Desde el comienzo de la segunda administración de Donald Trump, los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos por llevar a cabo el plan de deportación de los migrantes en situación irregular en el país han tomado una dimensión excepcional. En lo que muchos han categorizado como una campaña masiva de deportaciones, las instituciones de orden público han tomado medidas cuanto menos contundentes para reprimir la permanencia de lo que catalogan como “e
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