Cuando Pedro Castillo fue destituido el 7 de diciembre de 2022 por el Congreso de la República de Perú muchos hacían la apuesta de cuánto duraría su sustituta, la exvicepresidenta Dina Boluarte. Casi un año después, la mandataria se mantiene en el poder con altos índices de desaprobación, decenas de personas fallecidas en protestas antigubernamentales y una coalición de facto con el órgano legislativo.
Precisamente en esa jornada del año pasado Boluarte juró hasta 2026, es decir, hasta finalizar el mandato por el cual fue elegido Castillo cuando superó en las urnas a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Pocos días después, se arrepintió y anunció un proyecto de ley para adelantar las elecciones, como ya empezaban a pedir en las calles miles de personas. Sin embargo, el Parlamento rechazó cada uno de los dictámenes, pese a que varias provincias encabezaban unas multitudinarias manifestaciones exigiendo un anticipo de los comicios para que se fueran todos, tanto Boluarte y su gabinete, como los congresistas; que también fueron electos para el período 2021-2026.
En salones del Congreso se aplacó la opción de una salida democrática a la crisis social y política en Perú. En las calles se extirpó de forma salvaje, a través de una brutal represión estatal, como coincidió Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En mayo pasado la CIDH emitió un informe sobre lo vivido en las protestas en el país, en el cual concluyó que hubo “graves violaciones de derechos humanos”. Murieron unas 67 personas, de las cuales hasta 49 perdieron la vida en “enfrentamientos” con las fuerzas de seguridad públicas, pero varias organizaciones consideran que se trataron de asesinatos. Y la evidencia acumulada es abrumadora.
Solo en la región de Ayacucho la CIDH documentó la muerte de 10 personas, incluido un adolescente de 15 años, que en su mayoría fallecieron por impactos de armas de fuego. “Al ser perpetradas por agentes del Estado, las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. Además, al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre”, notificó.
Toma de poderes
En los últimos meses un sinfín de especialistas han comparado lo sucedido en Perú con lo que se vive en Guatemala, donde la población habla de un “pacto de corruptos” que controla la mayoría de poderes del Estado. En el país andino la muestra apunta a que siguen ese camino. Generalmente en América Latina la toma de poderes la lidera el ejecutivo, pero en este caso es el legislativo que encabeza la arremetida. En mayo, dos semanas después de la publicación del informe de la CIDH, el Congreso nombró como nuevo defensor del pueblo a un antiguo abogado de Vladimir Cerrón, líder del partido Perú Libre, llamado Josué Gutiérrez, quien además era investigado por los presuntos delitos de peculado, estafa y apropiación ilícita. Cuestionamientos no le faltaban.
A pesar de que Perú Libre y Fuerza Popular fueron enemigos acérrimos en 2021, cuando Fujimori denunciaba un supuesto fraude electoral, este año han erigido una nueva unión que incluso provocó la escisión de la agrupación izquierdista, donde exintegrantes denunciaron una alianza “contranatura”. La prensa local lo llamó “fujicerronismo”. Efectivamente en adelante ambas agrupaciones votaron en bloque en varias ocasiones, en un Parlamento donde no hay una mayoría y se necesitan consensos para sacar adelante cada ley y cada cambio, como el que hicieron con seis de los siete magistrados del Tribunal Constitucional. “Se quedaron sin Tribunal Constitucional”, reconoció la legisladora María del Carmen Alva en una sesión en Lima del Foro de Madrid, espacio político que reúne a la ultraderecha hispanoamericana, bajo el auspicio de Santiago Abascal y VOX.
Al mismo tiempo ha habido un acercamiento con la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien desmanteló fiscalías especializadas en violaciones de derechos humanos y desarticuló al equipo que investigaba el caso de los “Cuellos Blancos”, como se le conoció en Perú en 2018, cuando se divulgaron audios atronadores. Era el sonido que desvelaba la existencia de un club delictivo llamado “los Cuellos Blancos del Puerto”, compuesto por una red de jueces, políticos y empresarios que traficaban influencias. Uno de los más reconocidos fue el ex juez supremo y actual prófugo de la justicia, César Hinostroza, quien terminó destituido e inhabilitado bajo seis acusaciones, entre ellos el delito de presunta organización criminal.
Nuevo objetivo
La nueva prueba de esta intentona se dio a inicios de septiembre cuando el pleno del Congreso votó a favor de una investigación sumaria a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que, en última instancia, podría terminar con la remoción total de sus integrantes. Un escenario que ha generado alerta a nivel nacional e internacional. La propia JNJ afirmó que “la eventual remoción de sus miembros, sin un procedimiento preestablecido, sin una causal tipificada y con clamorosa carencia de fundamento, constituiría un quiebre del orden constitucional y del equilibrio de poderes en el Perú”.
Como ese ha habido varios pronunciamientos, entre los que sobresale el del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien se refirió a este asunto en la 54ª sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. “La investigación podría impactar la independencia judicial y la separación de poderes”, manifestó Türk al final de su alocución. “Le pido al Congreso que se ajuste a los principios de las Naciones Unidas sobre independencia de la Judicatura y respeto al equilibrio de poderes”, añadió.
Se trata de una institución independiente encargada de nombrar jueces y fiscales. Además, en pocos meses la JNJ debe evaluar la continuidad de las principales autoridades de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). No es poca cosa, la ONPE se encarga de organizar y ejecutar los comicios, así como procesos electorales como referendos y otros tipos de consulta popular. Mientras que la Reniec verifica las firmas para asegurar la identidad de las personas presentadas como afiliadas a partidos y confecciona el padrón electoral. Sumado a esto, en el seno de la Junta Nacional de Justicia hay graves acusacione contra Benavides.
La justificación
El grueso de congresistas acusan cinco faltas graves. En primer lugar, por un pronunciamiento de la JNJ respecto al proceso de antejuicio y juicio político contra la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos; quien a la postre fue destituida e inhabilitada de forma controversial. ¿Qué dijo la Junta Nacional de Justicia? Solicitó al Parlamento “mayor reflexión” sobre la inhabilitación de la función pública que planteaban en contra de Ávalos.
En segundo lugar, aducen una supuesta intromisión en la decisión de la Corte Suprema de Justicia para que tomara posición a favor de Ávalos en el caso. ¿La prueba? El testimonio de una fuente reportada por un medio de comunicación. Sin embargo, el presidente de la Corte, Javier Arévalo Vela, lo desmintió ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos –ente encargado de la investigación sumaria– de forma tajante: “No pueden abrir investigaciones por chisme (…) a mí nadie me ha presionado”.
La tercera falta grave es la interpretación de la JNJ al artículo 156 de la Constitución peruana respecto a la edad límite de sus miembros. Imelda Tumialán, presidenta de la JNJ, indicó en una entrevista al diario El Comercio que se trata de un “vacío” legal que, en todo caso, debería ser llenado y regulado por el propio Congreso. “Mire, ante el vacío, se comenzó un análisis jurídico. Se cuenta con informe de asesoría jurídica y un informe de Servir [Autoridad Nacional del Servicio Civil]. Ambos coinciden en el tema de que hay una regulación para efectos del acceso [a la JNJ]: entre 45 y 75 años. Y hay una norma explícita que señala que la vigencia en el cargo es de 5 años”, comentó. En ese sentido, reconoció que en la JNJ interpretaron ese vacío “porque está dentro del marco del bloque constitucional”.
La cuarta acusación apunta a la falta de cumplimiento para presentar informes anuales al pleno del Congreso. Sobre esto Tumialán contestó a Infobae Perú que la mesa directiva no lo pidió formalmente. “Se tiene que consignar en agenda. Y ahí señalar día y hora para ir y sustentar eso. En 2021 y 2022 ya se habían culminado los informes. Esperábamos que nos digan pues o, al menos, que considerarán un día, como no se hizo en años anteriores, para presentar los informes de gestión de los citados años. Pero no se hizo”, dijo.
Por último, se considera la supuesta filtración de información a un medio de comunicación sobre un procedimiento disciplinario seguido a la fiscal de la Nación. Cinco puntos que fueron rebatidos por Samuel Abad, abogado defensor de los miembros de la JNJ. De hecho, la propia Comisión de Justicia y Derechos Humanos se vio obligada a pedir 14 días más para investigar las supuestas faltas graves de la JNJ y presentar el informe definitivo, que luego será debatido y votado en el pleno para decidir el destino de la JNJ.
Previamente desacreditó este proceso el Sistema de Naciones Unidas en Perú, la Cámara de Comercio de Lima, el Instituto Prensa y Sociedad, la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú e incluso la Conferencia Episcopal Peruana, entre otras múltiples organizaciones nacionales e internacionales.
Muchos ya notan el corolario: el peligro se cierne sobre el Estado democrático y la división de poderes en Perú. La institución más rechazada del país, con 90% de desaprobación, planea adueñarse de otra institución clave en un copamiento abrumador.
Suscríbete y accede a los nuevos Artículos Exclusivos desde 3,99€
Si escoges nuestro plan DLG Premium anual tendrás también acceso a todos los seminarios de Descifrando la Guerra, incluyendo directos y grabaciones.
Apúntate a nuestra newsletter
Te enviaremos cada semana una selección de los artículos más destacados, para que no te pierdas nada.
