Los gobiernos de Evo Morales en Bolivia se extendieron entre 2006 y 2019, logrando cuatro victorias consecutivas en elecciones presidenciales: 2005, 2009, 2014 y 2019. En los tres primeros comicios, su fórmula electoral superó el 50% y, de hecho, en las de 2009 y 2014 se mantuvo por encima del 60% de los sufragios.
Con Álvaro García Linera como vicepresidente, Evo Morales dio un giro de 180 grados al sistema político boliviano, impulsando modificaciones –algunas coyunturales y otras de carácter más estructural– en la economía y el Estado bolivianos. Su ciclo de gobiernos se vio interrumpido abruptamente tras el golpe de Estado de 2019, que dio paso al gobierno interino de Jeanine Áñez.
Aunque un año después, en las elecciones de 2020, la izquierda boliviana recuperó el gobierno de la mano de Luis Arce, la ruptura con Evo Morales impide hablar claramente de una suerte de “continuidad” en el actual ejecutivo nacional en relación a las experiencias de gobierno de Morales. En suma, los años del “evismo” al frente del Estado boliviano se caracterizaron por una política económica de sendas transformaciones y por una política exterior alineada con la “marea rosa” latinoamericana.
El MAS-IPSP y las primeras elecciones
El Movimiento Al Socialismo (MAS) nace formalmente en 1997. Desde sus orígenes, guarda una estrecha colaboración con el indigenismo nacional y el movimiento sindical cocalero, y se asienta en los comicios del mismo año, cosechando un contundente 70% en Cochabamba. De aquellas elecciones obtendría Evo Morales Ayma, ya entonces líder del espacio, su banca como diputado, logrando capitalizar los reclamos de los movimientos sociales en los años posteriores.
Tras quedar segundo en las elecciones presidenciales de 2002, Evo Morales logró la victoria en 2005 con más del 50% de los sufragios. Los lineamientos declarados al asumir el puesto en el Palacio Quemado eran nítidos: desarrollo industrial, estatización de recursos cruciales para la economía boliviana y redistribución.
En realidad, el MAS-IPSP habría de gobernar con cierta facilidad durante sus primeros años, al menos en lo referente a las relaciones entre el ejecutivo y el legislativo.
En primer lugar porque, de las mismas elecciones en las que Evo Morales obtuvo la presidencia, emergió una Cámara de Diputados alineada con el partido: 72 de los 130 escaños. En segundo lugar porque las elecciones para la Asamblea Constituyente del 2006 también dotaron al MAS-IPSP de una notable mayoría: 137 de 255.
Estatizaciones y reforma agraria
Evo Morales heredó una economía estructuralmente frágil, pero en recuperación. El auge de los costes globales de las commodities daba una ventaja temporal al ejecutivo masista, que logró triplicar el PIB nacional de Bolivia durante sus años de gestión. La baja inflación, el leve déficit, el bajo desempleo y la estabilidad macroeconómica fueron factores determinantes para que la agenda económica de Evo Morales fuese exitosa y, además, le confiriese apoyo social.
La nacionalización de los hidrocarburos, que afectó a gigantes como Repsol, Shell o Petrobras, fue una de las grandes banderas de su gobierno. Decidido durante su primer mandato, el Estado boliviano pasó a controlar como mínimo el 51% de todos los yacimientos: ese era el porcentaje mínimo que le correspondía por ley a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
“Se acabó el saqueo de los recursos naturales por parte de las empresas petroleras internacionales”, afirmó en televisión. El cartel “NACIONALIZADO: Propiedad de los Bolivianos” colgó durante un tiempo de gasolineras y centrales de producción energética, asentándose como una verdadera seña de identidad del MAS-IPSP y del gobierno de Morales. Junto a los hidrocarburos, se procedió a la estatización de la red de ferrocarriles, de los servicios de agua, de la red de telefonía, de empresas vinculadas a la producción eléctrica y de varias minas.
La reforma agraria, otra de las banderas de Evo Morales y de los gobiernos del MAS-IPSP fue profunda, si bien según muchos analistas no fue realmente estructural. En la práctica, se trató de un proceso que tendía a otorgar derechos y tierras a los campesinos y a las comunidades indígenas y, simultáneamente, limitar el potencial conflicto con grandes terratenientes y latifundistas.
La cruda oposición de los grandes jugadores de la “media luna” boliviana limitó las pretensiones de un movimiento político que, por origen y definición, probablemente habría preferido llevar a cabo una reforma más intensiva.
En cualquier caso, el conflicto con estos sectores reforzó la imagen del presidente Evo Morales y le habilitó para determinadas medidas, como la titulación de 11,7 millones de hectáreas en favor de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) y las propiedades comunales. Empero, las expropiaciones no supusieron el grueso del proceso de redistribución de la tierra.
La Constitución de 2009
La cuestión agraria fue, además, protagonista durante los debates para la redacción de la nueva Constitución nacional. La Asamblea Constituyente, de mayoría del MAS-IPSP, aprobó en 2009 un nuevo texto supremo que, si bien garantizaba sendos niveles de autonomía a las comunidades indígenas y a la propiedad comunal, también reconocía el derecho a la propiedad privada de la tierra y limitó considerablemente el grado en el que se había afectado a los grandes tenedores de tierra, pues prohibía los latifundios –por encima de 8.000 hectáreas–, pero no aplicaba estos nuevos límites con carácter retroactivo.
Las concesiones a las comunidades indígenas en la Constitución de 2009 fueron suficientes como para garantizar a largo plazo amplios niveles de adhesión de los sectores indigenistas hacia el MAS-IPSP y hacia la figura particular de Evo Morales. Cuota de parlamentarios de origen indígena, sistema judicial indígena-campesino, autogobierno indígena, reconocimiento de sus territorios e instituciones históricas y exclusividad en la propiedad de sus recursos forestales.
En la nueva Constitución de 2009 se definió al Estado boliviano como “unitario social de derecho plurinacional comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías”.
La carta magna también concedió carácter de oficialidad a las lenguas originarias aymara y quechua, estableció la aconfesionalidad del Estado, garantizó formalmente derechos como el agua, la electricidad o el gas y reservó un artículo a la coca, definida como “patrimonio cultural, recurso natural renovable y factor de cohesión social”.
La política exterior de Evo Morales
De igual forma a como hicieran otros movimientos políticos en la región, como el Frente Amplio en Uruguay, el MAS-IPSP y los gobiernos de Evo Morales se enmarcaron nítidamente en la “marea rosa” latinoamericana.
Junto a gobiernos como el de los Kirchner en Argentina, el de Lula da Silva en Brasil o el de Rafael Correa en Ecuador, Morales impulsó una agenda exterior favorable a la integración regional y crítica con las prácticas injerencistas de Estados Unidos en América Latina. En simultáneo, los gobiernos del MAS duplicaron el presupuesto de las Fuerzas Armadas de bolivia, reorganizándolas y dotándolas de más recursos.
Cercano además a los gobiernos de Hugo Chávez en Venezuela y de Fidel y Raúl Castro en Cuba, la Bolivia de Evo Morales fue una de las principales impulsoras de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestro América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), una iniciativa liderada por Venezuela y la propia Bolivia que incorpora en la actualidad, además, a Antigua y Barbuda, Cuba, Dominica, Granada, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Santa Lucía.
En esencia, el ALCA emergió como contrapeso al Área de Libre Comercio de las Américas, defendida por Estados Unidos. De hecho, Evo Morales ganó sus primeras elecciones en diciembre de 2005, apenas un mes después de la cumbre en Argentina que quebró la alianza con Washington y en la que los emergentes gobiernos de la izquierda latinoamericana se plantaron frente al gobierno estadounidense de George W. Bush.
Además de impulsar el ALBA-TCP, Bolivia buscó activamente influir en otros gobiernos regionales, como el peruano y el colombiano, buscando que rompieran sus tratados de libre comercio con Estados Unidos. A su vez, y aunque existieron fricciones por asuntos gasísticos con Buenos Aires y Brasilia, indudablemente los ejecutivos masistas buscaron robustecer el latinoamericanismo, bajo la noción de la “Patria Grande”, en oposición a Estados Unidos y, en menor medida, a Europa.
Otro elemento central de su política exterior fue el reclamo por la salida al mar. Existiendo ya en la Constitución del año 2009 un artículo que defiende “el derecho irrenunciable e imprescriptible” de Bolivia sobre “el territorio que le dé acceso al océano Pacífico y su espacio marítimo” como “objetivo permanente e irrenunciable” del Estado, inició el 2013 un reclamo ante la Corte Internacional de Justicia.
Aunque fue desestimado, ello enrareció los lazos con Chile, sin que el asunto político de fondo se haya resuelto. El consenso marítimo sigue existiendo en la sociedad boliviana y, a su vez, la desconfianza desde Chile no ha desaparecido tras el reclamo de hace más de una década.
Conflictos y golpe de Estado contra Evo Morales
No fueron pocos los conflictos políticos y sociales a los que hizo frente Evo Morales desde el Palacio Quemado… y buena parte de ellos tuvieron una fuerte impronta ideológica y de clase. Además de alguna huelga dirigida por la Central Obrera Boliviana que supo sortear con cierta facilidad debido a la relativa cercanía política con la clase trabajadora organizada en el país, enfrentó protestas, como el ciclo de movilizaciones encabezado en 2011 por organizaciones indigenistas.
Quizá el conflicto de mayor calado hasta el año 2019 fue el de 2008. En aquel momento, líderes de la derecha boliviana en el entorno de la “media luna” boliviana –Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija– defendían una autoridad departamental en repudio al proceso constituyente que se encontraba liderando el gobierno de Morales y que devino en la Constitución de 2009. En ese contexto, estos gobernantes opositores favorecieron referéndums de autonomía rechazados por el ejecutivo y por las autoridades electorales.
El conflicto escaló hasta dejar muertos: 16 campesinos favorables al gobierno masista murieron en protestas contra los opositores, si bien la cifra total estimada asciende hasta los 30. Aunque el gobierno logró tumbar los reclamos maximalistas de la oposición derechistas en la “media luna”, es probable que algunas de las “concesiones” en la nueva Constitución se debieran a la presión ejercida por estos grupos.
Sea como fuere, el gobierno de Evo Morales fue terminado abruptamente en el año 2019 tras un golpe de Estado que rechazaba la validez de las elecciones de ese mismo año, en las que el líder del MAS-IPSP había logrado nuevamente la presidencia. Tras ello, se instaló el gobierno de Jeanine Áñez que debió convocar elecciones en 2020. En ellas, nuevamente el MAS-IPSP se impuso, aupando a Luis Arce a la jefatura del Estado.
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