El Consejo Constitucional francés ha censurado el corazón de una de las leyes estrella del final de mandato del presidente Emmanuel Macron: la prohibición del acceso a las redes sociales para los menores de 15 años. Se trata, sin embargo, de una censura parcial que ataca al primer artículo –y el más básico– de la proposición de ley n.2107 de la decimoséptima legislatura.
Una “no conformidad” que supone un contratiempo para un proyecto impulsado con especial énfasis por el presidente, que incluso ha celebrado públicamente que otros Estados hayan anunciado su intención de seguir la misma senda.
Esta medida fue aprobada no sin polémica en torno al procedimiento legislativo utilizado, que acortó los plazos y redujo el debate parlamentario. Pero, pese a la aceleración, el árbitro constitucional francés ha terminado declarando inconstitucional el artículo central, el que establecía la prohibición. Aun así, más que zanjar la cuestión, el fallo parece señalar a los legisladores que esa no era la vía adecuada.
Los motivos del Constitucional francés
En primer lugar, el órgano entiende que la intención es constitucionalmente legítima, pues busca proteger el interés superior del menor. Esta protección puede justificar incluso restricciones al acceso a determinados servicios, como las redes sociales. Sin embargo, es la forma escogida para hacerlo la que ha llevado al Consejo Constitucional a frenar al legislador mediante una declaración parcial de inconstitucionalidad.
Por ello, ha considerado que la prohibición, tal y como está formulada en la ley, supone una restricción desproporcionada de la libertad de expresión y comunicación protegida por el artículo 11 de la DDHC.
Esto se debe a que el propio tribunal ya había reconocido previamente que estas libertades también se ejercen a través de las redes sociales. De hecho, en el fallo menciona que los "servicios de comunicación pública en línea" han adquirido un gran importancia "para la participación en la vida democrática y la expresión de ideas y opiniones".
Uno de los problemas es que la norma no distingue entre distintos tipos de plataformas y mete en el mismo saco a todas aquellas en las que los usuarios pueden conectarse o comunicarse entre sí, sin tener en cuenta si presentan riesgos específicos o no. "La prohibición puede aplicarse a servicios de comunicación en línea cuyos riesgos para la salud y la seguridad de los menores [...] no estén acreditados", señala el fallo.
Por otro lado, la ley trata de la misma forma a todos los menores de 15 años, sin considerar que pueden presentar distintos grados de madurez o situaciones personales.
El Consejo también sostiene que no se contempla ningún mecanismo que permita a los padres o representantes legales, debidamente informados, levantar la prohibición, limitarla o autorizar el acceso a determinados servicios cuando ello responda al interés del menor.
Además, la prohibición plantea otro desafío. Para impedir de forma efectiva el acceso de los menores de 15 años a las redes sociales, es necesario controlar también al resto de la población. Es decir, los usuarios adultos tendrían que demostrar que lo son.
El problema no reside tanto en la verificación de la edad como en que la ley no establece con suficiente precisión las condiciones, límites y garantías del sistema encargado de certificarla. La falta de esas garantías lleva al Consejo a considerar vulnerado el artículo 2 de la DDHC, del que deriva la protección de la vida privada.
En definitiva, el Consejo no considera inconstitucional que Francia pueda limitar el acceso de los menores a determinadas redes sociales, sino la forma generalizada y la insuficiencia de garantías con la que esta ley pretendía hacerlo.
Ahora queda por ver si este revés legal no solo frena a Emmanuel Macron –que parece dispuesto a volver a impulsar la ley antes de abandonar el cargo–, sino también al resto de países que se han sumado a este impulso legislativo, como España.
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