El 21 de abril de 2021 un convaleciente Brahim Ghali, Secretario General del Frente Polisario y presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), entraba en España para recibir tratamiento contra la COVID-19. La máxima autoridad del Frente Polisario era ingresado en el hospital San Pedro de Logroño en estado grave tras herméticos contactos a tres bandas -gobierno español, argelino, saharaui-. La decisión se mantuvo en secreto para evitar la ira marroquí, en guerra contra el Frente Polisario desde que en noviembre de 2020 saltasen por los aires tres décadas de alto el fuego tras las tensiones en el estratégico paso de El Guerguerat.
Pero Rabat no tardó en saber que su enemigo público número uno se encontraba en España. Mucho se especuló sobre como una decisión tan sensible y apenas conocida por un puñado de altos funcionarios había sido filtrada en tan poco tiempo; no sería hasta varios meses después cuando fuentes saharauis confirmaron a DLG que el software espía Pegasus –empleado por Marruecos hasta contra 10.000 móviles– estaría detrás de la fuga de información. El 22 de abril una escueta nota del medio promarroquí Jeune Afrique aseguraba que Ghali se encontraba hospitalizado en España, una noticia rápidamente amplificada por varios medios nacionales. Rabat ya tenía el pretexto para lanzar su estrategia en zona gris contra España. Era el inicio de una crisis aún hoy latente que alcanzaría su clímax en mayo con la crisis migratoria de Ceuta, cuando las autoridades marroquíes facilitaron que unos 10.000 migrantes ingresasen en suelo español.
Pero desde la Casa Real alauí también se apuntó contra Ghali, lanzando una campaña mediática y jurídica que minase el apoyo de la sociedad civil española al Frente Polisario. Una combinación de fake news, acusaciones de todo tipo y judicialización -o lawfare– contra el líder saharaui. Hoy esa campaña se desmorona parcialmente con el carpetazo a la querella por “genocidio” presentada en su contra. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ratifica el criterio del juez Pedraz y decreta el sobreseimiento por “falta de indicios”.
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Los vínculos con Rabat detrás de la supuesta acusación de genocidio
La denuncia archivada este 11 de febrero se interpuso en 2007 por la Asociación Saharaui para la defensa de los Derechos Humanos (ASADEDH). Al frente de esta organización se encuentra Ramdan Messaoud, un saharaui de 59 años nacido en El Aaiún que durante décadas desempeñó distintas responsabilidades en la RASD y el Frente Polisario pero que en los 2000 abandonó sus filas. Un año antes de acusar a Brahim Ghali -y otros 27 militares argelinos y saharauis- de “genocidio” y delitos de lesa humanidad, Messaoud fue nombrado por Mohamed VI miembro del Consejo Real Consultivo para los Asuntos del Sáhara (CORCAS).
El CORCAS es el ente encargado de “asistir a SM el Rey en todos los asuntos relativos a la defensa de la integridad territorial y la unidad nacional del Reino, la promoción del desarrollo económico y social de las Provincias del sur y la preservación de su identidad cultural”. Messaoud, según la propia página web del organismo, sigue figurando como miembro del Consejo.
La querella fue presentada en 2007, cuando Brahim Ghali se desempeñaba como Delegado saharaui en España, una plaza fuerte en el organigrama de exteriores saharaui. La estrategia del Polisario pasó entonces por hacer caso omiso a una denuncia que consideraban “falsa” y cuya única intención era “embarrar la lucha del pueblo saharaui”. Unos meses después Ghali sería sustituido al frente de la Delegación española, partiendo rumbo a Argelia donde serviría de Embajador hasta su elección como líder del Frente Polisario. Ante la negativa de acudir a testificar, y habiendo abandonado el país, la querella quedaba en estado de hibernación. Cuando se confirmó que Ghali volvía a estar en España, esta vez ya como presidente saharaui, la ASADEDH revivió la querella instando a la Audiencia Nacional a tomar declaración al dirigente. La presión funcionó y el líder del Polisario declaró por videoconferencia desde el hospital de Logroño negando toda responsabilidad.
Messaoud acusa a Ghali de cometer delitos de genocidio, lesiones, detención ilegal, terrorismo, torturas y desapariciones contra los disidentes saharauis en Tinduf entre 1975 y 1991, años en los que se desarrolló la primera guerra entre el Frente Polisario y Marruecos. La Audiencia Nacional entierra ahora el caso asegurando que “no es posible identificar a un grupo concreto de personas con una nacionalidad, una raza, una etnia o una religión comunes como víctima de los actos imputados a los querellados, ni se identifica tampoco una intención en los presuntos autores de destruir total o parcialmente ese grupo nacional, racial, étnico o religioso”.
Para ampliar: La brecha del Guerguerat, detonante de un conflicto condenado a la guerra
En la misma línea el texto asegura que “ni siquiera se explica de que grupo de personas puede tratarse”, y si bien “se indica en algunos pasajes que los perseguidos por el Frente Polisario son saharauis de origen español en oposición a los saharauis de origen argelino(…), no se desprende del texto de la querella, ni se ha demostrado posteriormente, una distinción dentro del pueblo saharaui entre los que son de origen español y los que tienen un origen distinto, cualquiera que sea este”. Además, las “diligencias de prueba practicadas durante la instrucción no han sido eficaces para arrojar más luz sobre la existencia” del delito de genocidio.
Contra esta decisión aún cabe recurso ante el Tribunal Supremo, aunque la contundencia de los argumentos hace poco probable que la denuncia de la ASADEDH prospere. En todo caso Ghali aún tiene pendiente otra causa con la justicia española, la interpuesta por el ciudadano saharaui Fadel Breica, quien denuncia haber sido detenido ilegalmente y torturado en junio de 2019. La denuncia de Breica fue interpuesta en abril del año pasado, coincidiendo con la hospitalización de Ghali en España y la reactivación del proceso de la ASADEDH. Pero salvo sorpresa, la querella seguirá el camino de la interpuesta por Messaoud, así se intuye de los escritos de Fiscalía y los testigos convocados.
Ciertamente el sobreseimiento no supone una derrota total para Marruecos. La estrategia del lawfare no busca necesariamente el éxito judicial de la denuncia como sembrar dudas y minar la reputación del adversario político. En estos términos, los numerosos titulares que ocupó el supuesto genocidio perpetrado por Ghali contrasta con la tímida cobertura que se ha dado al carpetazo de la causa. La embajada marroquí ha rechazado participar en este artículo.
La guerra del Sáhara Occidental se ha revelado multidimensional. Al conflicto armado de 1975-1991 le siguió una batalla feroz en la arena diplomática mientras los fusiles callaron. Hoy, que la guerra vuelve a rugir en el desierto, la lucha de información y la judicialización del conflicto están al orden del día.
El genocidio que sí está probado
La denuncia de genocidio que sí se ha prosperado es la presentada por la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA) contra el Reino Marruecos, al que acusan de practicar un genocidio contra la población autóctona del territorio tras su ocupación en 1975. El juez Ruz de la Audiencia Nacional dio por probada en esta primera causa al menos 50 casos de asesinato, seis desapariciones, 202 detenciones ilegales y hasta 23 casos de torturas; así lo acreditó en un extenso auto en 2015 donde afirma que se ejerció “un ataque sistemático contra la población civil saharaui por parte de las fuerzas militares y policiales marroquíes”. Estas acciones buscaban “destruir total o parcialmente” a la población saharaui y “apoderarse del territorio” de la antigua colonia y provincia española.
Pese a que Marruecos obstruyó el proceso y los acusados no testificaron, la solidez de los hechos hizo que Ruz procesase a once altos funcionarios alauíes -tres civiles y ocho militares-, dictando orden de busca y captura internacional contra siete de ellos. Marruecos se negó a colaborar en el caso y no ha facilitado ninguna información sobre sus ciudadanos implicados.
No era la primera vez que la justicia española entraba de lleno en el irresuelto conflicto del Sáhara Occidental. En 2014, Fernando Grande Marlaska, por entonces presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y actual Ministro del Interior, dictó un auto asegurando que “España ‘de iure’, aunque no ‘de facto’, sigue siendo la potencia administradora del territorio, y como tal, hasta que finalice el periodo de la descolonización, tiene las obligaciones recogidas en los artículos 73 y 74 de la Carta de Naciones Unidas, entre ellas dar protección, incluso jurisdiccional, a sus ciudadanos contra todo abuso, para lo cual debe extender su jurisdicción territorial para hechos como los que se refieren en la querella a que se contrae el presente procedimiento”. Una afirmación que poco tiene que ver con la postura mantenida por el ejecutivo español, quien sigue sin asumir responsabilidad alguna con la que fuese su provincia 53.
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