Mientras el mundo miraba a las elecciones en Estados Unidos, el 5 de noviembre también se celebró un referéndum constitucional en Catar, aunque el objeto de la votación era completamente diferente.
El país árabe llevó a cabo una votación que marcó un giro significativo en la estructura de su sistema político. En el plebiscito se incluyeron 19 enmiendas propuestas a la Constitución, siendo la más destacada la eliminación de las elecciones para el Consejo de la Shura, el órgano legislativo consultivo del país, estableciendo un Consejo completamente designado por el Emir.
Los orígenes del referéndum
Esta decisión pone fin a un experimento de corta duración con la participación ciudadana en elecciones legislativas, la cual tuvo lugar en 2021 y generó una serie de tensiones sociales al exponer las limitaciones de los derechos políticos para los ciudadanos naturalizados, quienes en aquella ocasión no pudieron ni votar ni postularse como candidatos.
El nuevo texto constitucional de Catar introduce una serie de cambios que, en apariencia, buscan aumentar la inclusión política al eliminar la distinción entre “ciudadanos originales” y "ciudadanos naturalizados" para ocupar puestos en el Consejo de la Shura y cargos ministeriales.
Hasta ahora, esta distinción reservaba derechos específicos para los ciudadanos originales, aquellos cuyos ancestros residían en el país antes de 1930, manteniendo a los ciudadanos naturalizados en una categoría separada y con menos derechos en la vida política. Este tipo de sistema, basado en la ciudadanía por origen, es común en los Estados del Golfo, donde los privilegios políticos tienden a estar reservados para grupos específicos por motivos tribales o estratégicos.
En Catar, la ciudadanía por origen ha sido particularmente relevante, dado que un grupo considerable de ciudadanos naturalizados pertenece a tribus de origen nómada que tienen una afiliación histórica con Arabia Saudí, como Al Murrah. Esta relación se volvió particularmente delicada durante el bloqueo saudí a Catar en 2017, cuando algunos sectores cataríes comenzaron a cuestionar la lealtad de los ciudadanos naturalizados en función de sus lazos con el país vecino.
En este contexto, los comicios de 2021 incluyeron una disposición en la ley electoral que limitó el derecho al voto a los ciudadanos originales, una medida que exacerbó las divisiones internas y provocó protestas de parte de aquellos grupos excluidos. En respuesta, el Emir Tamim bin Hamad al-Thani pidió al gobierno catarí que buscara caminos para promover una “ciudadanía igualitaria”, aunque hasta las enmiendas de 2024 no se había tomado ninguna medida formal al respecto.
Las reformas propuestas y aprobadas en el referéndum han introducido cambios en 14 artículos de la Constitución, han añadido dos nuevos y han eliminado tres. Estas modificaciones incluyen la exclusión de la distinción de ciudadanos originales para los miembros del Consejo de la Shura y los ministros de gobierno, lo que permite ahora que los ciudadanos naturalizados accedan a estos puestos.
Esto, supuestamente, apunta a una mayor inclusión política en un país, donde aproximadamente el 13% de la población posee la ciudadanía catarí, de los cuales solo una parte pertenece a la categoría de ciudadanos originales. En teoría, este cambio podría mitigar las divisiones sociales causadas por las leyes anteriores de exclusión y ser un paso hacia la unidad nacional.
Sin embargo, en lugar de extender el derecho de voto a los ciudadanos naturalizados, como podría esperarse en un proceso de apertura democrática, la nueva Constitución elimina este derecho para todos los cataríes, tanto originales como naturalizados, en la elección de los miembros del Consejo de la Shura –artículo 77–.
Así, si bien el nuevo sistema parece reducir desigualdades al permitir que ambos grupos de ciudadanos puedan ser designados para el Consejo de la Shura y cargos ministeriales, todos estos nombramientos seguirán requiriendo la aprobación del Emir, dejando intacta la centralización del poder en la figura del jefe de Estado.
Catar prioriza la estabilidad interna
Aunque en la práctica las enmiendas eliminan ciertas diferencias entre sectores originales y naturalizados, persisten desigualdades significativas en otras áreas clave, como el acceso al empleo, los beneficios sociales y los servicios públicos. Por lo tanto, la verdadera igualdad entre los ciudadanos queda en entredicho, ya que sin reformas adicionales en estos ámbitos, los nuevos artículos constitucionales corren el riesgo de ser meramente simbólicos en lugar de representar un cambio transformador.
El proceso de reforma y el referéndum fueron acelerados y concluyeron en un plazo de tres semanas desde su propuesta inicial, lo que indica una tendencia en Catar de priorizar la estabilidad interna sobre las reformas democráticas más radicales. Esta decisión refleja un enfoque similar al de otros países de la región, como Kuwait, que recientemente suspendió su parlamento.
En este contexto, el apoyo popular a las enmiendas constitucionales puede interpretarse como una muestra de confianza en el liderazgo del Emir y una aceptación generalizada de la estrategia de priorizar la cohesión nacional ante un panorama regional volátil. Durante el referéndum, la participación alcanzó el 84% del electorado y, de los votos válidos, el 90,6% se pronunció a favor de los cambios.
Con todo ello, el referéndum de 2024 marca el cierre del breve experimento electoral de Catar. En su discurso ante el Consejo de la Shura, al-Thani enfatizó que el órgano no debe entenderse como un parlamento representativo dentro de un sistema democrático. Bajo este modelo político, el Emir sugirió que la naturaleza del Consejo de la Shura y sus competencias se mantendrán estables, independientemente de si sus miembros son elegidos o designados, lo que indica que el nuevo modelo constitucional busca más una reafirmación del statu quo que una transformación del sistema político qatarí en un sentido democrático.
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