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El rompecabezas del conflicto en Colombia: analizando la captura de Otoniel

Detención de Otoniel en Colombia.
Detención de Otoniel en Colombia. Fuente: Ejército Nacional

El tiempo de los grandes capos y carteles de la droga en Colombia, como en la década de los 1980 y 1990, hace parte de la historia, las series y los lamentables souvenirs. No obstante, el problema del narcotráfico sigue enquistado en la sociedad, política y economía nacional. Ciertamente, la dinámica de atomización de las estructuras del narcotráfico y redes delincuenciales internacionales ha permitido mantener dicha actividad delictiva, incluso frente a la nueva oferta de drogas.

La denominada “guerra contra las drogas” en Colombia ha contado con importantes recursos financieros –tanto por el Plan Colombia como por disposición presupuestal nacional–, humanos (con modernización y mantenimiento de las Fuerzas Militares– y normativos –legislación con un enfoque punitivista y penal–. A pesar de todos estos recursos e iniciativa gubernamental, según el último Informe Mundial de Drogas (2022), en Colombia sigue concentrando el 61% de la producción global de cocaína y persisten diferentes estructuras internacionales –como cárteles mexicanos– y locales vinculados a las economías del narcotráfico. 

Este artículo se centra una de esas estructuras locales del narcotráfico, más concetramente el grupo armada que el gobierno conoce como el Clan del Golfo, Los Urabneños o Clan Úsuga, pero que dicha estructura se autodenomina como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC); se utilizaran ambos conceptos. El propósito es abordar su origen y evolución como estructura heredera del paramilitarismo de principios del siglo, hasta la captura y extradición de su máximo líder Dario Úsuga –alias Otoniel–, denominado por la prensa como “el último capo”. Para un segundo artículo se abordará la identidad y transformación de esta estructura armada, el impacto humanitario de esta organización y la propuesta de acogimiento o negociación entre este grupo heredero del paramilitar y el gobierno nacional en el marco de la política de Paz Total.

A modo de contexto

A Pablo Escobar y los Hermanos Orjuela –capos de las décadas de los 1980 y 1990–, tras su muertes y capturas, le siguieron otros capos menores y otras estructuras delictivas de segundo nivel, al punto que los cárteles mexicanos y regionales se han involucrado en la cadena productiva colombiana. Pero sin duda, uno de los actores que aprovechó la caída de los grandes cárteles del pasado fueron los grupos paramilitares, ejércitos de extrema derecha vinculados a ciertas élites regionales y algunos sectores de las Fuerzas Armadas, que bajo su bandera de actividad “anti insurgente” ocuparon los espacios y economías ilícitas que dejaron dichos cárteles e impulsaron una dinámica de ‘tierra arrasada’ en las zonas controladas por las guerrillas.

El principal grupo paramilitar que surgió a finales del siglo XX fueron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que agruparon diferentes estructuras de autodefensa patrocinadas por el gobierno nacional –conocidas como Convivir–, estructuras armadas contrainsurgentes y narcotraficantes. Las AUC fueron lideradas por la Casa Castaño, compuesta por los hermanos Fidel, Vicente y Carlos; este último su máximo líder. Este grupo armado, cuya historia merece una serie de artículos, fue definido como “organización terrorista internacional” desde 2001 tanto por Estados Unidos como por la Unión Europea, por lo cual en 2003 se iniciaron una serie de acercamientos para logar un proceso de paz con dicha organización.

El Acuerdo con las AUC se conoció como Pacto de Santafé de Ralito, que concluyó en 2006 tras un ágil proceso de desmovilización de 30.150 combatientes –según los reportes oficiales– en 38 actos públicos bajo el marco legal de la Ley de Justicia y Paz (ley 975/2005), que incluía por primera vez un enfoque de “justicia transicional” que pretende dar beneficios penitenciarios a cambio de aportes y pruebas para el esclarecimiento de los hecho imputados y reparación a las víctimas. Sin embargo, el proceso ha tenido unos niveles mínimos de cumplimiento y discutible aplicación del Derecho Internacional; a esto se le suma los pocos incentivos de reinserción de los mandos medios y bajos a la sociedad civil y la extradición en 2008 de los jefes paramilitares a Estados Unidos por delito vinculados al narcotráfico en medio de sus declaraciones ante la justicia. 

Este conjunto de obstáculos institucionales y la prevalencia de las economías ilícitas –pues el acuerdo no contemplaba reformas institucionales– facilitó la reorganización y creación de nuevos grupos narcoparamilitares. Estructuras que han recibido diferentes denominaciones como grupos potdesmovilización de las AUC, grupos herederos del paramilitarismo, Bandas Criminales (Bacrim) o Grupos Armados Organizados (GAOs) –esta la denominación institucional vigente–, que tienen como factor común el control y disputa de diferentes rentas ilícitas del narcotráfico y otras economías, así como el control armado de comunidades y territorios. Todo ello implica la disputa armada con otras organizaciones al margen de la ley.

Clan Úsuga, o los herederos de la casa Castaño

Unas de esas nuevas estructuras fue el GAO –Clan del Golfo o como se autodenominan, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC– que surgió alrededor de 2006 a partir de Juan de Dios Úsuga –alias Giovani– y Darío Úsuga –alias Otoniel–. Como otros actores del conflicto armado los hermanos Juan de Dios Úsuga –alias Giovanni– y Darío Antonio Úsuga –alias Otoniel– provienen de contextos empobrecidos y su trayectoria es más compleja de lo que parece. De ser campesino en la región del Urabá –al noroccidente del país, frontera con Panamá– se vincularon al Ejército Popular de Liberación (EPL), de corte Marxista Maoísta, el cual se desmovilizó a principios de la década de 1990, por lo cual se vincularon a las recién formadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) con presencia en la región.

Los hermanos Úsuga adquieren relevancia con el proceso de desmovilización de las AUC en 2006 cuando Vicente Castaño –el hermano menor de los hermanos Castaño, jefes de las AUC hasta entonces– constituye una disidencia junto algunos mandos regionales como Éver Veloza García –alias HH– y Daniel Rendón Herrera –alias Don Mario–, a cargo de estructuras en el pacífico y la Orinoquía, convirtiéndose en la facción paramilitar con mayor poder armado y económico.

Presencia Organización Don Mario y Frentes FARC-EP (2008).
Presencia Organización Don Mario y Frentes FARC-EP (2008). Fuente: Revista Arcanos 14 – Fundación Nuevo Arcoiris

La sucesión de liderazgos y las purgas internas permitieron que Don Mario, desde 2007 y por un periodo de dos años, se estableciera como el jefe narcoparamilitar más importante tras el proceso de desmovilización. Su consolidación y expansión generó que las autoridades intensificaran sus acciones militares en contra de esta estructura hasta lograr capturar y posteriormente extraditar a Don Mario en 2009, con lo cual Juan de Dios Úsuga –alias Giovanni– asumió el liderado de la estructura. Sobre la denominación está organización, será tema para la segunda parte de este artículo; sin embargo, vale adelantar que la autodenominación como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) hace referencia a un proceso de protección frente a un Estado contrario a sus objetivos y que encabeza la imagen del líder liberal Jorge Eliecer Gaitán asesinado en 1949; por su parte el nombre que las autoridades dan a dicha estructura o (GAO) es definida como Clan del Golfo o los Urabeños por su ubicación geográfica de origen.

La expansión desde el GAO – Clan del Golfo hacía el centro del país implicó tanto alianzas como disputas con diferentes organizaciones con presencia en los departamentos de Córdoba, Antioquia y la región del Magdalena Medio.

El asesinato de Giovanni en 2012 puso a Otoniel al mando de las autodenominadas AGC, enfocándose en reforzar la expansión de la organización criminal y lograr capturar o subcontratar diversas organizaciones de segundo y tercer nivel –con alcance local y menor tamaño–. Dicha expansión se facilitó con el proceso de negociación entre el gobierno de Juan Manuel Santo (2010-2018) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP).

La desmovilización de las FARC-EP en 2017 y el cambio de gobierno en 2018 facilitaron la expansión y consolidaciónde las autodenominadas AGC más allá su región de origen al noroccidente del país, incluso disputando zonas controladas por otras estructuras postdemovilización de las AUC como “Los Pachenca”, “Los Paisas” o “Los Rastrojos” y al mismo Ejército de Liberación Nacional –ELN–, con importante presencia en la zona del Magdalena Medio o el Catatumbo.

A pesar de que, en 2015, Otoniel propuso un acercamiento con las autoridades para concertar un proceso de negociación con el gobierno de Juan Manuel Santos –en medio de las conversaciones con las FARC-EP y ya con acercamientos con el ELN–, esto se descartó al no ser considerados como un actor político con el cual negociar y por ende la única posibilidad era un sometimiento a la justicia ordinaria con ciertos beneficios. Esa oferta fue descartada por el jefe narco-paramilitar, que buscaba un reconocimiento de un “estatus político” que le permitiera desarrollar una Mesa de Negociación a la par con las insurgencias. Sin embargo, ni el gobierno de entonces ni la jurisprudencia de las Altas Cortes lo consideran posible. Para 2020, las autodenominadas AGC contaban con un amplio control del noroccidente del país e incluso en zonas al sur y al oriente del territorio nacional, todas en contextos con rentas ilícitas del narcotráfico.

Durante el gobierno de Iván Duque (2018-2022), los diferentes acercamientos y mesas de negociaciones se detuvieron y se priorizaron las acciones militares, sobre todo aquellas centradas en los “objetivos de alto valor” como Iván Mordisco de las disidencias de las FARC-EP o el líder del GAO – Clan del Golfo. La captura de Otoniel en octubre de 2021 –que tuvo un amplio cubrimiento internacional– implicaba el más duro golpe en contra de esta estructura armada por parte de las autoridades colombianas. 

Presencia de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o el GAO - Clan del Golfo.
Presencia de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o el GAO – Clan del Golfo. Fuente: Informe 27 – FIP (2017)

Si bien las autodenominadas AGC no han logrado un control territorial y militar como el que logró las AUC entre 1998 a 2004, sí han representado un factor de vulneración de los derechos humanos y de prolongación de conflicto armado sobre todo en el norte del país. La historia de este grupo al margen de la ley da cuenta de la dificultad de lograr un acuerdo de paz en Colombia y transformar las causas históricas, las contracciones de ciertos sectores políticos con el narcotráfico y el paramilitarismo, y el uso político –e incluso electoral– de la captura de alias Otoniel y su extradición exprés.

Captura, extradición exprés y paro armado

El 25 de octubre de 2021, las portadas de los medios nacionales e internacionales se llenaron de imágenes de una captura impecable por parte de las Fuerza Armadas de Colombia contra el mayor jefe de las autodenominadas AGC, Otoniel, en la zona rural del municipio de Tubo.

Contra este jefe narco paramilitar, al momento de su detención, existían 122 órdenes de captura por delitos como homicidio, reclutamiento ilícito, concierto para delinquir, secuestro extorsivo, terrorismo, porte ilegal de armas y narcotráfico. Su aprehensión fue presentada por un logro de la “seguridad democrática” del gobierno Duque, pero las versiones de Otoniel ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) apuntaba a una entrega voluntaria ante el cerco militar en su contra.

Otoniel pretendió ‘entrar’ en la JEP para lograr beneficios jurídicos, entre ellos evitar la extradición a Estados Unidos por delitos de narcotráfico en el rol de financiador de grupos paramilitares –pues el tribunal no tiene competencias sobre miembros o estructuras paramilitares–. Sin embargo, su paso por el tribunal especial fue breve y tortuoso toda vez que su condición de jefe paramilitar no se ajustaba a las posibilidades del tribunal –centrado en las FARC-EP, miembros de las Fuerzas Militares y terceros aportantes al paramilitarismo–, a pesar que sus declaraciones del capturado implicaban a políticos y militares.

El 4 de mayo de 2022 se reportaba el procedimiento de traslado y extradición del denominado “último señor de la droga” hacía Estados Unidos por solicitud de una corte en Nueva York; en medio de sus aportes a la JEP y aún con pendiente en la justicia ordinaria colombiana. La respuesta de las autodenominadas AGC a la extradición del jefe de la organización fue desarrollar un “paro armado” que pretendía demostrar la capacidad militar y control territorial de esta organización. Dicha maniobra logró paralizar por al menos por cuatro días a las comunidades 88 municipios en 11 departamentos de los 32 que tiene Colombia.

- Expansión de las autodenominadas AGC en varios departamentos de Colombia.
Expansión de las autodenominadas AGC en varios departamentos de Colombia. Fuente: Informe Expansión silenciosa de los paramilitares en la frontera con Venezuela – Fundación Progresar (2022)

“Mejor una cárcel en Estados Unidos que la verdad en Colombia”

Sin dudas, la extradición de Otoniel más que un triunfo de la colaboración penal entre Colombia y Estados Unidos es una muestra de la subordinación del país sudamericano a su aliado del norte, la ruptura de los procesos de verdad que estaban surtiendo tanto en la Comisión de la Verdad como en la Justicia Especial para la Paz, y una imagen de ocultamiento por parte de un gobierno desprestigiado frente a los aportes que estaba por hacer el jefe narco-paramilitar.

Pues no cabe duda de que el aporte que en tan poco tiempo han realizado las diferentes instituciones del Sistema Integral de Paz –antes Sistema Integral de Justicia, Verdad, Reparación y No Repetición – SIJVRNR–, está transformando la perspectiva y la comprensión del conflicto armado, así como el rol de los diferentes actores sociales, políticas y armados en la historia reciente.

Las elecciones legislativas y presidenciales de 2022 dieron un cambio del signo político a Colombia y la victoria de Gustavo Petro –exguerrillero del M-19– y con ello la posibilidad de activar diferentes procesos de negociación y acercamiento con los diferentes grupos insurgentes e incluso con las autodenominadas AGC. Las posibilidades de un contacto, un dialogo jurídico-político y un proceso de acogimiento de esta estructura heredera del paramilitarismo y con una fuerte vinculación con el narcotráfico serán objeto de análisis para un próximo artículo.

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