Aunque la paz en el este de la República Democrática del Congo (RDC) parece aun lejana, en las últimas semanas han ocurrido hechos que permiten un moderado optimismo. Circunstancias que hasta hace poco se consideraban impensables –como ver sentados en una misma mesa al presidente ruandés, Paul Kagame, y al congoleño, Félix Tshisekedi– o el inicio de conversaciones directas en Catar entre el gobierno de la RDC y el grupo armado M-23, que aún controla las principales ciudades del este del país, apuntan a una posible apertura hacia la diplomacia.
El resultado de las conversaciones fue la firma de un acuerdo para el cese de los combates, emplazándose a seguir trabajando en la consecución de un alto el fuego permanente. En una declaración conjunta publicada por separado el pasado 23 de abril, ambas partes se comprometían al “cese inmediato de las hostilidades" y al rechazo "categórico a cualquier discurso de odio e intimidación”, además de instar a las comunidades locales a respetar estos compromisos. De forma relevante, el comunicado también reconocía la necesidad de abordar las “causas profundas” del conflicto.
No obstante, según fuentes presentes en la reunión, la declaración respondía a las insistentes presiones de Catar por presentar resultados tangibles, asegurando que las conversaciones continúan avanzando lentamente. El país del golfo Pérsico es el escenario de las primeras conversaciones directas del gobierno congoleño con el M-23, un extremo al que hasta ahora Kinsasa se había negado aduciendo que estas debían celebrarse con su principal patrocinador, Ruanda.
Aunque los combates han disminuido en los últimos días, varios actores clave del conflicto –como las milicias Wazalendo– han rechazado el diálogo directo con el M-23, denunciando que esto legitima la violencia como modo de ascenso político y genera impunidad. Este es, sin duda, uno de los principales obstáculos para la paz en el este congoleño, donde operan más de un centenar de grupos armados con intereses propios.
Las negociaciones parciales con alguno de estos grupos puede contribuir a disminuir la violencia de forma esporádica, pero, como se ha demostrado con anterioridad, esta seguirá perpetuando si no se abordan sus causas subyacentes. Sea como fuere, la noticia supone un alivio para la población de las regiones de Kivu Norte y Kivu Sur, cuyas capitales, Goma y Bukavu, fueron tomadas por el M-23 a principios de año. Desde entonces, miles de personas han muerto en los combates y decenas de miles han tenido que huir de sus hogares.
Estados Unidos en la República Democrática del Congo
Tras la mediación catarí, Estados Unidos también ha optado por erigirse en valedor del proceso de paz, buscando una estabilidad regional que asegure sus intereses estratégicos. El 25 de abril, el secretario de Estado, Marco Rubio, la ministra de Asuntos Exteriores congoleña, Therese Kayikwamba Wagner, y el ministro de Asuntos Exteriores ruandés, Olivier Nduhungirehe, anunciaron en Washington la consecución de un principio de acuerdo que, entre otros aspectos, enfatiza en el respeto a la soberanía del otro y a encontrar soluciones por “medios pacíficos”.
Al mismo tiempo, reconocieron sus “legítimas preocupaciones de seguridad en la región fronteriza compartida” y se comprometieron a “limitar la proliferación de grupos armados no estatales” y a abstenerse de brindarles apoyo militar. Cabe recordar que ambos países se acusan de patrocinar a milicias contrarias a sus gobiernos, ya sea el M-23 en el caso de Ruanda o las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda por parte de la RDC. A su vez, se emplazaron a nuevas reuniones que deberán derivar en un tratado de paz integral.
El acuerdo “esboza un camino hacia la paz, la estabilidad y el desarrollo económico integrado”, declaró Wagner tras su firma. Este último aspecto es especialmente relevante y causa directa de la intervención de la administración de Donald Trump en el conflicto. Ambas parte acordaron la creación de un “marco de integración económica regional” de forma gradual, el cual estaría respaldado por “inversiones significativas” en sectores como la minería.
Desde hace semanas, Washington no oculta su intención de intervenir en el conflicto como un modo de asegurar el flujo de minerales estratégicos en una región extremadamente rica en recursos como cobalto, tantalio, cobre u oro. En una entrevista para Reuters, el asesor principal para África, Massad Boulos, reconoció que, antes de la firma de una paz definitiva entre Ruanda y la RDC, ambos países deberán sellar acuerdos económicos bilaterales con Estados Unidos que permitan a empresas estadounidenses y occidentales invertir miles de millones de dólares en proyectos de minería e infraestructura.
Boulos declaró desde Doha que la tregua definitiva se firmaría al mismo tiempo que un acuerdo sobre minerales con la RDC y “otro similar, pero de diferente tamaño, con Ruanda”. Boulos no dudó en reconocer que el acuerdo con la RDC sería de “mucha mayor escala” al tener “muchos más recursos”, pero puso en valor el papel de Ruanda en el “procesamiento, la refinación y la comercialización” de estos minerales.
De este modo, dejaba entrever lo que es un secreto a voces: que Ruanda se lucra del saqueo sistemático de la inmensa riqueza congoleña que cruza fácilmente la frontera gracias la extrema inestabilidad del este del país desde las guerras de la década de los noventa.
A la vez que asegurar el suministro, Washington también busca contrarrestar la influencia de China en la región, quien mantiene grandes acuerdos mineros tanto con la RDC como con Ruanda. Desde hace tiempo, Estados Unidos busca revitalizar el Corredor Lobito, una ruta por la cual los minerales congoleños saldrían al Atlántico a través de Angola, en detrimento del corredor hacia China vía los puertos tanzanos. Sin embargo, esto no resultará sencillo, pues Pekín es el principal socio comercial de la RDC y ha invertido fuertemente en el país desde hace años.
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