A finales del Siglo XIX, el buque británico HMS Challenger circunnavegó el globo en la que se convertiría en la primera expedición oceanográfica de la historia, desvelando por primera vez los contornos del fondo oceánico. El Challenger también “pescó” desde el fondo marino unas extrañas rocas negras y ovaladas. Ese último descubrimiento, en aquel entonces tratado como una mera curiosidad, ha ido ganando importancia con el tiempo, y podría en las décadas venideras cambiar el equilibrio de los mercados mundiales de materias primas y con ello de la competición geopolítica e industrial por las nuevas tecnologías.
Se trataba del primer descubrimiento de un depósito metálico submarino, acumulaciones de múltiples metales que se forman a lo largo de millones de años en ciertas partes del fondo marino. Estos depósitos contienen altas concentraciones de muchos de los metales necesarios para producir las tecnologías de la industria verde y digital –cobalto, níquel, manganeso, tierras raras, etcétera–, además de metales preciosos –oro, plata, platino, etcétera–.
Con una demanda de minerales que se multiplicará entre dos y seis veces en las próximas décadas debido a las necesidades de la transición ecológica, cada vez más ojos se están dirigiendo a estos recursos aún sin explotar. Muchas empresas ven un negocio lucrativo dadas las muy altas concentraciones de metales muy escasos en yacimientos terrestres. Múltiples Estados, por otra parte, ven una ocasión de aumentar o diversificar su producción nacional para depender menos de terceros países u otras fuentes de producción.
Episodios como la suspensión por parte del Pentágono de la entrega de varios F35 que contenían imanes permanentes fabricados en China muestran la preocupación occidental –a nivel no sólo económico, sino estratégico– por el suministro de tierras raras, litio, cobalto y otras materias primas. Ya que hay suficientes reservas terrestres de tierras raras localizadas actualmente para propulsar la transición ecológica mundial y éstas están bastante distribuidas, es concebible que Occidente logre reducir enormemente su dependencia de China aunque el país asiático domine actualmente el sector. Lo mismo sucede con el litio.
No es así, sin embargo, en el caso del cobalto, necesario en las baterías eléctricas y en ciertos imanes permanentes. Solo las baterías necesarias para electrificar la flota mundial de automóviles podrían consumir hasta un 80% de las reservas terrestres identificadas de cobalto. Añadiendo las otras fuentes de consumo, hay un riesgo real de agotar los recursos. Además, el cobalto se extrae abrumadoramente de la República Democrática del Congo –70% de reservas y 50% de producción mundial– en buena parte con el uso de mano de obra explotada, lo que añade motivos tanto geopolíticos como éticos para buscar fuentes alternativas de recursos.
El fondo marino, sin embargo, podría contener hasta cinco veces más cobalto que los depósitos terrestres. No sólo eso: estos recursos no son, en su gran mayoría, propiedad de ningún país. La inmensa mayoría de los depósitos se hallan en aguas internacionales, fuera de las Zonas Económicas Exclusivas que cada Estado controla hasta 200 millas náuticas fuera de sus aguas territoriales. Estos depósitos, por lo tanto, están sujetos al derecho internacional, y en particular a la Autoridad Internacional del Fondo Marino (ISA por sus siglas en inglés), una agencia de las Naciones Unidas que otorga permisos de exploración y extracción de los recursos submarinos internacionales a empresas y Estados miembro. A través de la ISA, naciones con escasos recursos minerales podrían por tanto en un futuro acceder a grandes cantidades de materias primas para sus industrias, externalizando además el posible coste medioambiental a las aguas internacionales.
Es precisamente el riesgo de impacto ambiental la principal reticencia de muchos Estados para tomar parte de estos nuevos recursos, pero aunque la extracción a gran escala no es todavía practicable, el interés va en aumento y la ISA cada vez otorga más permisos de exploración. Mientras, la tecnología avanza y se están desarrollando nuevos robots mineros que tengan el mínimo impacto sobre el ecosistema. Y alrededor del mundo, comienzan a determinarse los principales puntos de conflicto de esta nueva fuente de materias primas.
Cambio climático e islas artificiales
La mayor concentración de depósitos submarinos se encuentra en la mitad del Oceáno Pacífico, en la conocida como Zona de Clarion-Clipperton. Las grandes cantidades y concentraciones de recursos en la zona la hacen el principal objetivo de los esfuerzos de minería submarina, con más de la mitad de los permisos de exploración otorgados por la ISA dirigidos a esta zona.
El microestado insular de Nauru, una isla al noreste de Australia, ha sido el primero en pedir formalmente a la ISA permiso para comenzar a extraer recursos de la Zona de Clarion-Clipperton. Esto ha hecho saltar las alarmas entre parte de la comunidad científica y los grupos ecologistas ante el daño que estas actividades puedan causar a los ecosistemas de la zona. Nauru, por su parte, acosada por la subida del nivel del mar y la falta de ingresos y capital, advierte de que, aunque no desean dañar el medio ambiente, están en la primera línea del calentamiento global y son partidarios de acelerar la transición ecológica proporcionando más de las materias primas necesarias –a la vez que usan los beneficios para protegerse de las consecuencias del calentamiento–.
Sin embargo, esta remota zona del Pacífico no es un punto de choque geopolítico significativo, como sí lo es el Mar del Sur de China. En esta región, múltiples países de la zona tienen reclamaciones territoriales y marítimas que se solapan, basadas en sus declaraciones de soberanía sobre los arrecifes, atolones e islotes presentes en la zona. De todos estos países, es China quien reclama una mayor área, y quien está llevando a cabo la campaña más agresiva de reivindicación, con la construcción y militarización masiva de islas.
Ahora, Pekín se está lanzando a la exploración del fondo del Mar del Sur de China para su futura explotación económica, lo cual incluye la minería submarina. Para China, esto cumple objetivos tanto geopolíticos como económicos. La explotación de estos recursos submarinos solidificaría su presencia en la zona, más allá de las actuales pequeñas bases militares y estaciones científicas, apoyando sus reclamaciones territoriales. Esto también es simbólico: al actuar de forma independiente, el gobierno chino simultáneamente rechaza la autoridad de la ISA para autorizar las operaciones –negando así el estatus de la región como aguas internacionales– y proclama su propia soberanía sobre la zona.
Pero el interés chino por la minería submarina, también muy visible en los permisos de exploración otorgados por la ISA, obedece igualmente a motivos económicos. Si bien China es con mucho el país líder en refinado y minería de tierras raras, así como en refinado de cobalto y litio, esta posición de superioridad –y el poder económico que otorga– está en peligro. Con el enorme aumento en el consumo necesario para la transición ecológica y el deseo de librarse de la dependencia respecto a China, los países occidentales están buscando alternativas y aumentando su propia capacidad de minería y procesado.
A fin de mantenerse en primera posición, la potencia asiática necesitará aumentar su producción de tierras raras, preferiblemente sin incrementar el gran coste medioambiental que sufren sus principales regiones mineras, para lo cual la minería submarina podría ser una sólida opción. Por otra parte, aunque China refina la vasta mayoría del cobalto mundial, éste se extrae de la República Democrática del Congo.
Muchas de las minas son propiedad de empresas chinas, pero a pesar de esto China está enormemente interesada en lograr una producción doméstica de cobalto significativa, a fin de integrar toda la cadena de valor y protegerse contra la inestabilidad política en la RDC. Después de todo, la RDC sufre dictaduras y guerras civiles periódicas desde su independencia, y recientemente expropió una mina de cobalto china por impago de derechos de explotación.
Por todos estos motivos, las autoridades chinas en los próximos años previsiblemente seguirán promoviendo la extracción de minerales del lecho marino, tanto en sus aguas territoriales como en las aguas en disputa y en las internacionales controladas por la ISA. El riesgo para la comunidad internacional, más allá del ecológico, es que algunas de estas operaciones mineras sufran incidentes con alguno de los países que, como Estados Unidos y sus aliados, realizan operaciones de libertad de navegación por el Mar del Sur de China.
El futuro de la minería submarina
El movimiento de la pequeña nación de Nauru por ser la primera en patrocinar una expedición extractiva, sin embargo, va a tener repercusiones significativas. Debido a las normas de la ISA, si un Estado miembro solicita permiso para extraer recursos antes de que se hayan establecido las regulaciones al respecto, el organismo dispone de dos años para establecer esos criterios y aceptar o rechazar la solicitud del Estado en base a ellas. Si la ISA no llega a tiempo, la solicitud se considera aceptada.
El plazo impuesto a la ISA por la solicitud de Nauru terminaba en julio de 2023, y sus 167 miembros más la Unión Europea finalmente no lograron llegar a un acuerdo que regule la minería submarina. Esto abre de momento la puerta a la actividad minera de Nauru, pero la ISA discutirá en la sesión de 2024 establecer una moratoria que podría parar esas operaciones a posteriori. Un actor notablemente ausente de estas discusiones, con voz pero no voto, es Estados Unidos. Esto se debe a que Washington nunca ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar –que estableció la ISA y su membresía–, irónicamente porque por aquel entonces el presidente Ronald Reagan se oponía a las limitaciones que la ISA imponía a la minería submarina. Con esto, Estados Unidos ha perdido toda capacidad de influir directamente en la redacción de las nuevas normas mineras y ha quedado relegado a expresar su opinión a través de sus países aliados.
Además, las normas de la ISA establecen que cada compañía que desee llevar a cabo actividades de exploración o minería debe hacerlo patrocinada por un Estado miembro, por lo que Estados Unidos tendrá que ratificar la Convención –algo que será difícil dada la actual polarización de la política estadounidense– o pedir favores a sus aliados si quiere que sus empresas participen en la nueva fiebre del oro de los recursos submarinos con legitimidad internacional.
Y mientras la ISA debate los criterios de la minería en aguas internacionales, otros países avanzan en la explotación de los recursos en sus aguas territoriales. Japón ya ha anunciado planes para la extracción de tierras raras de su fondo marino a partir de 2024 y Noruega lo está considerando. Es precisamente en las regiones árticas donde pueden surgir nuevos puntos de tensión en el futuro, alimentando por el deshielo ocasionado por el cambio climático, que facilitaría la exploración y explotación de los recursos de la zona. Las potencias con territorios en el Círculo Polar Ártico –como Estados Unidos y Rusia– podrían reclamar buena parte de los potenciales recursos como propios, y competir agresivamente por el resto.
En conclusión, el aumento astronómico de la demanda de minerales causado por las necesidades de la transición ecológica hace muy atractiva tanto económica como estratégicamente la minería submarina. Con la llegada de las nuevas regulaciones de la ISA en los próximos meses, y múltiples start-ups y compañías prometiendo la extracción de los recursos con mínimos impactos gracias a la minería robotizada, es muy probable que sea sólo cuestión de tiempo hasta que los Estados den la luz verde al comienzo de las operaciones a gran escala, y con ello a un nuevo escenario para las materias primas estratégicas.
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