El 2 de junio de 2025, cinco integrantes de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), una unidad policial de élite, fallecieron en una emboscada de autoría aún desconocida en Frontera Comalapa, municipio fronterizo entre México y Guatemala. No se trataba de un hecho violento cualquiera, sino de un desafío directo al gobernador morenista de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar.
Los pakales –nombre puesto en referencia a un antiguo líder maya– son una unidad de policía militarizada conformada en su mayoría por antiguos miembros de las Fuerzas Armadas mexicanas. Y suponen la gran apuesta del actual mandatario estatal en cuestión de seguridad. Con ellos, Ramírez pretende controlar el conflicto desatado por la irrupción del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en un territorio tradicionalmente controlado por la Mayiza.
Consecuentemente, la reacción debía ser contundente. 24 horas después, las fuerzas del orden iniciaron operativos en el municipio. No tardarían en aparecer denuncias públicas de civiles reportando abusos por parte de las autoridades. El clima de tensión fue aumentando hasta que el 8 de junio finalmente se produjo el enfrentamiento contra los miembros del Cártel de Chiapas y Guatemala, una célula del CJNG.
Durante el tiroteo, los pandilleros iniciaron una huida en dirección a Guatemala. Una fuga que no amedrentó a sus perseguidores, quienes los siguieron al otro lado de la frontera. Allí, tanto el ejército como la policía guatemaltecas intervinieron evitando que la situación escalara. La reacción guatemalteca limitó el número de muertos a cuatro criminales abatidos –de entre los que destaca un líder regional– y propició la huida del resto.
Narcotráfico y crisis entre México y Guatemala
La crisis estaba servida. Desde el gobierno chiapaneco se ha criticado la actuación del país vecino y se ha acusado de colusión con el narcotráfico al Estado guatemalteco. En la Ciudad de Guatemala, el ministro de Defensa alabó públicamente la actuación de sus subordinados, mientras que desde el ministerio de Asuntos Exteriores se emitió una protesta formal. Frente a esto, Claudia Sheinbaum y su gabinete optaron por la desescalada. México se disculpó formalmente por la incursión armada.
Sin embargo, hay un actor clave en este asunto que está siendo ignorado: los Huistas. Hablar de los Huistas es hablar de la mayor organización criminal de Guatemala. Desde la década de 1990, este grupo controla el departamento de Huehuetenango –el área donde se produjo el incidente-, lo que le otorga el dominio de los dos principales pasos fronterizos con México.
Con esta posición estratégica, no tardaron en perfilarse como un socio natural de los cárteles. A principios de siglo, el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo establecieron sendas alianzas con ellos. Drogas, precursores químicos y migrantes cruzan diariamente la frontera bajo su tutelaje en dirección norte. Un fenómeno que los está colocando en el radar de Washington y la administración de Donald Trump.
En marzo de este año, Aler Samayoa Recinos “la Chicharra”, líder del grupo, fue detenido y extraditado a Estados Unidos en un hito en la lucha contra el narcotráfico en Guatemala. No obstante, su principal cabecilla, Darío Molina López “Don Darío”, permanece en libertad. Todo ello, mientras se registra un aumento de las conexiones con el CJNG en un contexto criminal marcado por la implosión del Cártel de Sinaloa.
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