La Australia del laborista Anthony Albanese ha recibido un importante revés diplomático en la considerada como su área de influencia tradicional. Después de dos años de intensas negociaciones y constantes retrasos, el acuerdo de defensa mutua entre Australia y Papúa Nueva Guinea, conocido como tratado Pukpuk, ha experimentado su enésimo aplazamiento.
Presionada por los intentos chinos de firmar un acuerdo de seguridad con Puerto Moresby, Canberra optó por desplegar una ofensiva diplomática encaminada a evitar dicho arreglo y posibilitar un tratado bilateral en materia de seguridad con su vecino septentrional. Y lo consiguieron. En 2023, ambos países firmaron el acuerdo bilateral de seguridad, en virtud del cual Australia aumentaba su patronazgo de las fuerzas armadas y cuerpos policiales de Papúa Nueva Guinea.
Con todo, eso no era suficiente para calmar los temores estratégicos de los legisladores australianos. La omnipresencia de Pekín en la región aviva la teoría del “arco de la inestabilidad”, una doctrina que conceptualiza a los países de Melanesia como un potencial foco de desestabilización regional e intromisión de terceras potencias. Por ello, Canberra insistió en elevar la asociación a un acuerdo de defensa mutua. Pero al hacerlo, Australia se inmiscuyó en las “pantanosas aguas” de la política interna papú.
El primer foco de reticencias son las fuerzas armadas de Papúa Nueva Guinea (PNGDF). Con apenas 4.000 efectivos, un acuerdo de defensa mutua con la antigua metrópolis suscita los temores de buena parte de la plana mayor de terminar completamente subordinada a los intereses estratégicos australianos y ser arrastrada a un conflicto entre potencias ajeno a las prioridades del país oceánico.
No se trata de una simple perorata. El ejército neoguineano protagonizó en 1997 la mayor crisis política de la historia del país. Al calor de la guerra civil en Bougainville (1988-1998), el gobierno de Julius Chan decidió contratar a la empresa militar privada Sandline. Ante ello, el comandante en jefe de las PNGDF, Jerry Singirok, se amotinó forzando la renuncia del primer ministro y la retirada de la compañía.
La política papú frena el acuerdo
Las renuencias no se limitan a las tensiones entre civiles y militares, sino que encuentran su máxima expresión dentro del propio ejecutivo. Los reportes sugieren que hasta seis ministros no se han personado deliberadamente en las negociaciones bilaterales. Unas ausencias a las que se han de sumar el énfasis público del primer ministro, James Marape, en el carácter no alineado de la política exterior de Papúa Nueva Guinea.
Las incongruencias del gobierno provienen del carácter “atrápalo todo” del principal partido del gobierno, el Pangu Pati (PP). Más allá del nacionalismo y el indigenismo, el PP funciona en la práctica como una enorme coalición de facciones a menudo enfrentadas. Marape tiene que congeniar a la “vieja guardia” con los nuevos cuadros tecnócratas mientras trata de contrapesar a las tres facciones territoriales más importantes: la de las Tierras Altas, la de las Islas y la de Port Moresby y la costa sur.
Finalmente, la debilidad de la posición de Marape ante el acuerdo se traslada a sus relaciones con sus socios de coalición y la oposición. Una coalición parlamentaria de 23 partidos y ocho diputados independientes sustenta al actual gobierno y le otorga el control del legislativo. Sin embargo, la posibilidad del acuerdo de defensa mutua con Australia la está haciendo tambalearse.
Los temores por la pérdida de soberanía y que el tratado sea interpretado como una provocación en Pekín, la falta de consulta sobre el mismo y las preocupaciones por la posible inmunidad del personal australiano en el país están alimentando una crítica cada vez más popular entre socios y rivales. Esta está siendo respaldada por los otros dos grandes partidos del país: el Partido Recursos Unidos (URP) y el Congreso Nacional Popular (PNC) del histórico rival de Marape, Peter O’Niell.
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