El 1 de octubre de 2026, Pakistán bombardeó objetivos en las provincias afganas de Kunar y Helmand. Posteriormente, Islamabad afirmó que los ataques destruyeron dos campamentos y mataron a 22 insurgentes, mientras que las autoridades talibanas denunciaron nueve civiles muertos y Naciones Unidas contabilizó al menos diez, principalmente menores. Ninguna de estas versiones pudo verificarse de forma independiente.
Aparentemente, se trataba de un episodio más del intermitente conflicto que se desarrolla entre Pakistán y Afganistán desde finales de febrero de 2026. Sin embargo, había algo diferente en esta ocasión.
Horas después de los ataques, el Ejército pakistaní acusó al gobernador de Kandahar, Mullah Shireen Akhund, de haber acogido el 26 de agosto una reunión entre representantes del grupo Hafiz Gul Bahadur (HGB), Al Qaeda en el Subcontinente Indio (AQIS) y el Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA). La veracidad de la acusación sigue siendo incierta, pero sus implicaciones políticas trascienden la propia comprobación del encuentro.
Shireen no es una autoridad provincial secundaria: es un veterano dirigente talibán próximo al emir Hibatullah Akhundzada y ha participado como interlocutor en las conversaciones con Pakistán sobre el Movimiento de los Talibanes Pakistaníes (TTP) y la frontera.
La acusación añade una imputación más grave a la tesis pakistaní de que el Emirato es incapaz –o carece de voluntad– para contener a los grupos asentados en Afganistán.
Kandahar pasaría de tolerar la presencia de estas organizaciones a coordinar indirectamente las diferentes insurgencias que operan en territorio pakistaní. Con ello, el Ejército paquistaní está redefiniendo tanto la concepción securitaria que se tiene sobre los actores insurgentes como la naturaleza de las relaciones con Kabul.
El impacto interno del conflicto
Esta reformulación impacta de lleno en la política interna de Pakistán. Los vínculos étnicos, tribales y económicos que atraviesan la frontera, unidos a un discurso oficial que responsabilizaba al Emirato de proteger o tolerar al TTP, permitían al Gobierno de Jaiber Pastunjuá reclamar un papel propio en la gestión del conflicto.
Esta situación planteaba un problema adicional a Islamabad: el Ejecutivo provincial estaba encabezado por Sohail Afridi, dirigente del Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), la principal fuerza opositora al Gobierno federal.
La "guerra abierta" con Afganistán se estaba convirtiendo así en una plataforma de proyección política para la oposición al tándem cívico-militar encarnado por Shehbaz Sharif y Asim Munir. Desde Peshawar, Afridi cuestionaba las actuaciones federales adoptadas unilateralmente y exigía consultar a la Asamblea provincial, las jirgas y las comunidades antes de iniciar operaciones que pudieran provocar nuevos desplazamientos.
También proponía reforzar la Policía y el Departamento Antiterrorista provincial, involucrar a las autoridades locales y enviar a Afganistán una jirga integrada por representantes políticos, religiosos y tribales.
El relato construido alrededor de los bombardeos del 1 de octubre reforzó la posición de Islamabad en las conversaciones con el PTI de los días 3 y 4 de octubre. El Gobierno federal exigió al partido que respaldara las medidas antiterroristas, cooperara con las Fuerzas Armadas y renunciara a mantener contactos con Kabul al margen de la política exterior federal.
El PTI se negó a abandonar su capacidad para canalizar los agravios provocados por la campaña militar en su principal bastión territorial. El desacuerdo sobre los instrumentos de seguridad se convirtió de esta manera en un conflicto sobre quién podía representar políticamente a Jaiber Pastunjuá.
Afridi llamó entonces a los partidarios del PTI a marchar sobre Islamabad e intentó vincular las reclamaciones de su electorado con la exigencia de liberar a Imran Khan. El enfrentamiento culminó el 11 de octubre, cuando el presidente Asif Ali Zardari, siguiendo la recomendación del primer ministro Shehbaz Sharif, declaró el estado de emergencia e impuso el gobierno del gobernador en Jaiber Pastunjuá.
La decisión suspendió al Ejecutivo provincial, transfirió sus funciones al gobernador Faisal Karim Kundi y permitió desplegar al Ejército en virtud del artículo 245 de la Constitución. Afridi y varios miembros de su gabinete fueron puestos posteriormente bajo custodia preventiva.
La intervención no se limita a sustituir temporalmente al Gobierno provincial. Kundi administra la provincia con la asistencia de un consejo asesor de once miembros, presentado como tecnocrático.
Paralelamente, Islamabad ha creado una estructura administrativa específica para doce distritos fronterizos y antiguas áreas tribales, entre ellos Bajaur, Khyber, Kurram, Waziristán del Norte, Waziristán del Sur, Bannu y Dera Ismail Khan. Sus órdenes tendrán el mismo efecto que las decisiones del Ejecutivo provincial. Peshawar ha perdido así el control efectivo sobre el principal escenario de la guerra contra el TTP.
El pulso se ha trasladado ahora al terreno constitucional. Los artículos 232 y 234 permiten declarar una emergencia cuando una perturbación interna supera la capacidad de las autoridades provinciales y asumir las funciones de un Gobierno que ya no puede actuar conforme a la Constitución. El Parlamento aprobó las proclamaciones presidenciales el 15 de octubre, pero el PTI sostiene que Islamabad ha utilizado la insurgencia para neutralizar a un Ejecutivo elegido.
Las impugnaciones serán examinadas inicialmente por el Tribunal Superior de Peshawar, cuya primera vista está prevista para el 20 de octubre, aunque la controversia podría terminar ante el Tribunal Constitucional Federal. El resultado determinará si la centralización de la guerra permite también vaciar temporalmente la autonomía política de la provincia donde se libra.
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