El asesinato de la espía que rompió el gobierno federal de Somalia

Por Alejandro López.

Somalia ha vivido desde febrero de 2021 una crisis especialmente acuciante dentro de su habitual inestabilidad política. La disputa entre oposición, regiones y gobierno federal por la materialización del acuerdo electoral de septiembre de 2020 llevó a combates en Mogadiscio tras un intento del Presidente, Mohamed Farmaajo, por dilatar la cuestión al menos 2 años más. Una vez que el Primer Ministro, Mohamed Hussein Roble, fue elegido como figura mediadora entre las partes, las aguas se calmaron. Sin embargo, la crisis política seguiría los derroteros del diferendo constitucional durante todo 2021, para ello tuvo que producirse una nueva ruptura: la del Presidente y el Primer Ministro.

Un asesinato y muchas sospechas

Según lo convenido en el acuerdo mediado por el Primer Ministro el 25 de julio debían comenzar los casi 3 meses de elecciones previstas, comenzando por el Senado. No obstante, miembros de la comisión electoral confirmaban a AFP el retraso en el inicio de los comicios por la tardanza de las regiones en la formación de los comités locales y en la formación de listas electorales. Suroeste retrasó las elecciones por la salida de su presidente, Abdiaziz Hassan Mohamed “Laftagareen”, del país; Galmudug las retrasó por un receso parlamentario hasta agosto; y Puntlandia por problemas técnicos en la elección. La primera consecuencia se veía en el subsecuente retraso en las elecciones al Congreso desde el 12 de septiembre al 2 de octubre.

Sin embargo, septiembre comenzó con otra grave crisis que impediría el mantenimiento de los acuerdos. El nuevo choque comenzó por el asesinato de la agente de inteligencia, Ikran Tahlil Farah. La muerte de la miembro de la Agencia de Seguridad Nacional e Inteligencia (NISA) fue achacada inicialmente a Al-Shabaab tras un secuestro en julio, pero el grupo negó la autoría. La familia de Farah tampoco apoyaba la teoría de la responsabilidad de los yihadistas ya que cuando fue secuestrada “estaba con gente en la que confiaba de la agencia [NISA]”. La familia pedía la reapertura de la investigación.

La segunda crisis constitucional

El PM Roble destituyó al jefe de la NISA, Fahad Yasin, y le sustituyó por Bashir Mohamed a nivel interino, encargando un informe sobre el caso. Aquí comienza el choque entre Presidente y Primer Ministro, cuando Farmaajo rechazó su destitución, calificando la decisión de Roble como ilegal y anticonstitucional. Farmaajo dijo a Yasin que se mantuviese en el cargo y le entregase a él el informe sobre la investigación de la muerte de la agente. En este primer conflicto entre los dos líderes, la oposición y las regiones díscolas se mostraron a favor de Roble y apoyaron la destitución de Yasin.

En el comunicado de Roble se hacía referencia a toda una retahíla de artículos constitucionales violados por Farmaajo, lo cual sin duda había facilitado el retraso de las elecciones al Senado hasta septiembre. En referencia a la Constitución Provisional que rige el país, Roble señala los artículos 99 y 100 sobre la potestad del gobierno para nombrar y destituir altos oficiales gubernamentales y sobre la potestad del PM para nombrar y destituir ministros, respectivamente. Sobre la suspensión de sus poderes, señala a los artículos del 87 al 90 por no contemplar vías en que el Presidente podía interferir en las atribuciones del PM. De manera más hostil que en los meses en que Roble había servido de mediador, en este momento señalaba la violación del artículo 91 de la Constitución, que limita el mandado del Presidente a 4 años desde el día de la toma de poder –en este caso el 8 de abril de 2021-.

Algunas teorías apuntaban a que la agente Farah conocía un acuerdo de seguridad secreto, largamente rumoreado, por el que Somalia habría estado enviando reclutas militares a Eritrea para ser entrenados y participar en la guerra contra Tigray. Esta posibilidad ha sido ampliamente confirmada sobre el terreno en Etiopía, implicando a Catar en el fraude por el que los reclutas llegaban a Eritrea engañados al pensar que recibirían una oportunidad laboral en el sistema catarí. Lo que no se conoce es el nivel de conocimiento que la agente podría tener o si acaso era esta la temática, pero la teoría surgió directamente de un ex director de la NISA.

Farmaajo propuso un tercer nombre para la NISA, aceptando la salida de Fahad Yasin –pasaría a ser su Consejero de Seguridad Nacional presidencial- pero sustituyéndole al frente de la agencia por Yasin Abdullahi Farey, una persona de su confianza, en un intento por desatascar el conflicto sin dejar de controlar la NISA. Roble rechazó también este nombramiento, ordenó al Ministro de Información que eliminara esos anuncios, reafirmó a la NISA que debía trabajar con Bashir Mohamed y acusó a Farmaajo de “interferir en la investigación sobre el asesinato de la agente […] impidiendo a la justicia investigar el caso”. Se produjeron tiroteos en torno a la sede de la NISA tras los cuales lograría asumir la dirección el candidato de Farmaajo, Farey. No obstante, ante la nueva demanda de la familia de la agente, cada sector propondría una investigación y los familiares apoyarían la del sector de Roble.

La ruptura federal

Si bien la crisis ya era importante, se volvió mucho más intrincada ante la falta de un procedimiento legal para dirimir legitimidades y prerrogativas constitucionales para establecer nombramientos o destituciones. Así, Roble nombró un nuevo Ministro de Seguridad, Abdullahi Mohamed Nur, clave para el control de las fuerzas de seguridad e inteligencia. Además Nur era un perfil que no apoyaba la continuidad de Farmaajo al frente del gobierno más allá de su periodo de mandato. Farmaajo no reconoció este nombramiento, lo calificó de “ilegal, no procesal e inconstitucional” y siguió reconociendo al anterior Ministro, Hassan Hundubey. El aliado de Farmaajo y líder del Congreso, Mohamed Mursal, declaró nulo el nombramiento del PM Roble al no haber pasado por el parlamento.

El presidente Farmaajo no dudó en seguir escalando la disputa: suspendía los poderes del PM Roble, coartando su capacidad para hacer nombramientos. Éste respondería de nuevo con un diferendo constitucional imposible de dilucidar sin instituciones reguladoras, ya que lo tomaba por “ilegal e inconstitucional” mientras dicha suspensión se diera bajo condiciones de interinidad.

Tras la crisis de Farmaajo con Djibuti durante la auditoría que un equipo yibutí de la IGAD realizó en Jubalandia en plena crisis con Kenia, la aparente detención de su recientemente nombrado Consejero de Seguridad Nacional, Fahad Yasin, en Djibuti, volvía a endurecer el tono entre ambos países. Sin embargo, aunque el presidente temía la pérdida de su fiel consejero, pudo volver a Turquía para regresar a Somalia.

Las heridas que no cicatrizarían

Hubo que esperar hasta finales de octubre para que el PM Roble y el presidente Farmaajo acordaran el fin de la segunda gran crisis constitucional en un año. Tras varios encuentros mediados por Laftagareen, líder de Suroeste, entre el propio Farmaajo y los cargos designados por el PM, se acordó un arreglo. Yasin Abdullahi Farey, elegido por Farmaajo, podría continuar al frente de la NISA; Abdullahi Mohamed Nur, elegido por Roble, podría continuar como Ministro de Seguridad; y Bashir Mohamed, elegido por Roble para la NISA pasaría a ser el nuevo Ministro de Obras Públicas. Farmaajo lograba así mantener el control sobre la inteligencia y seguridad nacional mientras Roble asentaba su poder en el gabinete de gobierno. Y de nuevo sería un acuerdo ad hoc el que sustituiría al Estado de derecho en su concepción constitucional.

Este tipo de parche serviría para poner fin a la segunda crisis constitucional en 2021, aunque esta tuviera un cariz triple –jefe de la NISA, Ministerio de Seguridad y Primer Ministro-. Pero el hecho de que la figura centrada políticamente en el escenario somalí desde mayo rompiera definitivamente con Farmaajo, eliminaba la posibilidad de una nueva mediación en una eventual tercera crisis constitucional que, además, no tardaría en llegar. Tras finalizar las elecciones del Senado, Somalia aún debía continuar las elecciones al Congreso, la elección de los líderes de las cámaras y la del Presidente. Parecía poco probable que el proceso continuase sin mediación posible entre los actores, sin instituciones reguladoras constitucionales y con continuos acuerdos ad hoc alcanzados mediante la presión de un potencial conflicto militar entre las partes, al tiempo que Al-Shabaab no puede más que mirar y aprovechar la inestabilidad.