El Partido Laborista de Santa Lucía (SPL por sus siglas en inglés) se impuso en las elecciones generales del 26 de julio de 2021 y volverá al poder en este pequeño estado insular de las Antillas Menores.
Santa Lucía, de apenas 180.000 habitantes y 617 km2 de extensión, es una excolonia británica que obtuvo su tardía independencia en 1979, aunque la sombra del imperio británico sigue siendo alargada en el Caribe. Desde entonces el poder se ha alternado entre el SPL y el conservador United Workers Party (UWP), un bipartidismo que tiene su impacto más visible en la cambiante política exterior del país.
A pesar del reducido impacto geopolítico que un país de estas dimensiones parecería tener, Santa Lucía ha suscitado el interés de potencias mundiales e internacionales por su posición privilegiada en el Mar Caribe, a 350km de la costa venezolana y poco más de 1.500 km de Cuba. Por otro lado, el Caribe concentra cerca de la mitad de los países que mantienen relaciones diplomáticas con Taiwán -Santa Lucía es uno de los miembros de este reducido listado.
Estos dos ejes hacen que la llegada del laborista Phillip Joseph Pierre a la presidencia pueda dar importantes titulares reconfigurando, aunque solo sea parcialmente, los equilibrios regionales e internacionales.
De la alianza con Trump al abandono del Grupo de Lima
El Caribe siempre ha sido la zona de proyección e influencia natural de Venezuela, cuya producción petrolera y demás actividad económica ha tenido siempre en los pequeños países de las Antillas Menores un socio preferente. Venezuela ha hecho las veces de “hermano mayor” de estos Estados, cuya orografía impide una producción de alimentos diversificada y a gran escalada, y donde no hay reservas significativas de hidrocarburos. Carencias que Caracas se ha encargado de suplir con creces, ejerciendo, por arrastre, una influencia significativa en la agenda internacional de estos gobiernos.
Sin duda el ejemplo más significativo de esta práctica lo encontramos durante el mandato de Hugo Chávez, que aprovechó el crecimiento económico de la primera mitad de su gobierno para impulsar ambiciosos proyectos de integración política y económica que consolidaron su influencia en la región. La creación de Petro Caribe en 2005 bañó con petróleo barato a estos microestados, que accedían al crudo venezolano con precios preferentes, garantizándose un suministro estable y barato; a cambio, los países de la CARICOM (Comunidad del Caribe) cerraron filas en la escena internacional en torno a Venezuela, a quien respaldaron en su intento por llegar al Consejo de Seguridad de la ONU o en sus iniciativas ante la OEA, donde el voto caribeño siempre se decantaba del lado venezolano. Con el barril de brent por encima de los 100 dólares las raquíticas economías caribeñas eran incapaces de acceder al mercado de hidrocarburos, encontrando en Venezuela el salvavidas perfecto para sus modelos productivos.
Pero los estados caribeños no fueron ajenos a las dinámicas internas del hermano mayor. La caída de los precios del petróleo noqueó a Petro Caribe y llevó a la economía venezolana a una grave crisis. En la esfera política la polarización, el aumento de las sanciones y la pérdida de aliados debilitó el papel regional de Nicolás Maduro. En el Caribe, los gobiernos de conservadores y liberales, cautos y leales a Venezuela durante la bonanza económica de Chávez, rompieron esta vez su posición y criticaron abiertamente al ejecutivo chavista.
En las elecciones de 2016 los conservadores del UWP, con Allen Chastanet como presidente, vencieron con claridad a los laboristas. El nuevo ejecutivo se destacó por su hostilidad a Venezuela y protagonizó las posiciones más duras contra Caracas. Santa Lucía, histórico aliado de Venezuela durante décadas, fue el único país de las Antillas Menores en ingresar en el Grupo de Lima; reconoció a Guaidó como presidente del país y rompió lazos diplomáticos con Venezuela.
La vehemencia de Chastanet le granjeó las simpatías de Donald Trump, con quien estrecharía vínculos. La administración americana aprovechó la hostilidad santalucense para hacer del país su avanzadilla en la zona. Buena muestra de la sintonía entre los dos gobiernos fue el encuentro que Trump mantuvo en marzo de 2019 en su mansión Mar-a-Lago de Florida, donde además de Chastanet estuvieron presentes los presidentes de Bahamas, Jamaica, Haití y República Dominicana. Todo un “triunfo diplomático” que un minúsculo país del Caribe fuese invitado por el todopoderoso gobierno norteamericano, afirmaban desde el gobierno isleño.
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La posición del UWP fue duramente criticada por los laboristas, que nada más volver al poder en los comicios de 2021 anunciaron que revertirían la política aplicada por sus antecesores. Horas después de conocerse los resultados que otorgaban la victoria al SPL, el gobierno venezolano se apresuró a felicitar el triunfo vías redes sociales, un gesto significativo teniendo en cuenta que en ese momento las relaciones entre ambos países permanecían rotas.
En pocas semanas el nuevo gobierno santalucense materializó el cambio de dirección respecto a Venezuela, anunciando su abandono del Grupo de Lima y retomando las relaciones diplomáticas plenas con Maduro. El nuevo Ministro de Asuntos Exteriores, Alva Baptiste, comunicó la decisión asegurando que para ellos este grupo “no tiene ningún valor” tras recibir a una delegación venezolana de alto nivel encabezada por el viceministro para el Caribe Raúl Licausi; extremo que ratificó el primer ministro Phillip Joseph Pierre asegurando que Maduro “es un buen amigo de Santa Lucía y es una esperanza de recuperar la relación de amistad entre Santa Lucía y Venezuela que se tenía un tiempo atrás”.
Con este movimiento, el chavismo coge aire y cierra el “frente” caribeño, que parece estabilizarse con el giro laborista de Santa Lucía. Maduro despeja además el fantasma de la “invasión y desestabilización” en el Caribe oriental, una baza que ha azuzado en los últimos años acusando de colaboración y connivencia con EEUU y Colombia a los gobiernos de la región con los que no mantiene relaciones.
Pero más allá de la cuestión política, retomar las relaciones bilaterales es fundamental para ambas partes, pues por sus países atraviesan importantes rutas de tráfico de armas, personas y droga. Hasta ahora la crisis entre Castries y Caracas había llevado al mínimo la cooperación en materia de seguridad e inteligencia, una tendencia que ya comienza a revertirse.
Entre Pekín y Taipéi
Pero además de incidir en la política latinoamericana, el Caribe juega un papel destacado en el conflicto sino-taiwanés al concentrar a cerca de la mitad de los países que mantienen relaciones bilaterales plenas con Taipéi. En la actualidad tan solo 15 gobiernos reconocen a la “isla rebelde”, como es denominada por China, la mitad de ellos están bañados por Caribe: Honduras, Nicaragua, Belice, Guatemala, Haití, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, y Santa Lucía.
La diplomacia china descansa sobre “cinco principios para la coexistencia pacífica” que aplica con el resto de Estados y exige para sí misma: respeto mutuo a la soberanía nacional e integridad territorial, no agresión, no intervención en los asuntos internos de otros países, igualdad y beneficio recíproco y coexistencia pacífica. Un hecho que revela el carácter medular que tiene para el PCCh la política nacional como eje vertebrador de la política externa.
Así, China no establece relaciones diplomáticas con Estados que atenten contra su “soberanía nacional”, rechazando cualquier tipo de cooperación con los países que reconocen a Taiwán; un listado que progresivamente se ha ido reduciendo gracias a la hábil diplomacia china, que siempre acompaña de suculentas inversiones la ruptura de relaciones con la “República de China”.
Si bien el peso económico y político de estos países no es significativo para la agenda del gigante asiático, lo cierto es que China persigue con obsesión reducir a cero la lista de Estados que “lesionan su integridad”. Para Pekín el problema taiwanés rebasa la política interna y es una prioridad exterior, lo que hace que países minúsculos como Santa Lucia se encuentre en el foco de China, que tienta al gobierno caribeño para romper sus vínculos con Taipéi.
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En este tablero Santa Lucía es un caso excepcional pues ha mantenido y roto relaciones con China hasta en dos ocasiones. Tras su independencia, en 1979, y hasta 1984 el país mantendría una ambigüedad estratégica sosteniendo relaciones y tanteando a ambos gobiernos. Ese año el UWP se decantó por oficializar su relación con Taiwán, lo que implicó automáticamente el cese de relaciones con China. La decisión se sostuvo básicamente en las mayores prebendas llegadas desde Taipéi, así como la influencia estadounidense (de quien reciben casi la mitad de las exportaciones) y británica (exmetrópoli), que veían con buenos ojos que pequeños países contrapesasen el meteórico ascenso que estaba protagonizando Pekín.
Comenzaba una relación bilateral artificial sostenida únicamente en el interés geopolítico que para Taiwán tenía mantener reconocimiento internacional, un precio cobrado por Santa Lucía en suculentas inversiones, créditos y donaciones. La ausencia de intercambios económicos o intereses culturales compartidos representaba una brecha que China supo apreciar y aprovechó: doblando la apuesta.
Así, en 1997, la llegada del gobierno laborista confirmaría el cambio de tendencia, pasando a alinearse con Pekín. A cambio de romper con Taiwán el país caribeño recibió una espectacular inversión china, que proyectó construir gratuitamente en la isla: un estadio de fútbol con capacidad para 9.000 personas (llamado George Odlum en homenaje al ministro de exteriores que firmó el acuerdo con China), un centro psiquiátrico de 140 camas, un centro cultural y una zona de libre comercio para el intercambio de mercancías… A ello se sumaría la llegada de turistas chinos y la apertura de negocios asiáticos en la isla. Una posibilidad única para un país que sin la financiación china jamás podría soñar con estas infraestructuras. Comenzaba una nueva etapa.
No obstante, el lento desarrollo de las obras y un menor rendimiento económico de los acuerdos respecto a lo esperado hicieron que el gobierno volviese a escuchar las ofertas de las autoridades de Taiwán, dispuestas a retomar las relaciones aumentando sus inversiones en la isla y contando con el visto bueno norteamericano, que veía con buenos ojos reforzar a su aliado y facilitar lo necesario para que “diesen las cuentas”.
Así, en 2007, tras escasos diez años de relaciones sino-santalucenses, la alianza con Pekín llegó a su fin de la mano del UWP. La decisión desató la furia de China, que en los días previos mandó una delegación al país para tratar de retener el reconocimiento, pero tras conocer la decisión retiró a todo su personal diplomático y cortó todas las inversiones y obras en marcha. Para entonces tan solo el estado y un puñado de negocios se habían terminado, quedando el hospital psiquiátrico en obras y el centro cultural en un mero proyecto.
El entonces ministro de Exteriores santalucense, Rufus Bousquet afirmó literalmente que el cambio de criterio se apoyaba en la mejor oferta taiwanesa y denunció además “presiones chinas” a través de países aliados en la región que habrían intentado mediar hasta el último momento para evitar el restablecimiento de relaciones.
Pero pese al desplante, China no desiste en su objetivo de aislar a Taiwán, aunque ello implique lidiar con un país que previamente haya “vulnerado la soberanía”. Tras el periodo reglamentario de animadversión por la ruptura, China ha vuelto a la casilla de salida y sigue tentando al gobierno caribeño con las bondades de ubicarse bajo su paraguas de influencia.
Una muestra de la importancia que el Caribe tiene para China como reducto de apoyo a Taiwán es la gira que el presidente Xi Jinping realizó en 2013 a la Antillas Menores. Una zona sin valor geoestratégico o económico, pero donde se reunió con todos los gobiernos con los que mantiene relaciones. El gigante asiático aprovechó el foro para dirigirse a los países de la región que permanecían reacios anunciando una lluvia de millones en forma de préstamos, inversiones en infraestructura y cooperación al desarrollo.
Santa Lucía podría volver a protagonizar ahora un cambio de rumbo; desde hace años China ha retomado contactos discretos con la isla, algo favorecido por el gobierno entre 2011-16 del SLP, que ya en su momento se opuso al restablecimiento de relaciones con Taiwán. Si bien los avances eran discretos, la situación se ralentizó con la vuelta del UWP al poder (2016-21), pero el contundente triunfo laborista este 2021 (con 12 de los 15 escaños del parlamento) podría suponer el impulso final para firmar un nuevo acuerdo con China. El principal reto pasa por darle estabilidad al eventual pacto, pues la fuerte división entre los dos partidos podría dejar en papel mojado la alianza con Pekín si los conservadores santalucenses no dan por válida la decisión.
En todo caso Santa Lucía aprovecha la coyuntura y demuestra que pese a su insignificancia aparente es capaz de utilizar los equilibrios internacionales a su favor. El nuevo gobierno ya ha mantenido reuniones bilaterales en distintas materias con Venezuela, con seguridad y energía como ejes prioritarios. Al mismo tiempo la aparente fragilidad en su alianza con Taiwán le está brindando beneficios por ambas partes: China sigue subiendo, sin techo aparente, su oferta para romper la alianza con Taipéi, mientras Taiwán continua agasajando a su aliado caribeño; la gran donación taiwanesa de equipo médico para combatir la COVID-19 es quizá el mejor ejemplo.
Queda claro que los microestados cuentan en la geopolítica mundial y regional. El nuevo gobierno santalucense tiene la oportunidad de explotar los frentes venezolano y sino-taiwanés en su beneficio, falta solo ver por qué lado decanta este minúsculo Estado caribeño su política exterior.
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