Perú vive una turbulencia política que ya dura más de una década y que ha derivado en una volatilidad que tiene en jaque al Estado. Los múltiples casos de corrupción –Odebrecht, Lava Jato, Club de la construcción, etcétera– dan cuenta del descrédito en el que se ha instalado la clase política peruana. Por esta razón, la presidenta Dina Boluarte puso fecha a las elecciones en Perú de 2026: el 12 de abril de 2026. En ellas, se buscará poner fin al bloqueo institucional que asola al país.
El gobierno peruano capitaneado por Boluarte ha profundizado la crisis que sufre el país, por lo que el panorama político se encuentra muy fragmentado y con el congreso como árbitro que mantiene el poder real.
En este sentido, Boluarte cuenta con apoyos tan variopintos como Fuerza Popular, dirigida por Keiko Fujimori, representante de la corriente de derechas conservadoras que impulsó su padre Alberto Fujimori ⎻presidente desde 1993 hasta el año 2000⎻, o Perú Libre, cuya cabeza es Vladimir Cerrón, cercano a la corriente ideológica del Socialismo del Siglo XXI.
Estos apoyos ejemplifican muy bien por qué los niveles de aprobación de Dina Boluarte están en mínimos históricos de un 2%: tanto en un espectro como en otro del parlamento, el gobierno se ha convertido en un colchón salvavidas para evitar la disolución del congreso antes de lo previsto, lo que habría debilitado significativamente a todos los partidos.
El campo contra Lima
Uno de los motivos por los que Perú Libre consiguió una victoria legislativa holgada en las elecciones de 2021 fue la apuesta clara de federalización del país, haciendo énfasis en la atención a las comunidades rurales del sur del país, sobre todo en lo que tenía que ver con la atención a los colegios, la asistencia social y la conectividad a Internet.
El propio candidato a presidente, Pedro Castillo, respondía a esa preocupación de la ciudadanía en las provincias del sur, especialmente en Puno, provincia en la frontera con Bolivia que ha abogado fuertemente por un sistema federal y descentralizado.
Por otro lado, también se entronca en el eje rural el apego de los sectores más críticos de la economía peruana: la minería y la agricultura. Una de las patas que más fricción ha creado en el mundo rural peruano ha sido la cuestión de las empresas mineras, que seguirá siendo central en las elecciones de Perú en 2026.
La nacionalización de la minería en Perú tiene un gran apoyo entre los propios mineros y se hace patente en la zona del departamento de Apurimac y el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), zonas castigadas por la minería ilegal, de la que a menudo se benefician narcoguerrillas escindidas de Sendero Luminoso, que profundizan en la depauperación del sur del país.
Elecciones de Perú en 2026: fujimorismo y antifujimorismo
La otra coordenada necesaria para entender el momento en el que se encuentra la política peruana es el fenómeno del fujimorismo, movimiento derechista alrededor del expresidente Alberto Fujimori. Este gobierno se caracterizó por imprimir una política conservadora, neoliberal y represiva contra la oposición, mayoritariamente contra la de izquierdas y los sectores indígenas.
Pero lo que más marcó al fujimorismo fue el autogolpe de 1992, la derogación de la Constitución de 1979, la venta de empresas estratégicas –como la Compañía Peruana de Teléfonos–, la privatización de activos y yacimientos de PETROPERÚ o de mineras como CETROMIN y las masacres de Barrios Altos y la Universidad Nacional de Educación. Estas últimas fueron perpetradas por Colina, el grupo paramilitar del Estado peruano para luchar contra Sendero Luminoso.
Asimismo, el gobierno estuvo acusado llevar a cabo esterilizaciones entre las comunidades indígenas y estuvo involucrado en sobornos a periodistas y empresarios. La aversión hacia el fujimorismo es capitalizada por los sectores más federalistas e izquierdistas en el país, llegando a calar en el liberalismo progresista peruano, representado en opciones como Somos Perú o el Partido Morado.
En los últimos años, la izquierda peruana ha adoptado posiciones claras con respecto al federalismo y la renacionalización de empresas. Ello ha resultado en una retórica discursiva que hace del fujimorismo un sinónimo del neoliberalismo, por lo que determinadas cuestiones como la desregulación económica o la defensa de la privatización de empresas estratégicas son vistas como una vuelta a los principios del fujimorismo, especialmente si los defensores provienen de la élite limeña.
En el lado opuesto, el antifujimorismo es visto por muchos círculos de la derecha tradicional como una continuación de los movimientos insurgentes guerrilleros de inspiración marxista que existieron en el país, como el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) y Sendero Luminoso. El fujimorismo se asienta en la narrativa de catalogar a sus oponentes como proxies y aliados de países enmarcados en la órbita del Socialismo del Siglo XXI, especialmente Bolivia y Venezuela.
Con respecto al primero, se hace referencia a similitudes culturales; en cuanto al segundo, se le define como referencia ideológica para la izquierda iberoamericana. En esta línea, la aversión histórica del antifujimorismo a Estados Unidos hace que sus adversarios utilicen esto como ataque en sus discursos, acusando a la izquierda peruana de apoyar a los gobiernos de Cuba, Venezuela o Nicaragua. La derecha fujimorista se erige entonces como defensora de las inversiones privadas en el país y en particular en el campo de las industrias estratégicas.
Un Congreso con mucho poder
La inestabilidad del país se explica en gran medida por la concentración de poderes que ostenta el congreso gracias a la Constitución de 1993, aprobada tras el autogolpe que ejecutó el expresidente Alberto Fujimori, que permite, entre otras cosas, aprobar una moción de censura o vacancia por incapacidad para ostentar el cargo presidencial. Esto ha implicado que el congreso peruano actúe como “juez” en el sistema político, acaparando de facto el poder ejecutivo.
El congreso también ha mostrado tener la capacidad de acortar la maniobrabilidad de los últimos gobiernos, como los de Francisco Sagasti, alegando malas decisiones con respecto al Paro Agrario de diciembre de 2020, que dejó al país desabastecido parcialmente durante un par de semanas.
También figuran los casos de Martín Vizcarra, su antecesor, implicado en favores con respecto a licitaciones públicas cuando era gobernador del departamento de Monquegua y acusado de mala gestión de la pandemia del COVID-19; así como el caso más reciente: la vacancia de Pedro Castillo.
La configuración actual del congreso está muy fragmentada, en gran parte debido a las escisiones producidas en los grupos de izquierda, como Perú Libre o Juntos por el Perú. Estas divisiones han dado lugar a bloques como el Magisterial, que han sostenido al gobierno de Boluarte con el respaldo de formaciones de derecha, entre ellas Fuerza Popular y Podemos Perú.
Dina Boluarte, un gobierno sin apoyo
El gobierno de Dina Boluarte ha pasado a ser uno de los más repudiados de la historia moderna peruana. La mandataria entró en política acompañando en el rol de candidata a vicepresidenta de Perú al presidenciable Pedro Castillo y, desde su destitución, ha pasado a ser una figura hostil y esquiva para la gran mayoría de peruanos. Según varias encuestadoras como CPI o Ipsos, su aprobación se sitúa en torno al 2%. Esta mala imagen se debe a varias cuestiones.
Una de ellas es la represión que sufrieron los manifestantes durante las protestas de 2022 y 2023 tras la detención de Castillo, singularmente en Puno, teniendo como blanco a los indígenas, mineros y agricultores. La segunda se debe a su incoherencia discursiva, ya que fue parte de una fórmula que prometía, entre otras cosas, una nueva Constitución y la federalización del país, pasando por un control más estricto de los recursos naturales del país.
Sin embargo, todas esas promesas han quedado atrás. La nueva Constitución es un asunto cerrado a corto plazo y la federalización se ha quedado en un punto muerto. Más acuciante aún es el asunto de la minería, ya que los salarios siguen siendo muy bajos y las medidas de seguridad insuficientes, según sindicatos como la Federación Nacional de Trabajadores Mineros y Siderúrgicos del Perú o el Sindicato de Obreros Metalúrgicos Shougang Hierro Perú.
Además, la minería ilegal sigue creciendo en zonas como Las Bambas o Puno debido, entre otras cosas, a la lentitud para formalizar a los mineros artesanales que reclaman regularizar su situación y una normativa clara.
No obstante, la razón más evidente de su impopularidad son los casos de corrupción que acechan a su gobierno y a su círculo personal. Casos como la operación de rinoplastia a la que se sometió sin aprobación del congreso o los relojes Rolex de su patrimonio personal que no fueron declarados han ido minando su imagen. Se la acusa también desde los dos sectores del parlamento de haber maniobrado para controlar el Jurado Nacional de Elecciones buscando inhabilitar candidaturas, así como de proteger a políticos con casos de corrupción como Luis Alberto Otárola y Vladimir Cerrón.
La inestabilidad en el ejecutivo de Boluarte se ejemplifica en la dimisión del primer ministro, Gustavo Adrianzén, por el repunte de violencia que ha vivido Lima desde principios de 2025, convirtiéndose en el tercero que deja el cargo en tres años.
Las elecciones peruanas y el futuro de los partidos políticos
Con el calendario ya pautado, las formaciones políticas han empezado a calibrar sus fuerzas y alianzas de cara a las elecciones de Perú en 2026. Fuerza Popular, capitaneada por Keiko Fujimori, se sigue presentando como la opción capaz de aglutinar a la derecha peruana, con la renovada estrategia de luchar contra la corrupción y reformar el peso del Estado.
Por otro lado, la líder fujimorista se enfrenta a una petición de la fiscalía de 35 años de prisión por el Caso Lava Jato, vinculado, a su vez, al caso Odebrech, en el que se constituyó una macro sociedad criminal dedicada al lavado de activos. Específicamente, su ramificación en el Caso Cócteles, en el que se investiga el uso de fondos blanqueados para financiar al partido, ponen en aprietos a la sucesora política del clan Fujimori, después de que su padre falleciera en 2024.
Por el lado de la izquierda existe, si cabe, más fragmentación programática. Con Pedro Castillo fuera de juego, aún queriendo optar al reconstituido senado por Juntos por el Perú, y Antauro Humala –exmilitar condenado por intento de golpe de Estado en la región de Andahuaylas en 2006– sin plataforma política tras la ilegalización de su partido Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (ANTAURO), la opción que coge enteros es la coalición de Alfonso López-Chau con Verónika Mendoza (Ahora Nación + Nuevo Perú).
Esta fórmula, con un programa de corte ecologista, socioliberal y desarrollista, promueve entre otras cosas la descentralización económica y administrativa por regiones, simplificar las normativas para la creación de medianas y pequeñas empresas, intervenir o nacionalizar empresas estratégicas de importancia crítica y realizar una inversión sustanciosa en I+D y nuevas tecnologías en las zonas rurales, para lo que piden la colaboración de la juventud.
En cuanto a Perú Libre, a la espera de conocer el futuro judicial de Vladimir Cerrón, el partido ha puesto como cara visible a su hermano Waldemar, siguiendo con la estrategia de buscar un mandato apegado a las corrientes socialistas adaptadas a la realidad del país andino.
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