Los enfrentamientos entre facciones alauitas y las fuerzas de seguridad del nuevo gobierno sirio en la costa noroeste han desembocado en los mayores niveles de violencia vistos en el país desde la caída de Bashar al-Asad en diciembre de 2024. Según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos (SOHR), basado en Reino Unido, las víctimas de las masacres ascienden a más de un millar, de las cuales más de 700 son civiles. Sin embargo, lo más notorio de este episodio no resulta ser las cifras en sí mismas, sino cómo se alega que estas han llegado a producirse.
Tras recibir cuantiosos refuerzos desde el interior del país para combatir a las facciones disidentes –que incluyen a las Brigadas del Escudo Costero (CSB) y al Consejo Militar para la Liberación de Siria (MCLS)–, tropas afiliadas a las fuerzas de seguridad del Estado sirio han sido acusadas en numerosas ocasiones de perpetrar masacres y ejecuciones en masa de civiles. Asimismo, han sido documentados casos de saqueo e incendios provocados en las casas y calles de varias localidades de la costa.
Las víctimas de estos sucesos son étnicamente diversas, aunque en su mayoría son miembros de la minoría etno-religiosa alauita, a la que pertenece al-Asad. Desde la caída de expresidente sirio, la región costera y en especial la minoría alauita han sufrido tensiones sectarias e incidentes de violencia en numerosas ocasiones, pero las recientes hostilidades suponen una escalada drástica. En los últimos días, los alauitas parecen estar siendo objeto de asesinatos de venganza de manera reiterada por parte de secciones de las fuerzas de seguridad.
El caso más destacado hasta el momento ha sido documentado en Baniyas, localidad de la costa al sur de Jableh y la base aérea rusa de Jmeimim, donde la AP informa de cuerpos de civiles esparcidos por las calles y en los tejados como resultado de la violencia, describiendo una residente local lo sucedido como “asesinatos por venganza”. El SOHR informó de varias incidencias en las inmediaciones de Baniyas y Al-Qadmous, que incluían operaciones con artillería dirigidas hacia objetivos civiles.
SANA, la agencia de noticias estatal, subrayó por su parte del descubrimiento de una fosa común con cuerpos de miembros de las fuerzas de seguridad en Qardaha. Según el SOHR, este tipo de violencia ha amainado a partir del sábado 8 de marzo.
La situación en los últimos días en la zona incluye el control mayoritario de la misma por Siria, emboscadas esporádicas en autovías y ciudades contra las fuerzas del gobierno por parte de las facciones insurgentes –generalmente alauitas– y la permanencia de dichas facciones en zonas apartadas de difícil acceso como bosques y montañas.
En este contexto, el lunes 10 de marzo, el Ministerio de Defensa sirio anunció la conclusión de la operación militar en la costa. El portavoz del ministerio, el coronel Hassan Abdul Ghani, declaró que sus fuerzas habían “neutralizado las células y los restos del antiguo régimen” en varias localidades, poniendo así “fin a las amenazas y asegurando la zona”. Por lo tanto, según Ghani, “las instituciones públicas son capaces de reanudar su trabajo y proveer servicios esenciales a los ciudadanos”.
Respuestas ante las masacres en Siria
Ahmed al-Sharaa declaró el 9 de marzo en un discurso en Damasco que Siria tenía que “preservar la unidad nacional y la paz doméstica”, tildando lo ocurrido como parte de “los retos esperados”. Para superarlos, al-Sharaa prometía exigir responsabilidad a todo aquel que colaborase en la matanza o maltrato de civiles.
El Ministerio de Defensa ordenó arrestar a quienes hubieran cometido crímenes contra la población civil, declarando que sus tropas estaban “persiguiendo a los restos del antiguo régimen”. El mismo 9 de marzo, el presidente sirio anunciaba la formación de un comité nacional independiente para investigar los hechos ocurridos en la costa, el cual entregaría un informe al respecto al gobierno en un plazo de treinta días.
Las tareas del comité consisten en revelar las causas, condiciones y circunstancias tras los eventos, investigar las violaciones a las que fueron sujetos los civiles, e identificar a los responsables, así como también a los autores de la violencia contra las instituciones y el personal de seguridad. En la base aérea rusa de Jmeimim, que había abierto sus puertas como refugio a la población civil durante las hostilidades, una delegación de representantes del Departamento de Seguridad Pública se personaba poco antes de la publicación del comunicado para garantizar su seguridad a los civiles y tratar de retornarlos a sus casas.
Las respuestas institucionales internacionales a lo acaecido han sido numerosas. El Ministerio de Asuntos Exteriores francés condenó el sábado la violencia contra civiles, demandando al gobierno sirio la apertura de investigaciones para asegurar la justicia. La Representante Oficial en Siria del Reino Unido, por su parte, subrayó la necesidad de proteger a la población civil, haciendo hincapié en la importancia de la justicia en la transición hacia el futuro.
El comandante de las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF), coalición de milicias kurdas que sirven como la rama militar de Rojava, al noreste del país, instó a al-Sharaa a intervenir para evitar las masacres y enfatizó la necesidad de medidas para asegurar que los responsables rindiesen cuentas.
La Unión Europea, por su parte, ha condenado en un comunicado los ataques, “según se informa por parte de elementos pro-Asad”, contra las fuerzas del gobierno, mencionando que los civiles deben ser protegidos “en todas las circunstancias”. Asimismo, Marco Rubio, Secretario de Estado de los Estados Unidos, ha cargado en una declaración contra las masacres en Siria llevados a cabo por “terroristas islamistas radicales, incluyendo yihadistas extranjeros”, indicando que las autoridades sirias deben asegurarse de exigir responsabilidad a los perpetradores.
Violencia y sanciones en Siria
Así pues, se observa en las respuestas del gobierno sirio y los diferentes actores internacionales clara reticencia a la hora de culpabilizar directamente de lo ocurrido al gobierno o fuerzas militares de la nación, exigiéndoles en su lugar que arresten y lleven ante la justicia a los responsables.
A lo largo de las hostilidades en Siria, se han documentado numerosas alegaciones que atribuyen la violencia contra civiles a diferentes facciones étnicas y milicias asociadas a las fuerzas de seguridad del Estado y luchando en contra de la insurgencia alauita, pero no necesariamente bajo su responsabilidad directa.
Aunque estas acusaciones no pueden ser confirmadas actualmente, la respuesta internacional no responsabiliza directamente a las autoridades sirias, en un contexto en el que numerosos actores internacionales como la Unión Europea, Suiza o Reino Unido han procedido en los últimos días al levantamiento de sanciones internacionales para con el país de cara al desarrollo de la transición del nuevo Estado sirio.
El 9 de marzo, el ministro de Exteriores, Assad Hassan al-Shibani, tras una reunión con sus homólogos de Turquía, Irán, Jordania y Líbano, instó a la retirada internacional de las sanciones y criticó el intervencionismo israelí en el sur del país, declarando: “estamos protegiendo a todos los componentes de la sociedad siria, y no discriminamos entre ellos”.
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