Como de costumbre, Venezuela se resiste a salir del voraz foco mediático en el que está inmersa desde años o quizá décadas. La pandemia mundial que ha noqueado temporalmente buena parte de los conflictos geopolíticos del momento, no ha podido con el país caribeño que, a pesar del COVID-19, se ve sumido en una nueva escalada política entre gobierno y oposición con una parálisis mundial de fondo.
Pasado ya un año de la autoproclamación de Guaidó como presidente interino, la estrategia estadounidense para acabar con Maduro parecía haber entrado en punto muerto. Al “nombramiento” de Guaidó le siguió el intento de entrada de ayuda humanitaria vía Colombia, la batalla internacional por el reconocimiento internacional, un levantamiento armado, un llamado masivo al “desborde en la calle”, varios nuevos paquetes de sanciones, un par de giras internacionales… y tras todo ello poco o nada ha cambiado en el Palacio de Miraflores. No obstante, y aunque los efectos de un año de escalada en las sanciones sí se dejan notar en la economía y sociedad venezolana, el nuevo escenario supone una nueva vuelta de tuerca -quien sabe si la última- sobre el país y el chavismo.
Para ampliar: Venezuela ante el mundo, reconocimiento internacional de Guaidó
El estrangulamiento de la economía, que comenzó en 2014 de la mano de Obama, ha sido la vía escogida para ahogar no tanto al gobierno sino a la población, generando una situación límite que promueva la movilización contra el gobierno. La arriesgada apuesta de la oposición por imponer nuevas y más graves sanciones, no ha dado los resultados esperados pese a combinarse con otros elementos como el fallido intento de bicefalia gubernamental.
Sería falso en todo caso negar que la situación del gobierno es límite, tanto en el campo económico como en lo social. El apoyo ruso y chino en el plano internacional (clave para bloquear la proyección internacional de Guaidó en la ONU y ante terceros Estados) y financiero (como principales inversores del país) ha brindado a Venezuela el salvavidas necesario para esquivar y aguantar, con grandes dificultades, las sanciones impuestas.
Sanciones e infraestructura sanitaria insufiente frente al COVID-19
Ante esta situación, pandemia y retórica del narcoestado son los nuevos elementos que acechan a un gobierno extenuado, pero aún en pie tras años de crisis política.
El parón generado por la pandemia tiene especial impacto sobre el petróleo (con niveles de producción de la estatal PDVSA en una cuarta parte respecto a 2013), pues las medidas de aislamiento social y congelación de la producción han reducido a mínimos la demanda, llevando al precio del barril de Brent a los precios más bajos de las últimas dos décadas. La economía de monocultivo del gobierno bolivariano, donde el 90% de los ingresos de divisa provienen de la exportación de crudo, ya estaba severamente dañada tras las sanciones impuestas por Trump.
Aunque la espiral deflacionista del petróleo se ha frenado con el recorte de producción pactado por Rusia y Arabia Saudí el pasado 2 de abril, el aumento del barril en un 30%, cuando llegó a marcar el mínimo de 22,71$, sigue siendo insuficiente para Venezuela que, de mantenerse los precios en las horquillas actuales, vería seriamente amenazada su capacidad de importar bienes básicos en los próximos meses.
Pero los efectos del COVID-19, más allá del impacto económico, pueden tener graves consecuencias sanitarias. Los primeros casos de COVID-19 en Venezuela se confinaron la primera semana de marzo, dos casos exportados desde España. Desde entonces, la respuesta ha sido rápida y contundente como en buena parte del continente, decretando el Estado de alarma desde el día 14 y cuarentena en todo el país desde el 17 del mismo mes. Aunque las cifras presentadas a día de hoy no muestran un crecimiento especialmente preocupante, más en comparación con países vecinos como Brasil o Ecuador, el precario sistema sanitario del país podría colapsar de aumentar los contagios. Actualmente el campo sanitario sufre con virulencia las sanciones económicas, particularmente eficaces sobre la exportación de material médico y farmacéutico. Venezuela ya ha tenido que cancelar varios programas de cooperación médica con terceros Estados y organizaciones, y ha solicitado ayuda a Cuba para afrontar la pandemia.
En esta dirección apuntaba un informe del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores venezolano de mayo de 2019 al señalar que el 34% del total de medicamentos que consume el país se compran a Estados Unidos (EEUU), un 7% a España y un 5% a Italia. Tres países que concentran el 46% de las importaciones en el sector y que se han visto afectados por las sanciones. Algo que niega la administración estadounidense pues, si bien es cierto que no se prohíbe la comercialización de estos bienes básicos, las empresas norteamericanas y europeas han rechazado establecer relaciones comerciales, aunque podrían.
Desde el ejecutivo venezolano ponen como ejemplo de situación recurrente el bloqueo de compras de medicamentos o la negativa de entidades bancarias a tramitar las transferencias. “La orden de compra por 171 millones de euros a un proveedor certificado para la importación de Albúmina Humana, Inmunoglobulina y otros hemoderivados, fue bloqueada. La acción afecta a 5.859 personas que padecen hemofilia y síndrome Guillain-Barré. Los pagos fueron rechazados tres veces” aseguran fuentes del Ministerio.
El impacto de las sanciones sobre la frágil economía en general y la infraestructura sanitaria en particular, han llevado a que las propias Naciones Unidas pidan el levantamiento de sanciones sobre Estados con especial “vulnerabilidad”. Pero la propuesta, que no es vinculante, ya ha sido menospreciada por EEUU, quien aplica con carácter unilateral la mayoría de sanciones que recaen sobre Venezuela.
La retórica del narcoestado
La acusación de narcoestado y de supuestos vínculos entre chavismo y cárteles ha sido un recurso discursivo más para la oposición venezolana durante años. Quienes también han sido acusados por el gobierno de sus relaciones con narcos, especialmente tras las fotos de Juan Guaidó con los Rastrojos; de igual forma que las acusaciones de complicidad han sido una constante con la vecina Colombia.
Pero en ambos casos, el narcotráfico había sido una baza retórica más que un elemento central en el discurso político. La influencia de la droga en el continente es algo innegable, aunque en el caso del país caribeño no se había mostrado como un factor decisivo en la agenda política hasta el pasado 26 de marzo, cuando el fiscal general de norteamericano, William Barr, anunció la presentación de cargos formales por narcotráfico y otros delitos contra Maduro.
La acusación recae también sobre el presidente de la ANC, Diosdado Cabello; el Ministro de Defensa, el militar Vladimir Padrino; o el presidente del TSJ, Maikel Moreno, entre otros 15 nombres de funcionarios y exfuncionarios venezolanos que completan la lista. Según el fiscal general Maduro es el “líder de una organización criminal”, el Cartel de los Soles, que estaría supuestamente formada por altos mandos militares y disidentes de las FARC como Luciano Marín Arango, alias “Iván Marquéz”, y Seuxis Paucis Hernández Solarte, alias “Jesús Sántrich”, (quienes también son reclamados por la justicia estadounidense).
El acuerdo entre gobierno venezolano y exmiembros de las FARC permitiría a los segundos operar desde la frontera colombo-venezolana para enviar desde allí toneladas de cocaína hacia Estados Unidos. La acusación va más allá y según la fiscalía el ejército bolivariano facilitaría que aviones cargados con narcóticos despegaran con rumbo a EEUU desde sus bases militares.
Con el fin de “llevar ante la justicia” a los acusados, se ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por cualquier información que conduzca al arresto de Maduro y 10 millones por Diosdado Cabello; el vicepresidente económico Tareck El Aissami; el exgeneral venezolano Hugo Carvajal, y el exjefe militar Cliver Alcalá Cordones.
Lo contundente de las acusaciones no parece corresponderse con la realidad, pues Venezuela nunca ha sido un país importante en el transporte y transformación de cocaína. Así se pronuncia un reciente estudio de la WOLA (The Washington Office on Latin America) un reconocido centro de estudios y promoción de los derechos humanos en América. La misma fuente sentencia que, “alrededor del 90% de toda la cocaína con destino a los Estados Unidos se trafica a través de las rutas del Caribe Occidental y del Pacífico Oriental, no por el Caribe Oriental de Venezuela”
Del mismo modo, los últimos informes anuales de la propia DEA (Drug Enforcement Administration), la agencia del gobierno estadounidense para el control de drogas, no determinaban que Venezuela sea uno de los principales focos de transporte o transformación de estupefacientes. En el informe de 2018 apuntarían que solo el 7% de la cocaína colombiana que se introduce en Estados Unidos pasa por suelo venezolano. Misma conclusión que la ya señalada por la WOLA.
No obstante, la operación política contra Maduro se refuerza discursivamente con la acusación que se realiza sobre dos disidentes chavistas que figuran en el listado de la fiscalía norteamericana y cuyos testimonios se estarían pactando en estos días a cambio de penas reducidas.
Cliver Alcalá fue cercano a Hugo Chávez durante su ascenso al poder en los años 90, llegando a ser jefe de guarnición de Valencia. Pero sus vínculos con el chavismo se rompieron públicamente en el 2016. Desde entonces y según sus propias palabras, ha sido un activo colaborador de la oposición venezolana en el intento de derrocar a Maduro. Lo que le hizo estar “sorprendido” por su acusación en el caso. Alcalá, que vivía desde hace dos años en Barranquilla (Colombia), controlado por la Dirección Nacional de Inteligencia, se entregó a las pocas horas del anuncio a la DEA, que lo trasladó a Nueva York.
Hugo “El Pollo” Carvajal, de 59 años y hoy opositor a Nicolás Maduro, fue jefe de los servicios de inteligencia y contrainteligencia militar de Venezuela entre 2000 y 2011. Carvajal estaría negociando en Madrid con la DEA, acordando un testimonio que pudiese involucrar a Maduro en el narcotráfico. Esta información anunciada a bombo y platillo en medios opositores fue confirmada por el conservador periódico español ABC, quien asegura que “Carvajal está bajo custodia del Centro Nacional de Inteligencia”.
Despliegue militar
Bajo este pretexto de lucha contra el narcotráfico, Donald Trump confirmó el 1 de abril el despliegue de la mayor operación antinarcóticos que ha vivido jamás el continente. “El Comando Sur de los Estados Unidos aumentará la vigilancia, las incautaciones, el despliegue de aeronaves, naves y helicópteros destructivos”, con el objetivo es “vigilar” Venezuela para “proteger al pueblo americano de la escoria de los narcóticos ilegales”.
Si bien no se dieron cifras exactas del despliegue, el presidente Trump anunció que “el inicio de una operación antinarcóticos ampliada” implicaría duplicar las fuerzas estadounidenses presentes tanto en el mar Caribe como en el Pacífico oriental.
No obstante, más allá del combate al narcotráfico esgrimido como justificación, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Robert O’Brien aseguró que se perseguía también “reducir el soporte financiero para el narcotráfico que provee al régimen corrupto de Maduro en Venezuela y a otros actores perniciosos de los fondos necesarios para realizar sus actividades malignas”.
“El despliegue marítimo puede suponer un bloqueo naval de facto” señalan desde el gobierno venezolano. El despliegue en las aguas caribeñas más próximas al país supone no solo una amenaza militar sino también económica.
El único antecedente similar lo encontramos en la década de los 80, cuando EEUU invadió Panamá con 26.000 soldados para derrocar al presidente Manuel Noriega, aliado de la Casa Blanca, pero sobre el que recaería la acusación de “narcotráfico” tras cambiar sus relaciones con gigante norteamericano. El resultado de la operación antidrogas dejó 3.000 muertos y acabó fulminantemente con el gobierno de Noriega.
La retórica del narcoestado justifica la escalada estadounidense y se ha demostrado eficaz en el pasado contra otros gobiernos y grupos políticos. Aunque la posibilidad de juzgar a Maduro y compañía es inimaginable en el estado actual, la finalidad de esta jugada sobrepasa el terreno jurídico, y deviene en un arma política de la oposición y el gobierno estadounidense para recrudecer las sanciones.
Una oferta envenenada
En esta coyuntura, el 27 de marzo la administración Trump anuncia su “Marco para la Transición Democrática en Venezuela”. Un documento de trece puntos que garantizaría el levantamiento de las sanciones económicas a cambio de la conformación de un gobierno de transición y la convocatoria de elecciones.
El plan, presentado por el Secretario de Estado Mike Pompeo, incluiría la “liberación de todos los presos políticos; la salida de “fuerzas extranjeras”, en referencia a los asesores militares rusos y, previsiblemente también, a los médicos cubanos presentes en el país; disolución de la Asamblea Nacional Constituyente, llamada a reformar la Constitución bolivariana de 1999 y elegida mediante elecciones convocadas por Maduro, siendo su composición oficialista; restauración de las funciones de la Asamblea Nacional de mayoría opositora (recuérdese que en enero, oposición por un lado -reeligiendo a Guaidó- y chavismo con disidencia opositora por otro –situando en el cargo al exmiembro de Primero Justicia Luis Parra- eligieron dos presidencias para la AN).
Tras esto, la AN renovaría el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Supremo, mediante “consenso” de ambas partes. Iniciándose entonces una segunda fase con la formación de un Consejo de Estado, con representación de chavismo y oposición, que ejercería como ejecutivo de manera transitoria hasta la celebración de elecciones en un plazo de 6 a 12 meses.
El presidente de dicho Consejo de Estado no podría ser candidato en la contienda electoral; así como tampoco podrían ser miembros del órgano ningún diputado de la Asamblea Nacional. Quedando fuera del eventual “gobierno provisional” Juan Guaidó.
Solo entonces, EEUU y la UE levantarían las sanciones impuestas sobre Venezuela, permitiendo el acceso a programas de financiación como el FMI -al que Maduro, solicitando un préstamo de 5.000 millones de dólares que permitiese combatir el COVID-19, recurrió este mes de marzo infructuosamente por existir dudas sobre “el reconocimiento del gobierno” a ojos del Fondo Monetario.
No obstante, las sanciones de tipo personal que recaen sobre Maduro y decenas de miembros de los poderes del Estado, solo serían levantadas siempre y cuando “esas personas renuncien a cualquier otra pretensión de ocupar cargos ejecutivos”. Invalidando así la candidatura presidencial de Maduro, Diosado Cabello, Delcy Rodriguez y demás dirigentes chavistas sancionados.
El plan, que ha sido bien recibido por Guaidó, fue desaprobado casi con la misma rapidez por parte del gobierno. Lo cierto es que el “Marco para la Transición” no ofrece una propuesta honesta que desatasque la situación, sino que con él Estados Unidos pretende reforzar la visión de intransigencia de un chavismo que “se niega a dar una salida pacífica” al país. Tanto Guaidó como Trump son perfectamente conscientes de que ese acuerdo supone un suicidio político para el chavismo, que perdería todos los resortes de poder e invalidaría a sus principales figuras en una eventual carrera electoral.
Conscientes de ello, este brindis al sol es una jugada más en la guerra de relatos que permita seguir justificando las sanciones unilaterales y la retórica belicista sobre el país. El acuerdo está diseñado a medida para garantizar que por A o por B continúe el cerco sobre el gobierno.
Una aceptación en estos términos supone una rendición incondicional, que ni es asumible para el chavismo ni es una vía realista para la actual coyuntura. Maduro, aunque debilitado, continúa controlando la estructura estatal y el ejército, y cuenta con apoyo internacional para aguantar (más mal que bien) sin tener que asumir una salida con escasas garantías personales y políticas al chavismo y sus dirigentes.
El rechazo de la propuesta, con la que contaban todas las partes, simplemente añade un nuevo elemento de juicio mediático que utilizar.
En definitiva, el actual escenario entra dentro de las previsiones de ambas partes, que se encuentran razonablemente cómodas con un estancamiento político sin voluntad real de dar salida negociada a la crisis. Pues confían que en esta tensa y frágil coyuntura de equilibrio y coexistencia, que no invalida a ninguno de los dos en sus pretensiones, los nuevos elementos que ambos introducen puedan ser los definitivos. La jugada de Parra, la retórica del narcoestado, el apoyo chino y ruso, las sanciones estadounidenses… todas estas cartas aumentan la presión, pero no rompen la baraja. Está por ver si a medio plazo algún as bajo la manga permite resolver la compleja partida venezolana.
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