La guerra ha vuelto a estallar en Etiopía. Cuatro años después del acuerdo de Pretoria –con el que se cesaban las hostilidades entre el Frente Popular de Liberación de Tigray (TPLF) y el gobierno etíope– los combates vuelven a sucederse en el norte del país, concretamente en las regiones de Tigray, Afar y Amhara.
El anuncio de la creación de la Alianza de Fuerzas Populares de Etiopía para la Supervivencia le añade más complejidad y alcance territorial al conflicto, lo que agrava el riesgo de convertirse en una guerra todavía más devastadora que la que, entre 2020 y 2022, acabó con la vida de centenares de miles de personas.
La nueva alianza reúne a organizaciones que hasta hace pocos años combatían en bandos enfrentados y que ahora comparten el mismo objetivo de acabar con el gobierno de Abiy Ahmed.
Su aparición vuelve a poner sobre la mesa las profundas fracturas territoriales y políticas que atraviesan Etiopía y plantea la cuestión de hasta qué punto se encuentra el país ante una crisis de su propio modelo de Estado e incluso de si lo que está en riesgo es su propia desintegración.
El (no) acuerdo de Pretoria
Para entender por qué Etiopía vuelve a encontrarse en una situación de guerra es necesario regresar al acuerdo de Pretoria. El pacto, firmado en noviembre de 2022, puso fin a dos años de enfrentamientos entre las fuerzas federales y el TPLF y permitió detener una de las contiendas más destructivas de la historia reciente de África. Las estimaciones sobre las víctimas varían, pero la Unión Africana ha situado en torno a 600.000 las muertes provocadas por el conflicto.
El acuerdo establecía el cese permanente de las hostilidades y contemplaba el desarme, desmovilización y reintegración de los combatientes del TPLF, la recuperación de la administración civil y el acceso de la ayuda humanitaria, e intentaba fijar las condiciones para resolver políticamente las cuestiones pendientes. De este modo, el acuerdo consiguió reducir drásticamente la violencia, pero dejó abiertos varios de los conflictos que habían alimentado la contienda.
Uno de los principales fue el del estatus de Tigray Occidental. Durante el conflicto, fuerzas amhara y eritreas ocuparon este territorio, siendo acusadas de genocidio contra la población tigriña. Esta zona quedó enclavada dentro de Tigray tras la reorganización territorial después de la caída de la junta militar del Derg a principios de los noventa, pero desde Amhara lo reclaman como propio.
Desde el TPLF exigen la salida de las fuerzas externas y el retorno de los desplazados, y acusan al gobierno central de haber aplazado indefinidamente la resolución de esta problemática.
Por otro lado, aunque Eritrea y las milicias amhara Fano tuvieron un papel decisivo durante la guerra con su apoyo al gobierno etíope, quedaron luego totalmente relegadas de las negociaciones de paz. Esta exclusión dejó fuera del acuerdo a dos actores que seguían teniendo una importante capacidad militar y cuyos intereses tampoco habían desaparecido con el final de las hostilidades.
En el caso de Eritrea, las relaciones con Adís Abeba se deterioraron progresivamente en los años posteriores, especialmente a raíz de las aspiraciones etíopes de obtener acceso al mar Rojo. Fano, por su parte, pasó de combatir junto al gobierno federal contra el TPLF a enfrentarse a él en 2023, después de que Abiy Ahmed anunciara la disolución de las fuerzas especiales regionales.
Se trató, por tanto, de un acuerdo diseñado para poner fin al enfrentamiento entre el gobierno central y el TPLF, pero que no consiguió cerrar cuestiones como las disputas territoriales, el retorno de los desplazados o la relación entre la autoridad federal y las distintas fuerzas regionales.
A medida que avanzaba la aplicación del acuerdo y estas cuestiones seguían sin resolverse, la situación fue escalando progresivamente. Adís Abeba acusaba al TPLF de no completar el proceso de desarme, al tiempo que este denunciaba que el gobierno federal no garantizaba la retirada de las fuerzas presentes en la región ni el retorno de los desplazados.
A esto cabe sumarle la propia crisis política que se abrió dentro de Tigray tras la firma de Pretoria y que terminó debilitando todavía más la posición de la región frente a Adís Abeba. Tras el acuerdo se creó una Administración Regional Provisional encabezada por Getachew Reda, pero sus relaciones con la dirección del partido se fueron deteriorando progresivamente.
Desde un amplio sector del TPLF se acusaba a Reda de privilegiar el pacto con el gobierno central frente a los intereses de los tigriña, iniciándose una disputa en la que una facción encabezada por Debretsion Gebremichael acabaría recuperando el control de la política regional y restaurando las estructuras anteriores a la contienda. Reda terminaría abandonando el TPLF y convirtiéndose en asesor de Abiy Ahmed.
Así, aunque Pretoria había conseguido detener una guerra abierta, no consiguió construir un nuevo equilibrio político capaz de integrar las distintas fracturas que atraviesan Etiopía. Algunas permanecieron congeladas durante los primeros meses de paz, mientras otras se transformaron en nuevos conflictos entre antiguos aliados.
El resultado fue un escenario en el que, cuatro años después, las tensiones entre Adís Abeba y Tigray volvieron a combinarse con los conflictos entre el gobierno federal y otros movimientos armados. La nueva alianza anunciada en septiembre no aparece así de la nada, sino sobre un mapa de problemas que Pretoria dejó en buena medida intacto y a los que ahora se añade una nueva dimensión con la unión de antiguos enemigos frente a un adversario común.
El mosaico de la guerra de Etiopía
La elección del término “supervivencia” para denominar a la nueva alianza no es casual, y representa en gran medida su retórica y sus objetivos políticos. Sus integrantes presentan su unión como una defensa de los distintos pueblos y comunidades que la forman, pero también como una manera de preservar la unidad de Etiopía ante lo que consideran una deriva que amenaza con fracturar el país.
En el comunicado con el que anunciaron su creación, las siete organizaciones advirtieron del “peligro de la desintegración” de Etiopía y justificaron su unión por la necesidad de acabar con el gobierno de Abiy Ahmed y establecer una transición política.
Desde Tigray, sus dirigentes han justificado la guerra como una lucha “contra la amenaza existencial para nuestro pueblo” y contra la “aniquilación nacional” que, según sus términos, pretende el gobierno etíope, llamando a la unión con el resto de comunidades que se enfrentan a estas mismas amenazas. De este modo, vinculan de forma inseparable la defensa de la supervivencia de los distintos pueblos con la preservación de Etiopía en su conjunto.
A grandes rasgos, su propuesta pasa por sustituir al actual gobierno, establecer una administración de transición y abrir posteriormente un proceso político y constitucional que permita redefinir las relaciones entre las distintas comunidades y territorios del país.
Esta relación entre la defensa de los pueblos y la unidad del Estado se encuentra en el centro de la propia concepción política de Etiopía. La Constitución de 1995 implantó un modelo de país basado en un federalismo de carácter étnico que reconoce a las llamadas “naciones, nacionalidades y pueblos” como sujetos políticos y concede a las regiones –cuyos límites se basan principalmente en criterios étnicos– un amplio grado de autonomía y el derecho a la autodeterminación.
El objetivo era integrar dentro de un mismo ente a comunidades con identidades, territorios e intereses diferentes, haciendo compatible su capacidad de autogobierno con la continuidad de Etiopía como Estado federal.
La amplitud de la nueva alianza permite entender que las fracturas que atraviesan el país no quedaron resueltas con la implantación de este sistema. Sus siete organizaciones proceden de seis de las doce regiones federales y representan una gran diversidad de las comunidades etno-lingüísticas del país.
Que movimientos procedentes de territorios y comunidades tan diferentes hayan acabado compartiendo un mismo frente muestra hasta qué punto estas tensiones atraviesan el conjunto de Etiopía.
Lo que convierte a la alianza en una novedad no es, por tanto, que todas ellas tengan una misma reivindicación, sino que movimientos surgidos de conflictos políticos y territoriales muy diferentes hayan encontrado un espacio común frente al gobierno federal, a pesar de partir de trayectorias históricas y concepciones sobre el Estado muy distintas.
El TPLF es quizás el ejemplo más evidente. Durante casi tres décadas, se erigió como la fuerza dominante de la política etíope, siendo prácticamente hegemónica dentro del Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope (FDRPE), la coalición que gobernó el país desde la caída del Derg en 1991 hasta la llegada de Abiy Ahmed en 2018.
Su actual defensa de la autonomía de Tigray y del federalismo se produce, por tanto, desde la posición de una organización que durante años ejerció una enorme influencia sobre el conjunto del Estado, lo que evidencia que la relación entre el poder central y las distintas regiones ha cambiado desde la llegada del actual primer ministro.
Por su parte, Fano representa una trayectoria diferente, vinculada al peso histórico que las élites amhara han tenido en la construcción y dirección del Estado etíope durante buena parte de su historia moderna, así como a las reivindicaciones territoriales y de seguridad que actualmente movilizan a una parte de esta comunidad.
Los oromo, por otro lado, han denunciado durante décadas su marginación política pese a constituir el grupo etnolingüístico más numeroso del país, una percepción de exclusión que ha alimentado diferentes movimientos nacionalistas y que encuentra en el Ejército de Liberación Oromo (OLA) una de sus expresiones armadas actuales.
A ellos se suman una facción del ONLF en la región Somali, Ugugumo entre los afar y el BPLM y el GPDM entre las comunidades de Benishangul-Gumuz, ampliando todavía más el alcance territorial de la coalición.
La convergencia entre estos movimientos se entiende en buena medida por su oposición al rumbo político adoptado por Abiy Ahmed. Desde su llegada al cargo, el primer ministro ha impulsado una mayor concentración de la autoridad política en el gobierno federal y un proyecto de construcción nacional que busca reforzar una identidad política común por encima de las divisiones étnicas, así como aumentar el peso de las estructuras federales frente a las regionales.
La creación del Partido de la Prosperidad en 2019, que sustituyó al antiguo FDRPE como formación gobernante, fue una de las principales expresiones de este proyecto. Mientras sus defensores lo presentan como una forma de superar la fragmentación política del país, sus detractores consideran que ha supuesto una pérdida de autonomía para las regiones y una creciente concentración del poder en Adís Abeba.
Para movimientos que parten de reivindicaciones tan diferentes, el enfrentamiento con la capital se ha convertido así en un punto de encuentro que hasta hace pocos años habría resultado difícil de imaginar.
El TPLF y Fano, antiguos enemigos durante la guerra de Tigray, comparten ahora espacio con el OLA y con organizaciones procedentes de otras regiones del país, uniendo conflictos que durante años habían permanecido separados. La alianza reúne así a actores que no necesariamente coinciden en cómo debería organizarse Etiopía, pero que identifican en la actual dirección del Estado un problema común
Las perspectivas de éxito de la alianza
La posibilidad de que la nueva alianza pueda convertirse en una amenaza efectiva para Abiy Ahmed dependerá en buena medida de su capacidad para transformar un objetivo común en una verdadera coordinación militar. Sobre el papel, la coalición reúne a fuerzas con presencia en varias regiones y permite al TPLF dejar de enfrentarse en solitario al gobierno federal.
Sin embargo, sus integrantes se encuentran separados geográficamente y mantienen ciertos objetivos diferentes, además de haber combatido entre ellos hasta hace pocos años. La propia alianza nace así con una importante capacidad potencial de presión sobre la capital, pero también con dificultades para establecer una estructura de mando y una estrategia común.
Los acontecimientos de las últimas semanas muestran que la guerra ya ha adquirido una dimensión territorial mayor que la del enfrentamiento entre el TPLF y el Ejército federal. Desde finales de septiembre, las fuerzas tigriñas han tomado varios aeropuertos y han avanzado hacia las regiones de Afar y Amhara, mientras que las tropas gubernamentales y sus aliados han lanzado una contraofensiva con bastante éxito.
La conquista de Alamata, en el sur de Tigray, por parte de efectivos gubernamentales, corta un posible avance del TPLF hacia Adís Abeba, así como la toma de territorios en Afar por fuerzas vinculadas al TPLF ha ampliado el frente hacia el este. De momento, los combates han provocado ya desplazamientos masivos y una fuerte presión sobre los servicios sanitarios y las cadenas de suministro.
Uno de los puntos estratégicos de la nueva ofensiva se encuentra precisamente en Afar. La región conecta Tigray con el corredor que une Etiopía con Yibuti, por donde circula la mayor parte de las importaciones y exportaciones del país, lo que añade a los combates una enorme dimensión económica.
Al mismo tiempo, los avances hacia Amhara vuelven a situar el enfrentamiento en territorios donde las relaciones entre Fano y el TPLF siguen marcadas por la disputa sobre Tigray Occidental, lo que puede dificultar la coordinación entre dos de los principales componentes de la alianza.
A esta dimensión interna se añade además el riesgo de una mayor implicación de los países vecinos. El jefe del Ejército etíope ha acusado a Eritrea, Sudán y Egipto de proporcionar apoyo a las fuerzas enfrentadas al gobierno, acusaciones que los tres han rechazado.
La situación es especialmente delicada en el caso de Eritrea, que combatió junto al gobierno etíope durante la anterior guerra y cuyas relaciones con Adís Abeba se han deteriorado hasta llegar a uno de los puntos de mayor fricción de los últimos años.
Una implicación directa de los países de la región transformaría todavía más la naturaleza del conflicto, conectándolo con las disputas por el acceso etíope al mar Rojo, la guerra de Sudán, la rivalidad entre Egipto y Etiopía por el Nilo o incluso las distintas disputas territoriales de Somalia.
Todo ello hace que el futuro de la alianza dependa no solo de su capacidad para mantener la presión militar sobre la capital, sino también de si consigue preservar la cooperación entre movimientos con intereses territoriales y políticos diferentes.
Su aparición ha cambiado ya la naturaleza del conflicto al conectar varios focos de insurgencia que hasta ahora habían evolucionado por separado, pero todavía está por comprobar hasta qué punto esa convergencia puede mantenerse en el tiempo y convertirse en una estructura capaz de disputar de forma sostenida el poder a Abiy Ahmed.
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