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Papúa Nueva Guinea decreta el estado de emergencia tras graves disturbios

James Marape, primer ministro que ha decretado el estado de emergencia en Papúa Nueva Guinea.
James Marape, primer ministro que ha decretado el estado de emergencia en Papúa Nueva Guinea.

Los días 11 y 12 de enero, lo que inició como una huelga de los cuerpos policiales por la reducción de salario injustificada derivó en disturbios que se cobraron la vida de 15 personas en la capital, Port Moresby, y que rápidamente se extendieron a la segunda ciudad más relevante del país, Lae, donde dejaron un saldo de 7 muertos. La reacción de las autoridades, encabezadas por el primer ministro James Marape, ha sido la declaración del estado de emergencia en la capital por un período de 14 días, la movilización de 1.000 efectivos de las Fuerzas Armadas y la destitución de jefes departamentales supuestamente ligados a las causas de la revuelta.  

Las reclamaciones de los cuerpos de seguridad del Estado sirvieron de catalizador para el creciente descontento general. Este viene alimentado por tasas de pobreza que sitúan al 40% de los aproximadamente 12.000.000 de habitantes por debajo del umbral de la pobreza establecido por la ONU, porcentaje que se amplía hasta el 50% si solo tenemos en cuenta las personas entre los 0 y los 25 años. Esta situación se agrava en las ciudades donde se reporta una creciente aglomeración de población proveniente del ámbito rural, éxodo que choca frontalmente con la falta de infraestructuras que palien la coyuntura. 

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El resultado es violencia. Violencia en las ciudades, en forma de pandillas denominadas “roskol” que depredan la economía local y se inmiscuyen en el narcotráfico en dirección Australia, y a modo de esporádicos disturbios acompañados de saqueos como el aquí referenciado. Violencia en las áreas rurales proveniente de disputas de corte étnico entre la inmensa cantidad de grupos humanos que hablan alrededor de 780 lenguas diferentes. Pero también de una economía extractivista cuyos mayores beneficiarios son multinacionales occidentales y comerciantes chinos, quienes asiduamente imponen su control a través de empresas de seguridad. 

La oleada de enfrentamientos suscitados por esta coyuntura se ha expandido desde sus focos habituales, centrados en la región de las Tierras Altas, a las regiones Sur e Islas, que anteriormente eran consideradas como pacíficas. 

Con respecto a la espontaneidad de estos acontecimientos, se abre la puerta a la participación en la organización y alentamiento de los mismos por parte de facciones rivales de James Marape. A modo de argumento a favor, se esgrime el hecho de que constitucionalmente un primer ministro no puede ser objeto de una moción de censura durante los primeros 18 meses de su mandato –Marape revalidó su cargo en 2022–, plazo que está a punto de agotarse. 

Más allá de especulaciones, lo cierto es que la política papú se ha caracterizado por una dicotomía centro-periferia muy marcada desde su independencia. Debajo de los discursos anticolonialistas, la política nacional ha sintetizado la exuberante diversidad étnica del país en dos ejes principales enfrentados, Tierras Altas por un lado e Islas y Momase, regiones del norte, por otro. Las divergencias entre ambas parten primeramente de la influencia austronesia presente en la segunda de las facciones, que es contrastada con la pureza de las culturas papúes de las Tierras Altas. Seguidamente, las sucesivas administraciones coloniales alemanas y japonesas, al norte y este del país, contrastan con el asentamiento de las instituciones anglosajonas en la mitad meridional, creando de este modo dos culturas políticas altamente diferenciadas. 

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En este sentido, James Marape pertenece a la “facción papú”, a la cual también pertenece el anterior primer ministro Peter O’Niell –quien alentó a Marape a dimitir–, que se halla contrapuesta con la “facción austronesia” que es integrada por “pesos pesados” de la política nacional como Julius Chain o Michael Somare.  

A nivel internacional, las reacciones no han tardado en llegar por parte de las tres principales potencias interesadas en la región: Estados Unidos, China y Australia. La embajada de Washington emitió una serie de comunicados advirtiendo de la efectuación de disparos en las inmediaciones de su recinto y posteriormente recomendando prudencia a sus conciudadanos, al tiempo que aseguraba que la situación se hallaba bajo control. Pekín, por su parte, denunció el ataque a negocios chinos durante las revueltas, en lo que consideran una expresión de odio antichino. Finalmente, Canberra, que firmó un pacto de seguridad con Papúa Nueva Guinea en 2023, en el cual se comprometen a asistir al país melanesio en materia policial, afirmó que se encontraban monitoreando la coyuntura y que no habían recibido ninguna petición de auxilio por parte de su vecino.   

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