La guerra civil en Myanmar cuestiona los complejos equilibrios demográficos que mantienen la influencia de Nueva Delhi sobre la cuenca del Brahmaputra. El alzamiento de la comunidad kuki-chin en los estados birmanos de Chin y Sagaing y su conflicto directo con el Tatmadaw ha tenido dos grandes consecuencias directas: el desplazamiento de parte de esta comunidad a territorio indio –destaca, entre otros, Manipur– y la integración y la inclusión de las facciones armadas kuki-chin en las redes transnacionales de producción de heroína y metanfetaminas.
El actual curso del conflicto armado perfila a dicha etnia como una fuerza político-social en alza; hecho que actúa a modo de factor desestabilizador en el oriente indio al estar vinculada la estabilidad a una “armonía étnica” consistente en la asignación de una entidad federal a un grupo demográfico concreto. De este modo, los kuki-chin se han extralimitado al aumentar su influencia en el estado de Manipur, vecino a su territorio de Mizoram.
Actualmente, en Manipur se entrecruzan media docena de litigios; y es que la tensión entre la etnia meitei y la kuki-chin se ve atravesada por multitud de factores identitarios y socioeconómicos. Los primeros, hinduistas, asentados en el valle, autopercibidos como nativos, incluidos en el proyecto político Hindutva y en control de la distribución de opio hacen frente a los segundos, quienes producen la droga, son cristianos, viven en las colinas, tienen conexiones con otros países y no encajan en la visión de India que tiene el primer ministro Narendra Modi.
Manipur enfrenta un conflicto civil larvado desde el verano de 2023. En esas fechas, la consideración del Tribunal Supremo de Manipur de otorgar al pueblo meitei el estatus de “tribu programada” –figura jurídica que garantiza la representación política a nivel nacional del grupo al que se le aplica y bajo la cual ya se regían los chin– sumada al recrudecimiento de la lucha contra el narcotráfico y la implementación de políticas antiinmigración desataron una oleada de violencia. 60.000 desplazados, 70 muertos, 1.700 edificios quemados y 3.000 armas sustraídas de las comisarías locales fueron el resultado de la misma.
A partir de ese momento, la “normalidad” administrativa se ha transformado en una entelequia. El gobierno del ministro principal de Manipur, Biren Singh, es visto como el principal promotor de la coyuntura. Perteneciente al Partido Popular Indio (BJP) y a la etnia metei, está promoviendo una narrativa que identifica al pueblo kuki-chin como inmigrantes y traficantes de drogas que pretenden desplazar a la población nativa. Así, mientras desde Imphal, la capital, se vuelve a imponer la Ley de Poderes Especiales de las Fuerzas Armadas sobre distritos de mayoría kuki-chin, los puentes entre ambas comunidades están siendo dinamitados.
Singh trata de proteger los intereses de los meitei en un contexto de creciente volatilidad en Manipur. La precaria situación de la Junta Militar birmana (SAC) en el estado Chin fortalece sistemáticamente al Consejo de Chinalandia y a la Alianza de la Hermandad Chin. Asimismo, el conflicto en las Colinas de Chittagong en el próximo Bangladés está siendo canalizado por el Frente Nacional Kuki-Chin (FNK). Se abre de este modo la posibilidad de que los intereses chin sean respaldados desde el exterior.
Inestabilidad y guerra parecen tocar las puertas del Bhavan Rashtrapati. Sin embargo, en más de un año, Modi ha permanecido en silencio sobre el tema. Una equidistancia que contrasta enormemente con la pretensión de desarrollo de las conexiones India-Myanmar. Indiferentemente de los motivos que causan la aquiescencia de Nueva Delhi, hay algo que se sustrae en claro: el futuro de India dependerá de lo que suceda en Manipur.
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