Durante los días 26, 27 y 28 de junio, las calles de las principales ciudades de Togo fueron el escenario de masivas protestas contra el gobierno, que, en muchos casos, acabaron con disturbios y enfrentamientos con la policía. Según afirma Amnistía Internacional, en las movilizaciones habrían fallecido tres personas, una cifra que varios grupos de la sociedad civil elevan hasta siete, entre ellas dos menores de edad. A esto habría que sumarle un saldo de decenas de heridos y cerca de un centenar de detenidos.
Las discrepancias en cuanto el número se produce por la aparición de hasta cuatro cadáveres en un lago y una laguna de la capital, Lomé, y que el gobierno atribuye a "ahogamientos por imprudencias".
Sin embargo, familiares de los fallecidos y organizaciones de derechos humanos rechazan la versión oficial al aparecer repletos de sangre y golpes, por lo que sospechan que podrían haber sido asesinados bajo custodia policial. “Estos actos, marcados por una crueldad indescriptible, constituyen un crimen de Estado”, declararon desde una coalición de organizaciones civiles.
El origen de las protestas en Togo
Las manifestaciones de estos días vienen a sumarse a varias semanas de protestas en este país de África occidental y que tienen como principal exigencia la renuncia inmediata de Fauré Gnassigbé.
En abril de 2024, el parlamento aprobó una reforma constitucional que transformó el sistema político de Togo –pasando de un modelo presidencial a uno parlamentario– y creó la figura del presidente del Consejo de Ministros. En mayo de 2025, Gnassigbé renunció a su cargo de presidente –convertido ahora en una función prácticamente ceremonial– y asumió el de presidente del Consejo de Ministros, un puesto sin límite de mandatos.
Todas estas medidas fueron tachadas por la oposición como un “golpe constitucional”, especialmente porque fueron adoptadas por un parlamento cuyo mandato había expirado un año antes.
Tras haberse aplazado en diversas ocasiones, las elecciones legislativas se celebraron finalmente poco después de entrar en vigor los cambios constitucionales. En dichos comicios, el partido gobernante Unión para la República obtuvo 108 de los 113 diputados de la Asamblea Nacional. La oposición denunció que se había producido fraude y diversos organismos señalaron irregularidades en el proceso electoral.
Estos últimos acontecimientos se añaden a la grave crisis política de larga data que atraviesa el país africano, que tiene como telón de fondo el intento de Gnassigbé de perpetuarse en el poder. Tras la muerte de su padre en 2005, el ejército le aupó al cargo de presidente interino, revalidado posteriormente por unas elecciones. Tanto esos comicios como los tres siguientes, en los que resultó vencedor de forma consecutiva, fueron considerados fraudulentos por la oposición.
Después de meses de intensas protestas, en 2019 se aprobó el cambio constitucional para restablecer el límite de dos mandatos, aunque al no tener carácter retroactivo, Gnassigbé pudo presentarse nuevamente. Ahora, la creación de un cargo a su medida como el de presidente del Consejo de Ministros alarga su liderazgo del país de forma indefinida.
Fauré Gnassigbé consolida su poder
En este contexto, el gobierno de Togo también ha intensificado la represión política. Organismos como Human Rights Watch llevan tiempo denunciando las detenciones arbitrarias, desapariciones, torturas y juicios sin garantías de opositores, periodistas y activistas, así como el desproporcionado uso de la fuerza para contener manifestaciones que han causado varios muertos.
Además, ha clausurado medios críticos como L’Alternative y recientemente suspendió durante tres meses las emisiones de cadenas internacionales como RFI o France 24 por su supuesta falta de imparcialidad. Esta deriva autoritaria ha sido criticada por organismos como la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), que expresó su “profunda preocupación” por la violenta represión de las últimas protestas y su “solidaridad con las víctimas”.
Desde hace un tiempo, Togo mantiene una posición ambigua respecto a esta organización, mostrando un claro acercamiento a los países que componen la Alianza de Estados del Sahel (AES) –Mali, Burkina Faso y Níger–, que recientemente decidieron abandonar la CEDEAO.
En enero de 2025, el ministro de Asuntos Exteriores, Robert Dusse, llegó a insinuar que Togo podría ser el siguiente en unirse a la AES, y desde hace tiempo se muestran muy críticos con la presencia de Francia en el continente africano y con toda “injerencia extranjera”.
El uso del enemigo externo como cortina de humo de la crisis interna no es nueva en el país, pues viene siendo una práctica habitual desde la llegada al poder de Ganssingbé Eyadéma, padre de Fauré, en 1967. Con los últimos cambios, esta familia consolida su proyecto dinástico y patrimonialista del poder, considerándose prácticamente como una extensión del propio Estado.
Sin embargo, con una población cada vez más joven dispuesta a enfrentarse al poder establecido desde hace más de cinco décadas y una grave crisis económica que ha encarecido severamente los productos y servicios básicos, no es posible descartar una intensificación de las protestas en las siguientes semanas, lo que podría hacer peligrar las aparentemente bien consolidadas estructuras de poder en Togo.
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