Hace ya algún tiempo que la situación de opresión institucional que sufren los palestinos en los territorios ocupados por Israel fue calificada por organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional, Human Rights Watch o B’Tselem como “régimen de apartheid”. Expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas y el propio Tribunal Internacional de Justicia de la ONU –máximo órgano judicial a nivel mundial– han llegado a la misma conclusión.
Normalmente el tipo de investigaciones que han realizado las organizaciones mencionadas se centran en los aspectos fundamentales que permiten identificar el crimen de apartheid perpetrado por Israel contra los palestinos. Es decir, cuestiones como la discriminación jurídica, la fragmentación de sus territorios, la segregación etnorracial, el control exhaustivo de sus movimientos, la violenta represión política de la que son víctimas, la privación de sus derechos económicos y sociales, la expropiación de sus tierras, recursos y propiedades, etcétera. Pero el férreo régimen de apartheid con el que Israel subyuga a los palestinos va más allá de los aspectos que resultan decisivos para la identificación del crimen de lesa humanidad conforme a los criterios del derecho internacional.
En adelante examinaremos una dimensión del apartheid israelí que suele ser tratada como lateral o secundaria, pero que merece un análisis autónomo porque resulta ser un importante eje de dominación: la dimensión ecológica, ecosistémica o medioambiental.
Enajenar a los palestinos de sus medios de vida
Una de las prácticas más efectivas que emplean las fuerzas israelíes es la táctica militar conocida como “tierra arrasada” o “agroterrorismo”, que consiste básicamente en destruir, sustraer o inutilizar los medios de subsistencia del adversario –ganado, cosechas, reservas de agua, fábricas de alimentos, complejos de pesca, etcétera–. Pese a ser una táctica codificada en los Convenios de Ginebra (cap. III, art. 54 - 2) como “crimen de guerra”, las autoridades israelíes y los colonos no solo la emplean en los conflictos bélicos declarados, sino también durante los momentos de relativa apacibilidad con las facciones armadas palestinas.
Si resulta ser una práctica especialmente efectiva para someter a los palestinos es porque su sistema económico se basa fundamentalmente en el sector agropecuario. Para destruir las fuentes de sustento del pueblo palestino, las fuerzas israelíes no necesitan utilizar armas pesadas. Les basta con inundar, aplastar o incendiar sus tierras de cultivo y campos de pastoreo, matar o secuestrar a sus ganados, arrancar sus árboles, confiscar sus herramientas y productos agrícolas, expropiar sus tierras más fértiles, destruir sus plantas potabilizadoras, incapacitar sus sistemas de riego o contaminar sus reservas de agua potable.
Los pogromos que los colonos llevan tiempo perpetrando con regularidad en los Territorios Palestinos Ocupados –con la tolerancia e incluso la colaboración del Estado israelí– no solo están desplazando poco a poco a la población nativa, sino que también están destruyendo las infraestructuras comerciales y la base ecológica de la economía palestina.
La cuestión del agua potable resulta especialmente significativa. Aunque no es el único recurso natural que las autoridades israelíes saquean a los palestinos –véanse por ejemplo las reservas de hidrocarburos del Mediterráneo–, sí es uno de los más valiosos, sobre todo porque Israel y Palestina se encuentran situadas en una de las regiones biogeográficas más afectadas por la creciente desertificación del planeta.
Algunos medios han empleado la noción de “apartheid hídrico” para referirse a la situación de dominio casi total –en torno al 85% y 90%– del circuito de extracción, distribución y consumo del agua potable que Israel ha conseguido en la región, y con el que restringe enormemente el acceso de los palestinos a las fuentes de agua dulce en sus tierras. Un dominio que Israel consiguió legitimar –al menos temporalmente– en la firma de los acuerdos de Oslo II (1995) disfrazando la colaboración con el apartheid que ha mantenido desde entonces la Autoridad Nacional Palestina como “cooperación”.
En virtud de estos acuerdos, se instituyó el Joint Water Committee, una autoridad mediante la que Israel determina con un sistema de permisos el ritmo y la cantidad de agua que los palestinos pueden extraer de los acuíferos de Cisjordania, e incluso también la que pueden recolectar del agua de las lluvias. Junto a esta administración de los permisos de uso del agua, las autoridades israelíes han consolidado el apartheid hídrico contra los palestinos por otros medios, como la destrucción de sus infraestructuras hídricas –los sistemas extracción, potabilización, saneamiento y canalización–, el control exclusivo de tuberías, pozos, canales, acuíferos o plantas desalinizadoras y, por supuesto, la ocupación militar permanente que mantienen de forma ilegal en los Altos del Golán sirios y el valle del Jordán palestino, de donde procede la mayor parte del agua dulce de la región.
Desde 2016, Israel comenzó a combatir el estrés hídrico que sufre construyendo plantas desalinizadoras dispuestas a transformar el agua marina en agua potable. Estas factorías utilizan en el procesamiento del agua energías provenientes de combustibles fósiles, cuya quema emite gases de efectos invernadero que contribuyen a la crisis climática antropogénica que es, a su vez, una de las causas principales de la desertificación creciente del bioma de la Palestina histórica –naturalmente semiárido–, entre otras regiones del planeta.
Además, durante el proceso de desalinización, se vierten de nuevo al medioambiente las toneladas de salmuera que han sido extraídas, lo que provoca efectos perjudiciales en los ecosistemas marinos –afecta a la biodiversidad y a las aguas subterráneas– que sufren mucho las actividades pesqueras de los palestinos en la Franja de Gaza –cuyo espacio está de por sí restringido al arbitrio de Israel– y reducen también sus posibilidades de hallar acuíferos dulces.
Otro método popular entre las autoridades israelíes es la depredación de la fauna y la vegetación local. Desde la fundación del Estado israelí en 1948, se inició un proceso –que ha sufrido recesos y aceleraciones– para arrasar las comunidades biológicas de la región: los árboles nativos –robles, olivos o algarrobos–, los cultivos de subsistencia –higos, almendros, etcétera– y los animales domesticados –cabras, ovejas, caballos, etcétera–.
Una erradicación que ha ido precedida por la exportación de los ecosistemas occidentales mediante la siembra de pinos europeos –cuya resina favorece los incendios forestales– y otras plantas no autóctonas como eucaliptos o pistachos por parte del Fondo Nacional Judío. Lo que forma parte tanto de la táctica colonial de poblamiento israelí –que no solo incluye poblaciones humanas– como de la estrategia general que sigue Tel Aviv para borrar la cultura palestina. De ahí que uno de los objetivos de la violencia israelí sean los olivos, un árbol que representa un símbolo de la identidad, la cultura y el arraigo a la tierra del pueblo palestino.
El papel que ha jugado la transformación ecológica de la región en la limpieza étnica de Palestina está paradigmáticamente representado por la figura de Yosef Weitz, quien fuera el director del Departamento de Tierras y Forestación del Fondo Nacional Judío. Se trata de un personaje histórico al que se le conoce como “el arquitecto de la transferencia” y como “el padre de los bosques”, puesto que ideó el Comité de Transferencia que se encargó de desterrar a los palestinos en la Nakba y dirigió la campaña de reforestación con la que Israel cubrió entre árboles algunas de las aldeas palestinas que arrasaron durante la limpieza étnica.
Si nos vamos a tiempos más recientes, podemos observar que la dimensión ecológica no ha dejado de ser uno de los canales por los que Israel continúa perpetrando la limpieza étnica de la Palestina histórica. En 2016 se aprobó en la Knéset un plan de aforestación del desierto del Néguev que supuso el desplazamiento forzoso de muchos de los beduinos –palestinos con ciudadanía israelí– que habitaban allí, la continuación del ocultamiento entre la vegetación de los pueblos palestinos en ruinas que testimonian la Nakba, y también la declaración del bosque como “zona natural protegida” para seguir negando el derecho al retorno de los refugiados palestinos.
Con este tipo de métodos que podríamos denominar “bio-coloniales”, Israel consigue además cierta legitimación del apartheid y la ocupación militar de cara a las potencias occidentales mediante el greenwashing, así como sostener la narrativa sionista según la cual la Palestina histórica era un desierto estéril hasta que la fundación de Israel transformó la región un oasis resplandeciente y lleno de vida.
La contaminación como arma de guerra
La empresa israelí Ordotec –especializada en la fabricación de tecnologías de dispersión y represión no letales– desarrolló hace pocos años junto al Departamento de Policía de Israel un camión cisterna que dispara un líquido maloliente y putrefacto a gran presión. Es un arma química diseñada para la represión de protestas, huelgas y concentraciones palestinas que provoca naúseas, impide la respiración, irrita la piel y los ojos, provoca dolor abdominal y en condiciones extremas puede llegar a ser letal.
También ha sido empleada por las autoridades israelíes para imponer a los palestinos que protestan contra el apartheid castigos colectivos degradantes rociando sus barrios enteros con el líquido maloliente. Pero este camión “mofeta” es solo la punta del iceberg del uso bélico y punitivo que ha hecho Israel de la mugre contra los palestinos, y que en la guerra de Sucot ha alcanzado seguramente su máxima expresión.
Desde el inicio de la contienda, las fuerzas israelíes han endurecido el bloqueo a la entrada de insumos y mercancías en la Franja de Gaza –que antes del conflicto ya era insuficiente– hasta tal punto que, según la ONU, el 96% de la población gazatí padece un hambre severa. Provocar hambruna y desnutrición impide el desarrollo biológico –de los infantes sobre todo– y deja los cuerpos en un perfecto estado de vulnerabilidad contra cualquier agente patógeno que lo amenace.
El corte de la circulación incluye alimentos, agua potable, electricidad, telecomunicaciones, combustible, medicamentos y otros suministros médicos. Y dado que la mayor parte del agua disponible en Gaza no es apta para el consumo humano, con el bloqueo a la llegada de combustibles –necesarios para el proceso de potabilización– y la destrucción de las instalaciones de abastecimiento de agua, Israel ha obligado a los gazatíes a beber agua pestilente o salina –además de alimentos en mal estado–, introduciendo así enfermedades estomacales en sus ya debilitados sistemas inmunológicos, como brotes de diarrea, poliomielitis y cólera. Sobra decir que los soldados israelíes ya están vacunados contra la polio.
Además, el desplazamiento continuo de la población palestina ha supuesto su hacinamiento en espacios cada vez más estrechos, lo que ha facilitado enormemente la transmisión de enfermedades y formación de epidemias como las ya mencionadas, además de algunas otras como hepatitis A o meningitis. A mes de mayo de 2024 ya se habían registrado más de un millón de casos de enfermedades infecciosas en diferentes centros sanitarios del enclave desde el estallido de la guerra.
A esto se sumar que, debido al bloqueo israelí, el ganado también está muriendo de hambre. Estos animales, además de ser seres sintientes, tienen un valor como medio de desplazamiento y fuente de alimento para los gazatíes. Sus matanzas están provocando amontonamientos de cadáveres de donde brotan también organismos infecciosos.
Las campañas intensivas de bombardeos aéreos por parte del ejército israelí han acabado por infectar todo el ambiente y hacer de la Franja de Gaza un emplazamiento inhabitable. Tan solo en los dos primeros meses de la guerra, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) arrojaron 60.000 toneladas de explosivos, masacrado directamente a miles de palestinos y también contaminando la salubridad del ambiente a lo largo plazo: sembrando metralla en la tierra que impide su regeneración natural, dejando tras de sí una estela de gases tóxicos y contaminantes, etcétera.
Según informaba la ONU, los bombardeos incesantes de la aviación israelí han generado 39 millones de toneladas de escombros. Es decir, hay aproximadamente más de 107 kilogramos de escombros por cada metro cuadrado en la Franja de Gaza, los cuales además de esconder cadáveres y artefactos explosivos sin detonar, producen polvo en suspensión que contamina el aire.
La cultura material gazatí ha sido arrasada y reducida a escombros por los bombardeos israelíes: campamentos, viviendas, carreteras, comercios, embarcaciones, puertos, escuelas, universidades, hospitales, bibliotecas, toda clase de instituciones de culto, patrimonio artístico y cultural, instituciones políticas, etcétera. Este tipo de prácticas militares de vandalismo constituyen por sí solas un genocidio cultural.
Pero seguramente la mayor contribución que ha hecho la campaña israelí de bombardeos al genocidio en curso, junto al encadenamiento de masacres en serie, ha sido el colapso total de las instituciones médicas y de higiene pública, que ha incapacitado tanto a los agentes encargados de tratar a las víctimas de los atentados como de canalizar la contaminación provocada.
Conforme a la ONU, desde el comienzo de la guerra, los ataques israelíes han dañado a más de la mitad de las instalaciones de la UNRWA en la Franja de Gaza y han dejado fuera de servicio a casi la totalidad de las instituciones médicas –hospitales, centros de salud, ambulancias, etcétera–, además de haber destruido los sistemas de abastecimiento y saneamiento del agua, así como los servicios de tratamiento de los residuos sólidos. Lo que ha hecho que toneladas de basura, escombros, cadáveres y aguas residuales se acumulen en la franja contaminando el suelo, el agua y el aire de la zona.
Los pocos hospitales que siguen todavía operando en el terreno están obligados a funcionar sin combustible, comunicaciones, electricidad y suministros médicos para tratar a cantidades masivas de población que rebasan con mucho su capacidad de tratamiento. Y por si fuera poco, la destrucción de las instituciones médicas también ha obstaculizado el conteo total de las víctimas mortales, los heridos y los desaparecidos en la Franja de Gaza, unas cifras que llevan tiempo congeladas porque dependen de la centralización en el Ministerio de Salud de las estadísticas de todos los centros médico del enclave.
Guerra sucia, apartheid ecológico y limpieza étnica
Las técnicas de dominación medioambiental con las que el Estado israelí enajena a los palestinos de sus medios de vida llevan tiempo escalando desde el apartheid hacia formas más brutales de violencia colectiva como la limpieza étnica o el genocidio. Durante la guerra que estalló en octubre de 2023, las autoridades israelíes han transformado la Franja de Gaza en un medio de muerte, terror y mugre a través de una serie de intervenciones militares que han sumido a toda la población gazatí en la más absoluta inmundicia. El ejército israelí está empleando la contaminación biológica contra los palestinos.
Además de las armas de asesinato y masacre que atraviesan los tejidos de los cuerpos de cada individuo con fuego y metralla, las fuerzas israelíes están empleando armas de exterminio que se dirigen a la destrucción del medio de vida, imponen condiciones malsanas de existencia, se abaten sobre el cuerpo social en su conjunto y no dejan un solo gazatí sin que note su presencia.
La de un hambre y una sed reglamentarias, la de múltiples epidemias que se propagan en condiciones de hacinamiento, la de los miasmas que supuran los amontonamientos de cadáveres, la de los agentes patógenos que campan a sus anchas entre los residuos acumulados, la de un aire contaminado que se incrusta en los pulmones, la del polvo en suspensión que genera la devastación de los edificios, la de un agua amarga, pestilente y contaminada, etcétera.
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