Ciudadanía y religión en la India de Narendra Modi

Escrito por Àngel Marrades

La llegada al poder en 2014 del Bharatiya Janata Party (BJP) de Narendra Modi con su agenda hindutva, nacionalismo hindú, ha supuesto importantes cambios políticos y sociales. Las reformas de la ley de ciudadanía suponen el último intento del BJP de llevar a cabo sus aspiraciones nacionalistas que buscan cambiar la manera en que se define India, pasando así de la concepción del Estado-nación secular multicultural con sub-identidades nacionales, a la nación-Estado en que el último se amolda a las fronteras culturales de la nación. En este caso a lo que el hindutva ha entendido tradicionalmente como dijo su ideólogo Savarkar: “hindú, hindi, hindustano”, basando así el nacionalismo en la identidad religiosa, el lenguaje común y la unidad racial, en vez de en el Estado secular como unión de distintas culturas y religiones. Lo que se ha conocido como Hindu Rashtra.

Para expandir: El nacionalismo hindú

CAA, NRC, NPR

En diciembre de 2019 el BJP introducía la llamada Ley de [Enmienda] de Ciudadanía 2019 (CAA o CAB por sus siglas en inglés), consiste en una reforma que permite conceder la ciudadanía india a inmigrantes ilegales de grupos religiosos minoritarios que hayan huido de Pakistán, Bangladesh y Afganistán por su condición de minoría perseguida. Los grupos que se incluyen en la enmienda son hindúes, sikhs, budistas, jainistas, parsis y cristianos. Esto tiene dos consecuencias inmediatas: en primer lugar los tres países son de mayoría musulmana y sin embargo ninguna minoría musulmana perseguida, que las hay como los hazara, chiíes o ahmadíes, entra en la enmienda, lo que deja claras las intenciones del BJP de excluir a los musulmanes y a su vez culpar exclusivamente a los musulmanes de la persecución de minorías. Un ejemplo de país con minoría musulmana perseguida es Sri Lanka o Myanmar, de mayoría budista, con los Rohingyá. En segundo lugar la enmienda supone la primera vez que India determina la ciudadanía tomando la religión como criterio, esto abre la puerta a considerar una ligazón entre la religión que se profesa y el derecho a la ciudadanía. Los criterios para acceder a la ciudadanía bajo la CAA es estar refugiado en India antes del 31 de diciembre de 2014 y necesitarán demostrar 6 años de residencia, frente a los 12 años que se requería anteriormente.

A la CAA se le añaden otras preocupaciones, estas son el Registro Nacional de Ciudadanos (NRC) y el Registro Nacional de Población (NPR). Según la Ley de Ciudadanía de 1955 hay dos formas de tener la nacionalidad: por nacimiento (ius soli) o por descendencia (que padre o madre tengan la nacionalidad). En 2003 el gobierno del BJP de Vajpayee enmienda la Ley de Ciudadanía introduciendo tanto el NRC como el Censo obligatorio.

El NPR es una lista que incluirá a todos los residentes de India, tanto ciudadanos como no-ciudadanos con el objetivo de tener en 2021 un censo de la población, actualizando así el de 2011, es obligatorio este registro desde la enmienda de 2003 cuando se introdujo el Censo obligatorio. El propósito es crear una base de datos de identidad integral de cada residente habitual en el país. La base de datos contendría datos demográficos y biométricos. Los datos de NPR no pueden ser de dominio público.

Por otro lado el objetivo del NRC consiste en realizar un registro nacional de ciudadanos para como dice la Sección 14A de la enmienda de 2003:

“(1) El Gobierno central puede registrar obligatoriamente a todos los ciudadanos de la India y emitirle una tarjeta de identidad nacional”.

Sin embargo el NRC solo ha llegado a implementarse vagamente en el estado de Assam a partir de 2014, donde hay gran cantidad de migrantes debido a la guerra de liberación de Bangladesh de 1971; el objetivo por lo tanto aquí es buscar quienes pueden demostrar la residencia antes de la guerra y así poder identificar a los inmigrantes ilegales y deportarlos bajo la Ley de Extranjeros de 1946. Pero muchas personas carecen de certificado de nacimiento o documentos que prueben su ascendencia, por esta razón hasta 1,9 millones de residentes les ha sido imposible demostrar su nacionalidad y han sido puestos en una lista en agosto de 2019 por la cual podrían perder la ciudadanía. Pero muchas de estas personas son bengalíes hindúes, los cuales son una importante base de votantes del BJP, por lo que esto es un problema para el partido.

Ahora, ¿cuál es la preocupación de muchos ciudadanos que iniciaron las protestas y cuál es la conexión entre estas tres normativas? En primer lugar por aclarar no es lo mismo un registro de ciudadanía que un censo de población, el primero como hemos visto busca dar un certificado de ciudadanía y se utiliza para deportar o colocar en centros de internamiento a aquellos que no pueden probar su estatus de ciudadano. Mientras tanto el censo de población es anónimo y su propósito de principio no es identificar a la población en situación irregular, sino recabar datos para poder realizar políticas públicas redistributivas u otro tipo de iniciativas del mismo tipo.

La preocupación llegó cuando el gobierno declaró su intención de ampliar el NRC a todo el territorio en 2021. Teniendo en cuenta la coincidencia de que el NPR se realiza entre abril y septiembre de 2020 los manifestantes temen lo obvio, que los datos del NPR sean utilizados para el NRC. El gobierno además tiene autorización legal para ello pues la provisión de la Sección 14A de la enmienda de 2003 dice:

“(2) El Gobierno Central puede mantener un Registro Nacional de Ciudadanos Indios y para ese propósito establecer una Autoridad Nacional de Registro”.

“(3) A partir de la fecha de inicio de la Ley de Ciudadanía (Enmienda), 2003, el Registrador General, India, designado bajo la subsección (1) de la sección 3 de la Ley de Registro de Nacimientos y Defunciones, 1969 (18 de 1969) actuará como la Autoridad Nacional de Registro y él funcionará como el Registrador General de Registro de Ciudadanos”.

Quien actúa como Autoridad Nacional de Registro es el Registrador General de India. El problema aquí es que el Registrador General funciona también como el Comisionado del Censo de la India. La conclusión es que el gobierno puede hacer uso de los datos recogidos en el NPR para completar el NRC. Por último en 2014 el Ministro de Interior declaró: “El NPR es el primer paso hacia la creación del Registro Nacional de Ciudadanos Indios (NRIC) al verificar el estado de ciudadanía de todos los residentes habituales”. Claramente la intención del gobierno es utilizar el NPR para poder deportar a los ciudadanos irregulares.

Queda la duda de cual es el propósito de la Ley de Ciudadanía (CAA) en todo esto. Sencillo, como hemos dicho el problema de la NRC es su “brocha gorda”, pues muchos ciudadanos tienen complicado aportar registros ya sea de nacimiento o de ancestros, lo que provocó por ejemplo que en Assam bengalíes hindúes terminarán en Centros de Detención, algo que el BJP no desea. La CAA provee así de un “escudo” que protege a todos aquellos residentes que formen parte de algunas de las religiones que el BJP ha incluido en la ley, siendo los musulmanes un grupo que queda excluido, sujeto a la pérdida de derechos fundamentales.

Las protestas

Las protestas contra la CAA se funden también con los posibles planes del gobierno con la NPR y la NCR, sin embargo las protestas abarcan un espectro más amplio. La principal oposición a la CAA se encuentra en Assam (ver “ilustración 1”) y en otros estados del noreste. Esto se debe al Acuerdo de Assam entre el gobierno de India y los líderes del Movimiento Assam, que estableció la identificación y la deportación de inmigrantes ilegales, predominantemente bangladesíes como ya hemos mencionado por la guerra de 1971. Esta animadversión a lo extranjeros se debe a que los pueblos indígenas de la zona, asameses, temen la pérdida de derechos políticos, derechos sobre la tierra y la disolución de su cultura y su lengua. Las protestas en Assam por lo tanto son contra la posibilidad de que no se deporten a los bengalíes hindúes, muchos de Bangladesh, así como que llegue nueva inmigración bajo el auspicio de la CAA. La misma situación con menos fuerza ocurre con otro estado limítrofes del noreste como Tripura. Por otro lado la zona donde más apoyos recaba la CAA es el noroeste, esto se debe a que aquí se encuentran los principales feudos azafranes, conocidos como “hindi heartland”, los estados de Uttar Pradesh, Rajasthan, Gujarat y Madhya Pradesh. Es en estos estados en los que el BJP, y organizaciones hermanas, se han fundado, crecido y expandido.

Otro foco de las protestas lo encontramos en las comunidades musulmanas, que temen la pérdida de derechos fundamentales, recordemos que son el 14% de la población. Pero sobre todo, por encima de cuestiones locales, como Assam, o comunales, musulmanes, el CAA ha recibido una respuesta amplia en la calle a modo de protesta por el significado histórico que tiene en la definición del carácter de la república. Como decíamos en la introducción lo que se encuentra en disputa es la definición de la nación india, como decía Ashutosh Varshney: si como una secular, conducida por los valores de la tolerancia, el pluralismo y el sincretismo, o como una religiosa, siendo India el hogar de aquellos que consideran esta la tierra sagrada que pertenece a los hindúes. En el primer espacio es donde se encuadran estas protestas, la Ministra Jefe de Bengala Occidental dejaba claro que esta no era una protesta de hindúes contra musulmanes, como trataba de hacer ver el BJP. Uno de los sectores que más se involucró fueron los estudiantes universitarios, que vivieron duros enfrentamientos tanto con las fuerzas de seguridad como con los grupos paramilitares asociados al hindutva, que trataron de desalojar a los manifestantes atrincherados en los campus. Algunas de las universidad más afectadas fueron la Universidad Aligarh Muslim, Darul Uloom Nadwatul Ulama, Jawaharlal Nerhu o Jamia Millia Islamia, principalmente en Nueva Delhi. 

La última oleada de protestas, el 23 y 24 de febrero, se dio en vísperas, y durante, la visita de Donald Trump al país. Lo que pasó a llamarse como los disturbios de Delhi fueron los días más sangrantes de protesta. La violencia comunal desatada fue la peor desde 1950 y se han podido contabilizar oficialmente 53 muertes, pero muchos otro continúan desaparecidos, especialmente musulmanes que fueron el objetivo de las organizaciones paramilitares y policía. Grupos como Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) o el líder del BJP Kapil Misrha dieron un ultimátum público el día 23 ante la protesta contra la ley declarando que si la policía no limpiaba las calles sus partidarios se verían “obligados a salir”. Las ordenes el día 24 fueron claras: atrapar y matar a todo musulmán que encontrarán. Armados con palos, sables y pistolas al grito de Jai Shri Ram (Victoria a Lord Rama)  y ante la impasible mirada de la policía cientos de musulmanes, como Mohammad Zubair, fueron perseguidos, golpeados y asesinados. Varias mezquitas también fueron incendiadas por hindutva poniendo las banderas azafrán sobre sus minaretes. 

El gobierno, y Modi, tan solo llamaban a la calma. Mientras las calles se limpiaban y ardían Narendra Modi y Donald Trump se daban un fraternal abrazo en el evento Namaste Trump en Gujarat.

Hindutva avanza su agenda

Con la pandemia del coronavirus las protestas se han pausado, el gobierno pretenden continuar con su agenda y tiene mandato hasta 2024. Ahora la batalla por la implementación queda a la espera de que la actividad vuelva a la normalidad, por otro lado varios estado, como Bengala Occidental, Kerala, Rajasthan, Madhya Pradesh, Jharkhand y Chhattisgarh, con gobierno contrarios al BJP, ya han anunciado que no implementaran la ley. El Ministro de Interior respondió: “Los estados no tienen poder para rechazarla”. Cualquier conflicto en su aplicación quedará en manos de la Corte Suprema.

Con esta ley el movimiento hindutva consigue avanzar de nuevo en su agenda de redefinir el Estado indio, junto a otras iniciativas llevadas a cabo en 2019 el gobierno del BJP ha conseguido cumplir gran parte de sus promesas en este ámbito. Recordemos que la Corte Suprema dictaminó en noviembre de 2019 autorizar la construcción del templo de Ram sobre Ayodhya, lugar en que los hindutva destruyeron en 1992 la mezquita musulmana de Babri Masjid, el 5 de agosto de 2019 el gobierno revocaba el estatus especial concedido a Jammu y Cachemira y con las actuales enmiendas a las leyes de ciudadanía se avanza para la implementación en un futuro de un Código Civil Uniforme.