Cincuenta días después de la derrota electoral de Emmanuel Macron en las elecciones legislativas, y tras una cena de más de siete horas, el presidente francés finalmente ha nombrado a Michel Barnier, miembro de Los Republicanos (LR), como nuevo primer ministro. Una espera prolongada por la llamada "tregua olímpica" que no se resolvió ni con la decisión unánime de la coalición vencedora del Nuevo Frente Popular (NFP) de proponer a Lucie Castets como candidata.
Según informaba l’Express, Macron no quería nombrar a alguien que pudiera revocar sus reformas y "asustar" a los mercados. Oficialmente, la posición era evitar un gobierno con miembros de La Francia Insumisa (LFI). En respuesta, Jean-Luc Mélenchon, líder de la formación de izquierda, desafió a Macron descartando cualquier posibilidad de que hubiera ministros de LFI en un eventual gabinete liderado por Castets. Los macronistas, por su parte, terminaron afirmando que no deseaban un gobierno que corriese el riesgo de ser censurado.
La Constitución y nada más que la Constitución
Tal como lo concibió Charles De Gaulle, el artículo 8 de la Constitución francesa otorga al jefe del Ejecutivo la potestad de nombrar al primer ministro, quien debe encargarse de dirigir la política nacional, mientras que el primero se ocupa de la acción exterior y de la defensa, actuando como comandante en jefe del ejército. Además, según el artículo 5, el presidente, en su visión original, era principalmente un árbitro que debía asegurarse del buen funcionamiento de las instituciones y la protección de la carta magna.
No obstante, con la reforma constitucional de 1962, el jefe de Estado pasó a ser escogido por sufragio universal directo –y no de forma indirecta como se hacía anteriormente–, lo que alteró las reglas del juego. Aunque sus funciones seguían siendo las mismas, ahora el presidente obtenía una legitimidad que le permitía convertirse en una figura política activa, a diferencia del primer ministro, quien, aunque es un actor central, no es elegido directamente por el pueblo.
Dado que es el presidente quien nombra al primer ministro, en circunstancias normales, este último está subordinado al presidente de la República, quien le designa para dirigir la política nacional.
Dentro del equilibrio institucional francés, la Asamblea Nacional en principio no tiene intervención directa en el proceso de nombramiento del primer ministro. Sin embargo, cuenta con una herramienta para manifestar su rechazo: mediante una moción de censura por mayoría absoluta. Es decir, la cámara baja francesa tiene la capacidad de hacer caer al gobierno.
A diferencia de Alemania o España, donde la moción de censura es "constructiva" –y obliga a las fuerzas detractoras a proponer un candidato alternativo–, en Francia es "destructiva". El único efecto es la obligación de dimitir del primer ministro y su gabinete, lo que reinicia el proceso. En ese caso, el presidente debe presentar un nuevo candidato, tratando de evitar que la Asamblea Nacional vuelva a recurrir a otra moción de censura.
En la práctica, eso supone que, a pesar de que Macron puede nombrar a quien quiera como primer ministro, debe asegurarse de que no será “echado” por la cámara baja, dando pie al pacto de cortesía que las cohabitaciones requieren. Históricamente, el presidente renuncia a su influencia para conseguir un gobierno estable y eficaz, para evitar así la moción de censura y garantizar una estabilidad política. La fórmula se ha dado tres veces hasta hoy, pero Macron ha decidido dejarla en el pasado.
El fin de las cohabitaciones
En 1986, bajo el mandato de François Mitterand, las elecciones legislativas le dieron un resultado desfavorable. Por primera vez, el jefe de Estado nombraba a un primer ministro de ideología distinta, de derecha, reduciendo así su peso en la vida política a un rol más simbólico y mediático. Mitterand afirmaba en 1986 que “el presidente de la república nombra a quien quiera; naturalmente acorde a la voluntad popular”. Así pues, la primera cohabitación era delimitada por el texto constitucional. Mitterand se limitaba a las funciones descritas en el Título II, como ser el jefe del ejército.
La dirección de la política exterior no viene explícitamente recogida en la Constitución, a diferencia de competencias como la acreditación de embajadores o la negociación y ratificación de tratados. No obstante, al ser elegido por la ciudadanía y como líder del Estado, es el presidente quien representa al país y, por ende, dirige la acción exterior. Una circunstancia que ha generado confrontaciones con el Ministerio de Asuntos Exteriores francés por la falta de coordinación, como ocurre entre Macron y sus diplomáticos por culpa del primero.
En las tres cohabitaciones vividas hasta la fecha, el jefe de Estado siempre ha optado por mantenerse en un segundo plano, utilizando su imagen como herramienta política de oposición a un gobierno que no le era favorable. El último en hacerlo, Jacques Chirac, empleaba sus apariciones y entrevistas televisivas para exponer su punto de vista, tratando de influir en la opinión pública sobre la acción gubernamental. Sin embargo, esta cohabitación dificultaba al presidente la aplicación de su propia política.
Con el objetivo de poner fin a la oposición dentro de un ejecutivo bicéfalo, Chirac reformó la Constitución para reducir el mandato presidencial de siete a cinco años, además de limitarlo a dos consecutivos. Con ello, rompió la dinámica de las midterms –elecciones a mitad de mandato–, que permitían que la Asamblea Nacional se volviera en su contra, dificultando de esta forma la implementación de la voluntad del jefe de Estado. El hacer coincidir las legislativas con las presidenciales solo ayudaba a facilitar un ejecutivo fuerte –como De Gaulle visualizó– y facilitar la “gobernanza”.
Cada cinco años, los franceses votaban por su jefe de Estado y luego por el diputado de su circunscripción, normalmente alineando el voto legislativo con el presidencial. De este modo, el presidente solía disfrutar de una mayoría en la Asamblea. Nacional, en ocasiones incluso con una absoluta, hasta la celebración de los siguientes comicios.
Macron rompió este equilibrio en junio de 2024, convocando elecciones legislativas anticipadas y devolviendo "la voz al pueblo" a mitad de su mandato. Los resultados, no obstante, no le han favorecido. Inicialmente, se preveía una posible cohabitación con la extrema derecha en el gobierno, pero las urnas demandaron una cohabitación con la izquierda. Sin embargo, el presidente galo, ejerciendo sus prerrogativas constitucionales, ha decidido que ni una ni la otra. Su primer ministro será quien él decida.
La derecha gaullista en el gobierno
Michel Barnier, de 73 años y miembro de Los Republicanos, es un hombre de derechas en un partido que mutó de un gaullismo social conservador a una formación liberal y conservadora bajo el mandato de Nicolas Sarkozy. Con una larga trayectoria política, Barnier ha ocupado diversos ministerios durante los mandatos presidenciales de Chirac y Sarkozy, además de haber sido eurodiputado y comisario europeo. Fue también el encargado de liderar las negociaciones del Brexit entre 2016 y 2021.
Sin embargo, el nuevo primer ministro lleva en política desde 1973, lo que contrasta con la juventud de su predecesor, Gabriel Attal. Dos generaciones distintas, pero no sin sombras en el pasado: como diputado, Barnier votó contra la despenalización de la homosexualidad en 1981.
Barnier proviene de las filas de los antiguos gaullistas. Es decir, un hombre de derechas y conservador, pero también defensor de la economía y la política exterior francesa. Aun así, es percibido como un pragmático, sin grandes ambiciones, lo que le convierte en un candidato adecuado para Macron. No se espera que modifique la polémica reforma de pensiones que retrasó la edad de jubilación a los 64 años, ni la ley de inmigración aprobada con el apoyo del Reagrupamiento Nacional.
Barnier se presenta más con un perfil de tecnócrata con la misión de apaciguar el país y seguir aplicando las políticas que el presidente le pida. Su primer objetivo son los presupuestos generales de la república, este otoño. Sin embargo, el arco parlamentario podría serle más hostil. En cualquier caso, Macron ya lleva a la espalda cinco primeros ministros en siete años. Cada vez que el diálogo social está quemado, el líder francés cambia de primer ministro para usarlo hasta que este resulte inservible. Y ellos lo saben. Tanto Élisabeth Borne como Attal han ofrecido en varias ocasiones su dimisión, como si de fusibles se tratara.
Ahora, Barnier tiene la tarea de formar un gobierno capaz de impulsar la política nacional y enfrentar a una oposición en la Asamblea Nacional que es más fuerte que el propio partido del presidente.
La “frágil” unión de la izquierda francesa
Este nombramiento quita un peso de encima a la coalición del Nuevo frente Popular. El NFP –conformado por varios partidos de izquierda como LFI, el Partido Socialista (PS), los Ecologistas o el Partido Comunista Francés (PCF)– consiguió proponer un candidato después de las confrontaciones entre LFI y el PS. Estas rencillas venían ya desde la ruptura de la anterior coalición, la Nueva Unión Popular Ecológica y Social (NUPES), y de las desacreditaciones continuas entre ambas formaciones que hubo durante las elecciones europeas.
No obstante, el peligro de una victoria de la extrema derecha dejó las peleas de un lado. La izquierda francesa volvía a unirse. Pero, tras lograr el triunfo electoral, resultó difícil encontrar un candidato que contara con el apoyo unánime de todos los sectores. Finalmente, semanas después, se logró el consenso en torno a la figura de Lucie Castets.
Castets, alta funcionaria, consejera de finanzas en el ayuntamiento de París –gobernado por el PS– y perteneciente a la asociación Nos Services Publiques –en contra de los recortes y la externalización de los servicios públicos–, era la figura deseada por la izquierda para que Macron la nombrara. La expectativa era que el presidente respetaría la tradición de la cohabitación, que hasta ese momento se había mantenido. Pero Macron dio largas.
Al final, rechazó el nombre de Castets y empezó a valorar a otros candidatos como Bernard Cazneuve, ex primer ministro socialista. Precisamente, eligiendo a Cazneuve, el presidente francés pretendía avivar las divisiones existentes dentro del PS. Hace más de una década, tras la salida de Macron del Ministerio de Economía bajo el mandato de François Hollande, el PS se hundió electoralmente, obligando al partido incluso a vender su histórica sede en Solférino al no poder pagar el coste de mantenimiento.
Casi 10 años después, el PS recuperaba una posición en la izquierda francesa –que había sido ocupada por LFI–, logrando un muy buen resultado en las europeas de 2024, con un candidato, Raphaël Glucksmann, que no dudaba en criticar a sus rivales de izquierda. Sin embargo, ahora, bajo una misma coalición, las hostilidades quedaban aparcadas para otro momento. Y Macron intentó explotar esa situación.
Una vez que el presidente rechazo la nominación de Castets, con la posibilidad de Cazneuve, la vieja guardia del PS empezó a moverse. Quisieron presionar al secretario general de la formación, Olivier Faure, para que respaldara el nombramiento del exministro. No obstante, Faure conocía el riesgo de tal movimiento. Renunciar a Castets iba a suponer una traición a la izquierda, lo que ponía en riesgo la recuperación de su partido. Era apoyar a Castets o morir de nuevo justo cuando los socialistas estaban empezando a levantar cabeza.
Finalmente, Macron ha nombrado a un hombre de derechas. El PS respira aliviado, aunque Faure sabe que la vieja guardia, el sector más derechista del partido, sigue al acecho, esperando una oportunidad para debilitar su posición. Asimismo, en la Asamblea Nacional, la coalición de izquierdas ha perdido la oportunidad de ocupar el sillón del gobierno.
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