"Jubalandia suspende de forma oficial y completa las relaciones y la cooperación con el gobierno federal de Somalia", anunciaba el parlamento regional el 29 de noviembre. Dos semanas antes, el gobierno del Estado más meridional ya había anunciado la ruptura de los vínculos con Mogadiscio, un paso similar al que dio Puntlandia en marzo de 2024. Con este nuevo episodio, Somalia continúa inmersa en una crisis política crónica que se arrastra desde 1991, incrementando el riesgo de nuevos conflictos armados y de una posible desintegración territorial.
El detonante ha sido la reforma del sistema electoral. A finales de octubre, las autoridades somalíes organizaron conversaciones de alto nivel con los líderes regionales del país, de las que surgió la creación de un marco para la introducción de elecciones por sufragio universal.
Su primera prueba deberían ser las elecciones locales de junio de 2025, seguido de las parlamentarias en noviembre de ese mismo año. Somalia no ha organizado comicios por sufragio universal desde los años posteriores a su independencia en 1960, rigiendo actualmente un sistema indirecto en el que los parlamentarios son escogidos por los líderes de los clanes.
Jubalandia rechazó con contundencia el acuerdo, argumentando que amenazaba tanto su propia autonomía como la estabilidad de todo el sistema federal. En su lugar, llevó a cabo elecciones siguiendo el método tradicional, en las que Ahmed Mohamed Islam "Madobe" fue reelegido como presidente de Jubalandia. El gobierno federal anunció desde el primer momento que no reconocería los resultados, alegando que todo el proceso se realizaría “al margen del marco legal” somalí.
La tensión ha ido en aumento con el paso de los días y Jubalandia optó por fortificar sus puertos y preparar a sus tropas para evitar un posible desembarco del ejército federal. A su vez, ha exigido al gobierno somalí que se retire de Raskamboni, una estratégica ciudad a pocos kilómetros de la frontera con Kenia, advirtiendo de una “firme acción militar” de no cumplirse. Esta situación podría beneficiar a la insurgencia de Al Shabab, en retroceso en Jubalandia en los últimos años, facilitando sus ataques transfronterizos.
En el plano diplomático, desde ambos bandos se han emitido órdenes de arresto contra los líderes de la administración contraria. El Tribunal Regional de Banadir reclamó la detención de Madobe, acusado de “traición” por “compartir información clasificada con un país extranjero”, así como de “socavar la unidad nacional”. Por su parte, un tribunal de Jubalandia ha exigido el arresto del presidente somalí, Hassan Sheij Mohamud, por “traición”, “conspiración con Al Shabab” y “abuso de poder”. Desde Jubalandia acusan al gobierno somalí de “pisotear la Constitución”, así como de querer “encender guerras civiles y conflictos tribales”.
El marzo de 2024, la región semiautónoma de Puntlandia ya había anunciado que dejaba de reconocer al gobierno federal tras la introducción de varias enmiendas constitucionales que ampliaban las prerrogativas presidenciales. Puntlandia consideraba que estas reformas socavaban el sistema federal del país, orientándose hacia una estructura territorial centralista.
Ahora, el paso dado por Jubalandia debilita todavía más la propia estructura política somalí, con dos regiones que no reconocen al gobierno central, Somalilandia independiente de facto desde hace más de tres décadas y la persistente presencia de Al Shabab en el centro y sur del país.
Suscríbete y accede a los nuevos Artículos Exclusivos desde 3,99€
Si escoges nuestro plan DLG Premium anual tendrás también acceso a todos los seminarios de Descifrando la Guerra, incluyendo directos y grabaciones.
