Las nuevas sanciones de Estados Unidos contra la Corte Penal Internacional (CPI) suponen una escalada en la estrategia de confrontación que la administración de Donald Trump ha adoptado contra el tribunal. El viernes 9 de octubre, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció las nuevas medidas en un comunicado de prensa.
Rubio afirmó que Estados Unidos prohibirá las transacciones con la CPI, cortando sus recursos y paralizando su capacidad de actuación. En concreto, Washington podría aplicar sanciones a las empresas que prestan servicios al tribunal. Además, el jefe de la diplomacia estadounidense instó a sus aliados a que “pongan freno a la Corte”, alegando que “muchos forman parte de la CPI y dependen de los militares estadounidenses para su defensa”.
Sea o no casualidad, lo cierto es que el anuncio llegó horas después de que se otorgara el Premio Nobel de la Paz a Navi Pillav, exmagistrada de la CPI. El Comité Nobel declaró que la concesión del galardón a la jurista sudafricana era un gesto de apoyo en un momento en el que “los jueces y las instituciones del derecho internacional están siendo objeto de ataques políticos”.
Este tipo de sanciones suelen prohibir a empresas con sede en Estados Unidos a colaborar o prestar servicios con la organización o institución afectada. Esto podría forzar el cierre de cuentas bancarias, la rescisión de pólizas de seguro y el bloqueo del acceso a determinados servicios y aplicaciones de software.
Además, se congelarían todos los activos de la CPI que se encuentren en territorio o manos estadounidenses, se impediría su acceso al sistema financiero y se restringiría el uso del dólar. Incluso podría ampliarse el alcance de las sanciones hasta penalizar a compañías extranjeras, presionando a los países que forman parte del tribunal a alinearse con la postura estadounidense.
Sin embargo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció un periodo de gracia de seis meses hasta que las medidas entren en vigor para buscar una solución negociada, así como otras exenciones relacionadas con las telecomunicaciones, el pago de pensiones y ciertas operaciones vinculadas con los detenidos.
¿Apoyar o no al tribunal?
Tras el comunicado de Rubio, las reacciones no se hicieron esperar. Los ministros de Exteriores de varios países aliados de Estados Unidos –Australia, Canadá, Dinamarca, Alemania, Francia, Italia, Japón, los Países Bajos y el Reino Unido– emitieron una declaración conjunta mostrando su apoyo a la CPI y rechazando las sanciones de Washington. No obstante, ninguno ha anunciado medidas concretas para revertir la situación.
Por su parte, la propia CPI instó a los Estados firmantes del Estatuto de Roma a adoptar medidas para proteger su labor. Aun así, parece que el tribunal lleva meses preparándose para eludir posibles sanciones, buscando alternativas europeas al software estadounidense y a las aseguradoras que operan con Estados Unidos.
Desde la Unión Europea, Kaja Kallas defendió el trabajo del alto tribunal y calificó el plazo de seis meses como una “oportunidad para el diálogo”. La Comisión Europea, por su parte, emitió un comunicado en el que lamentaba las sanciones y mostraba su disposición a aplicar “todas las medidas necesarias para que la CPI pueda llevar a cabo su labor”. Aunque, de nuevo, estas declaraciones no se han traducido en acciones concretas.
Algo menos tímida fue la respuesta de los 58 eurodiputados que emitieron una carta a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, pidiendo que se activara el Blocking Statue de la Unión Europea. Este instrumento fue diseñado para proteger a las empresas e individuos europeos de los efectos de las sanciones extranjeras.
Puede impedir que se ejecuten resoluciones judiciales extraterritoriales y que las compañías europeas perjudicadas soliciten indemnizaciones. Hay que recordar que este instrumento ya fue utilizado en 2018, cuando la primera administración de Donald Trump reimpuso las sanciones contra Cuba e Irán.
Estados Unidos contra la CPI
Las sanciones anunciadas suponen un salto cualitativo en la ofensiva de la administración Trump contra la Corte Penal Internacional. Es la primera vez que se sanciona al propio tribunal como institución y se amenaza con paralizar su funcionamiento. Sin embargo, no es la primera vez que Washington impone penalizaciones contra sus integrantes.
Durante su primer mandato, Donald Trump ya aplicó sanciones a dos funcionarios de la Corte, las cuales fueron revocadas durante la presidencia de Joe Biden. No obstante, con la vuelta del republicano a la Casa Blanca, el Ejecutivo estadounidense ha sancionado a otros 17 jueces, fiscales y funcionarios, entre ellos a su presidenta, Tomoko Akane.
La campaña de Estados Unidos contra la CPI se intensificó tras las órdenes de detención dictadas en 2024 contra funcionarios israelíes, especialmente contra el primer ministro Benjamin Netanyahu, por crímenes de guerra y de lesa humanidad contra la población civil en Palestina.
Aunque las desavenencias surgieron en 2020, cuando la CPI abrió una investigación sobre posibles crímenes de guerra cometidos en Afganistán, tanto por parte de los talibanes y el Ejército afgano como por las fuerzas estadounidenses.
Es importante destacar que fue en 2002 cuando el Gobierno de George W. Bush envió una carta al secretario general de la ONU notificando que Estados Unidos no ratificaría el Estatuto de Roma, firmado por el expresidente Bill Clinton. Unos meses antes, efectivos estadounidenses habían entrado en Afganistán, en lo que supondría una ocupación de 20 años. Desde entonces, la potencia norteamericana nunca ha formado parte de la CPI.
Tras el anuncio de las nuevas sanciones, la administración Trump se aleja aun más del tribunal y del sistema internacional basado en el multilateralismo y el derecho internacional surgido tras la Segunda Guerra Mundial.
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