Hallazgos de la Comisión de la Verdad (I): los datos de una Colombia herida

La Comisión de la Verdad creada en Colombia para arrojar luz sobre el conflicto armado trata de cuantificar incluso los sucesos violentos que sacudieron el país. El tomo de “hallazgos y recomendaciones” tiene tres secciones en las cuales se describe y analizan las diferentes categorías de violaciones de derechos humanos, las dinámicas de los actores armados y sus impactos territoriales y finalmente el proceso de reconocimiento de la verdad y las recomendaciones. En artículos anteriores se analizó las particularidades de los procesos de “verdad” en Colombia y la novedad de esta Comisión. Por lo cual, en este artículo se tomará la primera parte del tomo o capítulo de Hallazgos, que permitirá dimensional la magnitud cuantitativa del conflicto armado colombiano a lo largo de casi medio siglo.

Para ampliar: Sobre la comisión de la verdad en Colombia

En las casi 800 páginas da cuenta de la magnitud y complejidad del conflicto armado colombiano, se plantea el impacto masivo y acumulado sobre las víctimas y la vida cotidiana de la sociedad colombiana ha generado una herida muy profunda. La lucha por el poder política y la propiedad de la tierra se fue degradando con el paso de los años generando unas memorias defensiva que generaron una combinación entre la naturalización de la violencia, una desconexión moral con las víctimas y los victimarios, y un negacionismo para abordar la complejidad del conflicto armado.

El proceso de reconocimiento del conflicto armado y de las víctimas ha sido tardío, pues solo en 2011 se creó un marco institucional (Ley 1448/2011) al respecto; plantando cara a los años de impunidad e invisibilización. Sin duda un logró de las organizaciones sociales y de víctimas, como una bandera del entonces gobierno de Juan Manuel Santos. Dicho marco institucional ha permitido “aflojar la tierra para comenzar a sembrar la paz”, y sobre ese sustrato ha germinado el Acuerdo con las FARC-EP y el trabajo de esta Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV).

En cuanto a los datos de las violaciones

La CEV realizó un análisis de los actos de violación a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) a partir de 16 categorías: 1) Homicidios (que incluyen masacres, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos selectivos) y los atentados contra el derecho a la vida, 2) la desaparición forzada, 3) el secuestro, 4) las torturas, 5) las detenciones arbitrarias, 6) las violencias sexuales, 7) las amenazas, 8) el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes (NAA), 9) el trabajo forzoso, 10) la extorsión, 11) los ataques indiscriminados, 12) los ataques a bienes protegidos, 13) el desplazamiento forzado, 14) el confinamiento, 15) el despojo y 16) el pillaje.

El desarrollo de este análisis cuantitativo se enmarcó en un proyecto junto a la Jurisprudencia Especial de Paz (JEP) y el Grupo de Análisis de Datos en Violaciones de Derechos Humanos (HRDAG, por su sigla en inglés), en el cual se cruzaron 112 bases de datos, además de los datos del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y el Registro Único de Víctimas (RUV); estos últimos constituidos formalmente con la ley 1448 de 2011. Este cruce se hizo necesario por la variedad de aproximaciones, enfoques, recursos y calidad de datos de las diferentes instituciones y organizaciones, además de los posibles sesgos y subregistro de los datos.

Entre 1985 y 2016, que es el periodo máximo de análisis de la CEV, se puedo establecer que el 90% del universo de víctimas (entre todas las categorías) registradas correspondían a civiles. Esto implica que aproximadamente el 20% de la sociedad colombiana ha vivido en algún momento algún tipo de violencia a sus derechos o se ha constituido en víctima de una infracción del DDHH. El homicidio, la desaparición forzada, el secuestro, el reclutamiento y el desplazamiento forzado fueron de las violaciones con mayor magnitud.

En la anterior gráfica se observan 4 de las 16 categorías analizadas, destacando la cresta a inicios de siglo producto del recrudecimiento de las acciones bélica de los diferentes actores. La reducción de los eventos de 2006 está asociada al proceso de desmovilización de las principales estructuras paramilitares (organizadas en las Autodefensas Unidad de Colombia -AUC) y el avance de las Fuerzas Militares en contra de los grupos insurgentes.

En cuanto a los homicidios se estimó que casi medio millón de personas perdieron la vida, entre asesinatos selectivos, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. A esta cifra hay que hacer la consideración que el 45% de las víctimas se dieron entre 1995 y 2004, y que del total de víctimas mortales el 90% fueron civiles. En cuanto a la responsabilidad de tales eventos la CEV estimó que el 45% de los eventos los cometieron los diferentes grupos paramilitares, especialmente en el departamento de Antioquia (28% de la víctimas). El siguiente responsable fueron las diferentes guerrillas (con el 27% de los casos), destacando a las FARC-EP con una responsabilidad del 21% del universo de víctimas mortales.

Para ampliar: El ELN, de la revolución cubana a la última guerrilla de Colombia

Existe una correlación entre la expansión y desmovilización de las AUC, con las cifras de homicidios y masacres. Estas últimas, según el CNMH se estiman en 4.237 eventos con un saldo de 24.600 víctimas entre 1985 y 2019; destacando que entre 1998 y 2002 se presentaron la mayor cantidad de eventos y muertes. En cuanto a las Ejecuciones Extrajudiciales, las víctimas estimadas fueron 8.208 de las cuales 6.402 ocurrieron durante el periodo presidencial de 2002 a 2008 en el gobierno de Álvaro Uribe (al respecto, próximamente se publicará un artículo). La última categoría abordada fue homicidios selectivos, en el que se destaca el caso del partido de izquierda Unión Patriótica (como apuesta política durante la mesa de negociación entre las FARC-EP y el gobierno en 1985), cuyos militantes fueron diezmados con complicidad de agentes del Estado. La CEV estimó en 5.733 víctimas mortales el proceso de “genocidio de carácter político”.

La desaparición forzada, ha sido una práctica recurrente en contextos de alta violencia y represión, y en Colombia este tipo de afectación ha afectado a al menos 121.768 personas, entre 1985 y 2016. Las regiones más afectadas fueron el oriente antioqueño y valle de Aburrá, Urabá, alto Sina y San Jorge, bajo Cauca antioqueño y suroeste antioqueño, sur del Valle del Cauca, andén Pacífico Sur, piedemonte llanero y Catatumbo.

Este tipo de violación también presenta una tendencia de campana con un pico en 2002 y otro menor en 2007. Está dinámica no fue exclusiva de un solo actor armado, dado que cada cual uso bajo unos justificantes particulares y con prácticas especiales; sin embargo, entre los principales responsables sobresalen los grupos paramilitares (52% de las victimas), seguido por las FARC-EP (con el 24% de las víctimas). Entre los casos más macabros se encontraron “casas de pique” en las cuales se desmembraban los cuerpos para no dejar rastros, o se instalaron hornos crematorios para no dejar evidencia de los cuerpos.

A partir del Acuerdo de Paz de 2016, se constituyó la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) que tiene por objetivo de esclarecer la mayor cantidad de casos posibles. Proceso que se han encontrado con dificultades institucionales y técnica, así como presión por intervenciones en áreas con iniciativas de proyectos de infraestructura o falta de recursos, de gobiernos anteriores.

Las detenciones arbitrarias, están relacionadas con la privaciones de la libertad efectuadas por agentes estatales, por razones y/o mediante procedimientos no contemplados en la ley, fueron una de las prácticas en las cuales no se logró establecer una cifra de calidad. La CEV logró registrar 831 testimonios durante su trabajo, pero el acceso a los archivos del sector defensa tuvieron grandes dificultades. Existen organizaciones no gubernamentales (ONGs) cuyas cifras van desde los 2.493 (Centro de Cooperación al Indígena), 5.985 (Comisión Colombiana de Juristas – CCJ), 6.590 (Comité de Solidaridad con los Presos Políticos – CSPP) hasta las 10.732 víctimas (Centro de Investigación y Educación Popular – CINEP).

El secuestro y la toma de rehenes, supone la privación de la libertad bajo intimidación, amenaza u otros medios, y fue fundamentalmente practicada por las guerrillas al punto que el 59% de las victimas corresponden a las FARC-EP (40%) y al ELN (19%). Este tipo de violación tuvo una concentración del 77% de los casos registrados entre 1995 y 2018.

A pesar de que las FARC-EP planteó por mucho tiempo este procedimiento se amparaba bajo el concepto de “prisioneros de guerra” lo cierto es que la JEP estimó en su Caso 001 (toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurren­tes cometidos por las FARC-EP) la responsabilidad de la cúpula de esta organización, por crímenes de lesa humanidad y de guerra.

La extorsión ha sido un método común entre los grupos armados, incluyendo las bandas criminales y otro tipo de estructuras, para lograr ingresos económicos bajo la presión y coacción. Esta práctica se fue transformando de incidir sobre objetivos ‘de alto valor’ a presionar indiscriminadamente a las poblaciones bajo control de dichos grupos armados. La estimación de la cifra es muy imprecisa por la dinámica en que ocurre y la dificultad de establecer un registro oficial de víctimas.

Junto a la extorsión, muchos grupos armados incluyendo las Fuerzas Militares – FFMM, ejercieron el pillaje, entendida como la apropiación o robo de bienes muebles de propiedad de una persona, organización o institución sin su con­sentimiento. Muchas de estas acciones se convirtieron en algo “normal” en la vida de las comunidades rurales, ya sea por la presencia permanente de grupos armados como por el transito o por acciones puntuales de castigo. La CEV plantea que muchos de los eventos fueron en conexión con otro tipo de violaciones como amenazas, torturas y desplazamiento forzado.

En cuanto a la tipología de Tortura, se concluyó cuatro grandes modalidades en las que se presentó este tipo de eventos: “1) en detenciones llevadas a cabo por policías y militares… 2) en masacres y ataques a comunidades o ejecuciones ejemplarizantes…; 3) en las ejecuciones extrajudiciales y asesinatos…, y 4) durante secuestros realizados por las FARC-EP donde sometieron a los secuestrados a humillaciones, encadenamientos, amenazas y prácticas inhumanas”.

La CEV recopiló testimonio de 2.589 casos de tortura, en sus procesos de escuchas y revisión de informes, mientras el RUV tiene un registro de 7.581 víctimas. En ambos casos hay una coincidencia temporal de víctimas concentradas en el periodo 1997 y 2008. De los eventos tortura se derivaron en afectaciones psicológicas y físicas en un mismo evento violento, y tuvieron impactos individuales y colectivos. Incluso el actual presidente Gustavo Petro, sufrió actos de tortura mientras estuvo detenido por las FFMM cuando era guerrillero del M-19.

Las violencias sexuales hicieron parte del repertorio de acciones de los grupos armados (mayoritariamente masculinos) contra las poblaciones y sus adversarios, donde la mayoría de las víctimas fueron mujeres y personas del colectivo LGBTIQ+; especialmente -según concluye la CEV- “los contextos de indefensión como capturas o detenciones, en el escenario de control territorial en las comunidades, o en el con­texto de operativos y masacres”. Según el RUV “al menos 32.466 personas han sido víctimas de actos en contra de la libertad y la integridad sexual”, siendo el 92% de las víctimas mujeres y niñas. La comisión profundizó al respecto en un tomo titulado “Mi cuerpo es la verdad” que recoge el testimonio de 10.864 mujeres.

Las amenazas suelen ser el tipo de violaciones que mayor cantidad de registro tiene, incluso con los subregistros de muchas fuentes, y hace parte de una cadena de agresiones y violaciones de otro tipo. Los mecanismos para desarrollar esta acción intimidatoria son muy diversos y han pasado por entrega de objetos (como coronas fúnebres) y cartas, mensajes por redes sociales, medios de comunicación o marcas en edificaciones. En muchos casos las amenazas implicaban una acción posterior como el desplazamiento forzado (2.052 casos registrados por la CEV).

La siguiente gráfica muestra el porcentaje de registro del RUV y de la CEV (3.569), con dos periodos de mayor registro. En la CEV el periodo que históricamente ha registrado más eventos (1997-2004), y en el RUV (2011-2016) por razones de su institucionalización e inicio de actividades.

El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes (NNA) es una práctica generalizada entre los grupos armados, incluso las FFMM; por un lado, los grupos armados ilegales lo sustentaban como un “ingreso voluntario a sus filas por falta de oportunidades” a pesar de que hay muchos eventos que dan cuenta de lo contrario. Mientras que las FFMM tuvo entre sus filas a menores de edad hasta 1996 que fue legal. En todo caso, en muchos territorios y comunicades se normalizó el uso y utilización de los NNA para diferentes fines por parte de los grupos armados, como actividades de información, logística, explotación laboral o sexual.

De lo anterior se pudo concluir que los 16.238 casos registrados por la CEV el 75% tiene como responsables a las FARC-EP, mientras que los paramilitares fueron responsables del 13% de los eventos. El reclutamiento coincidió con la expansión militar de estos grupos armados y con la época de mayor recrudecimiento del conflicto armado; entre 1990 y 2017 se registraron el 75% de los casos. Por su parte la JEP presenta un universo de víctimas entre los 19.253 y 23.811, de los cuales 18.667 (cifra provisional) hacen parte del caso 007 (Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado) contra las FARC-EP; siendo el Bloque Oriental el presunto responsable del 48% de los eventos asociados a esta guerrilla.

Las acciones armadas de los diferentes grupos armados hicieron uso de armas y métodos proscritos y contrario al DIH, esto generó afectaciones desproporcionadas a las comunidades y los territorios. Según el informe: “Esta acciones, destacan, por su notoriedad y su impacto sobre la población y bienes civiles, los combates abiertos y los bombardeos desde aeronaves en inmediaciones de centros poblados o viviendas rurales, la detonación de bombas y otros artefactos explosivos en lugares con presencia de población civil, las tomas armadas de poblaciones en las que se emplearon armas con efectos indiscriminados como bombas y artefactos explosivos improvisados, y también se registra la instalación de minas antipersona o el abandono de munición sin detonar”.

Las FFMM efectuaron bombardeos y ametrallamientos indiscriminados contra la población civil y sus bienes, bajo la justificación de presencia de unidades de grupos armados. Destaca el caso del bombardeo en Santo Domingo (Tame – Arauca) en 1998, del cual el Estado colombiano fue juzgado y condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos – CIDH en 2012. Por su parte las guerrillas hicieron un uso intensivo de Minas Antipersonal (MAP), Artefactos Explosivos Improvisados (AEI) y Munición sin Explotar (MUSE) como acción desproporcionada para detener el avance de los grupos paramilitares y de las FFMM, así como para proteger sus zonas de control territorial y de cultivos de uso ilícito.

Desde 1999 a 2022, la Acción Integral Contra Minas Antipersonal (AICMA) tiene un registro de 12.170 víctimas de las cuales el 60% han sido integrantes de las FFMM y el 40% restante civiles. En total 2.431 personas ha fallecido por acción de estos dispositivos. El proceso de descontaminación de este tipo de artefactos, teniendo en cuenta el Convenio de Ottawa, ha implicado para Colombia la intervención de gran parte del territorio nacional por medio de acciones de desminado militar y humanitario; con el costo financiero que implica el despeje de las áreas sospechosas de descontaminación.

En cuanto a los ataques a bienes protegidos, que están excluidos según el DIH de las confrontaciones, el CNMH registró 21.197 eventos entre 1985 y 2021. Este tipo de acciones además de afectar físicamente los escasos bienes de salud, educación e infraestructura y convivencia de las comunidades rurales generó afectaciones personales y sociales; la infraestructura vial y electica fue un objetivo recurrente por pare de las acciones insurgentes. Parte importante de los eventos sucedieron duran las “tomas guerrilleras” a los cascos urbanos, incluso de capitales departamentales como en Mitú (departamento de Vaupés).

Dentro de los eventos que destacan por su crueldad, se encuentra el atentado al oleoducto Central Colombia, en 1998 por parte del ELN en el corregimiento de Machuca municipio de Segovia (departamento de Antioquia), que generó un derrame de petróleo que desató un incendió tras la voladura de un puente generó una conflagración que terminó con la vida de 84 personas. La Corte Suprema de Justicia condenó a la empresa OCESANA por la ubicación inadecuada del oleoducto en relación con la población y el pago de una indemnización de 9 mil millones de pesos (1’800.000 Euros a tasa de cambio de 1 de noviembre de 2022).

El otro caso se presentó fue en caserío de Bellavista, municipio de Bojayá (departamento de Chocó), a razón del enfrentamiento entre las unidades de las FARC-EP y de las AUC el control de la cuenca del río Atrato. El uso de un “cilindro bomba” (artefacto explosivo improvisado usado como cohete artesanal) impactó sobre la iglesia donde se resguardaban gran parte de la comunidad y que era usada como escudo por parte de las unidades paramilitares. Entre 74 y 119 personas perdieron la vida en ese evento y ha sido uno de los símbolos de mayor crueldad del conflicto armado. El CNMH tiene un informe al respecto y en 2016 las FARC-EP realizó un acto de reconocimiento y perdón a las víctimas y la comunidad de Bojayá.

El desplazamiento forzado a diferencia de otros conflictos y guerras en Colombia tiende a ser de carácter interno (por lo cual la cifra de refugiados es mucho menor), llegando a cifras de 8’273.562 víctimas entre 1985 y 2022. Es decir que una cifra igual a la población de Austria o de Paraguay. Los departamentos más afectados fueron -como en otras tipologías- Antioquia (con 19% de las víctimas), Bolívar (8%), Magdalena (6%), Nariño (6%) y Valle del Cauca (6%).

Vale decir que el desplazamiento fronterizo también se presentó, pero fue una dinámica más de tipo individual y esporádica; un número importante de personas migraron a Venezuela y Ecuador, e incluso Estados Unidos y Europa por presión del conflicto armado y como oportunidad económica para ellos y sus familias. Así mismo existen un número indeterminado de exiliados que puede ascender al millón de personas.; es por ello por lo que la CEV dedicó un tomo específico para esta población.

Las acciones de confinamiento han dado cuenta del control territorial de los grupos armados. En muchos casos se impusieron horarios para la libre circulación, uso de identificaciones para el acceso o desplazamiento, e incluso se impulsaron paros armados para detener el desarrollo de las actividades sociales y productivas en ciudades y pueblos. Este tipo de violación se ha mantenido en el repertorio de los grupos armados aún vigentes.

El despojo está asociado en su gran mayoría a proceso de desplazamiento y sustentado por una red de actores que van desde unidades armadas (en su mayoría paramilitares) hasta empresas y élites políticas, que se apropian de las tierras de campesinos, comunidades afro y pueblos indígenas (muchas sin títulos formales de propiedad), para luego hacer operaciones de compra-venta para ‘legalizar el despojo’ (incluso complicidad de entidades y jueces). Se estima en 8 millones de hectáreas (80 km²) el área despojada de Colombia. Eso quiere decir una extensión equivalente al territorio de República Checa (78 Km²) o de Castilla La Mancha (79Km²).

Es por ello por lo que la Ley 1448 de 2011, constituyó la Unidad de Restitución de Tierras enfocada en reponer materialmente a las víctimas de despojo; lo cual no implica una Reforma Agraria, tan solo una restitución de derechos. Este proceso ha pasado por grande dificultades como la complejidad normativa y administrativa para adelantar los procesos de restitución de tierras, los conflictos de uso y protección de las tierras focalizadas, la oposición jurídica y social al proceso, así como la presión y amenaza a las víctimas y las organización acompañante. Con todo ello se ha logrado restituir medio millón de hectáreas, de las cuales el 50% fueron usurpadas por grupos paramilitares. Es tal la complejidad del tema que se necesita una o varios artículos para desarrollar el tema.

En cuanto a su impacto social

La publicación de esta Tomo en el evento de cierre de la Comisión generó una serie de titulares y reflexiones al respecto de la magnitud que los datos presentaban. Algunas de las cifras ya habían sido parcialmente presentadas por el CNMH en su informe de ¡Basta Ya! de 2011, por lo cual algunos sectores utilizaron los datos actualizados para reafirmar sus posiciones y enfatizar la culpabilidad de unos y otros.

Esté fue el tomo ‘abre bocas’ para contextualizar -cuantitativamente- las dinámicas del conflicto armados, sin embargo, existen otros tomo o capítulos que profundizan en aspectos más cualitativos. Como el capítulo testimonial titulado “Cuándo los pájaros no cantaban” que conecta los relatos de 260 personas para construir una interpretación del conflicto armado, o “Colombia adentro” con 14 libros territoriales para comprender en 11 regiones del país a las víctimas y sus dinámicas.

Los cierto es que los datos presentados en este artículo son una parte del Tomo de Hallazgos y Recomendaciones hasta la página 182 de 792. A está sección le sigue una análisis de la trayectoria y dinámicas de las insurgencias, del entramado paramilitar, el factor del narcotráfico, el modelo de seguridad y la impunidad como uno de los factores de persistencia del conflicto armado. Los datos principales se pueden resumir en la siguiente tabla:

Lo cierto es que la confrontación armada fue justificada y mantenida por los diferentes actores armados e institucionales, generando un enemigo que permitía un conjunto de prácticas violentas que afectaron en su gran mayoría a civiles, afectaron comunidades y territorios, y reconfiguraron la realidad nacional. La escalada armada se fraguó por la incapacidad institucional de dar respuesta política a la insurgencia y los grupos paramilitares, así como por la financiación del paramilitarismo y la radicalización de los actores armados (incluyendo las FFMM).

Las apuestas por reestructurar el aparato institucional por medio de la Constitución de 1991 se trastocaron por dos décadas de recrudecimiento de las acciones de los diferentes actores. Y el proceso de reconocimiento a la víctimas, verdad, reparación y no repetición es un proceso sumamente complejo que se viene generando desde 2006 con la desmovilización de las AUC o de la Ley 1448. Pero la prevalencia de grupos insurgentes, disidencias y grupos paramilitares conectados con el narcotráfico, así como la implementación de las reformas del Acuerdo de Paz de 2016, dilatan la posibilidad de lograr una escenario de paz integral para el país.