Tras 10 meses de arduas negociaciones, Australia ha conseguido un hito histórico para su cuerpo diplomático: un acuerdo de seguridad con Vanuatu, el país más reticente a este tipo de tratados de toda Oceanía.
El texto supone la culminación de una ofensiva diplomática a escala regional para tratar de prevenir el auge de la influencia securitaria de China en el Pacífico Sur, que se inició tras el acuerdo de seguridad firmado entre el gigante asiático y las Islas Salomón en 2022.
Australia pretende convertirse en el garante del orden en su país vecino. Por ello, el Acuerdo Nakamal perfila al país de los canguros como el principal socio externo de la Policía de Vanuatu (VPF) –la única fuerza armada permanente del Estado–, tanto en términos de provisión de equipamiento y entrenamiento como en capacidad de despliegue sobre el territorio nacional en caso de crisis.
En otras palabras: ante cualquier tipo de desestabilización interna, será Canberra, y no Pekín, la que tendrá la obligación de intervenir. Sin embargo, en el tratado, el concepto “seguridad” trasciende los marcos tradicionales.
La influencia china en Melanesia no reside en las armas, sino en el dinero. El capital chino ha inundado la economía vanuatense en las últimas décadas, llegando incluso a financiar la construcción del nuevo parlamento. El gran temor australiano es que esa oleada de liquidez llegue a las infraestructuras estratégicas del Estado. Es ahí donde se ha librado la verdadera batalla diplomática.
Vanuatu se compromete a que sus infraestructuras estratégicas permanezcan libres de militarización, interferencia extranjera y acceso no autorizado. Tres conceptos diseñados para vetar el uso dual –civil y militar– de las instalaciones estatales, limitar la capacidad de China de influenciar sobre la toma de decisiones políticas en Port Vila e impedir el acceso al gigante asiático a bases de datos y sistemas de control digitales estratégicos.
Todo ello articulado bajo la obligatoriedad legal de someter a consulta australiana cualquier tipo de inversión de un tercer actor en el país. El gobierno de Jotham Napat, por su parte, ha tratado de aprovechar las presiones geopolíticas australianas para estabilizar la situación económica de un país fuertemente golpeado por los desastres naturales y dependiente del turismo y las ayudas internacionales.
De este modo, la cesión de soberanía ha costado una inyección de 500 millones de dólares australianos durante diez años y la flexibilización del acceso al mercado laboral australiano para los ciudadanos vanuatenses.
Las implicaciones internas del Acuerdo Nakamal
Con el acuerdo de seguridad con Vanuatu, Australia pretende hacer del país melanesio una “frontera avanzada” a través de la cual limitar lo máximo posible la intromisión de China en el Pacífico Sur. Ahora bien, se trata de un movimiento expuesto a elevados costes políticos.
Pese a tener tan solo 300.000 habitantes, la política interna de Vanuatu se encuentra altamente fragmentada en multitud de formaciones que hacen de la figura del primer ministro un simple árbitro fácilmente reemplazable en el siempre volátil panorama nacional.
Colonizado simultáneamente por Francia y el Reino Unido bajo el formato del condominio, el país padeció desde antes incluso de su independencia la polarización social derivada de la existencia de dos administraciones paralelas.
Paradójicamente, dicha división aseguraba la estabilidad. Desde la proclamación de la independencia en 1980 hasta los años noventa, las corrientes anglófilas, centralistas y socialistas melanesias se vieron encauzadas por el Vanua’aku Pati (VP) y su líder Walter Lini. Lo mismo, pero a la inversa, sucedía con sus homólogas francófonas y descentralizadoras con la Unión de Partidos Moderados (UMP).
Sin embargo, el efecto polarizante de la colonización pronto se vio desplazado por la atomización que impone la geografía. Con más de 65 islas habitadas y el empleo del sistema del voto único transferible en circunscripciones plurinominales que fagocita la creación de partidos basados en figuras del poder local, la abrumadora pluralidad de intereses y agendas ha destrozado la unidad y la disciplina de voto que imponían la hegemonía del VP y la UMP.
En la actualidad, el pulso geopolítico entre Australia y China se articula sobre los intereses y necesidades tanto de las ínsulas como de los micropartidos que tratan de garantizarse un “sitio bajo el sol” mediante un bucle constante de alianzas y traiciones.
Pero de entre el caos de este sistema político, la demografía y las dinámicas socioeconómicas sacan a relucir dos grandes escenarios donde Pekín y Canberra deberán tratar de convertirse en los patrocinadores de la economía local: Efate, la isla-capital, y Espíritu Santo, la segunda isla más poblada.
Antiguas representantes, cada una de ellas, de una de las dos administraciones –Efate siendo el centro de la influencia anglosajona y Espíritu Santo de la gala–, ambas islas siguen actuando como contrapesos la una de la otra.
Efate, como sede del Estado, tiene una economía basada en la administración pública, el turismo y la cooperación internacional. Un esquema que contrasta fuertemente con la primacía del sector primario en Espíritu Santo. Un choque de especializaciones productivas que pone sobre la mesa el riesgo de la simbiosis entre disputas regionales y geopolíticas, tal y como sucede en las vecinas Islas Salomón.
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