El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha anunciado el nombramiento de un nuevo primer ministro: François Bayrou, líder del Movimiento Demócrata y hasta ahora alcalde de Pau. Con esta medida busca afrontar la profunda crisis política que ha sumido al país en una encrucijada, marcada tanto por una crisis de régimen como por el debilitamiento de su propia figura.
El dirigente galo ha sido incapaz de establecer un gobierno que gozase de la mayoría de la Asamblea Nacional, como ha evidenciado la destitución de Michel Barnier tras una moción de censura aprobada con el apoyo de la izquierda del Nuevo Frente Popular y la extrema derecha de Reagrupamiento Nacional, entre otros. La caída del quinto gabinete de Macron ha marcado el gobierno más breve en la historia de la V República.
La negativa de Macron a dimitir o a nombrar un gobierno de izquierdas apoyado por el Nuevo Frente Popular, primera fuerza en las elecciones parlamentarias, ha provocado que se hable de una crisis de régimen. Francia no puede convocar nuevas elecciones al menos hasta mediados de 2025; el presidente se resiste a dimitir o a ceder ante la oposición, y cualquier gobierno alternativo corre el riesgo de tener una duración efímera, como ocurrió con Barnier.
Como señalaba Jean-Luc Mélenchon, uno de los líderes de La Francia Insumisa (LFI), esta situación podría volverse insostenible para Macron durante los tres años que restan hasta las elecciones presidenciales. Ante este panorama, sin embargo, ha optado por continuar con el nombramiento de un nuevo gabinete encabezado por François Bayrou.
Asimismo, se ha especulado durante los últimos días con la asunción de poderes extraordinarios por parte de Macron, apoyándose en el artículo 16 de la Constitución. Pero parece que ni la independencia de Francia, ni su integridad, ni su capacidad internacional –con grandes prerrogativas en la figura del presidente por encima del Ministerio de Exteriores– están en riesgo.
No obstante, Macron podría apoyarse en que sí lo están sus instituciones. Con ese pretexto, podría asumir poderes que, aunque no están explícitamente definidos, aparentemente le permitirían abordar cualquier emergencia relacionada con el riesgo institucional, excepto la disolución de la cámara.
Sin embargo, la designación de un nuevo primer ministro parece ser solo una solución temporal, una fórmula continuista frente a la crisis desencadenada por Michel Barnier. Este cayó tras recurrir al artículo 49.3 de la Constitución y fracasar tanto en la aprobación de los presupuestos de 2025 como en evitar la moción de censura opositora. En este sentido, es previsible que el nuevo gabinete de François Bayrou no pueda solucionar la crisis política que atraviesa el país, ya que, como se ha mencionado, no se puede disolver la Asamblea Nacional hasta que no se cumpla un año desde las elecciones parlamentarias de 2024.
Y parece que esta opción tampoco solventará el problema de la estabilidad del gobierno más allá de retrasar una posible caída de Macron hasta una penúltima bala que aún tiene en la recámara: que el nuevo gobierno dure hasta una eventual disolución de la cámara en junio y logre aprobar los presupuestos de 2025 o resistir rompiendo los consensos opositores a izquierda o derecha. Todo ello con la esperanza de recuperar la centralidad del frente republicano en unos comicios con los que ya sí pueda gobernar.
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