En el espacio de unos pocos días, entre el 20 y el 24 de mayo, Israel ha encadenado tres golpes diplomáticos importantes: la orden de arresto emitida por el Fiscal General de la Corte Penal Internacional (CPI) contra Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, y Yoav Gallant, ministro de Defensa; el reconocimiento del Estado de Palestina por España, Noruega e Irlanda; y la orden de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) exigiendo a Tel Aviv que detenga sus operaciones militares en Rafah. Las tres noticias muestran el deterioro que la imagen internacional de Israel ha sufrido desde el comienzo de su ofensiva en Gaza tras los ataques del 7 de octubre, además de imponer un peaje al apoyo estadounidense a su principal aliado en Oriente Medio.
El 20 de mayo, el Fiscal General de la CPI, Karim Khan, anunció en la cadena CNN la emisión de órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant por "cargos de exterminio, inanición como método de guerra y denegación de ayuda humanitaria". Además, también dictó órdenes de detención contra los líderes de Hamás Yahya Sinwar, Muhammad Deif e Ismael Haniyeh por "exterminio, asesinato, toma de rehenes, violación y agresión sexual durante el cautiverio". La noticia provocó una reacción unánime de rechazo en todo el espectro político israelí. Netanyahu calificó a Khan de "deshonesto" y acusó a la CPI de presentar cargos "peligrosos y falsos". Estados Unidos, el principal aliado de Tel Aviv, también repudió la orden. El presidente Joe Biden la describió como "escandalosa", mientras que el Secretario de Estado, Antony Blinken, expresó su intención de colaborar con el Congreso para sancionar al organismo de justicia internacional.
Es necesario destacar que tanto Israel como Estados Unidos no reconocen la jurisdicción de la CPI –son Estados miembro 123 países, mientras que 31 son firmantes pero no ratificaron el acuerdo–, por tanto, no tienen la obligación jurídica de actuar. Sin embargo, la mayoría de los países occidentales sí, suponiendo un golpe diplomático en las relaciones entre éstos e Israel si finalmente la CPI oficializa las órdenes de arresto. En este sentido, la “equivalencia” entre los cabecillas de Hamás y los líderes israelíes supone una mancha considerable para Tel Aviv y sus aliados. Washington, por su parte, parece que ha decidido colocarse claramente en favor de Israel en detrimento del “mundo basado en reglas”, lo que sugiere un cambio de dinámica en la actitud estadounidense como potencia global.
El martes 22 de mayo, Noruega, Irlanda y España anunciaron que seis días después reconocerían oficialmente el Estado de Palestina. Esto se produce tras meses de especulaciones y en un contexto de acusaciones de crímenes de genocidio en Gaza por parte del ejército israelí. Estos países se unen así a los 143 Estados de 193 de la Organización de las Naciones Unidas que ya reconocen a Palestina como Estado independiente. Se preveía que más países europeos se sumasen al movimiento, como Bélgica o Eslovenia; sin embargo, parece que sus anuncios se producirán más adelante. Israel, por su parte, ha reaccionado atacando la medida, llamando a consultas a sus respectivos embajadores y acusando a los tres países de “connivencia con Hamás”.
Es preciso destacar que el reconocimiento de Palestina es un acto simbólico que realmente no entraña un coste político significante. En el caso español en particular, tiene más motivaciones de política interna que de externa. Esta decisión se debe encuadrar dentro de la táctica política de Pedro Sánchez. El reconocimiento ofrece un escaparate potente a nivel exterior para el presidente español, además de marcarse un tanto para mejorar la valoración de su Gobierno y dar un impulso al PSOE de cara a las elecciones europeas.
El reconocimiento es una acción diplomática. No cambia la situación sobre el terreno, ya que Palestina sigue careciendo de capacidades estatales, estructuras gubernamentales, control territorial y una interlocución efectiva con otros actores. Sin la voluntad de Israel, que es el principal actor en el conflicto, es prácticamente imposible que se implemente la solución de los dos Estados. Más aún cuando recibe un apoyo sostenido de Estados Unidos, que teóricamente defiende esta fórmula. Con el reconocimiento se pretende dar un balón de oxígeno a una Autoridad Palestina cada vez más incapaz y deslegitimada por los palestinos. En este sentido, se busca que Hamás tenga menos peso e influencia en las negociaciones políticas. Aun así, para Tel Aviv es una derrota a nivel diplomático que puede agravarse si se unen más Estados miembro europeos.
El viernes 24 de mayo, la CIJ ordenó, por 13 votos contra 2 que Israel debe: detener inmediatamente la ofensiva militar en Rafah y cualquier otra operación militar que pueda provocar la destrucción total o parcial del grupo; tomar medidas para garantizar el acceso sin trabas a la Franja de Gaza de cualquier misión de la ONU para la investigación de denuncias de genocidio; mantener abierto el paso fronterizo de Rafah para el suministro de ayuda; e informar en el plazo de un mes sobre el cumplimiento de estas medidas provisionales. A diferencia que con la CPI, Israel y Estados sí reconocen la jurisdicción de este órgano, lo que indica que Tel Aviv está en la obligación jurídica de acatar la orden.
Es muy improbable que Israel decida, motu proprio, detener su ofensiva en Rafah. Netanyahu es consciente de que su futuro político depende de la operación militar en Gaza, a la que no quieren renunciar ni Gallant ni sus socios vitales de Sionismo Religioso y Poder Judío, cuyos ministros Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotich quieren “terminar el trabajo” de acabar con la Franja de Gaza y establecer una dominación israelí mediante la colonización como “única solución verdadera”. La cuestión es saber de qué lado se posicionará Estados Unidos. La problemática se llevará al Consejo de Seguridad de la ONU, donde Washington puede elegir posicionarse con Tel Aviv –y dar luz verde a la operación militar en Rafah– vetando la orden, o apoyar a la CIJ, lo que podría desencadenar en una crisis política israelí que fuerce la salida Netanyahu. En cualquier caso, la situación para Israel es de golpe diplomático, suponiendo que su imagen internacional quedará muy deteriorada en el medio-largo plazo.
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