Crisis constitucional en Somalia (III): Diplomacia para nadie

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Escrito por Alejandro López.

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Somalia arrancó 2021 con un desencuentro entre las regiones que conforman el Estado federal para concretar la convocatoria de elecciones. A finales de 2020 debían haberse elegido los parlamentarios, aunque se renunció al sistema de sufragio universal señalado en los acuerdos del 17 de septiembre, pero se retrasó. El 8 de febrero debía haberse elegido al nuevo gobierno federal pero, tras varias reuniones consultivas, no se alcanzó el consenso con las regiones de Jubalandia, Puntlandia y, por supuesto, Somalilandia.

Tras estos desencuentros, candidatos destacados de la oposición –liderados por los ex Presidentes- dejaron de reconocer la legitimidad del gobierno de Farmaajo al frente de Somalia. Junto al apoyo de Jubalandia y, sobre todo, de Puntlandia, los opositores llamaron a las instituciones internacionales a intervenir y a la población a salir a las calles para protestar. Esta estrategia redundó en episodios de violencia armada en la capital, Mogadiscio, los días 18 y 19 de febrero. Desde entonces, las conversaciones solo fueron más y más tensas.

La negociación imposible

Mientras desde el gobierno central se llamaba a las regiones a volver a la mesa de negociaciones, tras la reunión parcial entre 4 de los miembros federados y tras la presión internacional hacia ambas partes, la oposición y las regiones siguieron en su huida hacia delante.

La oposición mantuvo sus movilizaciones. El gobierno federal había prohibido las reuniones públicas con la excusa de la lucha contra la pandemia, a tiempo para la primera movilización opositora. Tras los episodios violentos del día 19 contra el ex Primer Ministro de Farmaajo, Hassan Kheire, y los manifestantes, el Consejo de Candidatos Presidenciales -que unía ya a 15 candidatos opositores- volvió a convocar una demostración pública en el monumento de Mogadiscio, Daljirka Daahsoon, para el día 26 de febrero. Además, los candidatos habían pedido la “intervención” de actores internacionales, con el Consejo de Seguridad de la ONU a la cabeza.

Para saber más: Crisis constitucional en Somalia (I): Elecciones canceladas.

Puntlandia siguió arengando la retórica antigubernamental desde los Estados federales y la lista de demandas siguió aumentando. Anteriormente se había pedido una cesión sobre la representación de Gedo, región de Jubalandia; las precondiciones de retirada de tropas federales de Jubalandia y cuestiones técnicas que se concretaron con un informe del Comité Técnico Electoral mixto el 16 de febrero en Baidoa. Se argumentaba que el gobierno central se mostraba intransigente frente a los sujetos federales, que habían cedido en varios puntos durante el encuentro de Dhusamareb en febrero de 2021, así como en otros anteriores al acuerdo de septiembre de 2020 en Mogadiscio, Dhusamareb o Garowe. Desde el comienzo de la crisis constitucional el día 8 de febrero, a las demandas se unió la de que el Presidente Farmaajo asistiera a los encuentros adicionales en calidad de candidato –reconociendo que no se encuentra legítimamente en el cargo-, que incluyera en el mismo a otros actores políticos como los opositores –no invitados anteriormente- y a observadores internacionales. Posteriormente se exigiría también que se diera paso a un gobierno interino de transición a las elecciones, con la salida inmediata de Farmaajo del poder efectivo.

En este contexto, Puntlandia aumentó la apuesta presentando un polémico documento de condiciones:

• Aprobación de un decreto que limite los poderes legislativos y ejecutivos, anulando toda la legislación aprobada por el Parlamento desde el 27 de diciembre de 2020 y las órdenes ejecutivas aprobadas por el gobierno desde el 8 de febrero de 2021, cuando ambos órganos habrían perdido la legitimidad de sus ejercicios.
• Destitución de los encargados de los organismos de seguridad: Ejército, Policía e Inteligencia Nacional. Tras los choques armados del 19 de febrero se pide la designación de autoridades interinas de seguridad que no interfieran en la política.
• Investigación independiente de los incidentes del día 19 de febrero en Mogadiscio para depurar responsabilidades.
• Petición a los aliados internacionales para que incrementen su papel como garantes de implementación del acuerdo electoral del 17 de septiembre de 2020.
• Puesta en marcha de un arreglo basado en un calendario para implementar de forma efectiva el proceso electoral pendiente.
• Inclusión en el proceso electoral de los actores políticos del país -más allá de las regiones-, oposición y sociedad civil.
• Libertad de expresión, reunión y manifestación, permitiéndose las protestas.
• Elección de un lugar seguro en Mogadiscio para la realización de las reuniones consultivas con garantías de protección para los actores.

Y no fueron los únicos. La oposición se unió al clima de demandas de imposible conjugación con el gobierno federal y, el 24 de febrero, presentó su propia lista subiendo el tono al considerar que tras el aumento de la violencia política, resultaba impracticable un acuerdo con las autoridades federales. El opositor Consejo de Candidatos Presidenciales hablaba de la posibilidad de que esa violencia se repitiera durante las elecciones, por lo que los puntos redundaban en torno a un aumento de las garantías de seguridad, legalidad y la depuración de responsabilidades:

• Investigación independiente de los incidentes de los días 18 y 19 de febrero en Mogadiscio, incluyendo tiroteos contra los candidatos opositores y los civiles.
• Cesión del poder del “ex Presidente” Farmaajo a un Consejo Nacional de Transición.
• Acuerdo para los tres puntos pendientes en línea con el consenso de septiembre de 2020: composición de los comités electorales, modo de elección para los representantes de Somalilandia y la gestión de las elecciones en Gedo, Jubalandia.
• Participación del Consejo de Candidatos Presidenciales en las conversaciones electorales.
• Libertad de expresión, reunión y manifestación.
• Destitución de los encargados de los organismos de seguridad -Ejército, Policía e Inteligencia Nacional- tras verse implicados en los choques armados. Además se pide que las nuevas autoridades de seguridad firmen un compromiso no injerencista en política.
• Seguridad policial durante las elecciones.
• Nuevo calendario electoral para celebrar los comicios en no más de 60 días y con garantías internacionales.
• Elección de un lugar seguro para la realización de las reuniones consultivas. La elección presidencial –indirecta- sería en el mismo lugar que la de febrero de 2017.

Como se puede ver, las demandas opositoras siguen la misma línea que las de los Estados federales, únicos sujetos políticos reconocidos en esos momentos por el Consejo de Candidatos Presidenciales. Pero la línea dura esgrimida por estos tras los “intentos de asesinato” que denuncian de los días 18 y 19 de febrero se nota en cómo llevan más allá las demandas, en ese mencionado difícil concierto de intereses con las autoridades de facto. De hecho, se exige la salida inmediata de Farmaajo del poder.

¿Cómo recomponer la situación política?

Al día siguiente, el Primer Ministro Roble se lanzó a desatascar el conflicto mediante una reunión en Mogadiscio con la oposición, mediada por la presencia de algunas regiones: Galmudug, HirShabelle y Benadir. Después de mucha discusión, especialmente sobre la posibilidad de que la oposición pudiera participar en las conversaciones electorales, se acordaron algunos puntos:

• El gobierno federal lamenta oficialmente los hechos violentos que tuvieron lugar en Mogadiscio el 19 de febrero y expresa sus condolencias al pueblo somalí y a la Unión de Candidatos por la pérdida de vidas.
• Se reconoce el derecho constitucional a organizar y participar en manifestaciones pacíficas. Además, gobierno y oposición colaborarán para que se puedan celebrar manifestaciones pacíficas con protección gubernamental.
• Se acuerda posponer la manifestación prevista para el viernes 26 de febrero de 2021, que pasará a tener lugar en no más de 10 días.
• Continuará el diálogo sobre temas políticos y electorales, a fin de lograr elecciones libres y justas.

Tal y como se ve, Roble logró varios objetivos. El primero de ellos era detener la escalada de tensión política que amenazaba con precipitar un conflicto civil o un llamado a la insurrección. La oposición era, al fin, recibida por un miembro del gobierno federal. Otro de los objetivos, como era eliminar la protesta contra el gobierno federal, se logró parcialmente ya que al ser pospuesto se ganaba tiempo pero seguiría siendo necesario conversar en los siguientes 10 días. Al menos el gobierno central evitaba una demostración de fuerza opositora o una lamentable imagen de represión armada como la del día 19. Sin embargo, no se garantizaba que la oposición pudiera asistir a los encuentros de negociación política ni el destino del resto de las demandas, por lo que suponía un primer paso simple pero firme, con el lamento del gobierno por los sucesos violentos y la apertura de una investigación.

Pero la discordia no se veía tan numerosa como parecía. Una vez abordado el asunto de las manifestaciones y la apertura de la veda sobre la participación en los encuentros electorales, lo restante se concentraba en la destitución del gobierno y en la invalidez de sus nombramientos u órdenes ejecutivas. Esto último no se iba a producir porque supondría un suicidio para el gobierno federal pero, conscientes de ello, sabían que un arreglo electoral –si se alcanzaba la seguridad de una jornada limpia- allanaría el camino a dichas destituciones o invalidaciones, así como la inherente alternancia en el poder.

El Primer Ministro, Hussein Roble, trató de mantener ese canal de comunicación que su perfil más dialogante permitió abrir desde el gobierno federal con los opositores. El 1 de marzo realizaron un nuevo encuentro con vistas a la manifestación que se había logrado posponer pero se aproximaba. La fortuna del canal abierto por el Primer Ministro con la oposición siguió ofreciendo resultados prometedores. Tras el lamento por el ataque, finalmente se implementaría una comisión que investigara los sucesos del día 19 de febrero. Por otro lado, se acordó crear otra comisión para garantizar que la manifestación contra el gobierno federal ocurriera de manera pacífica y con seguridad. Dicha demostración en las calles finalmente se pospuso al día 6 de marzo.

Sin embargo, las felicitaciones por la perspectiva negociadora duraron poco. El Presidente Farmaajo decidió retomar las conversaciones con las regiones el día 4 de marzo, colocando el encuentro antes de la manifestación opositora pero sin invitarles a la negociación. No se anunció en principio quién asistiría al encuentro, ya que Puntlandia y Jubalandia seguían manteniendo sus reticencias con Farmaajo. Y la oposición acusó al Presidente de “socavar el acuerdo firmado con el Primer Ministro [Hussein Roble]”, llamando a todas las partes a boicotear el encuentro.

Para puentear el descontento, el PM Roble y los opositores mantuvieron un tercer encuentro en Mogadiscio el día 4 de marzo, cuando iba a tener lugar la reunión paralela de Farmaajo con las regiones –que no se llevó a cabo-. El inesperado éxito que estaba cosechando Roble con sus iniciativas atrajo de nuevo a otras figuras políticas a las conversaciones, como el Presidente de HirShabelle o el de Benadir. Sin embargo, el punto objeto del acercamiento fue difícil de convenir, de modo que el Ministro de Seguridad negó que estuviera en manos del gobierno federal la decisión de que la oposición pudiera unirse a las conversaciones electorales que se habían estado celebrando con los líderes regionales. Serían necesarias más conversaciones, pero al menos este formato fomentaba el acercamiento de posturas, lo cual no era poco.

Confusión y frustración en Mogadiscio

El día 5 de marzo, en víspera de la movilización opositora en la capital –tras la interrupción armada del 19 de febrero y la cancelación del segundo intento el 26 del mismo mes-, los candidatos que habían convocado la demostración de fuerza ya acusaban al gobierno federal de violar el acuerdo. Esto se debió, según el ex Presidente Hassan Sheikh Mohamed, a que se desplegaron fuerzas armadas en el lugar de la manifestación, forzando así a posponer la manifestación pactada con el PM Roble de manera pacífica. El Ministerio de Seguridad aseguró que el gobierno federal no estaba en contra de la manifestación pero hubo problemas técnicos para garantizar la seguridad del evento, negándose el gobierno a compartir la responsabilidad con otras fuerzas. La oposición anunció que en la nueva fecha, se harían cargo de su propia seguridad.

La oposición, airada, apuntó directamente a la comunidad internacional y envió una nueva carta conjunta a los responsables de exteriores de la Unión Europea, la Unión Africana, la Liga Árabe, la Organización de Cooperación Islámica, Reino Unido, Estados Unidos y Turquía por el empleo de las fuerzas de seguridad entrenadas por los dos últimos contra los manifestantes, la oposición y el “proceso democrático”. Incluso el Presidente de la nunca presente Somalilandia, Muse Bihi Abdi, culpó al gobierno federal por ocupar el poder fuera de su mandato constitucional y calificó a la población de Mogadiscio como “rehenes”. En este contexto de temor sobre el uso de las fuerzas entrenadas por entes extranjeros o contingentes internacionales, miembros de Al-Shabaab lanzaron varios ataques con mortero sobre el importante campamento Halane que alberga a las tropas de la Unión Africana y misiones diplomáticas como la Embajada de Estados Unidos en Somalia.

Finalmente el gobierno federal y las regiones lograron convenir una reunión, paso previo pero improbable a esas alturas para alcanzar un acuerdo que nadie esperaba. No obstante, hubo varias reuniones preliminares paralelas el 10 de marzo. Por un lado el líder de Jubalandia, Ahmed Madobe, y el líder de Puntlandia, Said Abdullahi Deni, exigieron la inclusión en las conversaciones de miembros de la oposición. Madobe se reunió con los expresidentes y ahora líderes opositores Hassan Sheikh Mohamed y Sheikh Sharif. En otro encuentro, Madobe se reunió con el candidato opositor Hassan Ali Khaire –ex PM de Farmaajo-. Por otro lado, el PM Roble también se reunió con algunos candidatos opositores. Madobe y Roble querían representar esa diplomacia que Farmaajo –y en algunas ocasiones Deni- se habían encargado de tensar. Lo cual no deja de ser curioso dado que el principal contencioso corre a cargo del choque protagonizado por el gobierno de Madobe en Jubalandia.

Sin embargo, las cosas no iban a ser tan sencillas. Pasaban los días y mientras Madobe y Deni seguían en Mogadiscio, no se producía la esperada reunión. Los líderes de Galmudug y Suroeste no se encontraban en el país, estaban de viaje en Turquía. Al tiempo que los opositores acusaban a Farmaajo de hacer descarrilar el proceso, las regiones cercanas al gobierno federal se negaban a realizar la reunión en la Base Halane, como se había convenido con Puntlandia y Jubalandia en su demanda por disponer de seguridad. Y es que Halane es la base de Mogadiscio donde se asentaban varias misiones diplomáticas entre las que se encuentran la Embajada de Estados Unidos y la misión de la Unión Africana. Al tiempo que los líderes cercanos al gobierno federal se encontraban en Turquía, sin fecha pública de regreso, se anunciaba la próxima visita del Ministro de Exteriores turco a Somalia, Mevlüt Çavuşoğlu, con visos a supervisar la crisis pre-electoral.

Al retorno de los líderes regionales, las reuniones preliminares no habían cesado con Madobe y Deni manteniendo un encuentro con Sheikh Sharif. Esta reunión sería crucial para cruzar intereses y posturas entre las regiones díscolas y los opositores, con Sharif como figura más prominente, ya que estos últimos seguían sin estar invitados a la negociación pre-electoral a pesar de los avances con el PM Roble. Los candidatos opositores se reunieron con los líderes de Galmudug y HirShebelle antes de la conversación que mantendrían con el gobierno federal. Posteriormente se anunciaría una reunión técnica formada por un comité mixto entre el gobierno central y los Estados para allanar el camino a la tan postergada reunión exploratoria. Puntlandia y Jubalandia rechazaron tener conocimiento de ningún comité.

Una nueva alianza

Y terminó de fraguarse una nueva plataforma contra el gobierno federal. El 18 de marzo se formalizó la creación del Consejo de Salvación Nacional. Los miembros de esta nueva alianza serían el Presidente Deni de Puntlandia, Madobe de Jubalandia, Abdi Hashi del Senado y Sheikh Sharif del Consejo de Candidatos Presidenciales –la alianza de una quincena de opositores-.

El papel de Sheikh Sharif se entendía en la marginación de la oposición durante las negociaciones, tomando Farmaajo el papel de candidato-presidente sin las garantías de independencia electoral, sumado a los diversos ataques y bloqueos durante los intentos de realizar una manifestación contra el gobierno federal. Los líderes de Puntlandia y Jubalandia han jugado un rol crucial como puente con la oposición y como piedra en el zapato de Farmaajo para hacer y deshacer el proceso electoral. Especialmente crucial es la cuestión de las tropas federales en la región de Gedo, Jubalandia, donde se teme que no se pueda dirigir el proceso electoral sin la interferencia federal. Por otro lado, Abdi Hashi Abdullahi es la cabeza del Senado, la Cámara Alta, y desde allí ha pedido formar parte nuclear de la elección del comité para la consiguiente elección indirecta de los parlamentarios de su natal Somalilandia, una designación que quería realizarse desde Mogadiscio. Para la elección de esos delegados Abdi Hashi pretendía formar un comité cercano a él con el que seleccionar a los miembros de las cámaras legislativas por Somalilandia. Además, Abdi Hashi sería el líder de esta nueva plataforma con dirección múltiple como representante del Consejo Político de Somalilandia.

Para saber más: Somalilandia, el sueño de la Gran Somalia cada vez más lejos.

Con todas las partes ya en Mogadiscio, la reunión seguía sin llegar. Ante el incremento de la presión internacional, especialmente en un comunicado estadounidense crecido en el tono, Farmaajo anunció al fin una nueva fecha para retomar las conversaciones. El impasse se estaba volviendo infinito y la Secretaría de Estado de Estados Unidos se estaba cansando. Se instaba a un urgente fin del estancamiento y bloqueo político en el país. La subida de tono se veía en que Estados Unidos pasaba de un simple procedimiento diplomático apoyando la negociación a un señalamiento sobre la violencia política, asegurando que “Estados Unidos apoya el derecho de los ciudadanos somalíes a protestar pacíficamente y se opone firmemente al uso de la violencia por cualquier parte”, en referencia a los hechos del día 19 de febrero.

Farmaajo tomó una serie de decisiones estratégicas: se comunicó que el 22 de marzo sería la fecha elegida para el retorno al diálogo pero se amplió por dos semanas la prohibición de realizar reuniones públicas con el pretexto de la pandemia de COVID-19 –dificultando que la oposición transija con las nuevas negociaciones- y mandó un refuerzo militar a la región de Gedo en Jubalandia, que soliviantó al gobierno regional –dificultando que las regiones díscolas transijan con las nuevas negociaciones-. El movimiento fue inteligente para poder continuar con el bloqueo pero haciendo que sea la nueva alianza opositora la que rompa los puentes, quedando el gobierno federal como favorecedor de un diálogo rechazado ante la comunidad internacional.

Para saber más: Crisis constitucional en Somalia (II): Violencia política.

Así ocurrió. El foro somalí de Salvación Nacional volvió a proponer una conferencia con todos los actores políticos implicados presentes y recurrió de nuevo a la búsqueda de apoyo en la Secretaría de Estado de Estados Unidos, la Unión Europea, la Unión Africana, la ONU, Reino Unido, la IGAD, la Organización para la Cooperación Islámica y la Liga Árabe. Se acusaba directamente a Farmaajo de querer descarrilar el proceso de diálogo mediante su uso partidista e incluso personalista de las instituciones, con especial énfasis en el golpe a la diplomacia que supone el despliegue militar en Gedo, contra las recomendaciones del comité técnico de Baidoa.

La diplomacia no estaba funcionando, con la comunidad internacional presionando cada vez de manera más insistente a los distintos nombres implicados en Somalia. Pero el país es estratégico para muchos actores internacionales y esta suerte de diplomacia para nadie no era tolerable y aún debía recrudecerse en su vehemencia.