Florida, Ron de Santis, político que cuenta con una gran proyección dentro del partido y que concurrió a las últimas primarias republicanas. El momento no invita además a un acoplamiento, después de las movilizaciones en la isla contra el gobierno el 11 de julio de 2021 y el cuestionamiento de la respuesta del gobierno, con acusaciones de represión indiscriminada contra los manifestantes por la vía penal, a lo que hay que sumar las informaciones publicadas por medios estadounidenses sobre el supuesto establecimiento de una base espía china.
Un momento geopolítico desfavorable
Por otro lado, la perspectiva de la cuestión de la política interior es todavía más capital en un entorno exterior de gran incertidumbre, con un cuestionamiento creciente de la hegemonía de Estados Unidos y la presencia de elementos que obstaculizan el viraje de la gran potencia hacia la disputa por la influencia en Asia-Pacífico. Es, quizá, uno de los momentos menos propicios –desde la óptica del interés estadounidense– para abrir el debate sobre la normalización de las relaciones comerciales con Cuba.
El resurgimiento mediático de esta cuestión implicaría la presencia de un elemento polémico extra en un contexto incierto y de tensión global, independientemente de las motivaciones de fondo que en la actualidad subyacen. Por lo tanto, lo que parece bastante claro es que en el corto plazo Estados Unidos no va a plantear una apertura sustancial de las relaciones económicas con Cuba que revierta la política practicada hasta ahora. De hecho, sigue vigente la catalogación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo, mientras que en 2019 se activó por primera vez el título III de la ley Helms-Burton, una disposición que había sido suspendida reiteradamente desde su legislación en 1996 hasta la llegada de Trump.
El título III de esta ley supone la articulación más pretenciosa del embargo contra Cuba, puesto que sanciona las actividades de terceros actores que involucren activos confiscados a Estados Unidos tras la Revolución Cubana. La activación de este título en 2019, aunque ha resultado esencialmente infructuosa en sus consecuencias legales, ha dado lugar al establecimiento de pleitos con empresas de terceros países. En el caso de España, cadenas hoteleras con presencia en la isla como Meliá han tenido que responder en tribunales por demandas activadas bajo este título legal.
La defensa de la política hacia Cuba no incomoda en demasía a Estados Unidos, que hace un encaje retórico desde la vindicación del internacionalismo liberal, a pesar de las acusaciones de doble rasero que puedan contraponerse y la colisión de la excepcionalidad que pretende instituir el título III de la Helms Burton con el principio de libertad de comercio entre Estados.
La correspondiente resolución anual masiva en el Parlamento de Naciones Unidas en repudio al embargo económico se ha convertido en poco más que una tradición que no pone en aprietos a la gran potencia ni levanta excesiva polvareda. Más acertado parece enfocar la cuestión desde la perspectiva del realismo político. En este caso, hay pocos elementos en los que atisbar un factor incentivador para Estados Unidos de cara a la rehabilitación del país caribeño.
Puede que en estos momentos el más importante de todos sea el creciente fenómeno migratorio, alentado por la profunda crisis que afecta a Cuba. El éxodo migratorio se ha agudizado con la depresión económica que afecta al país, con lo que se disparan los flujos de emigración irregular hacia Estados Unidos. Esta cuestión ha propiciado contactos diplomáticos entrambos países, pero dista de ser un elemento que altere las dinámicas principales que han imperado hasta la fecha.
Por un lado, es evidente que los efectos sobre la vida de la población cubana de las medidas de embargo no pueden desvincularse del asunto migratorio. Por otro, al echar la vista atrás hacia la etapa crítica que las autoridades cubanas denominaron período especial alumbrada por la caída de la URSS y el campo socialista, es fácil observar que coincidió con un impulso legislativo a las políticas de asfixia, con la implementación de la Ley Torricelli (1992), cuyos esfuerzos de alcance extraterritorial retomaría la promulgación de la Ley Helms Burton (1996).
Esto lleva a cuestionar cuál es, no ya la motivación, sino el resultado que pretenden las acciones contra Cuba. La promoción de un cambio de régimen ha resultado hasta ahora infructuosa. El 62% de los ciudadanos de Florida de origen cubano encuestados por la FIU consideraron que el embargo no había funcionado –sea lo que sea lo que ello signifique– en absoluto (39%) o no había funcionado muy bien (23%), frente a un 29% que opinaron que había funcionado muy bien (9%) o bien (20%). El 8% restante afirmó no saberlo. Lo cierto es que, si bien un cambio político favorable a los intereses de Estados Unidos no es obviamente un escenario que desagrade y al que renuncie la gran potencia, no es en la actualidad objetivo prioritario, ya sea por improbable o por el desplazamiento del foco estratégico.
En cualquier caso, el decremento de la capitalidad estratégica de Cuba en relación al fin de la amenaza soviética y el pivote hacia Asia no relega al país caribeño a la irrelevancia. Más allá de la importante relación con China, el espacio diplomático lo ocupa cada vez más Rusia, que en los últimos dos años ha retomado contactos y estrechado lazos bilaterales, con acuerdos de inversión y suministro de petróleo. Es fácil discernir los intereses, que más bien son necesidades, que impelen a las autoridades cubanas a entenderse con Rusia. También hay elementos para interpretar el viraje ruso hacia La Habana como una manera de ganar adhesión internacional y extender su influencia.
El factor energético y las relaciones comerciales de Cuba
Cuba no posee ningún factor a su favor con el peso necesario para propiciar su rehabilitación por parte de Estados Unidos, lo cual, por motivos evidentes, es vital para sus posibilidades de desarrollo. No puede apostar en la fecha por el factor energético, que ha vuelto a probar su peso como elemento de soberanía internacional a través de la reconfiguración de las redes de abastecimiento y los ajustes operados tras el estallido de la guerra en Ucrania.
En esta tesitura, los niveles de exportación de petróleo de Cuba han decaído tras 2014, cuando llegaron a suponer el 18,5%, según los datos del Observatorio de la Complejidad Económica (OEC). En 2022, representaban el 1,5% –sustancialmente por debajo del valor de importación del mismo producto–, lo que resulta lógico si se considera la imperiosa necesidad de autoabastecimiento y los efectos del demoledor incendio que en agosto de 2022 arrasó la mitad de los tanques de combustible del depósito más grande de la isla.
En cualquier caso, la mengua de las exportaciones de crudo es una tendencia de recorrido previo, y en el ejercicio anterior al fuego en los depósitos la cuota de exportación se situó en poco más del 4%. Es evidente la relación entre estos datos y la subida del 400% sobre el precio del combustible. En los términos de las relaciones con el vecino del norte, en estos momentos es una ficción plantear el uso de la producción de crudo como moneda de cambio para comprar su rehabilitación comercial.
Incluso en el supuesto de que el gobierno pretendiera aumentar las exportaciones de crudo con el propósito de obtener divisa a pesar de la carestía de vida y la carencia de combustible, todo lo que podría ofrecer sería mínimo y absolutamente insuficientemente apetecible para romper el tabú del embargo.
Más datos. La balanza comercial cubana fue desfavorable por una proporción superior a tres a uno en 2022. El producto más exportado fue el tabaco, con un 26,9% de cuota –las actividades agrarias se acercan a la mitad y la falta de diversificación es evidente cuando el tabaco, licores y azúcar suponen la práctica totalidad (98,5%) de esta– y el país destinó uno de cada diez dólares al extranjero a comprar carne de pollo para alimentar a su población –solo esta parcela de importación supondría cerca de un tercio del valor de exportación–.
En este subsector, es llamativo el desplazamiento de la exportación de ron y otros espirituosos sobre la industria azucarera. Por detrás de las salidas de bienes agrícolas queda el valor de las exportaciones de materia prima, apartado que encabezaron el níquel y el zinc, demandados por China. El principal socio para la importación es España (23,2%), apartado en el que a priori llama la atención el 9,7% de cuota de Estados Unidos. En realidad, se debe a que el embargo no incluye alimentos, y el 81% de la partida importadora de carne de pollo provino de territorio estadounidense, según la estadística del OEC.
Por el momento, las autoridades parecen fiar las esperanzas de remonte de la situación económica a la mejora de la actividad turística, que tras la pandemia no ha presentado la recuperación prevista. En este sentido, la exportación se basa en actividades extractivas y sobre todo agrarias de bajo valor agregado y que aquejan reducidos índices de productividad.
Además, las duras condiciones de vida abonan el descontento social. Fueron el germen de las protestas del 11 de julio en plena pandemia, un episodio al que siguieron críticas por la respuesta dada. Es fácil ver que, sin los consensos sociales necesarios, el mantenimiento de la estabilidad política requiere del accionamiento de recursos coercitivos. También es evidente que, en estas condiciones, las bases para un acercamiento con Estados Unidos que goce de buena acogida en territorio estadounidense se agrietan.
En definitiva, el escenario presente dinamita las posibilidades de reversión de las medidas del embargo estadounidense contra Cuba tanto como lo hicieron los bloques de la Guerra Fría, aunque sucede a través de factores distintos. Comprender esto no es trivial ni un divertimento de análisis, porque plantea una diferencia capital, y es que las dinámicas no son inamovibles.
Ni Cuba es hoy un proyecto netamente socialista de base popular avasalladora, ni su signo político representa una amenaza vital para los intereses estadounidenses. Es cierto que sí representa un modelo confrontativo con el orden internacional liberal cuyas prioridades lo alinean con otros actores del llamado sur global opuestos a la hegemonía de la gran potencia, aunque este elemento debería permitir el acomodo de distintas posturas o estrategias en Estados Unidos.
En este último país, el elemento político interno juega un papel decisivo, con la región de Florida como paradigma cada vez más central debido al crecimiento demográfico que evidencian las mediciones censales, el cual adquiere proporciones realmente extraordinarias cuando se trata de la población de origen cubano debido a la gran tributación migratoria de este grupo a la demografía del Estado. Que este factor sea decisivo no implica que actúe al margen de la realidad en Cuba.
No solo las migraciones económicas aumentan la ‘miamización’ de Florida. Las condiciones de subsistencia, el clima social y la gestión gubernamental de las expresiones de descontento influirán mucho en la palanca interior de presión sobre las instituciones estadounidenses. En cualquier caso, es dudoso que la administración estadounidense tenga ahora ganas de tentar estos resortes, con elecciones a la vuelta de la esquina y un contexto internacional cada vez más tensionado que obstaculiza su viraje hacia Asia-Pacífico.
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