Ubicados en Irak, entre los territorios limítrofes y disputados con la Región Autónoma del Kurdistán, se encuentran los yazidíes. Los yazidíes son una minoría étnica que debe su nombre a la religión con raíces zoroastristas que profesan, la cual los ha llevado a ser tildados en reiteradas ocasiones como ‘‘adoradores del diablo’’. Como consecuencia, los yazidíes cuentan con una larga historia de opresión que se remonta al siglo XII d.C., encontrando entre el último de los setenta y cuatro ferman sufridos –palabra en el dialecto kurdo kurmanyi designada para ‘‘masacre’’– los ataques perpetrados por el Estado Islámico en agosto de 2014.
Justificado en razones religiosas, el tratamiento del Estado Islámico a los yazidíes difirió en gran medida de aquel dispensado a musulmanes y cristianos. Cuando el ISIS irrumpió en la región de Sinjar, asedió la aldea de Kocho y, tras doce días, acabó sistemáticamente con la vida de los hombres y de las mujeres mayores, llevándose consigo a los niños menores de catorce años para utilizarlos como niños soldados. Las muertes se estiman en torno a 5.000, pero su cuantificación supone una labor aún en curso, quedando más de ochenta fosas comunes pendientes de excavar.
El Estado Islámico contra las yazidíes
Con todo, el género, junto con la edad, se convirtieron en las dos categorías que dictaminaron el destino particularmente inhumano al que se vieron abocadas niñas y mujeres: más de 5.800 yazidíes fueron raptadas, expuestas a conversiones forzadas al islam y sufrieron diferentes formas de violencia sexual –entre las que figuran violaciones, esclavitud sexual, prostitución y embarazos forzados–, recogidas por el Estatuto de Roma y tipificadas como crímenes de guerra o genocidio por la resolución 1820 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Algunas de ellas lograron escapar por su propia cuenta, pero es sobre todo gracias al pago de rescates por parte del Gobierno Regional del Kurdistán iraquí (GRK) que se consiguió el retorno de más de 3.500. Una estimación de la Oficina para las Yezidíes Secuestradas en Duhok situaba en julio de 2024 a 2.600 yazidíes que continúan desaparecidas.
Pese al impacto mediático y la trascendencia de la esclavitud sexual y la compraventa de mujeres y niñas en mercados como los de Mosul o Raqqa (Siria), en los que eran dispuestas como meras mercancías, continúa sin proporcionarse la respuesta requerida a la cuestión yazidí: organizaciones como Amnistía Internacional o Save The Children advierten de que no se ha cumplido con las obligaciones de reparación ni se ha producido un reconocimiento generalizado de la masacre de Sinjar como genocidio, el cual conforma el episodio más reciente de una longeva trayectoria de violencia de género ejercida de manera intra y extracomunitaria.
Los sucesos de Sinjar de 2014 no son la primera ocasión en la que la violencia sexual se ha llevado a cabo contra las yazidíes como vehículo para la asimilación o erradicación de la comunidad. Y es que, si las mujeres kurdas cuentan con una doble opresión en tanto como mujeres y como kurdas, la situación se agrava aún más para las yazidíes, minoría dentro de las minorías.
En la larga trayectoria de persecución sufrida, el rapto y violencia sexual acometida contra las mujeres yazidíes cuenta con antecedentes históricos que se remontan al Imperio Otomano, el cual no concedió el estatus de minoría en el sistema millet a la comunidad yazidí, tratando de impulsar su conversión al islam, secuestrando a las niñas y mujeres para forzarlas a casarse con sus soldados. A finales del siglo XX, durante el gobierno de Saddam Hussein, al igual que los kurdos, los y, en especial, las yazidíes fueron víctimas de la campaña Anfal –en la que fueron habituales violaciones, secuestros y otras formas de abuso–.
Asimismo, la opresión histórica padecida por las yazidíes se circunscribe en un contexto patriarcal, caracterizado por una sociedad mayoritariamente rural, regida por un sistema de castas endogámico y organizada en torno a la familia extensa. Los varones cuentan con la obligación de proveer el sustento económico, así como la protección, y asegurar que el honor –concepto clave que establece que el prestigio del grupo reside en la ‘‘puridad’’ de sus mujeres– sea preservado.
La concepción conservadora del rol que las yazidíes han de asumir en la sociedad como meras cuidadoras se traduce en su reclusión al ámbito privado, la prevalencia de altas tasas de analfabetismo, matrimonios infantiles, violencia doméstica y un alto control de su sexualidad: prácticas como la interrupción voluntaria del embarazo pueden acarrear el ostracismo y expulsión de la comunidad.
En relación a esta última cuestión, y pese al estigma que ha podido suponer, algunas de las yazidíes supervivientes al Estado Islámico han tratado de visibilizar sus vivencias y los condicionantes que aún enfrentan, convirtiéndose en actores claves de la causa yazidí. El caso más destacado es el de Nadia Murad, galardonada con el premio Nobel de la Paz en 2018.
Como relata en The Last Girl: My Story of Captivity, and My Fight Against the Islamic State, Nadia tenía 21 años cuando el ISIS entró a Kocho. Tras la muerte de su madre y de seis de sus nueve hermanos, Nadia fue vendida en doce ocasiones durante los dos años que duró su cautiverio y violada múltiples veces hasta que pudo escapar en Mosul.
La reconstrucción tras el genocidio yazidí
Pese a la derrota militar del Estado Islámico, las consecuencias de la ofensiva de 2014 continúan siendo palpables. Las mujeres yazidíes se hallan sumidas en un continuum de violencia caracterizado por graves carencias respecto a sus necesidades más básicas. En torno a 280.000 yazidíes permanecían hasta julio de 2024 como desplazadas internas en los 15 campos de refugiados ubicados a lo largo de la región del Kurdistán iraquí, principalmente en la provincia de Duhok, junto con otros 370.000 refugiados procedentes de Siria y del resto del Irak federal.
En los campamentos la situación es no solamente absolutamente precaria desde el punto de vista material, sino que las yazidíes se ven desprovistas de la asistencia psicológica necesaria para poder afrontar un trauma de la magnitud del vivido, no solo por la experiencia de privación de libertad y abuso a manos del Estado Islámico, sino también de la completa destrucción del tejido social previo.
Las organizaciones en terreno advierten de un aumento de los problemas relacionados de salud mental en los últimos años, haciendo hincapié en la preocupante incidencia de los casos de suicidio. La capacidad de acción ante semejante envergadura es limitada, ya que esta depende de la obtención de fondos que permitan poner en marcha proyectos con una perspectiva prolongada.
Especialmente complicadas son las circunstancias de aquellas que han dado a luz como resultado de las repetidas violaciones sufridas durante su secuestro. En función de la Ley del Estatuto Personal iraquí de 1974, para el registro de los niños y niñas nacidos fuera del matrimonio es necesario incluir una prueba de paternidad, además de la fecha y lugar de nacimiento. Dada la incapacidad de obtener cualquier tipo de reconocimiento por parte del padre, estos niños y niñas, que pueden llegar a tener diez años, son apátridas, lo que implica que son incapaces de acceder a servicios sanitarios o educativos.
A aquellos impedimentos de índole legal se suma el rechazo por parte de la propia comunidad: pese a que el líder espiritual, Baba Sheikh, declarase en 2019 que las mujeres que habían conseguido sobrevivir y regresar del cautiverio ejercido por el ISIS debían ser reaceptadas, el miedo al ostracismo y al repudio de sus hijos –los cuales son observados como potenciales yihadistas debido a la violencia a la que fueron expuestos durante su entrenamiento y experiencia como niños soldados– ha llevado en algunos casos a situaciones trágicas como el abandono por parte de las madres.
O bien los niños y niñas han sido abandonados en los campamentos para poder regresar con sus familias, o bien las madres han decidido quedarse con sus hijos e hijas en los campamentos, nuevamente, sin ningún tipo de sustento económico más allá de la asistencia proporcionada por oenegés. En la actualidad, organizaciones como EMMA o Wadi han solicitado al gobierno regional del Kurdistán iraquí y al ejecutivo del Irak federal nuevos desarrollos legislativos, o en su defecto, realizar excepciones en estos casos para que únicamente sea requerida la documentación de la madre para poder otorgar un certificado de nacimiento.
Lejos del relato de victimización mediático y orientalista –por el cual, las mujeres no-occidentales han de ser protegidas de la barbarie de los hombres islámicos– que ha tratado de imponérseles, las yazidíes han llevado a cabo acciones para conseguir el reconocimiento internacional del genocidio. Estas han contribuido significativamente a la labor de la UNITAD –el equipo de investigación de Naciones Unidas para promover la rendición de cuentas por los crímenes cometidos por Daesh–, logrando que integrantes o colaboradores del Estado Islámico sean llevados a los tribunales.
A este respecto, bajo el principio de jurisdicción universal, durante los meses de mayo y junio de 2023 se llevaron procesos judiciales en Países Bajos y Alemania contra varias mujeres casadas con miembros del ISIS, acusadas de ser cómplices de esclavitud y crímenes de guerra.
Como se ha mencionado, la máxima exponente en este caso ha sido Nadia Murad, cuya campaña de propugnación ha desempeñado un rol esencial en animar a otras yazidíes a compartir sus testimonios y en el reconocimiento del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas del genocidio yazidí en 2015, seguido del de Estados como Alemania (2014), Países Bajos (2021), Bélgica (2021) y Reino Unido (2023).
Perspectivas de futuro
Dada la magnitud de la tragedia, fueron varios los Estados ubicados en Europa, así como Australia y Canadá, que han puesto en marcha iniciativas de reubicación y que facilitaron a los yazidíes la concesión del estatuto de refugiado en los primeros momentos tras la irrupción del Estado Islámico. El principal ejemplo es Alemania, país que alberga la mayor diáspora de yazidíes, aproximadamente 250.000.
En 2014, el estado federado de Baden-Wurtemberg anunció la implementación del Special Quota Humanitarian Admission Programme, albergando entre sus objetivos la recepción de 1.000 mujeres y niños en situación de vulnerabilidad del norte de Irak. No obstante, el balance de su puesta en práctica es agridulce.
Si bien se han dado cuenta de experiencias positivas de integración en la sociedad alemana, especialmente por parte de las yazidíes más jóvenes –quienes han remarcado las posibilidades brindadas de acceso a una formación educativa y laboral y de poder huir de la inestabilidad de la región–, también se han percibido críticas relacionadas con la escasa preparación con la que ha contado el programa y la limitada consideración del contexto cultural.
Las mujeres yazidíes denuncian que, en ocasiones, han resultado privadas de las prestaciones requeridas y han recibido un tratamiento paternalista, siendo restringida su libertad de movimiento y alojadas en instalaciones no adaptadas, de manera aislada al resto de otras participantes o de la diáspora. Esto ha sido subrayado como nocivo dado el fuerte componente gregario de su sociedad, especialmente a la luz del trauma colectivo vivido.
En esta línea, que los hombres hayan sido excluidos, dificultando la reagrupación familiar, ha sido un incentivo para que varias mujeres desearan abandonar el programa. A los fallos en la implementación en los programas de acogida hay que sumar el incremento de deportaciones en los últimos meses tras un memorándum de entendimiento entre el gobierno iraquí y alemán. Aun cuando en un inicio debía permanecer en secreto, filtraciones revelan que incluye cooperación en materia migratoria.
Por otra parte, la situación en Sinjar dista mucho de ser estable. Aunque el gobierno federal declarase que el retorno de los desplazados internos conformaba una de sus prioridades, y pese a los fondos destinados, Sinjar continúa siendo una región salpicada por la inseguridad y la violencia, viéndose afectada por el conflicto entre milicias relativas al PKK, al KDP, y que, en última instancia, se entrelazan con las dinámicas de luchas de poder regionales entre Irán y Turquía. A ello hay que añadir la destrucción de un 80% de las infraestructuras esenciales y la persistencia de minas antipersona.
Con todo, el mayor óbice al retorno generalizado a Sinjar son las tensiones interétnicas y la destrucción del tejido social como resultado de los ataques de 2014. En abril de 2023, el regreso a la zona de un grupo de árabes suníes que habían sido desplazados tras la irrupción del ISIS generó una protesta a raíz de que una mujer yazidí identificase entre ellos a uno de sus secuestradores.
Como respuesta, una campaña de odio se desató en redes sociales, difundiendo información falsa e imágenes antiguas, según las cuales se acusaba a los yazidíes de haber incendiado una mezquita. Estos episodios son una muestra del recelo existente entre los yazidíes y sus vecinos. La posibilidad de volver a sufrir nuevas persecuciones, se estime justificada o no, y de convivir con sus antiguos agresores se interpone ante un hipotético restablecimiento de una convivencia pacífica y duradera. Según datos de la OIM de abril de 2024, únicamente el 43% de los yazidíes desplazados han vuelto a Sinjar.
Ciertamente, los, y en particular, las yazidíes se hallan en una suerte de limbo: no pueden regresar a su región de origen debido a la inestabilidad que continúa presentando, la ausencia de una familia a la que volver, y el miedo a la estigmatización; y, una década más tarde, su permanencia en los Estados occidentales se ve obstaculizada. Quedando mayoritariamente a merced de la ayuda humanitaria, su supervivencia se ve agravada con el paso del tiempo y el deterioro de su situación, la inacción de la comunidad internacional, y la decisión del gobierno iraquí de cesar la ayuda a todos los campos de desplazados internos.
A pesar de fijarse como fecha inicial el 30 de julio, la implementación total de esta medida fue postergada hasta finales de año. A fecha de enero de 2025, esta aún no ha sido llevada a cabo, y son previsibles reticencias para poder alcanzar un acuerdo con el KRG sobre el retorno de los refugiados y desplazados internos. Con todo, los campamentos de Suleimaniya ya han sido claudicados, forzando el desplazamiento de sus residentes sin ninguna garantía de seguridad.
Ante este horizonte, organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch y el propio António Guterres, secretario general de Naciones Unidas, advierten de que se torna indispensable que el gobierno iraquí, con el conjunto de la comunidad internacional, vele por la reparación de los yazidíes evitando una mayor degradación de sus condiciones de vida.
En este sentido, la Ley de las Supervivientes Yazidíes, aprobada por el parlamento iraquí en 2021, supone un avance significativo, si bien su aplicación continúa presentando problemas, contando con criterios restrictivos que descuida las necesidades de los niños y niñas resultado de las violaciones del Estado Islámico.
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