La política de Pakistán en las últimas semanas se ha centrado en el proyecto de ley de la 27ª Enmienda Constitucional. Dicho borrador tiene dos grandes focos de actuación: el artículo 248 de la carta magna, que regula las relaciones del poder ejecutivo con las fuerzas armadas, y el artículo 175, que establece las facultades para la revisión constitucional.
El primer marco de actividad es el que más reticencias genera. De acuerdo con el proyecto de ley, el Jefe del Estado Mayor del Ejército se convertiría en el Jefe de las Fuerzas de Defensa, teniendo bajo su cargo a sus homólogos de la rama aérea y de la marina. Asimismo, el nombramiento de dichos puestos vendría dado por el presidente de la república y recomendado por el primer ministro.
El ascenso del Jefe del Estado Mayor del Ejército supondría la disolución del Comité de Jefes del Estado Mayor Conjunto (CJCSC), lo cual significa en la práctica el fin de la influencia de la armada y las fuerzas aéreas sobre el Comando Estratégico Nacional (NCA), el órgano encargado de la gestión del arsenal nuclear de Pakistán.
En este sentido, la reforma plantea la creación del cargo de comandante del NCA, que, pese a estar sometido a la validación del ejecutivo, debería provenir obligatoriamente de las filas del Ejército. Asimismo, se introducirían una serie de cambios fundamentales en cuanto al estatus de los oficiales con el rango de cinco estrellas.
Esta distinción sería reconocida de forma constitucional, lo cual, otorgaría una serie de privilegios. Entre las ventajas destacan la inmunidad ante procedimientos penales, la eventual ampliación de sus atribuciones, el establecimiento de una remuneración asociada a su rango y la conservación de todo lo mencionado una vez retirados de la vida castrense.
Todas las suspicacias recaen sobre Asim Munir, Jefe del Estado Mayor del Ejército de Pakistán. Ascendido a ese cargo pocos meses después de la caída de Imran Khan, su reciente papel en la confrontación contra India en mayo de 2025 le ha otorgado el rol de “héroe nacional” y le ha convertido en un socio necesario de un gobierno, el de Shehbaz Sharif, que se ve fuertemente impugnado por los partidarios del antiguo primer ministro.
Precisamente, del Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) es de donde proceden el grueso de las críticas. El exmandatario, ahora en prisión, niega haber sido consultado sobre la reforma y se opone a la misma. Esto está conduciendo a la Liga Musulmana de Pakistan (PML), la formación de la familia Sharif –cuyo bastión es Punjab– a negociar con su principal socio de coalición, el Partido Popular de Pakistán (PPP), de la dinastía política de Sindh, Bhutto.
Mientras en el poder legislativo se activan los mecanismos de la política dinástica y regional, en el judicial se espera un “terremoto político e institucional”. El proyecto de ley contempla la creación del Tribunal Constitucional Federal (FCC), el cual absorberá las facultades del Tribunal Supremo de revisión de la Constitución.
El centro de gravedad del poder judicial pakistaní se desplazaría irremediablemente al FCC, máxime cuando se contempla que los miembros de esta corte pasarían a ser parte del Consejo Superior Judicial, que hasta el momento es prácticamente monopolizado por los jueces del Tribunal Supremo.
Finalmente, la sombra de la interferencia del poder ejecutivo sobre el judicial se extiende sobre el FCC debido a los criterios de elección de los magistrados que lo compondrían. El presidente del FCC solo tendría un mandato de tres años y se vería obligado a jubilarse a los 68 años, unas condiciones que favorecen la politización de dicha corte.
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