El grito de victoria enarbolado por Pakistán tras el enfrentamiento militar con India de mayo de 2025 y los recientes éxitos diplomáticos se están viendo ahogados por una oleada de disturbios en la región de Azad Jammu y Cachemira (AJK).
Dicha provincia se encuentra a mitad de camino entre la Línea de Contacto (LOC) con India y la capital pakistaní, Islamabad. Una ubicación que multiplica la importancia del área para el Estado central.
La mencionada relevancia estratégica tiene el efecto secundario de agravar las tensiones socioeconómicas. En el plano económico se mezclan la falta de desarrollo del sector agrario y la vulnerabilidad del mismo frente al cambio climático con la crisis inflacionaria que vive Pakistán, la subordinación de las infraestructuras hidroeléctricas a las decisiones políticas de Islamabad –causa de los elevados costes de la electricidad– y la restricción del comercio debido a consideraciones de índole marcial.
A estos elementos se les deben añadir las tensiones políticas generadas por el complejo encaje de dicha región dentro de Pakistán. El carácter securitario de su ubicación geográfica convierte en omnipresente la influencia del Estado central en la política local. El 70% del presupuesto de la administración provincial proviene directamente de transferencias autorizadas desde Islamabad. Algo que, combinado con las actividades militares y la depresión económica, fagocita el clientelismo.
Dichas dinámicas se plasman tanto en la composición del legislativo como en la del ejecutivo del gobierno regional. Según la Constitución Provisional de 1974, 12 de los 54 escaños de la Asamblea Provincial se reservan a los refugiados originarios de Jammu y Cachemira que residen en el resto del país.
Paralelamente, los puestos de toma de decisiones son usualmente cooptados por dinastías políticas locales, como es el caso del actual presidente de la región, Mehmood Chaudhry, perteneciente al clan Chaudhry de Mirpur.
Este contexto ha venido alimentando un creciente malestar popular en AJK, el cual dio pie a que la sociedad civil se haya organizado en el Comité de Acción Conjunta Awami de Jammu y Cachemira (JAAC). Esta organización, a su vez, protagonizó importantes protestas en mayo de 2024. Sin embargo, el verdadero punto de ebullición del conflicto ha llegado tras el cese de hostilidades con India.
A principios de septiembre, el JAAC anunció una huelga general para finales de mes en toda la región con el fin de forzar al gobierno central a adoptar la llamada “carta de demandas de 38 puntos”. De entre las reclamaciones destacan: la abolición de las prestaciones y los privilegios de los funcionarios, la bajada de los precios de la electricidad y los alimentos, la eliminación de los 12 escaños reservados para los refugiados cachemires y la fijación de regalías para AJK por la producción hidroeléctrica.
Las protestas estallaron el 29 de septiembre en las principales ciudades. Allí, la muerte de un manifestante por los disparos de la policía hizo escalar la intensidad y el rango territorial de las manifestaciones.
Durante los siguientes días, la violencia dejó tres policías y seis manifestantes muertos. Ante el potencial escalatorio de la situación, Islamabad negoció con la JAAC una aceptación parcial de sus demandas a cambio de un cese de las protestas. Con todo, las tensiones se mantienen elevadas.
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