Kinsasa fue el escenario de violentos choques entre la oposición y partidarios del actual gobierno de la República Democrática del Congo (RDC), liderado por el presidente Félix Tshisekedi. Tras la intervención de la policía, numerosos manifestantes acabaron heridos de diversa consideración, entre ellos el líder opositor Martin Fayulu.
En un video publicado en sus redes sociales, Fayulu aparecía con la cabeza cubierta de sangre y, posteriormente, su propio equipo de comunicación afirmó que había recibido “un disparo en la pierna por parte de la policía”.
Los hechos ocurrieron el 12 de junio, cuando, convocados por la llamada Coalición 64, decenas de personas se dirigían al Parlamento para protestar contra el cambio constitucional que podría permitir a Tshisekedi presentarse a un tercer mandato. Tras ser atacados por simpatizantes de Tshisekedi –supuestamente miembros de la organización juvenil Fuerza de Progreso–, la policía dispersó la movilización con gases lacrimógenos.
Muchos manifestantes se refugiaron entonces en la sede del partido de Fayulu, Compromiso para la Ciudadanía y el Desarrollo (Ecidé), que fue atacada por la policía con piedras y mangueras de agua.
Según la propia formación, decenas de activistas habrían resultado heridos, algunos de ellos por disparos de munición real. Desde Ecidé incluso llegaron a afirmar que dos personas habrían fallecido, extremo negado tajantemente por las autoridades.
Por su parte, miembros del partido gobernante Unión para la Democracia y el Progreso Social (UDPS), como Agustin Kaguya, han acusado a Fayulu de simular la escena y de haberse arrojado tomate, insinuando incluso que detrás de las protestas estaría el presidente ruandés Paul Kagame.
Tshisekedi y la reforma constitucional
“No he pedido un tercer mandato, pero si el pueblo quiere, lo aceptaré”. Estas declaraciones de Tshisekedi a principios de mayo encendieron las alarmas entre la oposición, que desde hace semanas se manifiesta en las calles de diversas ciudades congoleñas contra lo que consideran como un intento de perpetuarse en el poder. Estas palabras vinieron, además, acompañadas por la advertencia de que, si la guerra en el este continúa, “no podremos organizar elecciones en 2028”.
La intervención del presidente unió como nunca antes a gran parte de la oposición, formando pocos días después la Coalición 64. Además de a Fayulu, incluye también al excandidato presidencial Moïse Katumbi y a otros importantes líderes políticos.
El número 64 hace referencia al artículo de la carta magna en el que se señala que “todo congoleño tiene el deber de hacer fracasar a cualquier individuo o grupo que tome el poder por la fuerza o lo ejerza violando la Constitución”.
En la presentación de esta plataforma política, calificaron en un comunicado al gobierno de Tshisekedi de “dictadura”, y llamaron al pueblo a movilizarse y a resistirse al cambio de la carta magna. Sin embargo, lejos de hacerle retroceder en sus planes, Tshisekedi ha adoptado nuevos pasos estos últimos días.
El 10 de junio, un congreso dominado por el partido oficialista votó un proyecto de ley que regula la organización de referéndums, lo que la oposición considera como el establecimiento del marco legal que permitiría la reforma constitucional a través de una consulta popular.
Aunque Kinsasa todavía no ha presentado públicamente una propuesta para modificar la Constitución de 2006, la oposición describe este proyecto de ley como el primer paso del “golpe de Estado constitucional” que pretende dar Tshisekedi. La carta magna congoleña establece que el presidente de la República es elegido para un mandato de cinco años, renovable una sola vez.
Por tanto, tras ser elegido en 2018 y reelegido en 2023, Tshisekedi no podría presentarse a los siguientes comicios. No obstante, de sus declaraciones se deduce su intención de volver a ser candidato, algo que solo podría lograr mediante la reforma.
Precisamente esta limitación fue la que impidió a Joseph Kabila volver a presentarse y permitió la victoria de Tshisekedi en 2018. Lo hizo, eso sí, en medio de una de las mayores crisis políticas de la historia reciente del país, después de que Kabila intentara sortear el límite posponiendo durante dos años la celebración de las elecciones. Aquella decisión desencadenó protestas masivas en todo el país, en las que murieron decenas de personas.
El caso congoleño está lejos de ser único en el continente, siendo varios los dirigentes africanos que, en los últimos años, han intentado mantenerse en el poder eliminando el número máximo de mandatos.
En los países vecinos de la República Democrática del Congo, Kagame suprimió este límite en 2015 a través de un referéndum, y Yoweri Museveni hizo lo propio en Uganda en 2005 para alargar su presidencia de forma indefinida. Por su parte, en Burundi, Pierre Nkurunziza se presentó a un tercer mandato en 2015 alegando que el primero no contaba plenamente, lo que provocó protestas masivas que fueron duramente reprimidas.
La oposición a Tshisekedi ya ha anunciado su intención de combatir con todas sus fuerzas cualquier intento del presidente de prolongarse en el cargo, convirtiendo el debate constitucional en un nuevo factor de tensión interna.
Se produce, asimismo, en un contexto político y de seguridad marcado por múltiples crisis, con el M-23 y otros grupos ocupando amplios territorios en el este y en plena emergencia sanitaria por el ébola. En este escenario, la población congoleña ve con preocupación el inicio de un nuevo conflicto que no hace más que superponerse a los ya existentes, profundizando todavía más en la fragilidad institucional del Estado.
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