El 6 de octubre, alrededor de diez millones de tunecinos acuden a las urnas, la tercera vez que ocurre desde el año 2011, cuando las protestas de la Primavera Árabe llevaron al derrocamiento del presidente Zine El Abidine Ben Ali. Los comicios se están caracterizando por la tensión en el país en el que se iniciaron las revueltas contra los gobiernos autoritarios clamando por una democracia.
El actual presidente, Kais Saïed, se presenta a la reelección contra otros dos candidatos que no representan una amenaza real para su permanencia en el poder. Los partidos opositores se debatían entre el boicot o el apoyo al candidato encarcelado Ayachi Zammel, quien ha sido condenado a 12 años de prisión. Independientemente de la estrategia de la oposición, se espera una baja participación.
La población se enfrenta a graves dificultades en su vida diaria, ya que desde la pandemia de COVID-19 el país ha experimentado un fuerte retroceso económico, en el que la inflación ha hecho cada vez más inaccesibles productos de primera necesidad. El alto costo de la vida está haciendo que la gente recurra a préstamos para poder llegar a fin de mes, y cuestiones como la compra de coches o viviendas se hacen impensables para la mayoría. Actualmente, Túnez se encuentra en suspensión de pagos y tiene que pedir préstamos para pagar otros anteriores.
La deriva autoritaria del presidente se ha gestado en los últimos años. Organizaciones como Amnistía Internacional han denunciado la persecución jurídica contra miembros destacados de la oposición, la aprobación de leyes represivas y procesos judiciales sin garantías. La nueva Constitución, promulgada en el año 2022, otorga gran parte de los poderes del Estado al presidente.
En ese mismo año, el presidente decretó la disolución del Parlamento, que había sido suspendido en julio de 2021. A su vez, se han producido importantes detenciones de opositores, como fue el caso del arresto de 80 miembros de la mayor fuerza de la oposición, el partido islamista Ennahda. A medida que se acercaban las elecciones, el presidente Saïed ha realizado importantes destituciones en su gobierno, como es el caso del primer ministro Ahmed Hachani, quien había sido nombrado apenas hace un año.
La situación electoral en Túnez hace prever que el actual presidente continuará en el cargo, por lo que se puede suponer un continuismo en su política exterior. La situación en Túnez es seguida con interés por parte de diversos actores, como la Unión Europea. El país norteafricano es un punto clave para el control de la migración irregular hacia el continente europeo.
Desde el gobierno tunecino se sigue una política de tolerancia cero con los inmigrantes y refugiados, que se materializa en discursos racistas, deportaciones y represión contra oenegés. A pesar de ello, la Unión Europea mantiene sus acuerdos de cooperación con Túnez, y teniendo en cuenta el empeoramiento de la situación en el Sahel y el aumento de los flujos migratorios, no se divisa un cambio o un cese de los mismos.
El presidente, que fue elegido en el año 2019 con el 72,71% de los votos, se prepara para renovar su mandato en unas elecciones sin oposición. Tras de sí quedan años de represión, autogolpes y manipulación en el país que en su día se levantó en contra de la tiranía y el malestar social.
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