Conocido como una de las voces más combativas contra el extremismo religioso del país, las principales hipótesis apuntan a un ataque cometido por grupos islamistas que le consideran un “apóstata” que merece morir. No obstante, los investigadores tampoco descartan que detrás de este hecho estén involucrados oponentes políticos molestos por sus campañas anticorrupción.
Apenas transcurridos dos días después de que una bomba se detonase contra su coche y sacudiera la capital de las Islas Maldivas, Malé, Mohammed Nasheed, expresidente y actual portavoz del Partido Democrático Maldivo (MDP, por sus siglas en inglés) en el Parlamento, despejó cualquier atisbo de duda acerca de su estado de salud. “Estoy bien”, fueron las primeras y esperadas palabras tras 16 horas de cirugía para sanar las heridas que padecía en cabeza, pecho y labios provocadas por la brutalidad de una explosión que le dejó en un estado de “condición crítica y cuidados intensivos”, tal y como afirmó en su cuenta de Twitter el centro privado en el que fue ingresado: el ADK Hospital.
El pasado 13 de mayo, una semana después del ataque, Nasheed fue “evacuado médicamente” a Alemania para recibir tratamiento por las heridas causadas en la explosión.
Ningún grupo terrorista ni nadie ha reclamado la autoría del atentado, y las pocas pruebas con las que cuenta la policía dificultan la labor para encontrar a los culpables, salvo el video en el cual se pueden ver los restos de la motocicleta a la cual fijaron el explosivo para hacerlo estallar junto al coche de Nasheed el pasado 6 de mayo.
Todas las hipótesis están sobre la mesa. Algunos oficiales cercanos al MDP creen que éste haya sido objeto de represalias por su campaña anticorrupción, en la que trata de averiguar cómo se robaron 90 millones de dólares de la Maldives Marketing and Public Relations Corporations (MMPRC), la empresa estatal de turismo, bajo el anterior gobierno de Abdullah Yameen. No obstante, la probabilidad de que grupos extremistas islámicos estén detrás de este atentado es la opción que está cogiendo más fuerza entre las principales líneas de investigación, sobre todo después de que se hayan detenido a 3 personas vinculadas con movimientos extremistas islámicos y conectadas con el intento de asesinato de Nasheed.
Enemigo del extremismo religioso
Nombrado “preso de conciencia” por Amnistía Internacional durante el Gobierno de Maumoon Abdul Gayoom (1978-2008), Mohammed Nasheed, antiguo activista por los derechos humanos y expresidente del país, es considerada una de las voces más duras contra los grupos extremistas en las Maldivas. Ya fuera en sus tiempos de activista como de gobernante, Nasheed se ha encarado con líderes religiosos que le han acusado en multitud de ocasiones de incitar una “agenda antiislámica” que busca secularizar un país donde la ciudadanía se encuentra estrechamente ligada con el hecho de ser musulmán suní.
Ya en los compases finales de su mandato, en diciembre de 2011, Nasheed tuvo que hacer frente a una manifestación convocada por el partido opositor Adhaalat –Justicia-, y que reunió a una amalgama de organizaciones, consejos, partidos y ONGs que protestaron contra las supuestas actividades ‘antiislámicas’ que el Ejecutivo estaba promoviendo, entre las que destacan la venta de alcohol o el permitir vuelos directos con Israel. En un comunicado emitido por radio, Nasheed acusó a aquellos grupos religiosos que en nombre del Islam lo que buscan realmente es “”implementar castigos islámicos como la lapidación, la amputación y ejecución” en las Maldivas, y abogó por la versión tradicional del Islam que se venía practicando en el archipiélago.
La supuesta legalización de la apostasía y el permiso para profesar otras creencias en el archipiélago -prohibido por ley- fueron, no obstante, dos motivaciones explícitas que impulsaron las protestas. Mohamed Didi, actual ministro de Asuntos Islámicos, y por aquel entonces presidente de la Coalición de Sociedad Civil -una red de 127 ONGs maldivas-, fue tajante en ese aspecto. “El pueblo de Maldivas ha sido musulmán durante los últimos 900 años. Si estas pocas personas no pueden digerir la religión del pueblo de Maldivas, es mejor que abandonen este país inmediatamente”, proclamó a modo de sentencia.
Este hecho a priori insustancial e irrelevante, cobra una curiosa y especial relevancia 10 años después con el atentado contra Nasheed. Según explica Azim Zahir, investigador del Centro de Estados y Sociedades Musulmanas de la Universidad de Australia Occidental, la experiencia tras los 4 años de Gobierno de Nasheed en Maldivas (2008-2012) fue especialmente notoria por sus intensos choques con la comunidad islamista del país.
Así pues, y aunque aún ningún grupo extremista ha reivindicado el ataque, Zahir señala que “algunas de las cuentas de las redes sociales que simpatizan con grupos extremistas violentos han dejado claro que el expresidente es un apóstata que merecía ser asesinado”. Además, destaca que el exmandatario estuvo “entre los primeros políticos del país” que denunció el flujo cientos de maldivos que se marcharon a Siria e Irak a enrolarse en las filas del Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés).
Maldivas se ha convertido en el país con la mayor tasa de combatientes extranjeros per cápita del mundo, según la Fundación Europea para Estudios del Sur de Asia (EFSAS, por sus siglas en inglés). En diciembre de 2019 el Gobierno maldivo reveló que puede haber hasta 1.400 extremistas islamistas adheridos a la ideología del ISIS y que 423 ciudadanos intentaron viajar a Irak y Siria para combatir en sus filas, pero que tan solo 173 lo consiguieron.
Una amarga dimisión, una polémica condena y un exilio forzoso
“Será lo mejor para el país que en la actual situación abandone mi puesto. No gobernaré Maldivas con puño de hierro”. Con estas palabras, Mohamed Nasheed anunció a la población en un discurso televisado su dimisión como presidente el 7 de febrero de 2012 ante las continuas protestas en las calles pidiendo su renuncia. Inmediatamente, su vicepresidente Mohamed Waheed Hassan asumió el cargo jurando defender el “imperio de la ley” y Adhaalat le mostró su total apoyo describiéndole como “el hombre que debe conducir al país a un puerto seguro” en contraposición a Nasheed, con quien protagonizó varios choques al final de su mandato.
El episodio que desencadenó todo el revuelo fue el arresto por orden de Nasheed de un alto juez del tribunal penal cuyas decisiones, según el Gobierno, tenían una clara “motivación política”. Aunque Nasheed tratara de justificar la medida enmarcándola dentro de la lucha para garantizar la independencia judicial en el país, grupos de derechos humanos pidieron la liberación inmediata del juez, e incluso sopesaron la intervención de Naciones Unidas a medida que aumentaban las protestas en las calles.
Finalmente, Nasheed dimitió -“a punta de pistola”, tal y como relató en su día-, pero la convulsa situación que se vivía en las calles prosiguió con enfrentamientos entre la policía y simpatizantes del presidente dimitido que denunciaban lo ocurrido como un ‘golpe de Estado’ contra Nasheed.
Si su despedida del cargo fue dura, el periplo que le siguió tras su marcha le resultó un auténtico suplicio. Tras la celebración de elecciones un año después de la renuncia de Nasheed, Abdullah Yameen, hermanastro del expresidente Gayoom, se alzó con la victoria y se convirtió en el nuevo presidente de las Maldivas, así como en el hombre que forzó la huida al exilio de Nasheed.
Según explicó en su día Gareth Price, investigador principal asociado del Programa Asia de Chatham House, bajo el pretexto de la lucha contra el extremismo islamista, Yameen instrumentalizó la amenaza del fenómeno para eliminar opositores a su Gobierno, lo que conllevó a que a su llegada al Ejecutivo promulgara una ley ‘antiterrorista’ que condenó a su predecesor a 13 años de prisión por su polémica decisión de arrestar al juez hace un año.
Con los policías siguiéndole la pista para detenerle, Nasheed se refugió en el Alto Comisionado Indio denunciando motivaciones políticas detrás para que no se volviera a presentar a unas elecciones. Dos años después, sin embargo, acabó siendo arrestado y sentenciado a 13 años de cárcel en un proceso en el que organizaciones de derechos humanos como Transparency Maldives denunciaron una “serie de irregularidades en el proceso judicial“.
Finalmente, y con la ayuda de la abogada experta en derechos humanos Amal Clooney, Reino Unido ofreció asilo político y Nasheed fue liberado en mayo de 2016. Comenzó de este modo un exilio por Londres y Colombo (Sri Lanka) hasta su regreso al archipiélago asiático en noviembre de 2018 después de que el Tribunal Supremo anulara su condena. Lo hizo, además, en un momento dulce para su partido, el MDP, el cual volvió al poder después de que su candidato, Ibrahim Mohamed Solih venciera a Yameen en las elecciones presidenciales dos meses atrás.
Meses antes de su regreso, en una entrevista con The Diplomat, denunció que durante los últimos años se había ido propagando una versión rigorista del Islam en las Maldivas que creó un “caldo de cultivo” para la proliferación de grupos yihadistas. Nasheed advierte en la entrevista que durante ese tiempo el ISIS logró instalar una “fuerte red estratégica dentro del Estado”. Un “estado profundo” que, según él, mantenía un “acuerdo” con el presidente Yameen para mantenerlo en el poder. Un punto en el que Price coincide al afirmar que durante las dos últimas décadas Maldivas ha seguido un “proceso de manual de cómo crear un entorno propicio para la radicalización”: límites a la libertad de expresión, “unidad religiosa” con Arabia Saudí y formación de imanes maldivos y la pasividad de Yameen con el extremismo islámico son algunos de los ejemplos que Price expone para demostrar el proceso de radicalización que el archipiélago ha experimentado en los últimos años.
En un momento de la entrevista, el periodista le recuerda su alianza con el partido islamista Adhaalat durante su mandato, en el que éste último ocupó, eventualmente, el Ministerio de Asuntos Islámicos hasta su ruptura tras las protestas islamistas de finales de 2011. Durante el tiempo que Adhaalat dirigió el ministerio se fomentó el extremismo islamista con ataques contra aquellos periodistas, escritores y medios de comunicación que difundieran contenidos “antiislámicos” que perturbaran la “unidad religiosa al país”.
Nasheed respondió que era posible trabajar con ellos e “incluirlos en la corriente principal” del Islam a pesar de las “diferencias ideológicas” que pudiera tener con ellos.
Con todo esto, Nasheed volvió a la vida política en abril de 2019 y lideró la victoria del MDP en las elecciones parlamentarias logrando una mayoría de dos tercios en la Asamblea nacional. El exmandatario prometió reformas, estabilidad y terminar con la crisis política y los escándalos de corrupción que asolaban al país, como el conocido caso de desfalco en la empresa estatal MMPRC por el que el expresidente Yameen acabó siendo sentenciado a cinco años de cárcel por blanqueo de capitales, y por el que Nasheed prometió abrir una investigación para esclarecer los hechos y dar con todos los políticos que se beneficiaron de dicho despilfarro.
Unos políticos que, hasta que no haya una investigación “completa e imparcial” que desvele los hechos, tal y como señala Dhiyana Said, antigua fiscal general de Maldivas, son junto con los grupos extremistas los principales sospechosos de intentar acabar con la vida del expresidente Mohamed Nasheed el pasado 6 de mayo.
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