El caso Ghali: entre el espionaje, lawfare y zona gris

Por Néstor Prieto

La acogida por parte de España para proporcionar tratamiento médico al presidente saharaui y Secretario General del Frente Polisario, Brahim Ghali, fue el pretexto oficial esgrimido por Marruecos para desatar una crisis bilateral de primer nivel con España, pese a que el fondo del conflicto radicaba en la postura sobre el Sáhara Occidental.

Todo lo que rodeó su llegada, estancia y salida fue bautizado como el “caso Ghali” y, más allá de las implicaciones con Marruecos, tuvo un impacto en la prensa española -que llenó con este tema sus titulares durante semanas- y en política interna -como elemento de desgaste utilizado por la oposición contra el gobierno-.

Es bien sabido que la recepción de tratamiento médico en países europeos es norma y no  excepción entre los líderes africanos: Ghali fue tratado en España, Mohamed VI frecuenta las mejores clínicas de París y este mismo año el presidente argelino Tebboune se recuperaba también de COVID-19 en Alemania. De hecho, los fuertes lazos hispano-saharauis han permitido que varios altos cargos y diplomáticos de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) hayan sido tratados en la exmetrópoli desde hace décadas.

Entonces, ¿qué hay de diferente ahora en la acogida del líder polisario para que se desatase tamaña crisis? Marruecos leyó el contexto internacional y vio en el ingreso de Gahli la posibilidad de subir la apuesta y presionar a España para que variase su posición sobre el Sáhara Occidental en favor de sus tesis. Se explotó de forma sistemática la llegada del líder saharaui -pretexto- para acercar a Madrid a sus posiciones anexionistas -objetivo-. Si bien la posición española respecto al conflicto del Sáhara es de pasividad consciente, lo que permite mantener un statu quo que beneficia a Marruecos, Mohamed VI sabe que España, por su papel como antigua metrópoli y potencia administradora de iure del territorio, tendría posibilidad de romper la baraja en un momento determinado y cambiar los equilibrios del conflicto; si bien la ambigüedad hispana no perjudica la posición alauí, un cambio de postura en favor de la autonomía podría dejar severamente dañado el proceso de Naciones Unidas para la descolonización del territorio.

La declaración de Donald Trump en diciembre de 2020 reconociendo la “marroquinidad” del Sáhara envalentonó a la diplomacia alauí que, en paralelo a la crisis con España, mantenía desde hace meses una agresiva campaña con otros países para que siguiesen la estela norteamericana; estrategia infructuosa pues ni un solo ningún país ha realizado una declaración similar. Esta campaña también tuvo sus ecos en Alemania, donde la negativa de Berlín a abandonar el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui como política de Estado propició que Rabat cortase el trabajo entre embajadas.

Para ampliar: El Sáhara, perspectivas de futuro tras 44 años de conflicto

El “Caso Ghali” ejemplifica esa política hostil y hábil de Rabat, cuya diplomacia se mueve mejor entre sombras que a la luz de oficialidad internacional. La crisis generada fue solo posible por la combinación de distintas acciones, la mayoría ajenas a lo que deberían ser “relaciones bilaterales de buena vecindad”. Una mezcla de presión diplomática, espionaje, lawfare y zona gris, que en gran medida engloba todo lo anterior.

El presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y Secretario General del Frente Polisario, Brahim Ghali.

Espionaje

El traslado de Brahim Ghali a España fue minuciosamente planificado a tres bandas entre los servicios de Interior y Defensa de España, la RASD y Argelia, necesario mediador en la ecuación. La relación bilateral hispano-argelina, buena, estable y discreta desde hace décadas, facilitó la gestión.

España ya había acogido con anterioridad a líderes saharauis, pero la recepción del Secretario General del Polisario podía tensar aún más la cuerda en las siempre complejas e imprevisibles relaciones con Marruecos. De mutuo acuerdo, las partes apostaron por realizar el traslado con la mayor discreción posible, evitando filtraciones y permitiendo que el gobierno español manejase los tiempos para comunicar –o no- a Marruecos y a la prensa la acogida del presidente saharaui.

Ghali partió de Argel en un avión medicalizado el 18 de abril rumbo al aeródromo de la base militar de Zaragoza, desde donde fue trasladado en ambulancia a Logroño. El viaje se organizó bajo un estrictico protocolo diplomático y un hermetismo total. La noche de ese mismo domingo día 18, Ghali estaba ya en la tercera planta del hospital riojano. Todo un éxito: la llegada sin incidentes, la salud del presidente estable dentro de la gravedad y ausencia de filtraciones o prensa.

Pero poco duró la alegría en Exteriores, pues tres días después, el 21 de abril, el medio francófono Jeune Africaine, cuya línea editorial es cercana a Rabat, publicaba la exclusiva sobre la llegada de Ghali a España con todo lujo de detalles. Un jarro de agua fría para las tres partes implicadas en el traslado; no solo un escándalo comunicativo sino un serio problema de seguridad interna. ¿Existencia de “topos”, espionaje, poca seguridad en los protocolos?

El pretexto estaba servido para que Marruecos lanzase una opa hostil sobre España como así ocurrió, provocando una cascada de declaraciones y reacciones que desembocarían en la citada crisis bilateral.

¿Pero qué falló para que la noticia saltase a la luz? Tan solo un puñado de funcionarios de alto rango de las tres administraciones eran conocedores del viaje. La prensa argelina, española y marroquí elucubraron sobre una filtración de la Jeune Africaine que no citaba tan siquiera el origen de la fuente. Lo que es seguro es que la obtención y filtración de la información fue el detonante de la crisis, el elemento necesario para que la situación escalase.

Hicieron falta varios meses para que colateralmente se descubriese la causa de la filtración. El consorcio de medios Forbidden Stories publicaba a finales de julio el uso a gran escala del software de espionaje israelí “Pegasus” por parte de una decena de países. La investigación detallaba con gran precisión cómo esta tecnología, desarrollada por la empresa NGO Group, penetra en los dispositivos móviles de las víctimas y permite el acceso a todos sus archivos y conversaciones.

Marruecos es uno de lo países que hace uso de este software, y aunque comunicativamente los pinchazos del reino alauí a Macron o Charles Michel fueron los más sonados, lo cierto es que fue Argelia quien más sufrió las consecuencias de Pegasus. En total más de 6.000 móviles argelinos fueron afectados según la investigación, incluyendo los de ministros, militares, funcionarios y sociedad civil. En este grupo debemos ubicar además a la dirección del Polisario, que opera con telefonía argelina desde sus campamentos de refugiados de Tinduf, territorio de este país.

Aunque desde Argel y Rabuni (capital administrativa de los campos saharauis) se guardó silencio, su entorno apunta al uso de Pegasus como causante de la filtración del traslado del presidente. Aunque el uso alauí de esta tecnología trascendería públicamente más tarde, desde el mismo momento en el que estalló el caso Ghali se revisaron los procedimientos y protocolos de seguridad argelinos, conscientes de que previsiblemente eran víctimas del programa espía. Solo así se explica que unas semanas después de estallar el caso Ghali el presidente argelino Tebounne emitiese un decreto por el que se daba 10 días a las empresas argelinas que usaban software marroquí para rescindir todos los contratos.

El presidente exigió que las empresas argelinas demuestren “responsabilidad en sus relaciones con socios extranjeros, asegurando en todo caso la preservación de los intereses superiores del Estado”. Consideró que estos contratos “celebrados sin consulta, ponen la información sensible a disposición de entidades extranjeras que pueden dañar los intereses vitales de nuestro país y su seguridad”.

En definitiva, el espionaje marroquí fue una parte imprescindible en el caso Ghali, posibilitando con la filtración a la prensa que comenzase una ofensiva contra España con la que poder forzar un cambio de postura de Madrid. El uso de Pegasus era el factor necesario para que Rabat pusiese en marcha su maquinaria.

Para ampliar: Cabilia como excusa, los amazigh en el conflicto argelino marroquí.

Lawfare

Una vez estalló el escándalo la diplomacia marroquí puso en marcha la segunda de sus tácticas, el lawfare o guerra judicial. Un término que ha cobrado relevancia en las últimas décadas y que sirve para definir el uso abusivo e incluso ilegal de la justicia, empleando los tribunales para distorsionar y desgastar a un adversario.

Rabat, que ya emplea esta técnica en varios países, revivió una demanda archivada en 2014 que permanecía hibernada en la justicia española -por falta de testimonios- contra Brahim Ghali. La querella acusaba al líder saharaui de “genocidio, asesinato, torturas y desapariciones”, una acusación sin duda alguna grave y preocupante presentada por la Asociación Saharaui Pro Derechos Humanos (ASADEDH). Pero entonces, ¿por qué hablamos de lawfare?

La ASADEDH es presidida por el saharaui Ramdan Messaoud, un tránsfuga del Polisario que abandonó la organización en 1992 por “discrepancias con la cúpula”. Unos años después de su abandono fue apadrinado por Rabat, que usa hábilmente la disidencia saharaui en su favor; así Messaoud fue nombrado por Mohamed VI como miembro del Consejo Real Consultivo para los Asuntos del Sáhara (CORCAS) el 25 de marzo de 2006. El CORCAS es un órgano de asesoramiento y acompañamiento al rey formado por saharauis -en su mayoría las citadas disidencias- que apoyan sus tesis de autonomía para el Sáhara.

Tan solo un año y medio después de ese nombramiento, la ASADEH presentaba la querella en la justicia española señalando a 27 destacadas figuras del gobierno y el ejército saharaui como responsables de dichos crímenes. En esa lista se encontraba Brahim Ghali.

El objetivo estaba claro, la criminalización general de la causa saharaui mediante la creación de un caso artificial con poco o nulo sustento en hechos reales. Esta conclusión fue la dada por el juez Santiago Pedraz, encargado del caso, que aseguró que: “El informe de la acusación (que aparte su poder otorgado ha sido cuestionado) no ha suministrado elementos siquiera indiciarios que avalen la existencia de motivos bastantes para creerle responsable de delito alguno; pues simplemente señaló que se trataba de delitos muy graves, que había indicios sin señalar alguno (un informe de la ONU, según dijo(?))”. La causa fue definitivamente cerrada el 29 de julio de 2021, pero antes los efectos del lawfare ya habían dado sus frutos.

La filtración de que Ghali se encontraba en España permitió que diversos grupos de presión marroquíes en España exigiesen ante la opinión pública que el juez reabriese la querella -hasta entonces hibernada- para tomar declaración al presidente saharaui, que desde el inicio del caso se había negado a declarar por calificar el juicio de “farsa”.

Rápidamente la presión se multiplicó y los delitos de los que se acusaba a Ghali fueron considerados como ciertos por un nada desdeñable grupo de medios de comunicación que dedicaron amplios reportajes y especiales al caso. La amplificación del mensaje ponía en tela de juicio la figura de Ghali, que finalmente accedió a declarar desde el hospital por videoconferencia. Su abogado, Manuel Ollé, aseguró que el caso respondía a “fines políticos (…) para tratar una vez más de minar la credibilidad del pueblo saharaui”. Aunque la acusación negaba que Rabat se encontrase tras la querella, ninguna de las partes aclaró la vinculación entre CORCAS y la ASADEH.

El especialista en Derecho Internacional y abogado de Brahil Ghali, Manuel Ollé, dando declaraciones a la prensa tras la toma de declaración al presidente saharaui. / P.P. Marcou – AFP

Zona gris

La zona gris (grey zone en inglés) es el espacio intermedio entre la competencia pacífica -blanco- y el conflicto armado entre actores -negro-; el hostigamiento por distintos medios con el que se busca alcanzar un objetivo, pero sin forzar el casus beli. Un modo de confrontación por debajo del umbral de la guerra con el que presionar y desgastar al adversario geopolítico sin caer en el choque militar. Es una política agresiva en el fondo (consecución de un objetivo estratégico), pero no en las formas, pues los medios empleados rehúyen lo militar.

En definitiva, es una praxis política que combina distintos elementos de presión y desgaste que persiguen un objetivo estratégico concreto. Todo ello cuenta con el necesario respaldo militar convencional, pues para aplicar esta estrategia sin caer en el escenario de guerra es necesario contar con un ejército operativo que funciona como disuasor para que la escalada nunca supere esa línea roja.

Este es el “modus operandi” de varios países, entre los que encontramos a Marruecos, que lo emplea desde hace años contra España; es el factor determinante que explica la escalada progresiva de tensiones en distintos frentes, focos con los que el reino alauí busca condicionar de manera planificada la política española sin caer en la confrontación directa.

Marruecos bordea y excede magistralmente la legalidad internacional y las relaciones de vecindad entre Estados mediante una estrategia que combina distintos elementos como los citados casos de espionaje y el lawfare, que en buena medida deben entenderse como elementos cohesionados y coordinados que responden a esa lógica de conflicto en la zona gris.

Además de estos aspectos Marruecos usa también la guerra económica (asfixia a Ceuta y Melilla), la comunicativa, la diplomática, la inmigración irregular, los flujos de narcontráfico entre otros.

Bajo el pretexto del caso Ghali, Marruecos protagonizó la mayor expresión de conflicto en la zona gris contra España hasta la fecha, con la salvedad de la Marcha Verde de 1975. Una vez filtrado el caso y puesto en marcha el lawfare contra el presidente saharaui, Rabat se consideró listo para dar varios pasos más en su estrategia:

En lo diplomático, con durísimas declaraciones por acoger al líder de una “organización terrorista”, llamando a consultas al embajador español, retirando a la embajadora alauí en Madrid y cortando la cooperación en distintas materias entre ambos gobiernos -destacando sobre todo en antiterrorismo y seguridad-.

En lo comunicativo, con una brutal campaña mediática, que ya había comenzado desde la llegada de Ghali pero que se recrudeció conforme pasaron los días. En términos internos, cohesionando a la opinión pública nacional enarbolando un nacionalismo exacerbado (Sáhara y Ceuta y Melilla) y en términos externos presentando a España como una potencia colonial y hospedaje de delincuentes.

Pero sin duda el aspecto más destacado fue el empleo de la inmigración irregular. Los días 18 y 19 de mayo entraron más de 15.000 migrantes en Ceuta desde territorio marroquí. La entrada de estas personas, evidentemente, no fue casual sino alentada y facilitada por el gobierno de Rabat, que en las horas previas había retirado a su personal de los puestos fronterizos o les había dado la orden de dejar pasar a quien se acercase. Al mismo tiempo se difundía a través de redes sociales y prensa información sobre la “apertura” del paso fronterizo. La llegada masiva desbordó por completo a las autoridades españolas que varios meses después siguen gestionando las consecuencias.

La inmigración es uno de lo factores empleados por Marruecos en su estrategia de zona gris contra España. Los flujos migratorios, tanto en Ceuta y Melilla como en Canarias, han aumentado desde el reinicio de la guerra en el Sáhara.

Este episodio, por su gravedad, evidenció el uso de estrategias no convencionales por parte de Marruecos. Pero estas técnicas llevan años siendo empleadas ante la sorprendente pasividad española. El caso Ghali tan solo sirvió de excusa para agudizar la apuesta alauí.

El pretexto, el ingreso hospitalario de Ghali, llegó a su fin el 1 de julio. Esa noche el líder saharaui dejaba el hospital San Pedro rumbo al aeropuerto de Noain (Navarra), desde donde partiría a Argel. El líder polisario dejaba España antes de finalizar completamente el tratamiento, aunque su estado de salud ya era mucho mejor.

Los 44 días que el presidente saharaui permaneció en España fueron toda una demostración de realpolitik por parte de Marruecos, que exprimió en poco más de un mes todas las bazas a su disposición para forzar mediante métodos “poco limpios” un cambio de posición en España respecto al Sáhara Occidental. La negativa española llevó las relaciones bilaterales a un punto de ruptura casi total de facto; ahora Marruecos retoma la iniciativa y suaviza el tono con Madrid, ofreciendo recuperar las relaciones consciente de que la reciente ruptura con Argelia, la guerra en el Sáhara y la crisis con Alemania son demasiados frentes para mantener abiertos a la vez. No obstante, es evidente que Rabat volverá a emplear este tipo de técnicas cuando el contexto se lo permita; por tanto la duda es saber cuál será la respuesta española en esa ocasión.

Estudiante de Ciencia Política en la Universidad de Salamanca. Intentando ofrecer una visión crítica de la geopolítica. Militante. He cubierto y vivido sobre el terreno los procesos migratorios en Grecia, Italia y Melilla. Ahora escribo sobre América Latina.