Las provincias costeras del noroeste de Siria, Latakia y Tartús, se han visto azotadas en los últimos días por enfrentamientos de gran intensidad entre las fuerzas de seguridad del actual gobierno sirio, presidido por Ahmed al-Sharaa, y grupos armados insurgentes pertenecientes en su mayoría a la minoría alauita. Estas confrontaciones representan el mayor episodio de violencia que haya vivido el nuevo Estado sirio hasta la fecha, con cientos de muertos en ambos bandos.
Además, esta ola de violencia está marcada por graves acusaciones de masacres de civiles, presuntamente cometidas por facciones vinculadas a Damasco. La escalada comenzó la noche del 6 de marzo, cuando células insurgentes llevaron a cabo varias emboscadas contra las fuerzas de seguridad. Estas emboscadas dieron lugar a la propagación de las hostilidades a través de varias localidades de la costa y al envío de refuerzos a gran escala por parte del gobierno sirio.
La llegada de estos refuerzos alteró el equilibrio de poder a favor de las fuerzas progubernamentales, convirtiendo los días siguientes en un esfuerzo por estabilizar la zona, aunque no exento de daños considerables.
La inseguridad de los alauitas en Siria
El 8 de diciembre de 2024, la historia de Siria cambió para siempre con la caída de Bashar al-Asad a manos de una coalición liderada por el grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham (HTS), cuyo dominio se había limitado hasta entonces a la zona de Idlib, al norte del país. Este avance contó con el apoyo del Ejército Nacional Sirio (SNA), facción respaldada por Turquía y protagonista habitual de choques con grupos kurdos en la frontera de Rojava.
Desde ese momento, la volatilidad del futuro del Estado sirio y su administración se hacía evidente, pasando a depender de un sinfín de factores que los nuevos gobernantes de facto se verían obligados a abordar rápida y exitosamente si querían asegurar la estabilidad en el país.
Uno de esos factores tenía que ver especialmente con el enfoque a tomar respecto a la gestión de las ciudades costeras del noroeste, como Latakia y Tartús, en las que tradicionalmente habitan la mayor parte de la minoría alauita de Siria. Los alauitas son un grupo étnico-religioso de la rama islámica chiita al que pertenecían tanto Bashar al-Asad como su padre, principales miembros de la dinastía que había gobernado Siria desde 1971.
Así pues, tanto el trato de la minoría alauita por parte de las fuerzas afiliadas al nuevo gobierno sirio como las actitudes de posibles células alauitas contrarias a la autoridad de Damasco iban a ser puntos claves en la factibilidad de la transición pacífica hacia un Estado duradero. Ahmed al-Sharaa, líder de HTS y presidente de Siria desde el 29 de enero de 2025, se ha alejado de cualquier incitación a la venganza étnica en sus declaraciones desde su llegada al poder.
En su lugar, ha apelado a la unidad del pueblo sirio y a la representación de todos los grupos que lo conforman, instando a sus fuerzas a evitar actos de venganza. En febrero declaró que el mantenimiento de la paz civil en el país era “un deber para todos” y advirtió de una “gran catástrofe” si Siria permanecía a merced de disputas internas y sectarias. Sin embargo, no todas las facciones pertenecientes a las fuerzas de seguridad, especialmente en las regiones costeras, están obedeciendo estas instrucciones.
En los meses transcurridos desde la instauración del nuevo gobierno, se han documentado en múltiples ocasiones casos de los denominados “asesinatos por venganza” tanto en la región costera, Tartús y Latakia, como en provincias del interior de Siria, como Homs o Hama, que también cuentan con una considerable población alauita.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó en enero un comunicado llamando a la moderación en respuesta a estos continuos informes de asesinatos selectivos de miembros de la minoría alauita de Siria, apuntando a evidencias gráficas de dichos sucesos en ciudades como Homs.
En la mayoría de los casos, bajo la orden desde Damasco de proteger a las minorías, las autoridades locales han abierto investigaciones. Sin embargo, insisten en que las operaciones de las fuerzas sirias en la zona se limitan a aprehender a miembros del antiguo régimen de al-Asad para llevarlos ante la justicia y neutralizar potenciales células insurgentes. Por su parte, el Observatorio para los Derechos Humanos (SOHR), con base en Reino Unido, describía a los agresores como “luchadores islamistas aliados con las nuevas autoridades sirias”.
Los últimos sucesos en Latakia y Tartús
La última semana de febrero fue complicada para las fuerzas de seguridad sirias, quienes se vieron obligadas a lidiar con una crisis en Jaramana, a las afueras de Damasco, y a aceptar el avance de Israel en las provincias sureñas de Quneitra, Daraa y Suwayda. En la costa, mientras tanto, los ataques de la insurgencia en contra del nuevo gobierno han aumentado considerablemente.
El lunes 3 de marzo, dos miembros del personal del Ministerio de Defensa murieron en una emboscada en Latakia, lo que desencadenó una operación de busca y captura por parte de las fuerzas de seguridad, escuchándose tiroteos en la ciudad hasta altas horas de la madrugada.
SANA, la agencia de noticias estatal, definió a los causantes de las muertes como “grupos de restos de milicias de al-Asad”, mientras que el SOHR elevó la cifra de fallecidos en las operaciones a al menos cuatro. Sería dos días después, el jueves 6 de marzo, cuando los choques entre facciones disidentes y las fuerzas de seguridad alcanzaron un calibre mucho más elevado.
Las primeras noticias provinieron de los alrededores de Jableh, una población costera cercana a la base aérea de Jmeimim, operada por Rusia, donde se registraron choques de alta intensidad entre insurgentes y fuerzas de seguridad con la participación de vehículos militares aéreos. Poco después de estos primeros informes, se produjo el estallido de numerosas protestas en la ciudad de Tartús tras la publicación de documentos gráficos que corroboraban varias emboscadas llevadas a cabo por parte de facciones disidentes.
Las fuerzas antigubernamentales en la zona se agrupan bajo el nombre de Brigadas del Escudo Costero (CSB), establecido el 6 de febrero, pero durante los enfrentamientos se difundió en redes sociales un comunicado anunciando la formación del Consejo Militar por la Liberación de Siria (MCLS), declarando que esta nueva organización tenía como objetivo “liberación de toda Siria”.
Ante la propagación de los choques por diferentes localidades de la región costera, el Ministerio de Defensa sirio anunció el envío de refuerzos desde diferentes localidades del interior del país, los cuales se manifestaron en largos convoyes a lo largo de las principales carreteras regionales, la M4 y la M1.
Asimismo, dadas las manifestaciones en Tartús y tras ser acusados de disparar contra los manifestantes civiles, las fuerzas de seguridad impusieron un toque de queda de 10 de la noche a 10 de la mañana en la provincia, el cual no significó el cese de las hostilidades. Algunos de los convoyes sufrieron más emboscadas por parte de las facciones insurgentes, las cuales llegaron a controlar la base aérea de Istamo y el colegio naval en Latakia.
Tras la llegada de los refuerzos procedentes del interior de Siria, la situación parece haberse estabilizado relativamente a día 9 de marzo. El principal foco de los enfrentamientos, la localidad de Jableh, se encuentra en gran parte bajo control de las fuerzas del Ministerio de Defensa. Sin embargo, los choques continuaban en las provincias de Latakia, donde Rusia parece haber abierto su base aérea en Jmeimim a civiles, y Tartús.
El número de víctimas a raíz de las confrontaciones es imposible de verificar, ascendiendo a más de 700 civiles según algunas estimaciones, pero estas representan sin duda alguna el conflicto de mayor intensidad que haya sufrido el nuevo gobierno sirio desde su reciente establecimiento.
Asimismo, el conflicto ha representado un campo fértil para las incriminaciones y la propaganda. Fuentes afines al SNA, en constante combate con las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF) al norte del país, acusaron a estas de haber proporcionado ayuda a las fuerzas rebeldes. Por su parte, los insurgentes afirmaron haber logrado el control total del área costera, aunque parece evidente que las fuerzas de seguridad nunca perdieron por completo el dominio de ninguna localidad durante los enfrentamientos.
Las acusaciones de ejecuciones y ataques a civiles son numerosas y provenientes de ambos bandos. Según varios medios de comunicaciones, las fuerzas de seguridad sirias habrían incurrido en asesinatos y masacres a civiles de manera generalizada a lo largo de su operación de contraataque en la costa. El futuro de la región dentro del nuevo Estado sirio aún es incierto tras estos acontecimientos, pero esta reciente escalada podría ser clave para el desarrollo de las provincias del noroeste en los próximos meses.
En el segundo día del conflicto, al-Sharaa declaró en un discurso su intención de traer “a los restos del régimen caído ante un tribunal justo”, enfatizando la importancia de proteger a los habitantes de la costa y preservar la paz en Siria y advirtiendo a las fuerzas de seguridad que “no permitieran a nadie sobrepasarse ni reaccionar sobremanera”.
El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, por su parte, tildó a al-Sharaa de “terrorista yihadista de la escuela de al-Qaeda que está cometiendo actos horripilantes contra la población civil”, subrayando las tensas relaciones actuales entre ambos países.
Un contexto general de inestabilidad
Estos últimos choques en el noroeste de Siria se suman a un número de retos que han azotado la estabilidad del nuevo Estado sirio. Esta semana, Israel continuaba su campaña de bombardeos en el país, incluyendo en esta ocasión un ataque aéreo sobre una base militar donde estaban guardadas “armas pertenecientes al antiguo régimen” en Qardaha y los alrededores de Tartús. Asimismo, las fuerzas israelíes han continuado con la expansión de su presencia en el sur, accediendo a nuevas localidades en la provincia de Quneitra.
También en el sur, el Frente Islámico de Resistencia en Siria advertía al ejército israelí en contra de su permanencia en territorio nacional, reclamando autoría de varios ataques en su contra. En Al-Sanamayn, las fuerzas de seguridad sirias se enfrentaron a clanes locales y en Suwayda se produjeron protestas masivas en contra del gobierno de al-Sharaa por parte de miembros de la minoría drusa.
No solamente Israel se inmiscuía esta semana en los asuntos sirios. Rusia mandó un avión a Damasco cargado de divisas sirias, las cuales parecen seguir siendo impresas por las autoridades rusas tras el cambio de régimen, y se anunció el desarrollo de las negociaciones en torno a la permanencia de las bases militares del Kremlin en el país.
Asimismo, la noche del 6 de marzo, varios convoyes turcos eran avistados de camino a Idlib, los cuales finalmente resultaban dirigirse hacia el área de la presa de Tishreen y la localidad de Manbij, donde continúan los enfrentamientos entre SNA y SDF. Por último, las fuerzas kurdas aseguraron estar batallando contra células asociadas al Estado Islámico en las inmediaciones de Deir ez-Zor. Todos estos sucesos sirven como trasfondo nacional de la crisis vivida en en Tartús y Latakia, y representan en su conjunto un panorama estatal que aún dista mucho de la estabilidad profesada por al-Sharaa desde el comienzo de su gobierno.
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