El presidente de Colombia, Gustavo Petro, alerta de un “golpe de las corbatas” en su contra. En esos términos se expresó en la red social X, antes Twitter, para referirse a la investigación que el Consejo Nacional Electoral (CNE) debatiría el lunes 16 de septiembre por presunta financiación irregular en su campaña presidencial. El líder colombiano fija en el CNE el primer paso de una compleja trama político-administrativa que buscaría cesarle, un “golpe blando” como el mismo aseguró.
El CNE, máximo órgano fiscalizador de los procesos electorales en el país, es una institución creada por la Constitución colombiana –aprobada en 1991–, cuya composición refleja los equilibrios electorales nacionales. Los magistrados del CNE son elegidos directamente por los partidos políticos en función de los apoyos recibidos.
Dos de los nueve integrantes que forman este órgano –Álvaro Hernán Prada, exdiputado uribista, y Benjamín Ortiz, del fragmentado Partido Liberal– han escrito un informe que denuncia que la campaña electoral de Petro superó en 5.300 millones de pesos –aproximadamente 1.120.000 euros– el gasto máximo fijado por el CNE.
De adoptarse el informe, el CNE solo podría sancionar administrativamente al presidente; es decir, no tendría capacidad de cesarle de su cargo o apartarle temporalmente. “En el caso particular de la investigación [...] no existe ninguna posibilidad legal que ponga en cuestión el fuero presidencial”, afirmó el propio CNE en un comunicado.
No obstante, para el presidente colombiano este solo sería el primer paso hacia un golpe en su contra. “Con votos de enemigos políticos del presidente en el consejo electoral y luego en la comisión de acusaciones, buscarán destituirlo sin haber cometido delito alguno, sin dolo alguno, y burlarse del voto popular del 2022”, aseguró en X el domingo 8 de septiembre.
El mandatario hace referencia a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, único órgano capaz de llevar a cabo un juicio político y jurídico al presidente de la República. Si el CNE iniciase una investigación formal contra Petro, la Comisión de Acusaciones tendría munición para iniciar un procedimiento en su contra. Un proceso que, en cualquier caso, sería largo y cuyo éxito dependería de la endiablada aritmética parlamentaria colombiana. Si bien Petro no cuenta con mayorías ni en Congreso ni en Senado, sí ha conseguido varios pactos para llevar adelante su agenda legislativa.
Este episodio tensa aún más la vida política colombiana. Si el primer año de gobierno de Petro se caracterizó por integrar en su gabinete a distintas sensibilidades, en lo que vino a calificarse como “Acuerdo Nacional”, desde hace meses el presidente optó por ahondar en su programa de gobierno y rodearse de cuadros políticos más afines e ideologizados.
Movilización popular frente al golpe
“Ante un golpe de Estado no hay otro camino que la movilización popular generalizada”, aseguró Petro. “Una burla al voto popular se responde con el pueblo. Convoco a ese gigante dormido, al pueblo colombiano: a sus juventudes, a su campesinado, a sus trabajadores, a sus mujeres a movilizarse en las calles contra el golpe de Estado”, sentenció.
Con esta proclama, el presidente llamó a sus bases a llenar Bogotá el sábado 21 de septiembre, cuando se espera que columnas de manifestantes de distintas partes del país lleguen a la capital para seguir la Asamblea Nacional Popular, un gran evento político con el que Petro pretende sacar músculo y engrasar su estructura militante.
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