Crónica de un 7 de diciembre, el final de Pedro Castillo

El 7 de diciembre Perú vivió otro día de vacancia presidencial, como pasó en 2020 cuando cayó Martín Vizcarra o en 2000 cuando Alberto Fujimori renunció, pero el Congreso no lo aceptó y optó por acabar con la era de dominio fujimorista. Más de 20 años después, el país no se sorprende.

Al mediodía del miércoles la noticia ya había corrido como pólvora: Pedro Castillo había disuelto el Congreso, ordenado un régimen de excepción e incluso un toque de queda que debía iniciar a las 10 de la noche. La reacción, aunque pequeña, fue inmediata: un grupo de personas acudió al centro de Lima para celebrar la caída de los congresistas.

Poco les importaba que se trataba de una medida ilegal —un mandatario solo puede disolver el Congreso cuando el órgano legislativo haya denegado dos veces la confianza al Ejecutivo, y no era el caso—, ante el enorme rechazo que recoge esta institución desde hace años. Pero esta vez la situación era diferente. Una suerte de golpe constitucional.

Para ampliar: Castillo disuelve el Congreso y nombra un gobierno de excepción

A las 12:30 p. m. se autoconvocó a una sesión en el Parlamento unicameral para aprobar la moción de vacancia, en medio de una alta expectativa en todo el país. Como pocas veces la atención estaba en el hemiciclo. Las calles permanecían estáticas, no hubo muchedumbres respaldando la iniciativa de Castillo, como sí pasó en 2019 cuando Vizcarra disolvió el Congreso y convocó elecciones legislativas.

Para ese momento Twitter se llenaba de comunicados de dimisiones, poco a poco el gabinete se iba vaciando, ministro tras ministro desfilaban en franca oposición a la acción de Castillo. El consenso era inequívoco: se trataba de un golpe de Estado. Incluso entre simpatizantes del profesor rural cundía la conmoción, no podían creer lo que ocurría. Mensajes iban y venían.

“¿Por qué hizo eso?”, era una de las preguntas más repetidas. Se cree que el expresidente Pedro Castillo consideraba que iba a ser vacado, sin embargo, no hay constancia de que el Congreso tuviera los 87 votos necesarios, pues en los dos intentos previos de noviembre de 2021 y marzo de 2022 no se alcanzó el número de síes.

Los medios ha indagado en el asunto y se especula que algunas personas del entorno más íntimo de Castillo, que incluiría a la ex primera ministra Betssy Chávez —una de las renunciantes en el día fatídico—, lo habrían convencido de que tenían los 87 votos, por lo tanto era necesario responder de esta forma.

El tercer intento estaba previsto para la tarde de ese miércoles 7 de diciembre y la expectativa era la misma: rechazo a la moción de vacancia. Pero todo cambió con el mensaje en cadena nacional de Castillo, que agitó todo el tablero haciendo que incluso aliados del presidente virasen su voto. Al final, incluso cinco integrantes de Perú Libre (el partido con el cual concurrió a las urnas) se pronunciaron a favor de destituirlo. La errática decisión de Castillo subió hasta 101 los votos a favor de la vacancia. La prensa local estimaba que la cifra rondaba los 83 antes de que se conociese la disolución del Congreso.

“¿Qué hará ahora?”

A medida que los congresistas iban votando oralmente, se acrecentaba la interrogante: “¿qué hará Castillo?”. La clave estaba en el posicionamiento de las Fuerzas Armadas. Ya los poderes del Estado se habían pronunciado en contra del golpe de Estado, pero la historia de América Latina ha demostrado ampliamente que es el Ejército el que tiene la última voz.

A la 1:32 p. m. el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú emitió un comunicado conjunto con la Policía Nacional en el cual se manifestaron “respetuosos del orden constitucional establecido”.

“El artículo 134 de la Constitución Política, establece que el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso, si éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros”, enfatizó. “Cualquier acto contrario al orden constitucional establecido, constituye una infracción a la Constitución y genera el no acatamiento por parte de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional”. Un comunicado ecléctico, que aunque no señalaba directamente a Castillo dejaba ver que las Fuerzas Armadas no respaldaban ciegamente la decisión del presidente.

Las cartas estaban echadas. Dos minutos después cámaras de televisión captaron a Castillo, su esposa y sus dos hijos saliendo de Palacio de Gobierno en compañía del ex primer ministro Aníbal Torres, uno de sus más estrechos colaboradores. Abandonaron el recinto en dos camionetas con escolta presidencial.

El destino era la embajada de México, como se refleja en el parte policial y como confirmó este jueves 8 de diciembre el propio mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador. Para ese momento decenas de personas ya rodeaban tanto esa como las embajadas de Bolivia, Nicaragua y Venezuela.

No obstante, con la escolta presidencial y el asilo que estaba dispuesto a conceder México, Castillo tenía los recursos necesarios para resguardarse. Hasta que el jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional, el teniente general Vicente Álvarez Moreno, ordenó la intervención de la caravana. Ni siquiera habían terminado de votar los congresistas, cuando ya el ex dignatario era detenido.

Rápidamente las redes sociales y los chats de WhatsApp en Perú se llenaron de fotos y videos, que también se encargó de difundir la prensa, de Pedro Castillo retenido en la sede de la Séptima Región Policial de Lima, por flagrancia.

Acostumbrados a ver presidentes que no pueden terminar su gestión, el pueblo peruano esta vez quedó impactado con otra imagen, más parecida a la guerra contra el narcotráfico en México: a Pedro Castillo privado de libertad con los ojos tapados. Así retrató la Policía Nacional Peruana al aún entonces Presidente.

Así el sexto presidente en cuatro años caía en desgracia en Perú, sin mayores alteraciones. El centro de Lima se mantuvo en calma, la ciudadanía continuó sus labores, tan solo las actividades escolares se suspendieron en la tarde por precaución.

Hubo plena normalidad, en una semana además marcada por el asueto. En Perú este jueves y viernes es feriado, lo que quiere decir que miles de personas tienen cuatro días libres que aprovechan para desentenderse de un clima político agitado, pero archiconocido.

Alrededor de las 4.00 p. m. la vicepresidenta Dina Boluarte —otra de las figuras públicas que protestó contra la intentona golpista— en apego a las leyes peruanas, fue juramentada como presidenta de la República, la primera mujer que asume el cargo constitucionalmente.

¿Ahora qué, Perú?

Pocos países en el mundo pueden considerarse más inestables políticamente que Perú, entre otras cosas por el choque constante entre el Ejecutivo y el Legislativo. A pesar de que se trata de una República presidencialista, el Congreso tiene plenos poderes y es capaz -como ha demostrado- de limitar sustancialmente la acción presidencial. La figura de la vacancia presidencial es la máxima expresión de esta dinámica; la fórmula que ha puesto fin a Pedro Castillo cuenta con una formulación laxa que permite, con relativa facilidad, torpedear la labor del gobierno.

La “incapacidad temporal o permanente del presidente, declarada por el Congreso”, ha abierto la puerta para un mecanismo de control más parecido a regímenes parlamentarios, como el que tiene España o Italia. Aunque el pueblo elija a su gobernante, el Legislativo solo necesita 87 votos para terminar su mandato. En los últimos años constitucionalistas han coincidido en que esta figura ha perdido credibilidad por el uso político que le ha dado el Congreso. De hecho, el argumento más utilizado para la moción de vacancia es el de la incapacidad moral, que data del siglo XIX y en la actualidad no ha sido especificada. 

Conocedora de esta circunstancia, lo primero que hizo Boluarte en su discurso con la banda presidencial fue pedir una “tregua” y llamar a la formación de un “gobierno de unidad nacional”, en medio de un margen de maniobra mínimo, incluso peor que el de Castillo cuando asumió en 2021. Así como Vizcarra, la ahora mandataria llega al poder sin bancada, pero con una excepción no menor: no tiene la alta popularidad que ostentaba el ex jefe de Estado. “Lo que solicito es un plazo, un tiempo valioso para rescatar a nuestro país de la corrupción y el desgobierno”, abogó Boluarte. Sin una bancada que la respalde y con la espada de Damocles del Congreso peruano, pocas personas piensan que logre culminar el mandato constitucional hasta 2026. La calle se ha expresado en muchas ocasiones, su preferencia es que se vayan todos.

Como corolario, un sondeo reciente del Instituto de Estudios Peruanos mostró que el 87% de las personas consultadas pensaba que deberían convocarse nuevos comicios si el Congreso inhabilitaba a Castillo. Y sobre esto le preguntó a la presidenta Boluarte la prensa local e internacional en su primera comparecencia la mañana de este jueves 8 de diciembre. Consideró “respetable democráticamente hablando” un adelanto de elecciones, pero indicó que su objetivo será “reorientar los destinos del país”. Habrá que esperar la reacción de la ciudadanía, mientras Boluarte sopesa la estructura del nuevo gabinete, que, según analistas, debe ser mucho más competente que los anteriores, más técnico que ideológico; y especialmente, habrá que esperar la respuesta del Congreso.

La persona que escoja Boluarte para dirigir la Presidencia del Consejo de Ministros será fundamental para su supervivencia. Enlazar un contacto productivo con el Congreso le permitirá sobrevivir, pero los intereses particulares de los parlamentarios seguirán sobrevolando el Palacio de Gobierno.

El Ejecutivo y pocas personas en el legislativo desean nuevas elecciones, su intención es agotar el mandato por el que fueron elegidos democráticamente. En Perú, una nación donde lo imprevisible es lo más previsible, todo puede pasar. De momento, ya corre la nueva apuesta: ¿Cuánto durará Dina Boluarte en el cargo?