El día 27 de octubre la conocida como Alianza de las Tres Hermandades lanzó una ofensiva sobre la región autónoma de Kokang, perteneciente al Estado Shan y fronteriza con China, contra el Tatmadaw –el ejército birmano– y sus fuerzas locales aliadas. De la denominada “Operación 1207” llegan los reportes de una pronta victoria rebelde, reportándose de numerosos militares abatidos, combates en media docena de municipios, el cerco a la capital regional y la conquista de puestos fronterizos, bases militares y peajes en las principales vías de comunicación. Ante ello, las fuerzas gubernamentales han reaccionado con ataques aéreos, el uso de artillería pesada y la concentración de tropas para una eventual contraofensiva.
La guerra civil en la que ha degenerado el golpe de Estado de febrero de 2021 entra con esta acción en una nueva etapa que amenaza con definir la resolución de la misma. Y es que en esta área autónoma de tan solo 10.000 kilómetros cuadrados se han encauzado los proyectos políticos y económicos de algunos de los actores más relevantes en el conflicto birmano.
Las claves de la batalla por Kokang
Los atacantes, englobados en la alianza, son un amasijo de grupos armados con intereses usualmente contrapuestos. Entre sus componentes se encuentran: el Ejército de Arakan (AA), el Ejército de la Alianza Democrática Nacional de Myanmar y el Ejército de Liberación Nacional de Ta’ang; todo aderezado con un número creciente de voluntarios provenientes de las grandes ciudades de hegemonía étnica Bamar. Sus procedencias varían tanto como sus propósitos.
El Ejército de Arakan (AA), representante de la etnia homónima, se trata de una organización armada nacida en el Estado de Rakhine, en las antípodas del escenario bélico actual. Creado en 2009, experimentó un rápido crecimiento durante la transición democrática debido a la desafección generalizada con las políticas de la Liga Nacional para la Democracia de Aung San Suu Kyi. Así, bajo el paraguas de la Organización de Independencia de Kachin (KIA), se fortaleció al nutrirse de equipo y entrenamiento hasta recibir el impulso definitivo tras el golpe de Estado de 2021, que lo ha llevado a expandir su influencia a nivel nacional en el marco de dicha alianza.
Similar es el caso del Ejército de Liberación Nacional de Ta’ang (TNLA). Fundado en 2009 con el objetivo de crear una nación para la etnia Palaung, esparcida por el norte del Estado Shan y la provincia china de Yunnan. En un principio buena parte de su legitimidad emergió de una campaña antidrogas, una rareza en la región. No obstante, fue la creciente inestabilidad en su entidad federativa natal la que lo ha hecho crecer.
De este modo, a partir de 2008, el proyecto del Ejército Unido del Estado Wa (UNSWA) –una organización étnica armada que trata de lograr la autonomía política del pueblo Wa, presente en el oriente del país y que en las últimas décadas ha ido ganando peso en Shan– de unir geográficamente sus dos focos de población a expensas de las organizaciones étnicamente Shan que cuentan con el beneplácito del Tatmadaw –como el Consejo de Restauración del Estado Shan– ha favorecido la inclusión del Ejército de Liberación de Ta’ang en los grandes circuitos de trasiego de capitales y armas bajo la Alianza de las Tres Hermandades.
A ello se le suma la coyuntura post-golpe de Estado. La muestra de apoyo al Gobierno de Unidad Nacional (NUG por sus siglas en inglés) le ha valido un incremento sustancial de sus recursos humanos al acoger a cientos de disidentes étnicamente Bamar, alimentando de este modo sus aspiraciones de medrar en la lenta deriva del Estado Shan hacia una anarquía de tintes etnicistas.
Finalmente, los motores económicos del conflicto son los que introducen al último actor implicado en la ofensiva: el Ejército de la Alianza Democrática Nacional de Myanmar. Este, que se remonta al igual que el grueso de grupos armados del Estado a la disolución del Partido Comunista de Birmania en 1989, estableció históricamente su base en Kokang, el actual escenario de los combates, desde dónde participaba activamente en el tráfico de opio y metanfetaminas, al tiempo que defendía la autonomía de la minoría Han con respecto al poder de Rangún.
Beneficiario durante décadas del alto al fuego con el Tatmadaw, ocupó en buena medida el vacío de poder que había dejado en el mundo del narcotráfico el capo y guerrillero pro-Shan, Kuhn Sa. No obstante, el mercado debió ser compartido con otras guerrillas étnicas y sobre todo con las fuerzas armadas de la República.
Y es esto lo que explica el estallido de los conflictos, precisamente en Kokang. Los acuerdos de alto al fuego posguerra fría se vinieron abajo con el cambio de coyuntura interna. Una parte sustancial de dicha modificación se dio en parte por el progresivo ascenso al poder del general Ming Aun Hlaing, quien por entonces era el comandante de las fuerzas del Tatmadaw en Shan. Así, las tensiones estallaron en 2009 cuando el gobierno birmano trató de integrar en sus redes al Ejército de la Alianza Democrática Nacional de Myanmar, con el resultado del control gubernamental de la zona.
En los años posteriores, pese a los conatos de reconquista de 2015, se erigió con el poder en esa región uno de los elementos clave del bando gubernamental: la Fuerza de Guardia Fronteriza de Kokang. En el Myanmar de Ming Aun Hlaing, el control territorial de las áreas periféricas recae esencialmente en organizaciones de corte local que se institucionalizan a través de la Guardia Fronteriza.
Este es precisamente el caso de Kokang. Las autoridades autóctonas disfrutan de una patente de corso con respecto a las economías ilícitas, las cuales a través de empresarios como Liu Zhengxiang –en el caso que nos atañe– posibilitan el acceso del Tatmadaw a los mercados internacionales al tiempo que engrasan con sobornos la estructura del régimen militar. Pero ello, dado el uso de personal local, enquista el conflicto y lo complica, debido a que atrapa en este a una multitud creciente de actores regionales.
A octubre del 2023, Hlaing debe luchar con organizaciones étnicas, tanto oportunistas –por ejemplo el AA, el TNLA o el UNSWA– como reaccionarias que reclaman sus pretéritas cuotas de poder por un área estratégica para la preservación del statu quo postgolpe. Para su desgracia, la creciente intrincación del conflicto birmano conecta directa o indirectamente cada uno de los focos de insurgencia entre sí. Actualmente, en el teatro oriental de la guerra civil hay dos frentes altamente interrelacionados con la situación en Kokang debido a su relevancia en el mantenimiento sobre el control del tercio este del país: la batalla por el Estado de Kayah y el conflicto en la entidad federativa de Kachin.
El primero se trata de un conflicto proveniente de la demarcación fronteriza colonial británica que en un principio garantizaba la independencia de un territorio étnicamente karenni. Sin embargo, con la constitución del Estado-nación birmano fue absorbido debido a su estratégica posición, que sirve al mismo tiempo de corredor hacia el núcleo del Estado tailandés y de plataforma sobre la cual amenazar Naipyidó. Los legisladores birmanos optaron por la anexión en 1988.
Se inicia con este acto una intermitente sublevación en la que los actores locales se encuentran polarizados entre quienes apoyan al gobierno central, dentro de los que destaca el Ejército Nacional Pa-O, representantes de un grupo étnico asentado en el sur de Shan y estrechamente vinculado a sus vecinos meridionales; y aquellos que conforman la llamada Coalición 4k: la Fuerza de Defensa de las Nacionalidades Karenni (KNDF), las Fuerzas de Defensa del Pueblo (PDF) y el Partido Nacional Progresista Karenni (KNPP).
Con el paso del tiempo, las KNDF han terminado por erigirse a modo de líderes de la resistencia del pueblo karenni, posición sobre la cual su influencia se ha multiplicado tras su anuncio de apoyo al Gobierno de Unidad Nacional (NUG). Desde esta renovada posición lograron en 2022 controlar amplías zonas rurales, así como de las principales ciudades del Estado y el cambio de bando del Frente Nacional de Liberación Popular Karenni (FNLPK), quienes en su día se habían integrado en la Fuerza de la Guardia Fronteriza de Kayah.
Sobre dicho contexto, la “Operación 1027” se ha presentado como una oportunidad para ampliar influencia a costa del Ejército Nacional Pa-O, que pierde legitimidad a marchas forzadas por su apoyo al Tatmadaw, y de integrarse en los cuadros de resistencia interétnica a manera de chance para aflojar la presión a la que les tienen sometidos las Fuerzas Armadas desde verano del 2023.
Del anuncio de su suma a la ofensiva en Shan por parte del KNDF, las implicaciones del conflicto traspasan los límites administrativos hacia el Estado de Kachin. En este territorio las acciones llevadas a cabo en Kokang se entrelazan con un añejo conflicto que data de 1948 por vía política y económica. Políticamente, el Ejército de Independencia de Kachin, la más vetusta de las organizaciones étnicas de Myanmar, ha luchado por décadas por la autodeterminación del pueblo kachin, un grupo étnico que se desborda por Yunnan y las provincias indias de Nagaland, Assam y Arunachal Pradesh. Se halla en coalición con las fuerzas atacantes bajo el paraguas de la Alianza del Norte, además de integrar en sus filas a buena parte de los efectivos bamar rebeldes. Por tanto, desde un punto de vista meramente político resultan esenciales para la derrota del Tatmadaw.
Pese a ello, las lógicas económicas apuntan hacia otra dirección. Si bien el KIA compite además de a nivel político con Naipyidó por la hegemonía en Kachin, económicamente se da una doble competencia. Los abundantes recursos naturales, como el oro, el jade, las tierras raras, la energía hidroeléctrica y el opio son objeto de las fuentes de financiamiento del Tatmadaw, el Ejército de Independencia de Kachin (KIA) y el resto de milicias por igual. Hecho que plantea un escenario en dónde las alianzas y lealtades son extremadamente líquidas.
La posición de China en el conflicto birmano
Este factor es especialmente relevante en el caso de las relaciones entre el KIA y el Ejército Unido del Estado de Wa debido a que compiten por la hegemonía en los mercados ilegales del este de Birmania, por la preponderancia dentro del movimiento de resistencia contra la junta militar y por el favor de China.
Y es que la proyección internacional de poder de Pekín pasa necesariamente por Birmania. O al menos, por la estabilidad en su frontera meridional. Desde la incorporación de Myanmar a la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI por sus siglas en inglés) hasta el impedimento del uso como plataforma por parte de potencias extranjeras, pasando por el gasoducto Rangún-Yunnan, todos ellos resultan ser temas existenciales para el Zhongnanhai, haciendo que la diplomacia del gigante asiático actúe en consecuencia.
China se ha movido siguiendo la siguiente premisa: garantizar cierta estabilidad en la frontera sur y proteger los intereses patrios en su vecino y evitar verse arrastrada por un conflicto multifacético cuyo resultado sería el desvío y desgaste de recursos. Así, nunca ha condenado abiertamente el golpe de Estado, pero tampoco ha hecho muestras de apoyo magnánimo a Hlaing. Al respecto de las fuerzas rebeldes, los legisladores chinos han llegado a la conclusión de que la clave para sus propósitos es moldear las actitudes de las organizaciones étnicas, al tiempo que limitaba la influencia del Gobierno de Unidad Nacional (NUG) al cual juzgan demasiado apegado a occidente.
Por tanto, Pekín ha facilitado la creación del Comité Consultivo y de Negociación de la Política Federal (FPNCC), en el que se han integrado organizaciones como: el Ejército Unido del Estado de Wa (UNSWA) al que se le atribuye una estrecha relación con el Partido Comunista Chino, el Ejército de Independencia de Kachin (KIA), el Ejército de Arakan (AA), el Ejército de la Alianza Democrática Nacional de Myanmar (MNDAA) y el Ejército de Liberación Nacional de Ta’ang (TNLA). De este modo, entre el 2021 y principios del 2023, Pekín ha moldeado a favor del régimen las acciones de estas milicias, evitando que en ciertas ocasiones profundizaran sus acciones bélicas en contra del Tatmadaw.
Ahora bien, los acontecimientos alrededor de la “Operación 1027” parecen apuntar a que la administración de Xi Jinping está cambiando sutilmente su actuar con respecto a su vecino sureño. Por un lado, las economías ilícitas que el régimen de Naipyidó sustenta en la frontera parecen molestar a los altos funcionarios mandarines, mientras que por otro, los rumores de una implicación encubierta de Estados Unidos, en forma de capacitación militar, a lo largo de la frontera Myanmar-Tailandia, hace dudar del compromiso de las fuerzas integradas en el FPNCC con los intereses chinos.
Frente a ello, solo se tiene la certeza de la visita de Wang Xiaohong, miembro del Consejo de Estado de China, con el ministro de interior de la junta, Yar Pyae, en la capital birmana.
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