El gobierno de Trinidad y Tobago declaró el 30 de diciembre de 2024 el estado de emergencia. La decisión fue tomada con el objetivo de contener la creciente ola de asesinatos y enfrentamientos entre pandillas que han sacudido la tranquilidad del país caribeño. La violencia ha alcanzado niveles sin precedentes, registrándose cerca de 620 homicidios a lo largo de 2024 y superando el récord anterior establecido en 2022, año en que se alcanzaron 605 homicidios.
Esto sitúa al país como uno de los más violentos del continente, con una tasa de 40,44 homicidios por cada 100.000 habitantes. Cabe señalar que, según fuentes policiales, un 42,6% de los homicidios registrados están vinculados a la acción del crimen organizado y de las pandillas. El punto culminante fue un tiroteo múltiple en Laventille, en el cual cinco hombres perdieron la vida.
El primer ministro Keith Rowley se dirigió a la nación, defendiendo que el estado de emergencia es necesario para "restablecer el equilibrio" frente a la amenaza que representa la delincuencia organizada para la seguridad nacional. La medida permite a la policía y al ejército realizar registros sin necesidad de una orden judicial o detener sospechosos sin cargos por hasta 48 horas, tiempo que puede ser extendido por un magistrado hasta siete días. Esta decisión no incluye toque de queda para no afectar a la actividad económica,
Por su parte, el ministro de Seguridad Nacional, Fitzgerald Hinds, y el fiscal general interino, Stuart Young, describieron la situación actual como una "epidemia" de violencia, destacando que hasta el 26 de diciembre se habían registrado 551 tiroteos en el país, muchos de ellos protagonizados por armamento de alta potencia, como AR-15 y AK-47.
Por su parte, el fiscal Stuart Young argumentó que el objetivo principal del estado de emergencia es ofrecer a las fuerzas de seguridad las herramientas necesarias para actuar de manera decisiva contra las pandillas criminales, sin impactar negativamente la economía de Trinidad y Tobago. Aseguró que las escuelas, negocios y otras actividades continuarán operando con normalidad, aunque con un aumento en la vigilancia y el control. Uno de los principales sectores económicos del país, el turismo, especialmente el de cruceros, no se ha visto afectado, aunque si que hay cierta preocupación al respecto.
Cabe recordar que el ministro Fitgerald Hinds firmó el 10 de diciembre dos acuerdos con Estados Unidos: el Acuerdo sobre el Estatuto de la Fuerza (SOFA) y el de Adquisición y Servicios Cruzados (ACSA). El primero se encuentra vigente desde 2007, y regula la presencia y actividad de fuerzas militares estadounidenses en el país. La novedad de este pacto es que se elimina la fecha de vencimiento; no obstante, se especuló con una hipotética operación militar contra Venezuela, extremo negado por el primer ministro Keith Rowley.
Las reacciones a nivel nacional han sido mayormente de apoyo a la medida, especialmente desde instituciones como la Chamber of Industry and Commerce. En lo que respecta a la sociedad trinitense, las posiciones han sido variadas, desde ciudadanos que aplauden la firmeza del gobierno, mientras que otros temen que estas medidas puedan desembocar en abusos de poder o una mayor escalada de violencia. Mientras tanto, Trinidad y Tobago ha prometido una evaluación constante de la situación para ajustar las medidas según sea necesario.
La comunidad internacional ha reaccionado a esta noticia con preocupación, observando de cerca cómo Trinidad y Tobago maneja esta crisis de seguridad. Las embajadas de varios países, como Estados Unidos, han emitido advertencias de viaje, recomendando a sus ciudadanos extremar precauciones o reconsiderar viajes no esenciales al archipiélago.
Trinidad y Tobago cuenta con una presidenta o jefa de Estado desde marzo de 2023, Christine Kangaloo, cuyo cargo es en gran medida simbólico, sustituyendo al gobernador general, figura política existente hasta 1976. Por su parte, el actual primer ministro, Keith Rowley, líder del partido de centroizquierda Movimiento Nacional del Pueblo (PNM), se mantiene en el cargo desde septiembre de 2015. En la oposición se encuentra el Congreso Nacional Unido (UNC), formación de centroizquierda liderado por Kamla Persad-Binnessar, que fue la primera mujer en ocupar el puesto de primer ministro entre 2010 y 2015.
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